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En medio de las extremas circunstancias que atraviesa el país, la mayoría de los venezolanos se manifiesta a favor de una salida pacífica a la crisis y han mostrado su disposición a votar si se les ofrecen condiciones y garantías de competitividad, así como de respeto al voto popular expresado en las urnas, en definitiva: el derecho a Elegir.

Rechazamos las recientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia sobre el nombramiento de una nueva directiva ad hoc del Consejo Nacional Electoral, ya que la misma constituye un obstáculo para el avance de un camino esperanzador emprendido por la Asamblea Nacional, a través del Comité de Postulaciones Electorales.

Asimismo, consideramos inaceptables las sentencias referidas a las intervenciones de los partidos Acción Democrática, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular, ya que dichas medidas suman mayor desconfianza y desmotivación entre el electorado y representan nuevos obstáculos a las posibilidades de una reconstrucción transparente y concertada de la vía electoral para la solución de los urgentes problemas que afronta el país.

Insistimos en que la solución a la crisis actual exige el entendimiento y el mutuo reconocimiento de roles, aspiraciones y posiciones entre los actores políticos y los distintos sectores sociales. El Diálogo Social propuesto por diversas voces de la sociedad civil venezolana apunta al establecimiento de los nexos de confianza necesarios entre los diversos actores políticos para avanzar en un proceso de entendimiento que permita la restitución de la senda democrática y la reinstitucionalización del país.

Es obligatorio recordar que los venezolanos enfrentamos una grave crisis humanitaria que sólo es posible enfrentar con
recursos financieros internacionales que hoy no encuentran el cauce ni la gobernabilidad necesarias para ser ejecutados.

Creemos necesario identificar áreas elementales de interés común, a partir de las cuales se pueda acordar una solución aceptada mutuamente, que reduzca los costos políticos para los actores, y que permita avanzar en un acuerdo político para la solución a la crisis venezolana, a través de la realización de elecciones libres y competitivas, lo que constituye hoy un imperativo insoslayable.

Consideramos igualmente imperativa la reanudación de un proceso de negociación formal entre los actores, tal como el auspiciado por el gobierno de Noruega, de forma de garantizar el seguimiento y cumplimiento de los acuerdos.

Seguimos comprometidos con la reconstrucción de la ruta electoral de forma transparente, institucional y como paso ineludible para la reconstrucción democrática. Hoy más que nunca es necesario el compromiso expreso de todos los actores, tanto nacionales como internacionales en la defensa de los derechos civiles y políticos, la vigencia del voto y la exigencia de condiciones necesarias para su ejercicio libre y eficiente.

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