Venezuela: la necesidad de construir confianza electoral

Juan Manuel Trak

Dr. en Procesos Políticos Contemporáneos y Máster en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca. Sociólogo de la Universidad Católica Andrés Bello. Asesor y consultor el tema políticos y electorales.


Venezuela: la necesidad de construir confianza electoral


Las elecciones son un proceso central de cualquier sistema democrático. Si bien pueden existir procesos electorales en sistemas no democráticos (por ejemplo plebiscitos), hasta el momento  no se conoce un sistema democrático en el que el sufragio no exista. Giovanni Sartori, politólogo italiano, definía la democracia como un sistema político basado en el poder popular, es decir, en el poder de la ciudadanía. Según este autor, el pueblo es el titular del poder mientras que su ejercicio es confiando a los representantes electos periódicamente[i].

Desde esta perspectiva, entendemos las elecciones como un medio para ejercicio de la ciudadanía y como un procedimiento mediante el cual se pueden tomar decisiones colectivas de manera inclusiva. Pero las elecciones son procesos complejos que ocurren en contextos políticos y sociales más amplios, los cuales afectan tanto su funcionamiento objetivo como la evaluación subjetiva que hacen ciudadanos, partidos políticos, asertividad, organizaciones de la sociedad civil y la comunidad internacional. Así, para que una elección sea el reflejo de la voluntad ciudadana requiere, entre otras cosas, de la confianza de todos los involucrados en el proceso.

En este orden de ideas, entendemos por confianza la creencia que tienen las personas en que los otros cumplirán con sus obligaciones o que, por lo menos, no actuarán en contra de sus intereses. Si extrapolamos esta definición a la esfera de lo político, podríamos decir que la confianza es la creencia en que las instituciones políticas actuarán de forma justa, atendiendo a lo establecido en las leyes. Si vamos un poco más lejos, la confianza en las elecciones supondría la creencia en que el proceso electoral está organizado de tal manera que es capaz de reflejar en sus resultados las preferencias políticas de la gente.

Siguiendo lo propuesto por la Fundación Kofi Annan[ii], la confianza en las elecciones y sus resultados es un pilar de la legitimidad de cualquier sistema democrático. Según esta visión “la credibilidad de las elecciones es descalificada, si los votantes no creen que las autoridades responsables de organizarlas son autónomas e independientes”. De esta suerte, la confianza de la elección y sus resultados impacta directamente en el apoyo hacia las autoridades, la desconfianza abre las puertas a condiciones que favorecen la ingobernabilidad y el autoritarismo.

Las dimensiones de la confianza

En este orden de ideas, la confianza en las elecciones se ve afectada por dos dimensiones fundamentales: condiciones políticas y calidad técnica de las elecciones. La primera dimensión se refiere al ejercicio efectivo de los derechos civiles y políticos de la ciudadanía. Así, una elección será más confiable a los ojos de la gente en la medida que haya igualdad política, libertar de expresión, libertad para elegir y ser elegido, entre otras. De la misma manera, las condiciones políticas también se refieren a la existencia de un árbitro que actúe con neutralidad institucional, y aplique el marco normativo de forma equitativa.

Por otro lado, las condiciones técnicas hacen referencia a los aspectos operativos que garantizan que el resultado de la elección refleja la voluntad de la ciudadanía.  Estos aspectos técnicos abarcan las diferentes fases del proceso electoral: desde el la creación de leyes, nombramiento de autoridades, registro de electorales, partidos y candidatos, pasando por las diferentes auditorías prelectorales, el sistema de votación, el escrutinio del voto y las auditorías poselectorales. En este caso, la confianza hacia las condiciones técnicas está mediada por las evaluaciones que hacen de las mimas los partidos políticos, lo medios de comunicación, la organización de observación electoral nacional e internacional, quienes emitirán sus juicios ante la opinión pública; influyendo así en la confianza de los ciudadanos hacia el proceso electoral.

En Venezuela, el ejercicio de los derechos civiles políticos es cada vez más cuesta arriba. Quienes ejercen el poder político han limitado de manera sistemática y progresiva el ejercicio de la ciudadanía. El poder del voto ha sido reducido mediante la imposición de condiciones políticas que impiden el libre ejercicio del poder popular, así como el diseño de un sistema electoral que genera desconfianza.

