INFORME ESPECIAL REC

Logo de la REC

Monitoreo de la jornada especial de inscripción y actualización de datos en el Registro Electoral. 30 de julio 2020

El presente informe Especial REC contiene los resultados del seguimiento y monitoreo realizado por la Red Electoral Ciudadana, durante la jornada especial de inscripción y actualización de datos en el Registro Electoral, realizada en el marco de las elecciones parlamentarias en Venezuela, convocadas para el 6 de diciembre de 2020.


Informe elaborado por el politólogo Jesús Castellanos Vásquez; para la Red Electoral Ciudadana. La REC agradece, asimismo, el trabajo de Carlos Quintero del Observatorio Global de Comunicación y Democracia, en el seguimiento y monitoreo de los casos de estudio. Asimismo, agradece el apoyo y acompañamiento de Nill González en el diseño y adiestramiento de la plataforma que sirvio para recoger los datos.

Venezuela: la necesidad de construir confianza electoral

Juan Manuel Trak

Dr. en Procesos Políticos Contemporáneos y Máster en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca. Sociólogo de la Universidad Católica Andrés Bello. Asesor y consultor el tema políticos y electorales.


Venezuela: la necesidad de construir confianza electoral


Las elecciones son un proceso central de cualquier sistema democrático. Si bien pueden existir procesos electorales en sistemas no democráticos (por ejemplo plebiscitos), hasta el momento  no se conoce un sistema democrático en el que el sufragio no exista. Giovanni Sartori, politólogo italiano, definía la democracia como un sistema político basado en el poder popular, es decir, en el poder de la ciudadanía. Según este autor, el pueblo es el titular del poder mientras que su ejercicio es confiando a los representantes electos periódicamente[i].

Desde esta perspectiva, entendemos las elecciones como un medio para ejercicio de la ciudadanía y como un procedimiento mediante el cual se pueden tomar decisiones colectivas de manera inclusiva. Pero las elecciones son procesos complejos que ocurren en contextos políticos y sociales más amplios, los cuales afectan tanto su funcionamiento objetivo como la evaluación subjetiva que hacen ciudadanos, partidos políticos, asertividad, organizaciones de la sociedad civil y la comunidad internacional. Así, para que una elección sea el reflejo de la voluntad ciudadana requiere, entre otras cosas, de la confianza de todos los involucrados en el proceso.

En este orden de ideas, entendemos por confianza la creencia que tienen las personas en que los otros cumplirán con sus obligaciones o que, por lo menos, no actuarán en contra de sus intereses. Si extrapolamos esta definición a la esfera de lo político, podríamos decir que la confianza es la creencia en que las instituciones políticas actuarán de forma justa, atendiendo a lo establecido en las leyes. Si vamos un poco más lejos, la confianza en las elecciones supondría la creencia en que el proceso electoral está organizado de tal manera que es capaz de reflejar en sus resultados las preferencias políticas de la gente.

Siguiendo lo propuesto por la Fundación Kofi Annan[ii], la confianza en las elecciones y sus resultados es un pilar de la legitimidad de cualquier sistema democrático. Según esta visión “la credibilidad de las elecciones es descalificada, si los votantes no creen que las autoridades responsables de organizarlas son autónomas e independientes”. De esta suerte, la confianza de la elección y sus resultados impacta directamente en el apoyo hacia las autoridades, la desconfianza abre las puertas a condiciones que favorecen la ingobernabilidad y el autoritarismo.

Las dimensiones de la confianza

En este orden de ideas, la confianza en las elecciones se ve afectada por dos dimensiones fundamentales: condiciones políticas y calidad técnica de las elecciones. La primera dimensión se refiere al ejercicio efectivo de los derechos civiles y políticos de la ciudadanía. Así, una elección será más confiable a los ojos de la gente en la medida que haya igualdad política, libertar de expresión, libertad para elegir y ser elegido, entre otras. De la misma manera, las condiciones políticas también se refieren a la existencia de un árbitro que actúe con neutralidad institucional, y aplique el marco normativo de forma equitativa.

Por otro lado, las condiciones técnicas hacen referencia a los aspectos operativos que garantizan que el resultado de la elección refleja la voluntad de la ciudadanía.  Estos aspectos técnicos abarcan las diferentes fases del proceso electoral: desde el la creación de leyes, nombramiento de autoridades, registro de electorales, partidos y candidatos, pasando por las diferentes auditorías prelectorales, el sistema de votación, el escrutinio del voto y las auditorías poselectorales. En este caso, la confianza hacia las condiciones técnicas está mediada por las evaluaciones que hacen de las mimas los partidos políticos, lo medios de comunicación, la organización de observación electoral nacional e internacional, quienes emitirán sus juicios ante la opinión pública; influyendo así en la confianza de los ciudadanos hacia el proceso electoral.

En Venezuela, el ejercicio de los derechos civiles políticos es cada vez más cuesta arriba. Quienes ejercen el poder político han limitado de manera sistemática y progresiva el ejercicio de la ciudadanía. El poder del voto ha sido reducido mediante la imposición de condiciones políticas que impiden el libre ejercicio del poder popular, así como el diseño de un sistema electoral que genera desconfianza.

Desde el punto de vista de las condiciones políticas, Venezuela ha carecido de un árbitro electoral que actúe con neutralidad institucional. Desde la aprobación de la constitución de 1999, el Consejo Nacional Electoral no ha sido nombrado siguiendo lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV)[iii] y la Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE)[iv]. Como resultado, quienes han dirigido el Consejo nacional Electoral actúan en contra de la confianza de los ciudadanos hacia las elecciones y el poder de su voto.

A lo anterior cabe añadirle la manipulación de la oferta electoral mediante el uso de medidas administrativas por parte del CNE, la inhabilitación de candidatos por parte dela Contraloría General de República  o la intervención del Tribunal Supremo de Justicia en los partidos políticos de oposición.

Desde el punto de vista técnico, la opacidad con que se ha manejado el Registro Electoral, la flexibilización de garantías para evitar la usurpación de identidad y duplicidad del voto, la manipulación del calendario electoral, la limitación de la observación nacional y la prohibición de observación internacional calificada, entre otros, reducen la credibilidad de los resultados de los comicios

Acuerdos y principios

Para revertir esta situación es necesario la construcción de un acuerdo político nacional en el que los diversos actores sociales y políticos establezcan un conjunto de principios y prácticas orientadas a restablecer la confianza en las elecciones. Lo anterior pasa por la creación de una comisión de alto nivel capaz de elaborar una propuesta de reforma política y electoral que reconozca las limitaciones de la situación actual, los conflictos existentes y proponga medidas de corto, mediano y largo plazo con el fin de rescatar la institucionalidad democrática en el país.

Evidentemente, la construcción de un acuerdo político de esta naturaleza requiere de la cooperación firme de diversos sectores políticos y sociales que actualmente carecen de confianza mutua. Un primer paso sería la generación de espacios para la construcción de esa confianza perdida, sobre todo entre actores no gubernamentales de diversa naturaleza. Un segundo paso sería la conformación de una alianza democrática que impulsara una agenda de reformas político-institucionales en las que todos los sectores políticos se vean reflejados.

En todo caso, cualquier reforma política tendrá que devolverle a la ciudadanía su poder, la libertad de elegir quienes les gobiernan y que su elección no solo se vea reflejado en el resultado de la elección, sino que se respete el ejercicio efectivo del poder de los representantes electos a través del voto popular.


[i] Sartori, Giovanni. Elementos de teoría política. Madrid: Alianza, 2008, p. 46.

[ii] Kofi Annan Foundation. Confidence in elections and the acceptance of results. Policy brief 1. Más información en https://www.kofiannanfoundation.org

[iii] Ver artículos 295 y 296 de la CRBV.

[iv] Ver artículo 30 de la LOPE.

Venezuela y la necesidad de nuevos pactos.

Maryhen Jiménez

Politóloga (BA Universidad Goethe Frankfurt), MPhil en Estudios Latinoamericanos (Universidad de Oxford), Doctora en Ciencias Políticas (Universidad de Oxford)  


Venezuela y la necesidad de nuevos pactos.


Hay momentos en los cuales la historia toma rumbos inesperados causados por algún evento imprevisto. Las pandemias anteriores, por ejemplo, incluyendo la peste negra (1348) o la gripe española (1918) produjeron una serie de cambios importantes en el ámbito político y socio-económico en los diferentes países.  ¿Por qué no pensar, entonces, que la Covid-19 podía ser ese evento inesperado que facilitara el cambio en Venezuela?

Las transiciones a la democracia son procesos inciertos y no lineales. Y si bien la literatura sobre transiciones ha destacado que la presión interna, divisiones en la coalición autoritaria, garantías a las élites del régimen saliente o la presión internacional pueden ser factores catalizadores en un proceso de transición, siempre puede haber un acontecimiento sorpresa que facilite la transición. Bajo esta premisa se podía asumir que la Covid-19 podía representar una “ventana de oportunidad” que promoviera un descontento popular masivo y con ello una transición negociada. Sin embargo, a pesar del acuerdo entre el gobierno y la Asamblea Nacional y la OPS para atender la crisis humanitaria, no se ha consumado el cambio político ­­que la vasta mayoría de la población venezolana desea. ¿Por qué?

En primer lugar, la pandemia en vez de generar oportunidades para el entendimiento político ha generado el efecto contrario: más represión y control social. Esto no ha ocurrido solo en Venezuela, sino también en distintas escalas en China, El Salvador, Filipinas, Hungría o Nicaragua. Los autócratas del mundo han visto en la Covid-19 y las medidas de aislamiento social que ésta amerita, una oportunidad para justificar la desarticulación social, crear miedos y dependencias hacia el Estado y acelerar sus proyectos autoritarios. En Venezuela, el régimen autoritario en efecto ha incrementado la persecución por razones políticas, criminalizado todo activismo, desarticulado a la oposición política y militarizado aun más al país. Todo esto ocurre mientras la población se encuentra en modo de supervivencia perenne, buscando agua, alimentos, medicamentos y ahora también gasolina. En estas circunstancias, no pareciera que la movilización interna, necesaria para generar presión sobre cúpula autoritaria, pueda ser el detonante que conduzca al país a una transición. Por otro lado, la presión internacional fuertemente ejercida desde los Estados Unidos y acompañada de la Unión Europea y varios países latinoamericanos tampoco ha logrado crear los incentivos necesarios para que las élites autoritarias acepten un cambio de régimen. Las sanciones multilaterales, el indicment por parte de EE. UU. o la retórica frontal no han generado las fracturas esperadas y tampoco la confianza necesaria para bajar los costos de un proceso de transición, reconciliación y justicia.

Si bien el panorama luce adverso y las estrategias democratizadoras promovidas por el liderazgo político y la comunidad internacional hasta ahora han fracasado, falta mucho por hacer. Veamos.

Ningún caso es idéntico a otro, sin embargo, los regímenes autoritarios tienen algo en común: su ambición infinita por el poder. En otras palabras, ningún régimen avanza en controlar todas las instituciones del Estado, comete graves violaciones de derechos humanos, tolera y promueve la economía ilícita, así como la corrupción para entregarse fácilmente en un momento dado. Por el contrario, la lógica autoritaria siempre será controlar aun más las instituciones y el espacio público para garantizar continuidad autoritaria. Sin embargo, la historia demuestra que -por más difícil que luzca- las transiciones sí ocurren y los autócratas, en muchos casos, sí negocian sus salidas. Pero para que eso suceda el único foco no puede ser la salida del autócrata, sino el diseño de un pacto político que dé garantías a los actores y goce de su confianza.

Los estudios sobre transiciones democráticas señalan que el pacto entre élites, como mecanismo de cambio, es el que más probabilidades de gobernabilidad y estabilidad posterior ofrece. Los pactos, así como el de la Moncloa en España, los de Sudáfrica y nuestro propio pacto de Puntofijo, ayudan a definir las reglas del juego democrático a través de una combinación de acuerdos formales e informales. Con ello se generan un conjunto mínimo de expectativas entre las élites sobre “lo que puede y no puede hacerse” en el período post-transición, creando así garantías y cierta certeza sobre la convivencia pacífica en la democracia emergente.

Esos trade-offs son difíciles de procesar, tanto para la población como para el liderazgo político. Sin embargo, debemos adoptar los pactos, es decir el entendimiento político, como nuestra primera opción estratégica. Eso implica, por un lado, descartar falsas ilusiones de una invasión extranjera, y, por el otro, recuperar la confianza en nuestra propia capacidad social y política para diseñar nuestro futuro democrático.

Así como al régimen autoritario le tomó muchos años desmantelar las instituciones y el estado de derecho, así también nos tomará tiempo construir un camino que nos conduzca a la democracia y al restablecimiento del estado de derecho. Ese proceso podrá agilizarse y fortalecerse una vez que la ciudadanía decida ser arquitecta de su propio futuro. No debemos entender por presión doméstica solo la movilización -puntual o sostenida- en contra del autoritarismo, sino conceptualizarla como un movimiento democratizador que busque no solo la transición, sino la transformación de Venezuela. 

Pandemia y derechos civiles y políticos: el poder está en la gente.

Debora Van Berkel

Licenciada en educación. Presidenta de SINERGIA, Red Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil que agrupa a 58 organizaciones. Investigadora-consultora en el área de Sociedad Civil y Participación en el Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos.  


