Acuerdos por la dignidad y la vida

Frente a la pandemia provocada por el corona virus 19 (COVID-19), proteger la vida y la dignidad de las personas debe estar en el centro de todas las decisiones que se tomen actualmente en el país.

Como resultado de decisiones políticas erradas, erosión del estado derecho, desmantelamiento institucional y gran corrupción, desde hace varios años la población venezolana ha vivido un progresivo deterioro de sus condiciones de vida, que en 2016 resultó en una emergencia humanitaria compleja con gravísimas consecuencias: generalización del hambre, precarización del acceso a la salud y a la educación y la migración forzosa de casi 5 millones de personas.

El deterioro en la provisión de servicios esenciales como el agua, la electricidad, el transporte público, contribuyó con la profundización de los daños. Este proceso lento hizo posible que sectores diversos de la población pudieran adoptar estrategias de sobrevivencia, dentro de la precarización general: muchas personas, familias y comunidades utilizaron sus capacidades y su creatividad para continuar procurándose medios de vida y apoyándose solidariamente; otras se defendieron por medio de subsidios del estado, en dinero y especies, aunque sus montos, calidad y alcance fueran insuficientes, y su implementación respondiera a criterios politizados y discriminatorios.

Sin embargo, el impacto de la pandemia es inmediato, en términos de sufrimiento y pérdida de vidas humanas, y puede ser devastador para Venezuela. Aún en los países donde los sistemas de salud pública y privada tienen capacidad de respuesta, como Italia y España, el avance del COVID-19 ha alcanzado a miles de personas en muy poco tiempo y compromete gravemente las capacidades de atención médica.

La pandemia exige además un enorme esfuerzo por parte del personal de salud, orden público, aseo urbano, distribución de alimentos, transporte
y, en general, de toda la población, a la que se exhorta a mantenerse en cuarentena o, en el caso de personas afectadas, en aislamiento.

Para las mayorías vulnerables en Venezuela, que ya sufren los efectos de la emergencia humanitaria compleja, no es suficiente ni posible manejar la propagación del COVID-2019 solamente con medidas de control, si no se les provee de medios de vida ni acceso a servicios básicos.

De no ser así, no puede obligarse a que se confinen en sus hogares a quienes viven al día, no tienen agua corriente durante semanas, sufren de cortes de electricidad durante horas o días y tienen que hacer colas semanales por bombonas de gas. El contexto venezolano no es el mismo que el de los países cuyas poblaciones pueden soportar cuarentenas o aislamientos obligatorios.

Este momento de urgencia y de alta responsabilidad nos apremia a exigir a quienes tienen hoy ejercen la conducción política en Venezuela a llegar a acuerdos para preservar la vida de la mayoría vulnerable de la población venezolana y de garantizarle condiciones de vida digna, mientras nos enfrentamos a los graves impactos de la pandemia del COVID-19.

En primer lugar, es imperativo designar un grupo de alto nivel, interdisciplinario e interinstitucional, conformado por personas expertas nombradas sin consideraciones de tipo ideológico-políticas, provenientes de los ámbitos de la salud, la alimentación, la economía, la organización comunitaria, para coordinar la respuesta nacional al COVID19.

Este grupo debe tener capacidad e independencia de acción y de vinculación con agencias humanitarias internacionales y con organizaciones de sociedad civil nacional e internacional. Las acciones de la Fuerza Armada Nacional y órganos de orden público deben estar subordinadas a sus mandatos. Dicho grupo debe contar con acceso irrestricto a la información pública y llevar además la vocería conjunta de la respuesta.

La población debe estar informada regularmente sobre los retos que plantea la situación sanitaria, económica y humanitaria y las brechas de capacidades en todo el territorio nacional así como de los adelantos en las decisiones y acciones, por los medios públicos y privados, en ruedas de prensa abiertas. Esta será la manera de generar confianza a la población.

La respuesta urgente y necesaria a la amenaza que presenta el COVID-19 solo será posible mediante acuerdos entre los factores que hoy se disputan el espacio de poder político en el país.

Por una parte, el gobierno del Sr. Nicolás Maduro, con control fáctico de la respuesta interna y capacidad para abrir al país a una respuesta humanitaria con apoyo de toda la comunidad internacional, en las dimensiones que hace falta y sin restricciones indebidas, para la entrada de medicinas, insumos, alimentos, y su posterior distribución en todo el territorio nacional.

Por su parte, la Asamblea Nacional y su Presidente, el Sr. Juan Guaidó, tienen la confianza y el reconocimiento de 60 gobiernos e instituciones financieras multilaterales, y podrían muy rápidamente solicitar la flexibilización condicionada de sanciones generales y aprobar recursos financieros y en especies para socorrer a la población.

Gobierno y Asamblea Nacional son imprescindibles para dar viabilidad a la respuesta necesaria para salvar vidas y ofrecer condiciones de dignidad para las mayorías vulnerables del país.