Desde el punto de vista de las condiciones políticas, Venezuela ha carecido de un árbitro electoral que actúe con neutralidad institucional. Desde la aprobación de la constitución de 1999, el Consejo Nacional Electoral no ha sido nombrado siguiendo lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV)[iii] y la Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE)[iv]. Como resultado, quienes han dirigido el Consejo nacional Electoral actúan en contra de la confianza de los ciudadanos hacia las elecciones y el poder de su voto.

A lo anterior cabe añadirle la manipulación de la oferta electoral mediante el uso de medidas administrativas por parte del CNE, la inhabilitación de candidatos por parte dela Contraloría General de República  o la intervención del Tribunal Supremo de Justicia en los partidos políticos de oposición.

Desde el punto de vista técnico, la opacidad con que se ha manejado el Registro Electoral, la flexibilización de garantías para evitar la usurpación de identidad y duplicidad del voto, la manipulación del calendario electoral, la limitación de la observación nacional y la prohibición de observación internacional calificada, entre otros, reducen la credibilidad de los resultados de los comicios

Acuerdos y principios

Para revertir esta situación es necesario la construcción de un acuerdo político nacional en el que los diversos actores sociales y políticos establezcan un conjunto de principios y prácticas orientadas a restablecer la confianza en las elecciones. Lo anterior pasa por la creación de una comisión de alto nivel capaz de elaborar una propuesta de reforma política y electoral que reconozca las limitaciones de la situación actual, los conflictos existentes y proponga medidas de corto, mediano y largo plazo con el fin de rescatar la institucionalidad democrática en el país.

Evidentemente, la construcción de un acuerdo político de esta naturaleza requiere de la cooperación firme de diversos sectores políticos y sociales que actualmente carecen de confianza mutua. Un primer paso sería la generación de espacios para la construcción de esa confianza perdida, sobre todo entre actores no gubernamentales de diversa naturaleza. Un segundo paso sería la conformación de una alianza democrática que impulsara una agenda de reformas político-institucionales en las que todos los sectores políticos se vean reflejados.

En todo caso, cualquier reforma política tendrá que devolverle a la ciudadanía su poder, la libertad de elegir quienes les gobiernan y que su elección no solo se vea reflejado en el resultado de la elección, sino que se respete el ejercicio efectivo del poder de los representantes electos a través del voto popular.


[i] Sartori, Giovanni. Elementos de teoría política. Madrid: Alianza, 2008, p. 46.

[ii] Kofi Annan Foundation. Confidence in elections and the acceptance of results. Policy brief 1. Más información en https://www.kofiannanfoundation.org

[iii] Ver artículos 295 y 296 de la CRBV.

[iv] Ver artículo 30 de la LOPE.

Venezuela y la necesidad de nuevos pactos.

Maryhen Jiménez

Politóloga (BA Universidad Goethe Frankfurt), MPhil en Estudios Latinoamericanos (Universidad de Oxford), Doctora en Ciencias Políticas (Universidad de Oxford)  


Venezuela y la necesidad de nuevos pactos.


Hay momentos en los cuales la historia toma rumbos inesperados causados por algún evento imprevisto. Las pandemias anteriores, por ejemplo, incluyendo la peste negra (1348) o la gripe española (1918) produjeron una serie de cambios importantes en el ámbito político y socio-económico en los diferentes países.  ¿Por qué no pensar, entonces, que la Covid-19 podía ser ese evento inesperado que facilitara el cambio en Venezuela?

Las transiciones a la democracia son procesos inciertos y no lineales. Y si bien la literatura sobre transiciones ha destacado que la presión interna, divisiones en la coalición autoritaria, garantías a las élites del régimen saliente o la presión internacional pueden ser factores catalizadores en un proceso de transición, siempre puede haber un acontecimiento sorpresa que facilite la transición. Bajo esta premisa se podía asumir que la Covid-19 podía representar una “ventana de oportunidad” que promoviera un descontento popular masivo y con ello una transición negociada. Sin embargo, a pesar del acuerdo entre el gobierno y la Asamblea Nacional y la OPS para atender la crisis humanitaria, no se ha consumado el cambio político ­­que la vasta mayoría de la población venezolana desea. ¿Por qué?