Pandemia y derechos civiles y políticos: el poder está en la gente


El impacto de la pandemia ocasionada por el Covid-19 se evidencia en todos los ámbitos de la vida y se expresa de manera diferenciada, según las condiciones previas y las políticas adoptadas por cada país para enfrentarla.

Algunas voces se han levantado para llamar la atención sobre muchas de esas políticas, considerando que no pueden ser aplicadas con medidas que limiten o vulneren las garantías y el ejercicio de derechos fundamentales, como es el caso de la Alta Comisionada para los derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Doctora Michelle Bachelet.

El llamado de atención llega muy directamente a la América Latina, región en la que las marcadas desigualdades, la exclusión y limitaciones en la institucionalidad democrática, dificulta la articulación de respuestas más efectivas a esta crisis que ha llegado a complicar más aún los escenarios anteriores a su aparición, desafiando los sistemas sanitarios que funcionan con muchas precariedades,  a los gobiernos y a toda la sociedad que ha visto como sus condiciones de vida y la seguridad de la población están afectadas integralmente.

En este marco, los derechos civiles y políticos también están siendo impactados, en tanto que en la mayoría de los países se han promulgado Estados de Excepción, estableciendo medidas de control y de concentración del poder sobre la base de la necesidad de enfrentar una enfermedad que está desafiando a todo el planeta, generando nuevas condiciones socio económicas y políticas, sin mediar la consulta o la participación de distintos actores, ni en su diseño ni en como paliar los efectos adversos de las mismas.

La presión social en demanda de reivindicaciones y derechos que se venían presentando hacia las instituciones y los liderazgos políticos, se han visto contenidas ante una nueva realidad. Las limitaciones a derechos como el libre tránsito y movilidad, reuniones masivas, a la libertad de expresión, información y asociación, entre otros, están incorporados en diversos decretos emitidos y en decisiones ejecutivas, que incluye -en varios casos- a las fuerzas militares en el control de la seguridad pública y otras medidas especiales.

Los procesos electorales previstos en varios países han sido suspendidos o pospuestos, generando consecuencias para dinámicas políticas que se venían desarrollando. Para tener una visión sobre la celebración de procesos electorales en el mundo, el Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), en su Panorama global del impacto del Covid-19 en las elecciones, sostiene que en el período entre el 21 de febrero y el 7 de junio, al menos 66 países y territorios han decidido posponer elecciones nacionales y sub-nacionales y 30 decidieron realizarlas según lo planeado.

En nuestra región, se puede hacer referencia a los casos de Bolivia, con elecciones previstas para el 3 de mayo del presente año y que fueron pospuestas para el mes de septiembre, con el antecedente de la crisis que vivió el país el año anterior, al anularse las elecciones presidenciales por fraude, que llevó a la destitución del entonces presidente Evo Morales. El caso de República Dominicana con sus elecciones presidenciales y legislativas previstas para el 17 de mayo y pospuestas para el mes de octubre por razón de esta pandemia, pero bajo los efectos muy recientes de la declaración de nulidad de elecciones municipales por problemas técnicos con el sistema automatizado adoptado por primera vez en un evento electoral en el país. También, el Referéndum Constitucional en Chile, previsto para el 26 de abril y pospuesto para el 25 de octubre, aprobada su realización como mecanismo para manejar una crisis política signada por fuertes manifestaciones públicas y polarización que marcaron el 2019. Otros países como Paraguay, con elecciones primarias y locales, decidieron posponerlas para el año 2021.

Venezuela: Entre dos emergencias

En Venezuela, se han encontrado dos emergencias, para añadir complejidades a un contexto de crisis multidimensional. La Emergencia Humanitaria Compleja que desde hace 5 años ha venido desarrollándose y la generada por el Covid-19. Previstas constitucionalmente las elecciones parlamentarias para diciembre del 2020, la incertidumbre y las acciones políticas e institucionales se encuentran cada vez más alejadas del marco legal y marcan el momento. Debe tomarse en cuenta que el país se encuentra desde el año 2016 en situación de estado de excepción, con base a decretos emitidos por el poder ejecutivo sin aprobación del parlamento y desde marzo de este año, también con un estado de alarma que ya ha sido prorrogado 3 veces. Las elecciones presidenciales del 2018, son un antecedente, por no ser reconocidas por la oposición ni un grupo considerable de países y organismos internacionales. Las condiciones técnicas y políticas para el desarrollo de elecciones libres y competitivas se han deteriorado de manera sostenida desde el 2015 y de manera acelerada en el último año. Al momento de escribir estas líneas, se ha conocido que el Tribunal Supremo de Justicia ha decidido proceder al nombramiento de nuevas autoridades al Consejo Nacional Electoral, sobre la base de una sentencia que dictamina la omisión legislativa de parlamento en el cumplimiento de esta competencia y como parte de un largo proceso que ha llevado a anular la capacidad de actuación institucional de la Asamblea Nacional. Una dinámica que ha marcado un camino hacia un sistema político no democrático, cada vez más cerrado, en donde la pugna política por el poder ha ido cercenando las garantías del derecho de los ciudadanos de elegir y ser elegidos, de la separación de los poderes y de la gobernabilidad democrática. Los partidos políticos de oposición enfrentan momentos de gran debilidad, muchos de ellos inhabilitados y con cuadros importantes en el exilio, presos o igualmente inhabilitados para el ejercicio de la función pública.

Las organizaciones de la sociedad civil han continuado su trabajo comprometido, en la defensa de derechos, construcción de propuestas de políticas públicas, o la atención de población vulnerable, entre muchos de los roles que desempeña, aún en las condiciones de cuarentena, distanciamiento social y restricciones muy fuertes a la movilidad. La atención a las realidades políticas, el cómo se desarrolla la respuesta de la institucionalidad pública ante los desafíos de la epidemia y las urgentes respuestas que demanda la población civil impactada en sus condiciones de vida, se convierten en un torbellino de exigencias a las capacidades propias de los distintos sectores sociales. Se cuenta con un tejido social con mayor conciencia de sus derechos, pero con limitadas herramientas para la garantía y ejercicio libre de los mismos. Trabajar también en el campo de construir un movimiento cívico que decida de manera autónoma tener voz y acción estratégica para incidir en un cambio en la ruta del proyecto autoritario y la reconstrucción de capacidades para marcar una nueva ruta democrática, es un enorme reto, pero – también- una gran oportunidad.

Las acostumbradas y recurrentes fórmulas ideológicas, con sus verdades absolutas, no parecen ser los marcos que permitan encontrar nuevos rumbos. La polarización política como estrategia para alcanzar o mantenerse en el poder, con dinámicas excluyentes y negadoras de la acción política basada en el respeto de la diversidad, del diálogo, la negociación y la convivencia, ha llevado a un cierre del espacio público, al control social y a la imposición de una forma de ser en sociedad que choca con todos los postulados que puedan definir una democracia.

La incorporación de crecientes voces autónomas desde la sociedad civil, ejerciendo sus derechos de libertad de pensamiento, expresión, asociación, participación y de elección, ha sido un largo y difícil camino recorrido en Venezuela y por toda América Latina. Están produciendo un entramado de relaciones, alianzas y experiencias, con un valioso saldo de lecciones aprendidas, que aún buscan -con mucha timidez- lograr mayores posibilidades para la incidencia y la construcción de respuestas a tantas exigencias. Pero, todavía, no son suficientes. La exigencia en estos tiempos es a escalar el espacio en que se están dando. Ampliar las posibilidades de sinergias y vínculos. Innovar en el descubrimiento de nuevas formas de actuación para hacer posible el camino hacia sociedades democráticas sostenibles.

Uno de esos territorios sigue siendo un desafío: conquistar avances en las dinámicas que faciliten las garantías para el derecho a elegir. Contar con las instituciones que logren asegurar procesos electorales transparentes, con base a una norma democráticamente establecida. Con ambiente habilitante, en donde los ciudadanos puedan expresarse y ser contralores del poder que confieren. Los derechos no pueden ser suspendidos por razón de una situación de emergencia sanitaria y mucho menos se aprovechada por los gobiernos y actores políticos partidistas para fortalecer sus propias agendas e intereses, afectar a sus adversarios o colocar muros y limitaciones a la acción ciudadana. Criminalizar la protesta social, utilizar la atención a la pandemia como excusa para su bloqueo o estigmatizar a los afectados por la enfermedad, son prácticas que se observan en distintos países y debe se punto de agenda común de los movimientos sociales y distintos sectores sociales.

Creer firmemente en el poder de la gente, con la gente y por la gente.

Esta es una mirada estratégica por la cual se apuesta y a la que no se abandona, en las filas de la ciudadanía militante.

Venezuela: Desafíos electorales en tiempos de COVID-19

Héctor Briceño 

Politólogo, profesor del CENDES de la UCV, actualmente doctorando en Ciencia política en la Universidad de Rostock, Alemania.  


Venezuela: Desafíos electorales en tiempos de COVID-19

La llegada del COVID-19 ha impuesto grandes retos electorales en todo el mundo. De 70 países que habían programados elecciones durante los dos primeros trimestres del año, 50 decidieron posponerlas para evitar la propagación del virus, mientras los restantes 20 los realizaron con resultados muy variados.

En todos esos casos el desafío ha sido evitar que la crisis sanitaria se transforme en una crisis política, intentando construir un equilibrio entre el riesgo que implica posponer las elecciones y la obligación de proteger la vida de las personas.

En Venezuela, sin embargo, la pandemia llega en el marco de una profunda crisis política que le antecede, por lo que el Covid se transforma, en el contexto electoral, en una variable adicional que debe resolverse junto a otras incógnitas de una muy complicada ecuación.

¿Cuáles son las otras incógnitas de la ecuación?

En primer lugar, en el país se ha extendido una profunda desesperanza electoral. Y no faltan razones. El deterioro de las condiciones electorales se ha acelerado luego de las elecciones parlamentarias de 2015, la última elección democrática realizada en el país.

A partir de entonces, se ilegalizaron los más importantes partidos políticos de oposición, la empresa Smartmatic se retiró del país, luego de denunciar una diferencia entre los resultados anunciados y los recogidos por el sistema automatizado durante la elección de la ANC en 2017. Meses después, durante las elecciones de gobernadores los electores y centros electorales fueron redistribuidos para castigar a los electores opositores. La crisis migratoria, que ha movilizado a una proporción importante de venezolanos ha reconfigurado su distribución tanto en el territorio nacional como en el mundo. Cerca del 20% de los electores ha abandonado el país desde 2016 para escapar de la crisis interna. Y otra cantidad importante han migrado internamente huyendo del deterioro de las condiciones de vida y de la escasez de servicios públicos que azota con especial dureza las zonas rurales, para refugiarse en las grandes ciudades y que gozan de privilegios como agua y electricidad.

Más recientemente, un incendio en los galpones del CNE destruyó casi la totalidad de la plataforma para el ejercicio del voto automatizado que permitía un conjunto de garantías para auditar el proceso de votación.

Por último, pero no por ello menos importante, las autoridades electorales mantienen su doble estatus de gran desprestigio e ilegitimidad, mientras la Asamblea Nacional ha detenido indefinidamente el proceso de designación de nuevas autoridades.

En resumen, no es exagerado afirmar que nos encontramos en el peor momento del sistema electoral venezolano.

Así, el principal desafío electoral es invertir la ecuación de la desesperanza. Reconstruir la confianza en el voto como herramienta de cambio frente a aquellos que afirman que no se debe hablar de elecciones en medio de la crisis o que “las elecciones son una trampa del gobierno en la que no se debe caer”.

Al contrario, solo es posible enfrentar la compleja crisis estructural que atraviesa el país (crisis humanitaria, sanitaria, social, económica y política), si se lucha por mejorar las condiciones electorales, denunciando el ventajismo electoral, revelando al mundo, una y otra vez, como la institucionalidad de estado se alinea para impedir la manifestación de la voluntad popular.

Las razones para confiar en las elecciones como herramienta de cambio son muchas. Incluso en las condiciones actuales.

La victoria democrática obtenida en las parlamentarias de 2015 no fue solo una sorpresa, sino también el resultado del esfuerzo conjunto de múltiples actores orientados por un mismo objetivo: luchar contra toda la maquinaria institucional del Estado para permitir que la voluntad popular se pudiese expresar libremente. Así, convergieron partidos políticos, medios de comunicación, organizaciones sociales, sindicatos, gremios, comunidad internacional, observadores electorales nacionales e internacionales, en una lucha por alcanzar las mejores condiciones electorales posibles. Perseverancia que fue reconocida por millones de ciudadanos que decidieron participar, aún en contra de los peligros, adversidades y desconfianza que rodearon esa elección.

A ese esfuerzo le siguieron otros: en 2016 el intento de activar el referéndum revocatorio presidencial. En 2017 la denuncia de la inconstitucionalidad de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente y la participación en las elecciones de gobernadores del mismo año. Finalmente, en 2018 las denuncias de las condiciones electorales de las presidenciales.

Todas esas experiencias son relatos, no de fracasos sino de victorias electorales que han permitido contener un régimen que, obsesionado con el poder, desea el control total del país. No ha llegado ahí en parte gracias a la lucha electoral.