En los términos de estos acuerdos, todos los recursos aprobados deben contar con los mecanismos de control para su implementación transparente y con rendición de cuentas. Las agencias internacionales, el sector público y privado, las iglesias, la sociedad civil nacional e internacional, con sus niveles diversos en recursos humanos y técnicos y de alcance geográfico, tienen la capacidad para socorrer a la población más vulnerable, siempre y cuando el acceso sea garantizado, incluyendo transporte y combustible.

Asimismo, deben respetarse y garantizarse los derechos humanos de la población, cesar de inmediato todas las acciones de represión por parte de órganos de seguridad y grupos armados, y acoger las recomendaciones de la Alta Comisionada, quien señaló que “ahora más que nunca los gobiernos deberían poner en libertad a todos los reclusos detenidos sin motivos jurídicos suficientes, entre otros a los presos políticos”, y de más de 20 relatores especiales de derechos humanos de Naciones Unidas, referidas a que “los estados no deben abusar de medidas de emergencia para violar derechos humanos”.

Solo garantizando mecanismos de protección de los derechos humanos
y generando espacios de confianza para la población será posible que las personas soliciten ayuda, acojan medidas de prevención y resguardo y se ayuden solidaria y responsablemente entre ellas.

Los acuerdos políticos necesarios para resolver las condiciones de fondo que generaron la emergencia humanitaria compleja, ahora agravada por la velocidad del impacto del COVID-19, pueden ser tratados como parte de este
proceso, sin retrasar la implementación perentoria de la respuesta humanitaria.

Los gobiernos de Noruega, Canadá y los Estados Unidos, de los países de América Latina, del Caribe y de la Unión Europea, así como los de Rusia, China y Cuba, países todos impactados también por el COVID-19, tienen como nunca antes la oportunidad de respaldar y acompañar estos acuerdos humanitarios y políticos.

No queremos una Venezuela devastada, miles de vidas están en juego, no hay tiempo que perder.

Feliciano Reyna Ganteaume
25 de marzo, 2020

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FRENTE AL COVID-19: AUTORIDADES DEBEN GARANTIZAR TRABAJO DE ACTORES HUMANITARIOS

Comunicados

(Caracas, 17.03.2020). Las ONG que suscribimos la presente comunicación reconocemos que el derecho internacional permite el uso de poderes de emergencia a los Estados para enfrentar situaciones graves como la actual epidemia de COVID-19. Siendo nuestro deseo que las autoridades venezolanas tomen las mejores decisiones posibles para enfrentar la propagación de la enfermedad, reiteramos que los derechos humanos deben ser, desde el principio, parte esencial de todas las iniciativas de prevención, preparación, contención y tratamiento del COVID-19. El respeto a la dignidad humana es esencial en todas las etapas de la crisis.

En ese sentido, queremos insistir en los siguientes aspectos:

1) Todas las autoridades y sectores de la sociedad deben enfrentar la epidemia colocando en primer lugar la salud y bienestar de la población, uniendo esfuerzos para colaborar en todas las iniciativas de prevención, preparación, contención y tratamiento del COVID-19.

2) Se debe garantizar el trabajo de los actores humanitarios y los defensores de derechos humanos. El Estado tiene la obligación de solicitar toda la asistencia nacional e internacional necesaria para atender las necesidades de las personas que pudieran ser afectadas, y que el trabajo de estos actores humanitarios y de derechos humanos pueda realizarse sin restricciones y represalias.

3) La actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y policías debe respetar derechos humanos, evitando arbitrariedades, y subordinarse al liderazgo de las autoridades civiles, priorizando las tomas de decisiones según criterios técnicos, científicos y sanitarios. Debe prohibirse las actuaciones de grupos de civiles armados en labores de orden público y debe establecerse una vocería coordinada, encabezada por las autoridades sanitarias, que evite los mensajes confusos para garantizar mejor orientación y mayor confianza en la población.

4) La implementación de la cuarentena debe informar suficientemente sobre su alcance, protocolos de movilización para el acceso a alimentos y atención médica, garantizando el mayor disfrute posible de los servicios básicos como el acceso a agua y energía eléctrica. Además, debe incorporar políticas para garantizar los medios de vida de la toda la población, con especial foco en los sectores más vulnerables, como los trabajadores informales y por cuenta propia, adultos mayores y personas en situación de pobreza, personas privadas de libertad, personas en situación de calle, que no cuentan con recursos acumulados para permanecer en aislamiento durante un largo período de tiempo. Los beneficios de estas medidas deben ser distribuidos a través de mecanismos no discriminatorios. Una cuarentena, según el derecho internacional, debe ser de duración limitada, ser revisada periódicamente e implementada de manera segura y respetuosa para disminuir los riesgos en el pleno disfrute de los derechos humanos.