En primer lugar, la pandemia en vez de generar oportunidades para el entendimiento político ha generado el efecto contrario: más represión y control social. Esto no ha ocurrido solo en Venezuela, sino también en distintas escalas en China, El Salvador, Filipinas, Hungría o Nicaragua. Los autócratas del mundo han visto en la Covid-19 y las medidas de aislamiento social que ésta amerita, una oportunidad para justificar la desarticulación social, crear miedos y dependencias hacia el Estado y acelerar sus proyectos autoritarios. En Venezuela, el régimen autoritario en efecto ha incrementado la persecución por razones políticas, criminalizado todo activismo, desarticulado a la oposición política y militarizado aun más al país. Todo esto ocurre mientras la población se encuentra en modo de supervivencia perenne, buscando agua, alimentos, medicamentos y ahora también gasolina. En estas circunstancias, no pareciera que la movilización interna, necesaria para generar presión sobre cúpula autoritaria, pueda ser el detonante que conduzca al país a una transición. Por otro lado, la presión internacional fuertemente ejercida desde los Estados Unidos y acompañada de la Unión Europea y varios países latinoamericanos tampoco ha logrado crear los incentivos necesarios para que las élites autoritarias acepten un cambio de régimen. Las sanciones multilaterales, el indicment por parte de EE. UU. o la retórica frontal no han generado las fracturas esperadas y tampoco la confianza necesaria para bajar los costos de un proceso de transición, reconciliación y justicia.

Si bien el panorama luce adverso y las estrategias democratizadoras promovidas por el liderazgo político y la comunidad internacional hasta ahora han fracasado, falta mucho por hacer. Veamos.

Ningún caso es idéntico a otro, sin embargo, los regímenes autoritarios tienen algo en común: su ambición infinita por el poder. En otras palabras, ningún régimen avanza en controlar todas las instituciones del Estado, comete graves violaciones de derechos humanos, tolera y promueve la economía ilícita, así como la corrupción para entregarse fácilmente en un momento dado. Por el contrario, la lógica autoritaria siempre será controlar aun más las instituciones y el espacio público para garantizar continuidad autoritaria. Sin embargo, la historia demuestra que -por más difícil que luzca- las transiciones sí ocurren y los autócratas, en muchos casos, sí negocian sus salidas. Pero para que eso suceda el único foco no puede ser la salida del autócrata, sino el diseño de un pacto político que dé garantías a los actores y goce de su confianza.

Los estudios sobre transiciones democráticas señalan que el pacto entre élites, como mecanismo de cambio, es el que más probabilidades de gobernabilidad y estabilidad posterior ofrece. Los pactos, así como el de la Moncloa en España, los de Sudáfrica y nuestro propio pacto de Puntofijo, ayudan a definir las reglas del juego democrático a través de una combinación de acuerdos formales e informales. Con ello se generan un conjunto mínimo de expectativas entre las élites sobre “lo que puede y no puede hacerse” en el período post-transición, creando así garantías y cierta certeza sobre la convivencia pacífica en la democracia emergente.

Esos trade-offs son difíciles de procesar, tanto para la población como para el liderazgo político. Sin embargo, debemos adoptar los pactos, es decir el entendimiento político, como nuestra primera opción estratégica. Eso implica, por un lado, descartar falsas ilusiones de una invasión extranjera, y, por el otro, recuperar la confianza en nuestra propia capacidad social y política para diseñar nuestro futuro democrático.

Así como al régimen autoritario le tomó muchos años desmantelar las instituciones y el estado de derecho, así también nos tomará tiempo construir un camino que nos conduzca a la democracia y al restablecimiento del estado de derecho. Ese proceso podrá agilizarse y fortalecerse una vez que la ciudadanía decida ser arquitecta de su propio futuro. No debemos entender por presión doméstica solo la movilización -puntual o sostenida- en contra del autoritarismo, sino conceptualizarla como un movimiento democratizador que busque no solo la transición, sino la transformación de Venezuela. 

Pandemia y derechos civiles y políticos: el poder está en la gente.

Debora Van Berkel

Licenciada en educación. Presidenta de SINERGIA, Red Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil que agrupa a 58 organizaciones. Investigadora-consultora en el área de Sociedad Civil y Participación en el Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos.  


Pandemia y derechos civiles y políticos: el poder está en la gente


El impacto de la pandemia ocasionada por el Covid-19 se evidencia en todos los ámbitos de la vida y se expresa de manera diferenciada, según las condiciones previas y las políticas adoptadas por cada país para enfrentarla.