La elección parlamentaria por delante no es una elección más, sino la elección de la última institución legítima del país. Por lo que el reto no es sencillo. Los obstáculos son muchos, el tiempo es escaso, y aún así el costo de renunciar a la elección es demasiado alto. La legitimidad de la Asamblea Nacional no es infinita nacional ni internacionalmente. Permitir que el gobierno gane unas elecciones por forfeit, sin siquiera pelear por el cambio de las condiciones complicaría aún más la grave crisis política.

Adicionalmente, la pérdida de la confianza en el voto y la abdicación electoral incentivan las aventuras violentas. Y violencia y democracia son antagónicas. La historia de las transiciones recientes así lo confirma. La inmensa mayoría de las democracias que surgieron durante los últimos 50 años, nacieron de procesos electorales, mientras que los métodos de lucha violentos frente a gobiernos autoritarios culminaron casi siempre en la imposición de otros gobiernos autoritarios de distinto cuño. Por ello, la lucha por elecciones justas es también la mejor garantía del triunfo de la democracia y para evitar que se construya un nuevo autoritarismo.

Finalmente, las elecciones son el único mecanismo que coloca la responsabilidad de la reconstrucción de la democracia en las manos de todos los venezolanos, convirtiéndolos así en los protagonistas de su propio destino.

La lucha por las elecciones comienza por la designación de nuevas autoridades a través de un proceso apegado a la normativa electoral. El comité de postulaciones electorales instalado desde marzo por la Asamblea Nacional tiene por delante las siguientes tareas: aprobar su reglamento interno y la metodología de evaluación de credenciales, la apertura del período de postulaciones, la recepción y revisión de las postulaciones, objeciones y descargos, para finalmente elaborar una lista con los seleccionados para presentarla a la Asamblea Nacional, a la cual le corresponde designar los nuevos rectores con una votación de las dos terceras partes.

Es también imprescindible diseñar un ciclo electoral apoyado en herramientas tecnológicas a distancia que permitan romper los posibles focos de transmisión del coronavirus y evitar conformación de una potencial cadena de contagio, que obliguen a escoger entre el derecho a la vida y el derecho a elegir. Es necesario organizar elecciones y votar en condiciones que no pongan en peligro la vida de la gente, especialmente de las poblaciones más vulnerables. Por ello es recomendable pensar en sistemas híbridos a lo largo del ciclo electoral.

Donde unos ven problemas otros ven oportunidades. Hasta el momento, lamentablemente, el Gobierno ha aprovechado la pandemia para afianzar su control político, persiguiendo a opositores, encarcelando a periodistas, amenazando a intelectuales. La oposición, también ha querido aprovechar la pandemia para continuar acorralando internacionalmente al gobierno, posicionando su legitimidad internacional como llave de acceso a la ayuda humanitaria internacional para generar con ello la presión necesaria para producir un cambio político. En este escenario, el último de los grandes desafíos es evitar que la pandemia se convierta en una herramienta electoral. Por ejemplo, al utilizarla para incentivar o desincentivar electores, al crear condiciones que pongan en peligro la vida de un determinado grupo de electores.


¿Es posible hacer elecciones en medio de la cuarentena del COVID-19?

Eugenio Martínez

Es comunicador social especializado en análisis de temas electorales y políticos. Como periodista dio cobertura a las 23 elecciones en Venezuela celebradas en Venezuela entre 1998 y 2015. Se desempeñó durante 17 años como responsable de la cobertura electoral del diario El Universal. Conferencista y articulistas en varios portales alternativos entre ellos Prodavinci, Noticias Electorales, y Diario Las Americas. Coordinador de la unidad de datos y fact.checking de Efecto Cocuyo. Es autor del libro de análisis del proceso comicial del año 2006 en Venezuela ¿Por qué pasó lo que pasó? y Co-autor del libro Más allá del movimiento estudiantil en donde se analiza a la nueva generación política de Venezuela.


¿Es posible hacer elecciones en medio de la cuarentena del COVID-19?

Nicolás Maduro volvió a colocar el debate electoral en la palestra. “Estamos esperando que se creen las mejores condiciones para flexibilizar la cuarenta nacional (…) para proceder a reiniciar el proceso para designar a los rectores del Consejo Nacional Electoral y para evaluar la pertinencia o no de la convocatoria para este año de las elecciones para el Parlamento”.

No obstante, las medidas para reducir la propagación del coronavirus agregan una complejidad mayor al debate sobre la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral y a las garantías electorales que debe tener un proceso en Venezuela.

Según Ian Bremmer, presidente de Euroasia Group la “anormalidad” que provoca el coronavirus y las medidas para reducir su propagación se pueden prolongar hasta 2021.

Esta nueva realidad no puede provocar que la democracia se suspenda indefinidamente. Es el momento de comenzar a valorar los cambios institucionales y técnicos que se requieren para evitar que los procesos democráticos queden paralizados y a la vez evitar que, en caso que se convoquen elecciones, los ciudadanos deban escoger entre ejercer el derecho a elegir o evitar un posible contagio de coronavirus.

Desde la perspectiva política el COVID-19 está dividiendo (en una perspectiva política y electoral) en dos grupos muy marcados a los países: los países autoritarios o con sistemas híbridos que se aprovechan de las medidas de cuarenta para profundizar sus controles y los países democráticos que justificadamente han pospuestos sus procesos, pero con suficientes controles institucionales para evitar que quienes tienen el poder se valgan de él para manipular a su favor la posposición. 

Según IDEA Internacional entre el 21 de febrero y 29 de abril, al menos 52 países y territorios pospusieron sus elecciones debido al COVID-19.

No obstante, en ese mismo lapso, una veintena de países siguieron adelante con sus elecciones. Algunas de ellos, como es el caso de Corea del Sur, lo hicieron de forma notable logrando un récord de participación en casi tres décadas (66.2 %) para una elección parlamentaria.

Otros, tuvieron experiencias lamentables. Mali celebró la primera vuelta de elecciones comenzando el brote de COVID-19 y la segunda vuelta en medio de la etapa de contagio y sin muchas medidas de prevención.  En este caso, los ciudadanos optaron por no ejercer su derecho, para evitar contagiarse provocando la disminución significativa de la participación.

El caso de Polonia también es relevante. Las elecciones debían celebrarse el pasado 10 de mayo y fueron suspendidas, en medio de una debate legal sobre la imposición que pretendía realizar el gobernante partido Ley y Justicia (PiS) para que todos los votos se emitireran por correo postal.

El debate de cómo realizar las elecciones en el medio de la panemia alcanza incluso a EEUU, en donde las primarias demócratas ya sufrieron el impacto del COVID-19.

Desde The Brooking Institute se han realizado tres recomendaciones básicas que deben evaluarse para evitar que el COVID-19 afecte significativamente el desarrollo de la elección presidencial del mes de noviembre.

Los especialistas han sugerido evaluar la posibilidad de aumentar el número de personas que vota por correo, enmendar las leyes para permitir la votación en ausencia o establecer lugares de votación anticipada en función de los datos de avance del COVID-19 en los estados.

El caso de Estados Unido es muy particular pero puede servir de referencia para la discusión.

Dos tercios de los estadounidenses (67%), incluido el 80% de los demócratas e independientes de tendencia demócrata y la mitad de los republicanos creen que es muy probable que el brote de COVID-19 pueda afectar significativamente la capacidad de los electores para votar en las elecciones presidenciales de noviembre, según el más reciente estudio de PewResearch.

Según el estudio existe un amplio apoyo para que se aumente la posibilidad de votar por correo, aunque aún no existe apoyo mayoritario para que toda la votación se realice por este método.

Los resultados de PewResearch sugieren que  “en general, alrededor de seis de cada diez estadounidenses (59%) dicen que tienen al menos algo de confianza en que las elecciones presidenciales de noviembre se llevarán a cabo de manera justa y precisa, mientras que una proporción similar (63%) expresa confianza en que todos los ciudadanos que desean votar en el elección podrán hacerlo”.

No obstante, el estudio refleja “amplias diferencias partidistas en estos puntos de vista, con los republicanos mucho más seguros que los demócratas en la imparcialidad y accesibilidad de las elecciones”.

Según el estudio de PewResearch “si bien las tres cuartas partes de los republicanos dicen que están, al menos, algo seguros de que las próximas elecciones se llevarán a cabo de manera justa y precisa, solo el 46% de los demócratas opinan igual”.

Este estudio de PewResearch se realizó entre el 7 y 12 de abril. Se entrevistaron a 4.917 adultos estadounidenses.

¿Qué hacer en Venezuela?

Resulta evidente que antes de adecuar el proceso electoral en Venezuela es necesario lograr un arbitraje electoral institucional e imparcial que se aboque a la reconstrucción del sistema automatizado de votación.

Lamentablemente en Venezuela pocos están pensando en el reto adicional que supone realizar elecciones en medio de la crisis del COVID-19.

A este nueva institucionalidad le corresponderá evitar que los electores tengan ahora un nuevo dilema: contagiarse o votar.

No debe olvidarse que el proceso electoral puede tener hasta 40 etapas que pueden convertirse en fuentes potenciales de contagios comunitarios.

En Venezuela resultan inviables opciones de voto remoto que se valoran en otros países como emitir el sufragio por correo o utilizar voto vía internet. No obstante, esta última opción no debería descartarse para los electores que se encuentran fuera del país.

Para los países, como Venezuela, que no pueden aplicar opciones masivas de voto remoto es esencial enfocarse en disminuir la posibilidad de contagio, pensando en ocho acciones básicas:

  • Registro de electores y verificación de votantes sin contacto.
  • Selección y entrenamiento de personal electoral, miembros de mesas, etc de forma remota
  • Evaluar la distribución de electores y de centros de votación según las variables de grupos de riesgos y clústeres geográficos de contagio.
  • Implementar en toda la cadena electoral procedimientos y protocolos para mitigar contagio.
  • Incluir protocolos de desinfección segura de la boleta electoral y el resto del material electoral utilizado el día de la elección.
  • Aumentar los procesos digitales el organismo electoral puede realizar.

Durante el seminario de “Votación en Tiempos de Coronavirus” organizado por Transparencia Electoral, Eduardo Correia, vicepresidente de la unidad electoral de Smartmatic, explicó que las autoridades electorales de la región deben comenzar a preparar estrategias de adaptación y preparación para la realización de procesos electorales bajo el contexto actual.

Entre las recomendaciones de Correia destaca la necesidad de “levantar la información de los centros de votación tradicionales, para evaluar cuáles espacios cumplen con los criterios necesarios para la adopción de las medidas sanitarias recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS)”.

En este levantamiento de información se debe “incluir el análisis de las dimensiones de cada local de votación, para modelar el flujo de los electores por mesa de manera segura, garantizando que se puedan mitigar puntos de contacto y mantener las distancias mínimas en los centros de votación”.

Adicionalmente propone recurrir “de manera mucho más activa a herramientas que permitan el entrenamiento virtual, e inclusive la evaluación remota para temas de búsqueda y selección de personal”, incorporar a los procesos electorales protocolos de mejores prácticas basadas en estudios científicos, entre estos planes se pueden incluir campañas de conciencización, equipos de protección personal (PPE), unidades de desinfección automatizadas, y monitoreo en vivo para validar el cumplimiento de los protocolos.

Por otra parte, insiste en la necesidad de trabajar con protocolos de desinfección de los espacios donde hay una exposición importante al contagio: desde almacenes de impresión de boletas, de distribución y recibimiento de kits electorales, hasta los centros de votación y centros de procesamiento de boletas y resultados. La tecnología permite desinfectar incluso las boletas y los materiales de votación con los que interactúan votantes, trabajadores y funcionarios electorales.

Según Correia las tecnologías bien diseñadas juegan un papel crucial para ayudar a los gobiernos a continuar con sus procesos electorales”.

La experiencias que puedan tomarse

El debate sobre elecciones en medio de una pandemia ya se ha dado en Bolivia, Chile, Ecuador, República Dominicana, Paraguya o Uruguay.

De los casos de República Dominicana, Paraguay y Uruguay debe tomarse el ejemplo de que las decisiones de posponer eventos electorales fueron ampliamente consultadas entre los partidos y la sociedad social. Las autoridades electorales no impusieron sus criterios.

El debate en Bolivia tambiñen puede servir para evaluar algunos temas en Venezuela.

Salvador Romero recordaba recientemente que esta no es solo una crisis sanitaria, sino es una crisis económica y en ete contexto adecuar los procesos electorales a las nuevas normas requiere un incremento significativo del presupuesto, además que plantea nuevas interrogantes: ¿Cómo garantizar la observación internacional y nacional en medio de las medidas para evitar el COVID-19?

El debate en Ecuador también puede dar guiar algunos elementos en Venezuela.
Para las elecciones generales de febrero el CNE se plantea escalar la jornada electoral en varios días, para poder segmentar por clústeres a zonas o población de riesgo. Esta medida pudiese aplicarse en Venezuela.

No obstante, el paso previo es definir la designación de un nuevo organismo electoral, y a partir de ahí decidir como recuperar el sistema (98% del hardware se perdió en el incendio de marzo) y como adaptar el sistema a la realidad que impone el COVID-19.