5) El acceso a la información es un aspecto clave de las garantías del derecho a la salud de la población. La difusión de información debe hacerse de manera responsable, evitando alarmas innecesarias en la población y debe garantizarse que el trabajo de los medios de comunicación pueda realizarse sin restricciones adicionales al de las condiciones que eviten el contagio de sus trabajadores. Deben retirarse las restricciones actuales que impiden la consulta a diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales. Deben publicarse los boletines sanitarios que dejaron de publicarse desde 2006 y mantener información trasparente en materia epidemiológica.

6) Se deben colocar todos los recursos disponibles para que la atención médica necesaria sea accesible a todos los sectores de la población, especialmente a los sectores vulnerables, de bajos ingresos y residentes en zonas remotas. Deben tomarse todas las medidas posibles para proteger a los trabajadores del sector salud, incluyendo el que cuenten con todos los insumos, equipos y condiciones necesarias para realizar su labor en las actuales circunstancias.

7) La medidas de restricción de movilidad deben adoptarse de tal manera que no produzcan desabastecimiento, no impidan la asistencia a centros médicos para tratamientos regulares necesarios para no agravar condición de salud y atender los casos de personas que quedaron en terminales sin recursos y posibilidades de trasladarse.

Suscriben:

A.C Los Naguaritos
A.C. Médicos Unidos de Venezuela
Acceso a la Justicia
Acción Campesina
Acción Solidaria
ACCSI Acción Ciudadana Contra el SIDA
ACOANA
Aqui Cabemos Todos
Asociación Civil NUPAZ
Asociación Civil Saber es Poder-AsoSaber
Asociación Civil UNIANDES
Asociacion por la Vida /Merida
Asociacion Venezolana para la Hemofilia
Aula Abierta
Banco del Libro
Caleidoscopio Humano
Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Centrooccidental Lisandro Alvarado
Catedra de la Paz / Universidad de los Andes
Centro de Acción Y Defensa por los Derechos Humanos (Cadef)
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (CDH-UNIMET)
Centro de Justicia y Paz – Cepaz
Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ)
Ciclovías Maracaibo
Ciudadanía con Compromiso A.C
Civilis Derechos Humanos
Clima21 – Ambiente y Derechos Humanos
Comisión de DDHH de la Federación Venezolana de Colegios de Abogados del estado Apure ( CDDHHFVCA Apure)
Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia
Comision Nacional de DDHH de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del Estado Lara
Comisión nacional de DdHh de la Federación de colegios de abogados de Venezuela del estado Táchira
Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez)
Comité de derechos humanos de la guajira
Comunidad en Movimiento A.C
Conciencia Ciudadana A.C,
Consorven, Confederacion Sordos de Venezuela.
Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional
Convite AC
Crea País
Creemos Alianza Ciudadana Libertador
Defensa en Acción
Defiende Venezuela
Derechos Humanos Venezuela Carúpano
DPR-LAR
EDEPA A.C.
El Zulia Recicla
Epikeia Observatorio Universitario de Derechos Humanos
Escuela de Comunicación Social Ucab Guayana
EXCUBITUS Derechos Humanos en Educación
FUNCAMAMA
Fundacion “Yo te ayudo venezolano”
Fundacion Aguaclara
Fundación para el Debido Proceso Fundepro
Fundación para el Desarrollo Integral FUNDESI
Fundación para la cooperación internacional , la integración y el Desarrollo para el esfuerzo regional CIIDER
Fundación ProBono Venezuela, Provene
Fundación Prodefensa del Derecho a la Educación y la Niñez
Fundación Rehabilitarte
FundaRedes
GobiérnaTec
Grupo Social Cesap
Hogar Virgen de los Dolores
Impulsa Latinoamerica
Incide
Instituto Mead de Venezuela A.C,
Instituto Progresista
Ipys Venezuela
Justicia y Paz OP Vnezuela
Labo Ciudadano
Laboratorio de Paz
Liga Merideña contra el Sida
Monitor Social AC
Movimiento Ciudadano Dale Letra
Movimiento SOMOS
Mulier
Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes
Observatorio Global Comunicacion Y Democracia (OGCD)
Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS)
Observatorio Venezolano de Violencia
ONG Las Mercedes Lara
Opotunidad AC
Padres Organizados de Venezuela
Padres Organizados de Venezuela
Plataforma contra el Arco Minero del Orinoco
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)
Promoción Educación y Defensa en DDHH – PROMEDEHUM
Proyecta Ciudadanía A.C,
Proyecto Mujeres
Psicodehu
Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos (REDAC)
Red de Organizaciones de Derechos Humanos del Estado Anzoategui REDHANZ
Red por los Derechos Humanos de NNA (REDHNNA)
Red Universitaria por los DDHH
RedesAyuda & Humano Derecho Radio Estación
REDHELARA
Sindicato Nacional Asociacion de Profesionales Universitarios en Funciones Administrativas y Tecnicas de la UCV
Sinergia,Red Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil
SOS PACIENTES RENALES
SOS Pacientes Renales
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Una Ventana a la Libertad
Unión Vecinal para la Participación Ciudadana A.C,
Universidad Católica Andrés Bello
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