Algunas voces se han levantado para llamar la atención sobre muchas de esas políticas, considerando que no pueden ser aplicadas con medidas que limiten o vulneren las garantías y el ejercicio de derechos fundamentales, como es el caso de la Alta Comisionada para los derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Doctora Michelle Bachelet.

El llamado de atención llega muy directamente a la América Latina, región en la que las marcadas desigualdades, la exclusión y limitaciones en la institucionalidad democrática, dificulta la articulación de respuestas más efectivas a esta crisis que ha llegado a complicar más aún los escenarios anteriores a su aparición, desafiando los sistemas sanitarios que funcionan con muchas precariedades,  a los gobiernos y a toda la sociedad que ha visto como sus condiciones de vida y la seguridad de la población están afectadas integralmente.

En este marco, los derechos civiles y políticos también están siendo impactados, en tanto que en la mayoría de los países se han promulgado Estados de Excepción, estableciendo medidas de control y de concentración del poder sobre la base de la necesidad de enfrentar una enfermedad que está desafiando a todo el planeta, generando nuevas condiciones socio económicas y políticas, sin mediar la consulta o la participación de distintos actores, ni en su diseño ni en como paliar los efectos adversos de las mismas.

La presión social en demanda de reivindicaciones y derechos que se venían presentando hacia las instituciones y los liderazgos políticos, se han visto contenidas ante una nueva realidad. Las limitaciones a derechos como el libre tránsito y movilidad, reuniones masivas, a la libertad de expresión, información y asociación, entre otros, están incorporados en diversos decretos emitidos y en decisiones ejecutivas, que incluye -en varios casos- a las fuerzas militares en el control de la seguridad pública y otras medidas especiales.

Los procesos electorales previstos en varios países han sido suspendidos o pospuestos, generando consecuencias para dinámicas políticas que se venían desarrollando. Para tener una visión sobre la celebración de procesos electorales en el mundo, el Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), en su Panorama global del impacto del Covid-19 en las elecciones, sostiene que en el período entre el 21 de febrero y el 7 de junio, al menos 66 países y territorios han decidido posponer elecciones nacionales y sub-nacionales y 30 decidieron realizarlas según lo planeado.

En nuestra región, se puede hacer referencia a los casos de Bolivia, con elecciones previstas para el 3 de mayo del presente año y que fueron pospuestas para el mes de septiembre, con el antecedente de la crisis que vivió el país el año anterior, al anularse las elecciones presidenciales por fraude, que llevó a la destitución del entonces presidente Evo Morales. El caso de República Dominicana con sus elecciones presidenciales y legislativas previstas para el 17 de mayo y pospuestas para el mes de octubre por razón de esta pandemia, pero bajo los efectos muy recientes de la declaración de nulidad de elecciones municipales por problemas técnicos con el sistema automatizado adoptado por primera vez en un evento electoral en el país. También, el Referéndum Constitucional en Chile, previsto para el 26 de abril y pospuesto para el 25 de octubre, aprobada su realización como mecanismo para manejar una crisis política signada por fuertes manifestaciones públicas y polarización que marcaron el 2019. Otros países como Paraguay, con elecciones primarias y locales, decidieron posponerlas para el año 2021.

Venezuela: Entre dos emergencias

En Venezuela, se han encontrado dos emergencias, para añadir complejidades a un contexto de crisis multidimensional. La Emergencia Humanitaria Compleja que desde hace 5 años ha venido desarrollándose y la generada por el Covid-19. Previstas constitucionalmente las elecciones parlamentarias para diciembre del 2020, la incertidumbre y las acciones políticas e institucionales se encuentran cada vez más alejadas del marco legal y marcan el momento. Debe tomarse en cuenta que el país se encuentra desde el año 2016 en situación de estado de excepción, con base a decretos emitidos por el poder ejecutivo sin aprobación del parlamento y desde marzo de este año, también con un estado de alarma que ya ha sido prorrogado 3 veces. Las elecciones presidenciales del 2018, son un antecedente, por no ser reconocidas por la oposición ni un grupo considerable de países y organismos internacionales. Las condiciones técnicas y políticas para el desarrollo de elecciones libres y competitivas se han deteriorado de manera sostenida desde el 2015 y de manera acelerada en el último año. Al momento de escribir estas líneas, se ha conocido que el Tribunal Supremo de Justicia ha decidido proceder al nombramiento de nuevas autoridades al Consejo Nacional Electoral, sobre la base de una sentencia que dictamina la omisión legislativa de parlamento en el cumplimiento de esta competencia y como parte de un largo proceso que ha llevado a anular la capacidad de actuación institucional de la Asamblea Nacional. Una dinámica que ha marcado un camino hacia un sistema político no democrático, cada vez más cerrado, en donde la pugna política por el poder ha ido cercenando las garantías del derecho de los ciudadanos de elegir y ser elegidos, de la separación de los poderes y de la gobernabilidad democrática. Los partidos políticos de oposición enfrentan momentos de gran debilidad, muchos de ellos inhabilitados y con cuadros importantes en el exilio, presos o igualmente inhabilitados para el ejercicio de la función pública.