Venezuela, el COVID 19 y elecciones íntegras

ElectorBlogDemocracia

Venezuela, el COVID 19 y elecciones íntegras


Jesús Castellanos Vásquez

Licenciado en Ciencias Políticas y Administrativas (UCV). Especialista en Comunicación Organizacional (UCAB) y Magister en Gestión y Políticas Públicas (U. de Chile). Candidato a Doctor en Ciencias, mención Ciencias Políticas (UCV). Profesor de la Especialización de Procesos y Sistemas Electorales de la UCV. Funcionario (j) de Consejo Nacional Electoral de Venezuela (1992-2016). Consultor de organizaciones como IDEA Internacional y Transparencia Electoral de Argentina y colaborador de Aceproject y del Proyecto Integridad Electoral de las Universidades de Harvard y Sydney.


Con este artículo de Jesus Castellanos Vásquez, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), el Observatorio Global de Comunicación y Democracia (OGCD), el Movimiento Ciudadano Dale Letra y Sinergia (Red Venezolana de OSC), presentamos una serie de artículos, reflexiones e ideas para el debate sobre la vulneración de los derechos políticos y la recuperación de la democracia en Venezuela.


El COVID-19 ha generado efectos en todos los ámbitos de la vida humana, incluyendo el político, y más específicamente, en los regímenes y en las elecciones. IDEA Internacional ha contabilizado cincuenta y dos países o territorios que pospusieron  elecciones o referendos a causa de la mencionada pandemia, mientras que veinte han decidido celebrarlos; de allí que resulte de sumo interés conocer, v.g., las estrategias instrumentadas en las elecciones parlamentarias de Corea del Sur, las municipales francesas en primera vuelta (la segunda vuelta fue pospuesta dada la alta abstención) o los debates actuales consecuencia de la postergación del plebiscito de entrada en Chile o por el uso del voto por correo en Polonia.

El presente artículo pretende evaluar la posibilidad de celebrar elecciones íntegras en Venezuela, observando su contexto y ahora bajo el fenómeno del COVID-19.

Suspender una elección, incluso por emergencias de esta naturaleza, no es un asunto menor. Además de la obvia lesión a la dinámica democrática, se corren diversos riesgos, a saber, institucionales (de confianza), políticos (conflictividad interna), legales (incumplimiento inconstitucional), financieros y operaciones.  De hecho, las pandemias son terrenos fértiles para el nacimiento o recrudecimiento de formas autoritarias tal como lo sostiene el “Pandemic backslinding risk index”, el cual indica que cuarenta y ocho países, incluyendo a Venezuela, tienen un alto riesgo de un decline democrático mientras que treinta y cuatro poseen uno medio, de acuerdo a variables como: violaciones significativas a uno o más estándares democráticos por situaciones de emergencia y tendencia autoritaria.

Según Levitsky y Ziblatt, los autócratas “aman” las emergencias pues constituyen una oportunidad para: 1) construir apoyos públicos, gracias a la crisis y la generación, por ella, de una mayor tolerancia ciudadana; 2) silenciar al opositor ante la gravedad de las circunstancias y 3) erigir la figura del ejecutivo, incluso en desconocimiento de la constitución, por encima del resto de los poderes públicos.  A dicho tenor, Roth sostiene que el Coronavirus ofrece una excusa para silenciar la crítica y consolidar el poder, evidenciándose en múltiples casos: China, Tailandia, Venezuela, Turquía, Brasil e incluso Hungría, dadas las acciones del Primer Ministro Orbán para asegurar un estado de emergencia indefinido.Para Youngs hay dos grupos de países: los “autoritarios o que caminan por esa vía y aprovechan para profundizar esas tendencias y los democrático que por razones justificadas aplazan elecciones pero supuestamente con garantías de que los gobiernos no podrán manipular la situación”. Kevin Casas, en esa misma línea, destaca: “Sería necio negar a los gobiernos la posibilidad de limitar las libertades, en forma temporal y bajo supervisión de legisladores y jueces, durante una emergencia. Mi preocupación es que esto se convierta en la norma de los regímenes democráticos, no solo porque los lideres autoritarios los exijan sino porque una ciudadanía atemorizada lo consientan”

El COVID-19 llega a Venezuela en uno de los peores momentos de su historia. Tal como lo señala el Informe Global Humanitarian response Plan COVID 19 (2020), Nuestro país se encuentra en una situación especialmente delicada dada su limitada capacidad para la atención de la pandemia producto de la escasez de alimentos y suministros, falta de agua y electricidad y la migración de profesionales de la salud, a lo que se agrega, una enorme crisis económica, problemas con la gasolina y distribución de bienes;  esto viene a complementar lo ya expuesto en el Informe de la Alta Comisionada de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos en la República Bolivariana de Venezuela (2019), en lo referente a la crisis de los derechos económicos y sociales (alimentación, salud). En dicho informe también se puede constatar la condición autoritaria del régimen (violaciones a la libertad de opinión y expresión, represión selectiva y persecución por motivos políticos, ataque a actores críticos al régimen, uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos), ratificado en Freedom in the World 2020 en el que se califica a Venezuela como un país no libre debido al incumplimiento de estándares democráticos internacionales en derechos políticos  (elecciones, participación política y pluralismo, funcionamiento del gobierno) y civiles (libertad de expresión, de asociación y reunión, respeto a la Ley, autonomía personal y derechos individuales).

Nicolás Maduro, quien detenta la Presidencia de la República en Venezuela tras los comicios fraudulentos de 2018, informó que “no sabía si va a haber elecciones este año porque tenemos prioridad”, pudiendo con ello violentar, además del mandato constitucional de celebrar elecciones parlamentarias cada cinco año, lo cual correspondería este año, la competencia legal del Consejo Nacional Electoral (CNE) de convocarlas o en su defecto, suspenderlas. Ante esto ¿Es posible celebrar elecciones libres en Venezuela?

En las circunstancias previas a la pandemia, ya era cuesta arriba efectuar elecciones integras en el país, entre otras razones, por la naturaleza no democrática del régimen traducida en la inexistencia del respeto al Estado de Derecho, subordinación del resto de los poderes públicos, incluyendo al CNE y a excepción de una fracción de la Asamblea Nacional, ilegalización de la mayoría de los partidos políticos de oposición. El COVID-19 solo ha venido a agravar aún más la realización de comicios en Venezuela conforme a estándares democráticos, al facilitarle “armas” a Maduro para radicalizar su gestión autoritaria.

No son pocas las recomendaciones que encontramos sobre elecciones y el COVID-19. Querido, alerta sobre la importancia de la calidad institucional de la administración electoral, junto a la validez del uso de la tecnología electoral y del voto temprano. El IIDDH, por su parte, propone todo un marco en el que se incluyen campañas electorales virtuales, previa revisión del marco legal; fuerte capacitación ciudadana; personas jóvenes para integrar las mesas electorales; precauciones en la elaboración del material electoral; acondicionamiento de Centros de Votación (creación de nuevos, requerimiento del distanciamiento social, equipamiento de material sanitario, adecuación de protocolos). Adicionalmente, sugiere la posibilidad de votar en dos días o más y/o extender el horario de votación, amén de crear horarios exclusivos (rubros de prioridad).

En conclusión, en la Venezuela actual, para desarrollar elecciones integras lo primero es restituir las condiciones mínimas democráticas. No hay otra opción, Superado esto, proponemos:

  1. Evaluar de forma rigurosa la situación del COVID-19 en Venezuela;
  2. Buscar acuerdo nacional: Elecciones y COVID-19;

Y en caso de celebrarse las elecciones:

  1. Revisar prácticas exitosas de elecciones bajo el COVID-19;
  2. Revisar y modificar la legislación vigente para permitir: a) registro electoral y votación para los venezolanos en el exterior por internet y opcional para  los residentes en territorio nacional y b) Voto anticipado presencial (no postal). Posibilidad de por lo menos dos días de votación y horarios exclusivos para grupos vulnerables;
  3. Incorporar y/o incrementar elementos de tecnología electoral (educación ciudadana, capacitación, postulaciones, campaña electoral, escrutinio y totalización etc.);
  4. Incorporar todos los mecanismos de seguridad en la elaboración del material electoral y su distribución, instalación de las Mesas Electorales etc.;
  5. Adecuar los Centros de Votación (número, horarios, protocolos de seguridad, integración (lo de personas jóvenes resulta válido), etc. y  
  6. Buscar asistencia, observación y apoyo financiero internacional. 

VOCES DE LA SOCIEDAD VENEZOLANA DEMANDAN UN MECANISMO URGENTE DE CONCERTACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA PARA RESPONDER A LA PANDEMIA DEL COVID-19

Cabecera Blog

Voces de la sociedad civil venezolana hacen un llamado a los actores políticos a trabajar en una solución que permita la articulación de lo necesario para atender la emergencia humanitaria agravada por la pandemia, más allá de la gestión del conflicto político, tomando en cuenta que el avance del Covid-19 y sus consecuencias sobre la vida de los venezolanos exige medidas inmediatas que reconstruyan las capacidades institucionales del Estado venezolano para poder asistir y proteger a la población.

El país se enfrenta a la pandemia en medio de una emergencia humanitaria compleja. Entender este contexto y las debilidades estructurales de Venezuela para enfrentar la emergencia sanitaria y humana que se nos avecina nos impulsa a demandar a los actores políticos que tienen hoy la responsabilidad en la conducción del Estado, así como a la Asamblea Nacional, y los distintos sectores sociales a asumir la responsabilidad histórica de abrir los caminos que permitan adoptar medidas urgentes, efectivas y necesarias para preservar la vida de la mayoría vulnerable a los graves impactos de la pandemia del COVID-19, y en base a ello hacemos las siguientes recomendaciones:

  1. Enmarcar todas las acciones que se adelanten en el respeto y garantía de los derechos humanos de la población, entendiendo que la sola asistencia es insuficiente si no brinda protección
  2. Crear un mecanismo de interlocución entre los equipos interdisciplinarios ya conformados por ambos actores políticos y un Consejo Asesor de la Sociedad Civil, integrado por personas expertas, nombradas sin consideraciones de tipo ideológico-políticas, de los ámbitos de la salud, la alimentación, la economía, la organización comunitaria, para avanzar unidos junto a los organismos multilaterales en la coordinación de la respuesta nacional al COVID-19 con el concurso de todos los sectores de la vida nacional.
  3. Poner todos los recursos disponibles para que la atención médica necesaria sea accesible a todos los sectores de la población, especialmente a los sectores vulnerables de bajos ingresos, niños, niñas y adolescentes, mujeres, personas mayores, personas con discapacidad, comunidades indígenas en ciudades y zonas remotas y personas en cárceles y centros de detención.
  4. Tomar todas las medidas posibles para proteger a los trabajadores del sector salud, incluyendo el que cuenten con todos los insumos, equipos y condiciones necesarias para realizar su labor en las actuales circunstancias.
  5. Garantizar la emisión de salvoconductos y suministro de combustible a transportistas de alimentos y medicamentos, con el fin de proteger los circuitos de abastecimiento e igualmente al personal de salud, actores en acción humanitaria y defensa de derechos humanos, personal de medios de comunicación y personas con condiciones crónicas de salud que deben asistir a centros hospitalarios para recibir tratamiento.
  6. Atender los casos de personas que quedaron en terminales dentro y fuera del país sin recursos y posibilidades de trasladarse.
  7. Coordinar las acciones de la Fuerza Armada Nacional y demás órganos de orden público, así como protección civil y bomberos según las recomendaciones emanadas por los equipos de expertos que hacen frente a la pandemia y su apego a las normas internacionales de respeto a los derechos humanos. Prohibir las actuaciones de grupos de civiles armados en labores de orden público.
  8. Garantizar el acceso irrestricto a la información pública y permitir el libre ejercicio de los medios de comunicación, así como facilitar los medios de protección a su personal, con el fin de garantizar el derecho a la información de la población.
  9. Acordar que la vocería de la autoridad sanitaria que informe regularmente sobre los retos y adelantos de las decisiones y acciones, por los medios públicos y privados, en alocuciones abiertas y periódicas sea ejercida por el Ministerio del Poder Popular para la Salud.
  10. Incorporar políticas para garantizar los servicios públicos y medios de vida de toda la población, con especial foco en los sectores más vulnerables, como los trabajadores informales y por cuenta propia, adultos mayores, jubilados y pensionados, trabajadores asalariados cuya remuneración mensual no cubre el costo de la canasta alimentaria y personas en situación de pobreza, personas en situación de calle, que no cuentan con recursos acumulados para permanecer en aislamiento durante un largo período.
  11. Atender con extrema urgencia las necesidades de salud, agua e higiene de las personas privadas de libertad, y las específicas de las personas enfermas, mujeres y menores de edad en cárceles y centros de detención, además de reducir el número de reclusos mediante medidas humanitarias para quienes estén en condiciones especialmente vulnerables y no acarren peligro, y poner en libertad a todos las personas presas o detenidas de forma arbitraria por motivos políticos.
  12. Los beneficios de estas medidas deben ser distribuidos a través de mecanismos universales, sin mediaciones de adscripción que condicionen a los beneficiarios. Debe contemplarse un mecanismo para las personas no bancarizadas y valorar que hay un alto porcentaje de personas, especialmente mayores que no cuentan con tarjetas de débito. Así mismo se deben gestionar y activar grupos de apoyos domiciliarios que permitan identificar y brindar asistencia a personas mayores que viven en situación de soledad o personas con discapacidad.
  13. Garantizar la prioridad absoluta en el acceso a políticas públicas, programas y servicios a niños, niñas y adolescentes. De forma especial resulta indispensable asegurar la operatividad del sistema de protección de niños niñas y adolescentes conforme a lo establecido en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, así como establecer una propuesta estructurada y viable para garantizar el acceso a la educación, tomando en consideración las dificultades en el acceso a internet y otras plataformas de comunicación. Debe orientarse adecuadamente a los padres y cuidadores para acompañar a los niños y adolescentes en este proceso.
  14. Valorar la utilización del Mecanismo Humanitario de País de la Organización de Naciones Unidas, desplegado bajo los sólidos principios de Humanidad, Imparcialidad, Neutralidad e Independencia Operativa, como espacio institucional compartido por los sectores políticos, para canalizar la ejecución y contraloría de proyectos urgentes para atender, en medio de la pandemia, a la población. Esto implicaría abrir un espacio de cooperación entre ambos actores políticos con la participación de la Comunidad Internacional en el que sectores de la sociedad civil venezolana podrían colaborar como garantes de cumplimiento.

Convocamos a todos los sectores de la vida nacional, a la Comunidad Internacional y los Organismos Multilaterales, organizaciones de sociedad civil hermanas de otros países, personalidades y en especial a los gobiernos de Noruega, Canadá, los Estados Unidos, la Unión Europea, gobiernos de América Latina y el Caribe, Rusia, China, Cuba, a demandar, respaldar y acompañar estos acuerdos humanitarios y políticos en favor del pueblo de Venezuela.

Caracas, 04 de abril de 2020


Adhesiones de organizaciones:

  1. A todo Pulmón
  2. A.C El Paraguero
  3. A.C. Gestión de Cambio
  4. A.C. Radar de los Barrios
  5. A.C. Reforma Judicial
  6. A.C.MEDICOS UNIDOS DE VENEZUELA
  7. Acceso a la Justicia
  8. Acción Solidaria
  9. ACOANA
  10. Aconvida
  11. Activados Panamá
  12. Aderisco
  13. Alfa Ciudadana
  14. Alianza Venezolana Por La Salud
  15. Alternativa 1 «La Venezuela que viene»
  16. Aproupel-IMPM
  17. APUNELLEZ
  18. Aquí Cabemos Todos
  19. Aragua en Red
  20. Arco Laboral Metro de Caracas
  21. ARQUIDIÓCESIS ANGLICANA DE VENEZUELA
  22. Art-Wort
  23. Asamblea de Ciudadanos de Candelaria
  24. Asociación Civil Amigos de Junín
  25. Asociación Civil Centro de Educación Integral Gurrufio
  26. Asociación Civil Saber es Poder-AsoSaber
  27. Asociación Civil Sumate
  28. Asociación Civil Uniandes
  29. Asociacion de Profedores Jubilafos de la Upel Maracay (APROJUPEL MARACAY)
  30. Asociacion de Profesores de la UNEFM (APUNEFM)
  31. Asociación de Profesores de la Universidad de Carabobo
  32. Asociación de Profesores de LUZ (APUZ)
  33. Asociacion de Trasplantes de Venezuela
  34. Asociacion del Personal Academico de la Universidad Nacional Abierta-APAUNA
  35. Asociación GRAN CINE
  36. Asociación Venezolana de Mujeres
  37. Asociación Venezolana para la Hemofilia
  38. Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa. AVESA
  39. Athena – Lab para el cambio social
  40. Banco del Libro
  41. Baruta En Movimiento
  42. Caleidoscopio Humano
  43. Caracas Ciudad Plural
  44. Catia Posible
  45. Caviar Consultores
  46. CECODAP
  47. Cendif-Unimet
  48. Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (Cadef)
  49. Centro de Animación Juvenil
  50. Centro de Desarrollo Integral Sucre – CEDISUC
  51. Centro de Formación Para La Democracia (CFD)
  52. Centro de Justicia y Paz – Cepaz
  53. Centro de Servicio Social Comunitario Pablo Rivero Cardona
  54. Centro para la Paz y los derechos humanos de la UCV
  55. Ciudadanía Activa
  56. Ciudadanía con Compromiso A.C
  57. Civilis Derechos Humanos
  58. CLAMA INSUT
  59. Clima 21-Ambiente y Derechos Humanos
  60. Coalición Sindical Nacional
  61. Comision de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana
  62. Comisión Nacional de DDHH de la Federación del Colegios de Abogados de Venezuela del Estado Táchira
  63. Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez)
  64. Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía -CODEHCIU-
  65. Comunidad en Movimiento A.C
  66. Conciencia Ciudadana A.C
  67. CONICET
  68. Consejo Comunal las Colinas de Mañongo
  69. Consejo Evangélico de Venezuela
  70. Convite AC
  71. Crea País
  72. Creemos Alianza Ciudadana Chacao
  73. Creemos Alianza Ciudadana Libertador
  74. Creemos Alianza Ciudadana Zulia
  75. Defensa en Accion
  76. Defensoría Internacional de los Derechos Humanos (Capítulo Venezuela) Representada en la Comisión de los derechos humanos de las Naciones Unidas en Ginebra.
  77. ECORINA
  78. EDEPA
  79. EQUILIBRIO HATILLANO
  80. EXCUBITUS Derechos Humanos en Educación
  81. Expresionlibre org.ve
  82. FADESS
  83. Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV)
  84. Federación de Colegios de Bioanalistas de Venezuela (FECOBIOVE)
  85. Federación Unitaria de Sindicatos Bolivarianos del edo. Carabobo (FUSBEC)
  86. Federación Venezolana de Maestros
  87. Foro Ciudadano
  88. Foro Hatillano
  89. Frente en Defensa del Norte de Caracas
  90. Fuerza Ciudadana Democratica -Campo Elias
  91. Funcamama
  92. Fundacion Aguaclara
  93. Fundación Amigos del turismo Venezuela «FATURVEN»
  94. Fundación Ayúdate
  95. Fundación Basura Cero
  96. Fundación Centro Gumilla
  97. Fundación CIIDER
  98. Fundación Comunidades Ciudadanas del Municipio Sucre
  99. Fundación de Egresados UNET, Fundeunet
  100. Fundación de Lucha Contra el Cáncer
  101. Fundación Especialmente Amigos
  102. Fundación Hecho en Venezuela / Grupo ECOEM
  103. Fundación HUMANA
  104. Fundación Lucelia
  105. Fundación Mavid Carabobo
  106. Fundación Tierra Viva
  107. Fundacion Wayuu Taya
  108. Fundación Yo estoy aquí
  109. Gente del Deporte
  110. Geografia Viva
  111. GobiérnaTec
  112. Grupo de Pensamiento Democristiano Patricio Aylwin
  113. Grupo Propuesta Ciudadana (Perú)
  114. Iglesia Anglicana en Venezuela
  115. Instituto de Investigaciones de la Comunicación ININCO UCV
  116. Instituto Mead de Venezuela A.C
  117. Instituto Progresista
  118. Intersectorial de Trabajadores de Venezuela (ITV)
  119. Intersectorial Nacional de Jubilados y Pensionados
  120. INVESP
  121. Junquito En Movimiento
  122. Justicia y Paz OP Venezuela
  123. Labo Ciudadano
  124. Laboratorio de Paz
  125. Meals4hope-Alimentando Esperanza
  126. Monagas Cuenta S.C.
  127. MONITOR SOCIAL AC
  128. Montalbán en Movimiento
  129. Movimiento Ciudadano Dale Letra
  130. MOVIMIENTO INDEPENDIENTE DEMOCRÁTICO (MID)
  131. Movimiento Sindical de Base(MOSBASE)
  132. Mujer y Ciudadanía A.C
  133. Observatorio de Salud Sociedad Civil
  134. Observatorio de Universidades OBU
  135. Observatorio Electoral Venezolano (OEV)
  136. Observatorio Global de Comunicación y Democracia
  137. Observatorio Hannah Arendt
  138. Observatorio Venezolano de Prisiones
  139. ONG Entre Ciudadanos
  140. Ong Hombres por la Eguidad e Igualdad
  141. Opción Venezuela.AC.
  142. Oportunidad AC
  143. Organización Mundial Por La Paz En Venezuela (Roma)
  144. Orpanac ( Organización para la Prevención Nacional de la Corrupción)
  145. Parroquia San Alberto Hurtado, Parte Alta de La Vega
  146. Piloneras
  147. Positivos en Colectivo
  148. Prepara Familia
  149. PROADOPCION, A. C.
  150. Profesores Ucevistas por la Unidad de las Fuerzas Democráticas
  151. Promoción Educación y Defensa en DDHH – PROMEDEHUM
  152. Provea
  153. Proyecta Ciudadanía A.C
  154. Proyecto Hikola
  155. Proyecto Roscio
  156. Psicodehu
  157. Quiero Un Pais
  158. Red Anzoategui Unida por los Derechos Humanos (REDAUDH)
  159. Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos (Redac)
  160. Red de Observación Electoral de Asamblea de Educación
  161. Red de Organizaciones de Derechos Humanos del Estado Anzoategui Redhanz
  162. Red Joven Venezuela
  163. Red Universitaria por los DDHH, Reduni
  164. Red Venezolana de Gente Positiva
  165. REDHNNA, Red por los Derechos Humanos de niñas, niños y adolescentes
  166. Respuestas al Desarrollo Asociacion Civil
  167. Reunificados ORG.
  168. Revista SIC del Centro Gumilla
  169. Semillas de paz
  170. SenosAyuda A.C.
  171. Sinergia,Red Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil
  172. Sociedad Civil (FALV capítulo Trujillo)
  173. Sociedad Civil Activa
  174. Sociedad Civil Empresarial Antolin
  175. Sociedad Civil. Venezuela sin barreras sociales
  176. Sociedad Hominis Iura (SOHI)
  177. Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatria
  178. Sociedad. Civil Organizada Margarita.SCOMGTA
  179. SOS Pacientes Renales
  180. StopVIH
  181. SUNEP-INPARQUES
  182. SUNOFUTRAJUP MPPRE
  183. Superatec AC
  184. Una Ventana a la Libertad
  185. Únete por los Derechos Humanos.
  186. Unicristina de Venezuela
  187. Unidad de Acción Sindical, Social y GremialZulia
  188. Unidad Visión Venezuela
  189. Unión Vecinal para la Participación Ciudadana
  190. UNITAS, Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social, red de ong de Bolivia
  191. Urgent Action for Democracy and Development
  192. Vicaria de DDHH de la Arquidiócesis de Caracas
  193. Voces Vitales de Venezuela
  194. Voto Joven
  195. Wola (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos)

Adhesiones personales

  1. Abilio López P
  2. Adriana Carrillo
  3. Adriana Morán
  4. Aimara Rodríguez
  5. Aimé Tillett
  6. Alain Letort
  7. Alba Gaban
  8. Alba Purroy
  9. Alberto Arteaga Sánchez
  10. Alberto Centeno
  11. Alejandra Olivares Hidalgo
  12. Alejandra Pardi
  13. Alejandro Álvarez Iragorry. Defensor de Derechos Humanos Ambientales
  14. Alejandro Luy
  15. Alessandra Bottà
  16. Alexander Leal
  17. Alexander Medina
  18. Alexandra Téllez
  19. Alexis Mercado (UCV)
  20. Alícia T Arcaya
  21. Alinis Aranguren Agreda
  22. Alix Garcia UCV
  23. Ana Luisa Ces
  24. Ana María Marin Mendoza
  25. Ana Mendez
  26. Ana Méndez
  27. Ana Mercedes Morales L.
  28. Anais López. Socióloga
  29. Andrés Caleca
  30. Andrés Febres-Cordero E.
  31. Andrés Stambouli
  32. Andy Delgado Blanco
  33. Angel Briceño
  34. Ángel Zambrano Cobo
  35. Ant Vilma Rigoris
  36. Antonia Luque
  37. Antonio Briceño
  38. Antulio Rosales, Universidad de Oslo
  39. Ariana Tarhan
  40. Arq Leonardo Quiñones
  41. Asdrubal Romero
  42. Asliberth Arcano
  43. Augusto Fernández
  44. Aura Sofía Díaz
  45. Aurea Vasquez
  46. Beatriz Bellorin
  47. Beatriz Cisneros Alzuru
  48. Beatriz González Vivas
  49. Beatriz Marín Bolívar
  50. Beatriz Santini
  51. Bernardo Rotundo
  52. Brenda Garrido
  53. Camilo Hernandez
  54. Carlos Aponte Blank
  55. Carlos Delgado Flores
  56. Carlos Franceschi
  57. Carlos Guerra Garcia
  58. Carlos Gutiérrez
  59. Carlos Infante
  60. Carlos Julio Rojas
  61. Carlos Molina
  62. Carlos Nieto Palma
  63. Carlos Oteyza
  64. Carlos Paris
  65. Carlos Vielma
  66. Carlos Viera
  67. Carlota Salazar Calderon
  68. Carmen Piemonti
  69. Carmen Carrasquel
  70. Carmen E González Salas
  71. Carmen Elena Isasi
  72. Carmen González Coronel. Docente universitaria. Trabajadora comunitaria
  73. Carmen Sosa
  74. Carole Leal Curiel
  75. Cecilia Garcia Arocha Marquez.UCV
  76. César Vásquez
  77. César Augusto Carballo Mena
  78. César Batiz
  79. Charo Mendez Rivas
  80. Claudia Arias
  81. Claudia Blanco
  82. Claudia E Requejo
  83. Claudia Nikken
  84. Claudia Valladares
  85. Colette Capriles
  86. Concepcion Urrutia
  87. Corina González
  88. Cruz Arreaza
  89. Dámaris González
  90. Daniel Duque
  91. Daniela Karoni
  92. Daniella Hernández Hermoso
  93. Danisbel Gómez Morillo
  94. David De los Reyes
  95. Déborah Van Berkel
  96. Douglas Gómez
  97. Edgar Alfredo Quero
  98. Edgard Soto
  99. Eduard Rondón
  100. Eduardo Matute Alfonzo
  101. Eduardo Torres
  102. Einar Goyo Ponte
  103. Elba Soto Ibarra
  104. ELBA YUDITH MEDINA MORENO
  105. Elias José Gómez Salom
  106. Elio Herrera
  107. Elíseo Sierra
  108. Elismenia Blanco
  109. Elizabeth León
  110. Elizabeth Marín
  111. Elizabeth Méndez de Elguezabal
  112. Elizabeth Ramirez
  113. Elizabeth Safar, profesora jubilada ININCO- UCV
  114. Elizabeth Sterling Vidal
  115. Elsa Cardozo
  116. Enmanuel Sandia
  117. Ennio Ortiz
  118. Enrique Larrañaga
  119. Enrique Peña Cimarro
  120. Enrique Sierra
  121. Enrique Urdaneta Fontiveros. Profesor Titular de Derecho Civil en la UCAB
  122. Enrique Vásquez
  123. Euglis Palma
  124. Evelyn Khazen
  125. Ezequiel Bellorin Font
  126. Fausto Miranda
  127. Felix Seijas Rodríguez
  128. Fernando Garlin Politis
  129. Fernando Rangel
  130. Fernando Rodriguez ucv,
  131. Flavia Pesci Feltri
  132. Florangel Arriaga
  133. Francelia Ruiz
  134. Franci Sánchez Zambrano
  135. Francisco Alfaro Pareja. Politólogo. Investigador externo de la Universidad Simón Bolívar.
  136. Francisco Camacho
  137. Francisco González Cruz
  138. Francisco J. Hernández
  139. Francisco Martínez- ExPresidente FEDECAMARAS
  140. Francisco Rodríguez
  141. Gabriel Aranguren
  142. Gabriel Hurtado
  143. Gabriel Ruan
  144. Gabriela Buada Blondell
  145. Gabriela Soler Correa
  146. Gerardo Luis Lugo Rengifo
  147. Germán Cabrera T.
  148. Giannina Olivieri
  149. Gilberto Guerrero Quintero
  150. Gilianys Quintero
  151. Ginne Uzcátegui
  152. Gipsy Gómez
  153. Gladys Delgado
  154. Gladys Mogollon
  155. Gloria Correa
  156. Gorka Carnevali
  157. Griselda Colina Hibirma
  158. Guillermo Ascanio
  159. Guillermo Carrasco
  160. Gustavo Hernández Salazar
  161. Gustavo Márquez Marín
  162. Héctor Vizcaya
  163. Hélène Sánchez Rose
  164. Hermanlyg Rios
  165. Hernán Zamora Rapale
  166. Humberto Rojas Mujica
  167. Huniades Urbina-Medina
  168. Ignaria Irina Arraiz León
  169. Igor Barreto
  170. Ileana Itriago
  171. Ilvia Rojas
  172. Indira Urbaneja
  173. Inés Quintero
  174. Inger Pedreáñez
  175. Iokine Rodriguez
  176. Iraima Rondón G
  177. Irene Murillo
  178. Iris Palma
  179. Irving Rivas
  180. Isabel Idárraga
  181. Isabel Quiroz
  182. Isabella Picón
  183. Isabelle Sánchez Rose
  184. Ismael Pérez Vigil
  185. Ivanova Decán Gambús
  186. Ivonne Torres Simo
  187. Jacqueline Richter
  188. Jaime Lorenzo
  189. Janette Jiménez
  190. Javier Higgins
  191. Jesús Castellanos Vásquez
  192. Jesús Chuo Torrealba
  193. Jesus Delgado
  194. Jesús Valero Gómez
  195. Jorge Alvarez
  196. Jorge Cruz
  197. Jorge Guerrero
  198. José Gregorio Delgado
  199. Jose Aguilar. ULA
  200. José Ángel Ferreira
  201. José Bernardo Guevara
  202. José David Parra
  203. José Domingo Mujica
  204. José Francisco Soto Latosegui
  205. José G González
  206. José Gregorio Afonso Castilla
  207. José Gregorio Darwich O
  208. José Gregorio Fernández
  209. Jose Luis Fernandez-Shaw
  210. José Luis Jiménez Ramírez
  211. José Luis Sánchez Trujillo
  212. José Manuel Muñoz R
  213. José Montoya
  214. José Rafael Peña Farías
  215. Juan Berríos Ortigoza
  216. Juan Carlos La Rosa Velazco
  217. Juan Escobar
  218. Juan Luis Sosa
  219. Juan Suárez Reyes
  220. Judith Brazon
  221. Judith Varillas
  222. Julio Mendina
  223. Jylman Red Jurado
  224. Karina Estraño
  225. Karla Barcos
  226. Katiuska Camargo
  227. Katiuska Di Eugenio
  228. Kelving Mendoza
  229. Keta Stephany. Secretaria de Información de FAPUV.
  230. Kethy Mendoza
  231. Keybell Díaz
  232. Keymer Ávila, Investigador y Profesor Universitario (UCV).
  233. Kira Kariakin
  234. Krupskaya Calderón. Ciudadana
  235. Laura Díaz
  236. Laura Paola Chitty M
  237. Lázaro Álvarez
  238. León Arismendi
  239. Leonor Itriago M.
  240. Leopoldo Romero
  241. Lilian Carrillo
  242. Liliana Requejo
  243. Lionel Hernández
  244. Lissette Gonzalez
  245. Lorena Liendo Rey
  246. Lucia Ravelo
  247. Luis Alberto Ossa
  248. Luis Cano
  249. Luis Crespo
  250. Luis E.Martinez Rojas
  251. Luís J. Espinoza
  252. Luis Loaiza
  253. Luis Marciales Rodríguez
  254. Luisa M Pulido
  255. Luisa Palacios
  256. Luisa Pernalete
  257. Luisabeth Pernalete
  258. Luisana Subero
  259. Luz Mely Reyes
  260. Magin Serfaty Poch
  261. Manfredo González M.
  262. Manuel Albino
  263. Manuel Mir
  264. Manuel Silva-Ferrer
  265. Manuel Veracierta
  266. Manuel Zapata, SJ. Director de la Fundación Centro Gumilla
  267. Marcial Márquez
  268. Marcos Salazar
  269. Marelis Alayon
  270. Margarita López Maya
  271. María Alejandra Correa
  272. María Angélica León Roux
  273. Maria Antonieta Mendez
  274. María Auxiliadora Mejias
  275. María Auxiliadora Rondón
  276. María Beatriz Medina
  277. María Carmela Rodríguez, Médico
  278. María Carolina Uzcátegui – Ex Presidente Consecomercio
  279. Maria Cristina Parra
  280. Maria de la Trinidad Itriago
  281. María del Pilar González
  282. María del Pilar Rodríguez Conde
  283. María E Escobar
  284. Maria Elena González Romero
  285. María Eugenia Arria Nucete
  286. María Eugenia Cisneros Araujo
  287. María Eugenia Martínez Padrón
  288. María Fernanda Madriz. Investigadora y docente ININCO UCV
  289. María Gabriela Colmenares
  290. María Gabriela Mata
  291. Maria Garrido
  292. Maria Ines de Fernandez
  293. María Isabel Otero Fernández
  294. María Isabel Peña
  295. Maria Luz Salas
  296. María Olga Aranda
  297. María Teresa Piñero Suárez
  298. María Teresa Urreiztieta
  299. Mariana Bacalao
  300. Mariana Ramirez
  301. Marianela Escalona Montesinos
  302. Mariano Herrera
  303. Maricruz Benítez Gimón
  304. Maricruz Fadul
  305. Mariela Ramirez
  306. Marino Alvarado Betancourt
  307. Marisela Hernandez. USB.
  308. Marisol Castillo
  309. Maritere Alvarado
  310. Marlene de Arreaza
  311. Marlo Chacón
  312. Martha Inés Moreno Sarmiento
  313. Maryhen Jiménez
  314. Mauricio Gutiérrez
  315. Mauro Martínez
  316. Mercedes Madriz B.
  317. Mercedes Muñoz
  318. Merlina Carrero
  319. Mibelis Acevedo Donís
  320. Michael Penfold
  321. Miguel Méndez Rodulfo
  322. Miguel Von Dangel
  323. Milagros Galeno Médica Internista
  324. Mileida Ramírez
  325. Mineau Reyes Mora
  326. Mireya Lozada
  327. Mirna Santoyo
  328. Mons. Jylmân Red Jurado
  329. Moraima Ascanio
  330. Moraima Hernández
  331. Morella Alvarado Miquilena
  332. Myriam Nikken
  333. Nancy Yanez
  334. Natacha de León
  335. Neil Jesús Martinez Meta
  336. Nelson Garrido
  337. Nestor Luis Luengo D
  338. Nilia Moreno
  339. Ninoska Briceño de Bellorin
  340. Norkys Salcedo
  341. Nowys Navas
  342. Nydia Ruiz
  343. Olga Pacheco
  344. Olimpia Tarallo
  345. Oly Millán Campos
  346. Omaira García
  347. Omar Ávila
  348. Oscar Arnal
  349. Óscar Gómez
  350. Óscar Lucien
  351. Oscar Murillo
  352. Pablo Miguel Peñaranda Hernández
  353. Patricia González
  354. Patricia Velasquez
  355. Paulo R. Méndez A.
  356. Pedro Delgado. Médico Psiquiatra
  357. Pedro González Caro
  358. Pia Revollo
  359. Porfirio Soler
  360. Porfirio Soler Soler
  361. Rafael Badell Madrid
  362. Rafael G. Curvelo E.
  363. Rafael J, Marín P.
  364. Ramón Jara
  365. Ramon Peña Ojeda
  366. Ramona Jara
  367. Reinaldo Ramos
  368. Ricardo Benaim
  369. Ricardo Jiménez
  370. Ricardo López
  371. Rigoberto Lobo Puentes
  372. Rocío Guijarro S.
  373. Rodrigo García-Alejo
  374. Rogelio Altez
  375. Roger Cedeño
  376. Rolando Peña/Art-Wort.
  377. Roman J. Duque Corredor
  378. Ronald Figueroa
  379. Rosimar Sosa
  380. Sandra Caula
  381. Sergio Dahbar
  382. Seymar Liscano
  383. Silvana Peñuela
  384. Soraida Pacheco
  385. Sulay García
  386. Susana Raffalli Arismendi
  387. Támara Herrera
  388. Teresa López
  389. Tibisay Bolivar
  390. Tibisay Elena Betancourt Parra
  391. Trinidad M Palma
  392. Tulio Olmos Gil
  393. Ursula Straka
  394. Valeska Martínez
  395. Vanessa Cartaya Febres
  396. Veronica Liprandi
  397. Verónica Zubillaga
  398. Vicente Díaz
  399. Vicente Perez
  400. Victor Rago Albujas
  401. Victoria Benarroch
  402. Victoria Benarroch. Mi libro de Vida. Un espacio para cada Historia.
  403. Viviana López Larralde
  404. Werner Corrales Leal
  405. William Requejo
  406. Williams Brito
  407. Wuilson Gitierrez
  408. Yajaira Perez
  409. Yamilette Sanguino Hernández
  410. Yaya Andueza, periodista
  411. Yelitza Linares
  412. Yely Rebolledo
  413. Yliana M Aguinagalde
  414. Yngrid Candela
  415. Yolanda Díaz
  416. Yorkman aguiar Abogado
  417. Yurizahima Quintana
  418. Zuleima Blanco

Convite: Urge política de asistencia y protección para las personas mayores en Venezuela

Comunicados

Vía Convite

Quienes suscribimos el presente comunicado expresamos nuestra preocupación por la ausencia de una política de asistencia y protección de las personas mayores en Venezuela.

Esta situación en la actual coyuntura de pandemia del COVID-19 pone en riesgo la vida de cerca de 3.5 millones de personas de 60 años y más, las cuales según las evidencias médicas en el mundo son la población con grandes riesgos de letalidad frente al virus, alcanzando una tasa de mortalidad cercana al 15% y la cual puede ser aún superior para las personas mayores de 80 años con condiciones crónicas de salud previas.

Considerando:

• Que la protección de los derechos de las personas mayores es un mandato consagrado en el artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Considerando:

• Que las personas mayores son el grupo poblacional que enfrenta mayores riesgos frente al COVID-19.

Considerando:

• Que según un reciente estudio de detección rápida de necesidades humanitarias realizado por Convite en alianza con HelpaAge en los Estados Miranda, Lara y Bolívar se detectó que el 23% de la población adulta mayor vive en situación de soledad.

Considerando:

• Que, según el precitado estudio, tres de cada cinco personas mayores se acuestan regularmente sin comer y una de cada diez se acuesta cada noche sin comer, y 77% de las personas mayores no tienen acceso suficiente a alimentos.

Considerando:

• Que muchas personas mayores no tienen la capacidad económica de poder hacer compras para cumplir una cuarentena social que podría ser prolongada, sumando a esta situación que muchas personas mayores viven solas y por tanto dependen de sí mismas para realizar sus compras.

Considerando:

• Que un porcentaje cercano al 70% del total de las personas mayores en Venezuela son diabéticas e hipertensas, razón por la cual requieren medicación regular y de por vida. Siendo estas dos morbilidades altamente potenciadoras de la letalidad del COVID-19.

Considerando:

• Que grupos organizados de pensionados, jubilados y sobrevivientes a escala nacional expresan que alrededor de 700 mil pensionados no disponen de tarjetas de débito, dado que las entidades bancarias desde hace buen tiempo dejaron de suministrar las tarjetas e incluso libretas bancarias.

Considerando:

• Que Venezuela no cuenta con ningún plan nacional de envejecimiento que profundice las normas y políticas dirigidas a este grupo etario, sobre todo en un escenario donde el país vive una profunda crisis económica, la cual se ramifica en la afectación de numerosos derechos humanos, siendo la población adulta mayor una de las que más sufre.

Considerando:

• Que estudios de la organización Convite revelan que entre 400 y 500 mil personas en edad pensionable se encuentran fuera del sistema de pensiones.

Considerando:

• Que existen alrededor de 12.000 pensionados venezolanos en España, Italia, Portugal, Chile, Ecuador y Uruguay que desde hace más de 40 meses dejaron de percibir sus pensiones.

Frente a esto proponemos:

PRIMERO:

Que se reconozca a las personas mayores como sujeto pleno de derechos, garantizando que la edad no se convierta en un factor de discriminación para la prestación de asistencia. Las personas mayores deben ser incluidas de manera diferenciada dentro de cualquier programa de respuesta humanitaria y tienen el derecho a ser consultadas. Igualmente deben implementarse mecanismos que garanticen la protección de las personas mayores frente a situaciones de violencia, incluso intrafamiliar.

SEGUNDO:

Que los distintos niveles de gobierno, nacional, regional y local declaren a las personas mayores como población objeto de su política de prevención del COVID-19, valorando en cada entidad geográfica la presencia de personas de 60 años y más, sectorizando sus lugares de mayor concentración y estableciendo un mapeo de los casos que requieren especial soporte.

TERCERO:

Que desde el ejecutivo nacional se diseñe un programa de apoyo y soporte domiciliario para las personas mayores. Este programa debe contener los siguientes componentes: provisión de alimentos, dotación de medicinas, atención médica y psicológica domiciliaria para los casos que así lo requieran, traslado a unidades de diálisis u a otros protocolos médicos. Este programa debe estar activo durante todo el tiempo que permanezca vigente la medida de cuarentena social.

CUARTO:

Que se privilegie la dotación de insumos, medicinas y alimentos a las entidades de atención de personas mayores, indistintamente de su condición privada o pública (ancianatos, casas hogares, clínicas de reposo, sanatorios mentales), tomando en cuenta que las personas mayores dependientes están más expuestas a la privación de derechos sociales y económicos.

QUINTO:

Que es necesario buscar urgentemente alternativas para que 700 mil pensionados que nos disponen de tarjetas de débito hagan efectivo su pago y que motivado a la suspensión de la actividad bancaria no podrán retirar su menguado ingreso. Asimismo, es necesario garantizar que la asignación de cualquier ayuda económica, sea de carácter universal, y prescindir de cualquier otro tipo de acreditación para su otorgamiento, que no sea la cédula de identidad.

SEXTO:

Que es imperioso privilegiar la dotación de los protocolos farmacológicos para las personas mayores con padecimientos crónicos como cáncer, esclerosis múltiple, VIH, padecimientos mentales y otros que en sí mismos suponen riesgos letales. Así como para diabetes, hipertensión, infecciones respiratorias agudas, depresión y convulsión, cuyos índices de escasez en once ciudades de Venezuela superan el 60%

SÉPTIMO:

Que desde el ejecutivo nacional se estudie URGENTEMENTE la manera de compensar a toda persona mayor cuya única fuente de ingreso sea el arrendamiento de un inmueble o habitación. La medida tomada recientemente de exonerar los pagos de alquiler de inmuebles o locales comerciales es regresiva, ya que solo beneficia al arrendatario y deja desprotegido al arrendador. Hay un importante número de personas mayores que son arrendadores, incluso en zonas populares.

OCTAVO:

Que el ejecutivo nacional y las representaciones diplomáticas venezolanas acreditadas en los países donde rige el Convenio de Seguridad Social (España, Portugal, Italia, Chile, Ecuador y Uruguay) establezcan algún plan especial de ayuda a los más de 12.000 pensionados que desde hace 40 meses han visto suspendidos los pagos de sus pensiones.

NOVENO:

Que la Asamblea Nacional emita un decreto legislativo en el cual se declare a la población adulta mayor de toda Venezuela como prioridad en la asignación de recursos para atender la emergencia.

DÉCIMO:

Que se brinden facilidades logísticas y garantías de protección a todas las organizaciones de la sociedad civil venezolana, incluso organizaciones internacionales que actualmente estén desplegando programas de ayuda humanitaria, dirigidos a las personas mayores en cualquier parte del país.

Promueve y suscribe: Convite Asociación Civil

Organizaciones de la sociedad civil que suscriben:

  1. A.C. Centro de Animación Juvenil
  2. A.C. MÉDICOS UNIDOS DE VENEZUELA
  3. AC Amigos Trasplantados Francisco Valencia
  4. Acceso a la Justicia
  5. Acción Solidaria
  6. ACCSI
  7. ACIVA
  8. ACOANA
  9. Aconvida
  10. AJUP CHACAO
  11. Ajupeven
  12. Alfa Ciudadana
  13. Alianza Ciudadana
  14. Aprende más Centro de Formación y Atención Integral
  15. APUFAT-UCV Sindicato Nacional de Profesionales Universitarios en Funciones Administrativas y Técnicas de la UCV Argelia O Castillo Secretaria General
  16. Asamblea de Ciudadanos de Carabobo
  17. Asociación Civil Vida y Luz (Asoviluz)
  18. Asociación Civil Centro de Educación Integral Gurrufio
  19. Asociación civil Cuadra Segura Guacara Guigue
  20. Asociación Civil Mujeres en Línea
  21. Asociación de jubilados y Pensionados de Venezuela en Andalucía
  22. Asociación de Jubilados y Pensionados de Venezuela en Andalucía España (AJUPEVEN)
  23. Asociación de Pensionados Venezolanos en Canarias ASOPEVEC
  24. Asociación de Pensionados y Jubilados de Venezuela en Uruguay APEJUVENUR
  25. Asociación de Profesionales Universitarios APUFAT UCV
  26. Asociación de Trabajadores Autónomos, Emprendedores y Microempresarios Atraem
  27. Asociación de Trasplantes de Venezuela
  28. Asociación Nacional de jubilados (AS) y pensionados (AS) del Ministerio del Poder Popular para la Salud y entes adscritos Anjupminsa
  29. Asociación por la Vida (Asovida) Merida
  30. Asociación Venezolana de Mujeres Josefa Márquez de Cordero
  31. Asopenjubilbao
  32. ASOPEVEC
  33. AsoSaber
  34. AVESA
  35. AVH
  36. B.I.O.
  37. Banco del Libro
  38. CADEF
  39. Caleidoscopio Humano
  40. Caracas Sostenible
  41. Catedra de Derechos Humanos de la Universidad Centro occidental
  42. Catedra de la Paz Universidad de los Andes
  43. Catia Posible
  44. Cecodap
  45. Cendif-Unimet
  46. Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana
  47. Centro de Formación Para La Democracia
  48. Centro de Formación para la Democracia CFD Nicolasa Caraballo
  49. Centro de Investigaciones Económicas y Sociales (CIES)
  50. Centro de las mujeres
  51. Centro Monseñor Arias Blanco
  52. Civilis AC
  53. Clima21 – Ambiente y Derechos Humanos
  54. CODEHCIU
  55. CODEVIDA
  56. Codhez
  57. Colegio de Odontólogos del Táchira
  58. Comisión Nacional de DDHH de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, del estado Apure
  59. Comisión Nacional de DDHH de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela Mérida
  60. Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del Estado Lara
  61. Comité de DDHH de la Carucieña Barquisimeto
  62. Comunidad del barrio las flores
  63. Confederación de Trabajadores de Venezuela en el Estado Guárico
  64. Consejo comunal Prebo
  65. Consejo Comunal Trigal Centro Sector 1
  66. Consorven
  67. Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional
  68. Convite Asociación Civil
  69. Coordinación de los DDHH de los Colegios de Abogados estado Guárico
  70. Crea País
  71. Creemos Alianza Ciudadana
  72. Defensa en Acción
  73. Defiende Venezuela
  74. Democracia Emprendedora
  75. Dirección General de Extensión Social Universitaria UCAB
  76. EDEPA A.C.
  77. Epikeia Observatorio Universitario de Derechos Humanos
  78. Equipo Voluntario de Ayuda Humanitaria EVAH
  79. Estado Táchira
  80. Exalumnos Salesianos
  81. EXCUBITUS
  82. FETRASALUD
  83. Frente Nacional de Mujeres
  84. FUNCAMAMA
  85. Fundación Aguaclara
  86. Fundación CELTA
  87. Fundación Ecocivico
  88. Fundación Emprendedores Solidarios
  89. Fundación Jóvenes por los Derechos humanos Venezuela
  90. Fundación Lucelia
  91. Fundación para el Desarrollo Integral FUNDESI
  92. Fundación Pro Bono Venezuela, ProVene
  93. Fundación Prodefensa del Derecho a la Educación y la Niñez
  94. Fundación Váyalo
  95. FundaRedes
  96. HelpAge
  97. Hombres por la Equidad e Igualdad
  98. INVESP
  99. IVSS Y UNIVIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
  100. Jubilados y Pensionados de Venezuela
  101. Justicia y Paz OP Venezuela
  102. Labo Ciudadano
  103. Laboratorio de Paz
  104. Liga merideña contra el sida
  105. MAPANI VENEZUELA
  106. Mavid Carabobo
  107. Mérida cátedra de la paz
  108. Metro de Caracas
  109. MID movimiento independiente democrático del Táchira
  110. Monitor Social AC
  111. Montalbán en Movimiento
  112. Movimiento Ciudadano Dale Letra
  113. Movivargas
  114. Mujer y Ciudadana a.c.
  115. Mulier
  116. MUV Táchira
  117. No Permitas Malos Tratos
  118. Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes
  119. Observatorio Venezolano de la Salud
  120. Observatorio Venezolano de Prisiones
  121. Observatorio Venezolano de Violencia
  122. OPEM República Dominicana
  123. Oportunidad AC
  124. Padres Organizados de Venezuela
  125. Parroquia San Alberto Hurtado
  126. Pensionados en el exterior
  127. Plataforma Agroalimentaria Nacional Luis Hidalgo
  128. PROENA
  129. Programa de atención al adulto mayor
  130. Proiuris
  131. PROMEDEHUM
  132. Provea
  133. Psicodehu
  134. Red por los Derechos Humanos de Niños Niñas y Adolescentes, REDHNNA.
  135. Red Venezolana de Gente Positiva
  136. REDAC
  137. REDHANZ
  138. Revista SIC del Centro Gumilla
  139. Senosayuda
  140. Sinergia
  141. Sociedad Civil FAVL Mérida
  142. StopVIH
  143. Ufajup
  144. Una Ventana a la Libertad
  145. Uniandes
  146. Unión Afirmativa
  147. Vecinos Organizados Sabana Larga
  148. Venezuela Ciudadana
  149. Vicaría de DDHH de la Arquidiócesis de Barquisimeto
  150. Voto Joven

Personas que suscriben:

  1. Adelaida Guevara Pulgar
  2. Adelba Taffin
  3. Adriana Carrillo
  4. Adriana Pérez
  5. Agustina Dominguez
  6. Aixa Armas
  7. Aixa Díaz
  8. Alba Purroy
  9. Alberto Nieves
  10. Alecia Nass
  11. Alejandra Bemporad
  12. Alejandra Olivares Hidalgo
  13. Alejandro Álvarez Iragorry
  14. Alejandro López R
  15. Alfonso Maldonado
  16. Alfredo I. Wietstruck G.
  17. Alfredo Padilla
  18. Amelia Quintero
  19. Amely Pajares
  20. Amilton Domínguez
  21. Ana Eizaguirre
  22. Ana Julia Allen
  23. Ana Marcelina Array
  24. Ana María Burguillos
  25. Ana María Di Leo F
  26. Ana Pérez
  27. Ana Rosa Núñez Castellano
  28. Ana Segovia
  29. Ana T eresa Machillanda
  30. Anabella Lillo
  31. Andrea Parra
  32. Andrés Coba R
  33. Andy Delgado Blanco
  34. Ángel Cáceres
  35. Ángel Zambrano
  36. Antonio Malaver
  37. Arquimedes Reyes
  38. Beatriz Cisneros
  39. Beatriz Gerbasi
  40. Beatriz Vento
  41. Caribay Medina
  42. Carlos Aponte
  43. Carlos Eugenio Núñez Castellano
  44. Carlos Siboni
  45. Carlos Trapani
  46. Carmen Castellano
  47. Carmen Delia Rodríguez
  48. Carmen E. Dos Reis
  49. Carmen García
  50. Carmen González Coronel
  51. Carmen Martínez de Grijalva
  52. Carolina Arnal
  53. Carolina Reyes
  54. Catedra de la Paz Universidad de los Andes
  55. Cesar Enrique Key Mujica
  56. Charo Mendez Rivas
  57. Chistian Burgazzi
  58. Clara Contreras
  59. Claudia Lazo
  60. Consuelo Iranzo
  61. Daniela José Cardozo Morales
  62. Darlene Zambrano
  63. David Vargas
  64. Deborah Van Berkel
  65. Deydy García
  66. Deysi del Carmen Zurita Palacios
  67. Deysi Zurita
  68. Dhayana Carolina Fernández Matos
  69. Diana lobo
  70. Dickson Segovia
  71. Dinoris Mercedes Melendez
  72. Disnoyra Navas
  73. Dolores Alicia Palacios
  74. Dorkis Castro
  75. Edicberto Gutiérrez
  76. Eduardo Franco
  77. Eladio Yépez Gudiño
  78. Elba Parra E.
  79. Elba Soto
  80. Elena Hernández
  81. Eleonora Angulo
  82. Elizabeth Mérida
  83. Elizabeth Petersen
  84. Elsa Amada Key Mujica
  85. Estefanía Mendoza
  86. Esther Núñez
  87. Feliciano Reyna
  88. Félix Arellano
  89. Fernando Aranguen
  90. Fidel Eduardo Orozco
  91. Flor de Maria López Ramírez
  92. Francia Hernández
  93. Francine Jacome
  94. Francisco Hernández
  95. Francisco Jose Gatel
  96. Francisco Lugo
  97. Francisco Valencia
  98. Gabriel Alejandro Linares Key
  99. Gabriel Aranguren
  100. Gabriel David Hernández Sánchez
  101. Gabriela Buada Blondell
  102. Gabriele Merz
  103. Gipsy Gómez
  104. Gladys Mogollón
  105. Gloria Lopez
  106. Gloria Perdomo
  107. Gloriana Faria
  108. Gracia Salazar
  109. Gretna El Halabi
  110. Guadalupe Burelli
  111. Guillermo Barrios
  112. Gustavo Delgado Perdomo
  113. Héctor Monsalve
  114. Henry Jaspe
  115. Henry T ovar
  116. Iker Angola
  117. Ilvia Rojas
  118. Ingrid Orjuela
  119. Iraní Acosta Villanueva
  120. Iris Rosas
  121. Ivonne Almeida Freire
  122. Jacinto Jose Key Mujica
  123. Jacqueline Richter
  124. Jaime Lorenzo
  125. Javier Manrique
  126. Javier T arazona
  127. Jhessimar Brito
  128. Jo DElia
  129. Johan Rodríguez Perozo
  130. José Amador Díaz González
  131. José Andrés Escorche
  132. José Colmenares Delgado
  133. José Gregorio Moreno
  134. José Luis Martínez
  135. Josefa Triana Pérez
  136. Juan Jorge Ocanto Acosta
  137. Juan Moreno
  138. Judith Brazon
  139. Judith C. Vega Mejía
  140. Judith Martinez Rodríguez
  141. Julio Cesar Mancheno
  142. Karla Ávila
  143. Larida Bisogno Moreno
  144. Larida Bisogno Moreno
  145. Laura Louza
  146. Leonel Amarista
  147. Lesbia Sánchez
  148. Lexys Rendón
  149. Lilia Arvelo
  150. Liliana Peña
  151. Liliana Rodríguez
  152. Lisbeth Cordero
  153. Lope Cobeña
  154. Lorena Liendo Rey
  155. Luis Aijon
  156. Luis Alvarado Bruzual
  157. Luis Cano
  158. Luis Eduardo Rodríguez Herrera
  159. Luis Figueroa
  160. Luis Francisco Cabeza
  161. Luis Hidalgo
  162. Luis Martinez R
  163. Luis Ordoñez
  164. Luis Ramos
  165. Luis Roja
  166. Luisa Amelia Irureta Núñez
  167. Luisa Martínez
  168. Luisa Rodríguez Tariba
  169. Luz Beltrán
  170. Magaly Huggins
  171. Magda Boschetti
  172. Magdalena Boersner
  173. Mahycol linares
  174. Maira Cárdenas
  175. Mairis Balza
  176. Marcela Bustamante
  177. Marcelino Hernández De León
  178. María Andreina Muñoz Tebar
  179. María Angélica González Márquez
  180. Marí¬a Auxiliadora Paredes García
  181. María Beatriz Medina
  182. Maria De Oteyza
  183. María del Carmen Alvarado
  184. María del Carmen Luis
  185. María del Carmen Miguez
  186. Maria del Rosario Bocchetti Guerra
  187. María E Villegas
  188. Maria Elena Flores
  189. María Eugenia Gil Beroes
  190. María Francisca Moreno
  191. Marí¬a Gabriela Ponce
  192. Maria Inés Fernández
  193. María Inés Silva de Casanova
  194. María López
  195. María Luisa Ávila
  196. Maria R. Sánchez de Delgado
  197. María Teresa Pitero Suárez
  198. María Transito Hernández
  199. María Virginia Arráez
  200. Mariangela González
  201. Mariano Herrera
  202. Mariapia Bevilacqua
  203. Mariela Machado
  204. Mariela Navarro
  205. Mariela Ramírez
  206. Mario D’Andrea
  207. Mario Rodríguez Nelo
  208. Maritza E Morles Aldana
  209. Marjorie Sosa
  210. Marlo Chacón
  211. Mary Doris Da Silva
  212. Mary Mogollón
  213. Marysabel Cadenas
  214. Maurelena Remiro Galindo
  215. Mayela Carrillo
  216. Mercedes Velandia
  217. Merly Monsalve
  218. Milagros Del Valle Villarroel
  219. Mildred Chacón
  220. Moisés Carvallo Núñez
  221. Nancy josefina González Martínez
  222. Nelson Freitez
  223. Nicolasa Caraballo
  224. Ninfa Magaly Pirela
  225. Norka González
  226. Norma Chávez De Escobar
  227. Olga Krnjajsky
  228. Omaira Griselda Quiñonez de Abreu
  229. Omaira Margarita Suárez de Rodríguez
  230. Oneyda Oliveros
  231. Oscar Silva
  232. Patrizzia Latini
  233. Pedro González Caro
  234. Pedro Rivas
  235. Rafael Marcano Torres
  236. Raúl Herrera, s.j.
  237. Rayza Blassi
  238. Reinhard Dufresne
  239. Rigoberto Lobo
  240. Rocio San Miguel
  241. Rosa C. Sánchez González
  242. Rosa Elena Acevedo
  243. Rosanna Cariello
  244. Sabas Castillo
  245. Sandra al Nijjar
  246. Silva Camero
  247. Silvia De Oteyza
  248. Sonia Angarita
  249. Sybil Caballero
  250. Thais Maingon
  251. Tibisay Betancourt Parra
  252. Vanessa Cartaya
  253. Vanessa Moreno Losada
  254. Verónica Colina
  255. Vicenta Paredes Guerrero
  256. Vilma Rigoris
  257. Virginia Galera
  258. Walter Trejo Urquiola
  259. Wanda Cedeño
  260. Wileyma Meneses
  261. Wilfredo Castro
  262. Wladimir Tovar
  263. Xiomara Montilla
  264. Yakeling Benarroche
  265. Yanela Barrios
  266. Yiniba ortega
  267. Yonathan Pernía
  268. Yoreima Miranda
  269. Yumary Desiree Sayago Velandia
  270. Zaida Mora
  271. Zezarina Guevara
  272. Zobeira Herrera
  273. Zulmy García

También te puede interesar:

AVERU expresó solidaridad a Venezuela por efecto del COVID-19

AVERU expresó solidaridad a Venezuela por efecto del COVID-19

Comunicados

La Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (Averu) expresó su solidaridad ante la angustia que atraviesa la comunidad universitaria y la población venezolana por el efecto del COVID-19, situación agudizada por la emergencia humanitaria que sufre la nación.

La Asociación Venezolana de Rectores.

1. En virtud de la grave situación que sufren nuestras comunidades universitarias y la sociedad civil venezolana en general, ante la declaratoria de pandemia emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) por la expansión a nivel mundial del COVID-19, aunado a las medidas preventivas dictadas por el Ejecutivo Nacional los días 13, 15 y 16 de marzo de 2020 de declaratoria de Alarma y cuarentena social a nivel nacional que implica suspensión de clases y de todas las actividades laborales y comerciales, excepto las cadenas de alimento, servicio de salud, seguridad y transporte.

2. Consciente de la grave crisis humanitaria que afecta a todos los venezolanos, y a la situación de empobrecimiento del personal docente y demás trabajadores del sector universitario, debido a la imposición de salarios que no alcanzan para el sostenimiento personal y familiar.

3. Debido al contexto de crisis nacional agudizado por la amenaza del COVID-19, que hace necesaria la implementación de medidas urgentes que ayuden a sobrellevar la grave y dura coyuntura que puede afectar a toda la población.

Expone:

1. Consideramos que las acciones económicas y sociales para contener los efectos del COVID-19, no pueden ser realizadas aisladas ni inconsultas. Se debe convocar a un equipo de expertos de todas las áreas para lograr que no se profundice la crisis venezolana y evitar que el virus se propague y ocasione un colapso general del sistema de salud y del aparato productivo nacional.

2. Ante este contexto nacional, es imprescindible la aplicación de políticas públicas dirigidas a la atención de la población y al sector productivo, para lo cual debe tomarse en consideración la plena vigencia de las garantías constitucionales, los derechos humanos fundamentales y las libertades económicas y políticas.

3. Es importante un acuerdo social que permita el acceso a los organismos internacionales para lograr la ayuda o prestamos financieros necesarios para lograr la reactivación de la actividad económica nacional.

4. Es necesaria la implementación de ayudas económicas que faciliten a la población la adquisición de alimentos, medicinas y otros insumos esenciales para afrontar el colapso social sin discriminaciones.

5. De forma prioritaria, se debe garantizar al sector laboral, público y privado, la continuidad del pago de los salarios y demás beneficios laborales, así como la inmediata suspensión o prórroga de la declaración y pago del Impuesto Sobre la Renta cuyo plazo vence el 31 de marzo del presente año. Para esto se debiera considerar el otorgamiento al sector productivo de préstamos, tasas preferenciales y medidas fiscales y así evitar la paralización de la actividad productiva o el cierre de empresas.

6. De manera especial, solicitamos para el personal que labora en nuestras universidades, la remisión oportuna de los recursos para lograr el pago por adelantado de los salarios durante la cuarentena social nacional; así como la aprobación de un bono mensual para cubrir de forma urgente la provisión de alimentos y medicamentos y atenuar las carencias económicas que sufre el sector universitario.

7. Dentro del marco del Plan Nacional universitario de prevención ANTICOVD-19, las universidades que representamos aplican las medidas de contingencia emitidas por el Ministerio del Poder Popular Para la Educación Universitaria, en el caso de actividades vitales y plan de preservación de instalaciones de servicios se requiere la colaboración de ese despacho para que el personal esencial que debe asistir a las instalaciones, tenga acceso al suministro de gasolina o gasoil, autorización o salvoconducto para circular hasta la sede de la universidad de forma segura y sin contratiempo con las autoridades policiales y militares.

8. Damos nuestro reconocimiento a todo el personal médico y de salud por la loable e incansable tarea, sin cuya labor es imposible atender a la población afectada por el COVID-19. En este sentido advertimos que es de vital importancia se les suministre los insumos, equipos de protección, medicinas, facilidades de transporte y de seguridad personal.

9. Esta Asociación de Rectores Universitarios, considera que para lograr paliar esta crisis sanitaria es apremiante recurrir a la ayuda humanitaria internacional, y la asistencia de organismos internacionales especializados en el área de salud para garantizar de manera efectiva el trato de la pandemia declarada por la Organización Mundial de Salud.

Caracas a los veintitrés (24) días del mes de marzo 2020

CECILIA GARCÍA-AROCHA MÁRQUEZ, UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA

MARIO BONUCCI ROSSINI, UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

JUDITH AULAR DE DURÁN, UNIVERSIDAD DEL ZULIA

JESSY DIVO DE ROMERO, UNIVERSIDAD DE CARABOBO

MILENA BRAVO DE ROMERO, UNIVERSIDAD DE ORIENTE

RAÚL LÓPEZ SAYAGO, UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA EXPERIMENTAL LIBERTADOR

EDGAR ALVARADO RECTOR (E), UNIVERSIDAD CENTROCCIDENTAL LISANDRO ALVARADO

RAÚL CASANOVA OSTOS, UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TÁCHIRA

RITA ELENA AÑEZ, UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA ANTONIO JOSÉ DE SUCRE

FRANCISCO JOSÉ VIRTUOSO ARRIETA, UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO

BENJAMIN SCHARIFKER PODOLSKY, UNIVERSIDAD METROPOLITANA

FRANCISCO FEBRES-CORDERO CARRILLO, UNIVERSIDAD MONTEÁVILA

ANTONIETA ROSALES DE OXFORD, UNIVERSIDAD DE MARGARITA

JUAN PEDRO PEREIRA MEDINA, UNIVERSIDAD YACAMBÚ