Las organizaciones de la sociedad civil han continuado su trabajo comprometido, en la defensa de derechos, construcción de propuestas de políticas públicas, o la atención de población vulnerable, entre muchos de los roles que desempeña, aún en las condiciones de cuarentena, distanciamiento social y restricciones muy fuertes a la movilidad. La atención a las realidades políticas, el cómo se desarrolla la respuesta de la institucionalidad pública ante los desafíos de la epidemia y las urgentes respuestas que demanda la población civil impactada en sus condiciones de vida, se convierten en un torbellino de exigencias a las capacidades propias de los distintos sectores sociales. Se cuenta con un tejido social con mayor conciencia de sus derechos, pero con limitadas herramientas para la garantía y ejercicio libre de los mismos. Trabajar también en el campo de construir un movimiento cívico que decida de manera autónoma tener voz y acción estratégica para incidir en un cambio en la ruta del proyecto autoritario y la reconstrucción de capacidades para marcar una nueva ruta democrática, es un enorme reto, pero – también- una gran oportunidad.

Las acostumbradas y recurrentes fórmulas ideológicas, con sus verdades absolutas, no parecen ser los marcos que permitan encontrar nuevos rumbos. La polarización política como estrategia para alcanzar o mantenerse en el poder, con dinámicas excluyentes y negadoras de la acción política basada en el respeto de la diversidad, del diálogo, la negociación y la convivencia, ha llevado a un cierre del espacio público, al control social y a la imposición de una forma de ser en sociedad que choca con todos los postulados que puedan definir una democracia.

La incorporación de crecientes voces autónomas desde la sociedad civil, ejerciendo sus derechos de libertad de pensamiento, expresión, asociación, participación y de elección, ha sido un largo y difícil camino recorrido en Venezuela y por toda América Latina. Están produciendo un entramado de relaciones, alianzas y experiencias, con un valioso saldo de lecciones aprendidas, que aún buscan -con mucha timidez- lograr mayores posibilidades para la incidencia y la construcción de respuestas a tantas exigencias. Pero, todavía, no son suficientes. La exigencia en estos tiempos es a escalar el espacio en que se están dando. Ampliar las posibilidades de sinergias y vínculos. Innovar en el descubrimiento de nuevas formas de actuación para hacer posible el camino hacia sociedades democráticas sostenibles.

Uno de esos territorios sigue siendo un desafío: conquistar avances en las dinámicas que faciliten las garantías para el derecho a elegir. Contar con las instituciones que logren asegurar procesos electorales transparentes, con base a una norma democráticamente establecida. Con ambiente habilitante, en donde los ciudadanos puedan expresarse y ser contralores del poder que confieren. Los derechos no pueden ser suspendidos por razón de una situación de emergencia sanitaria y mucho menos se aprovechada por los gobiernos y actores políticos partidistas para fortalecer sus propias agendas e intereses, afectar a sus adversarios o colocar muros y limitaciones a la acción ciudadana. Criminalizar la protesta social, utilizar la atención a la pandemia como excusa para su bloqueo o estigmatizar a los afectados por la enfermedad, son prácticas que se observan en distintos países y debe se punto de agenda común de los movimientos sociales y distintos sectores sociales.

Creer firmemente en el poder de la gente, con la gente y por la gente.

Esta es una mirada estratégica por la cual se apuesta y a la que no se abandona, en las filas de la ciudadanía militante.

Venezuela: Desafíos electorales en tiempos de COVID-19

Héctor Briceño 

Politólogo, profesor del CENDES de la UCV, actualmente doctorando en Ciencia política en la Universidad de Rostock, Alemania.  


Venezuela: Desafíos electorales en tiempos de COVID-19

La llegada del COVID-19 ha impuesto grandes retos electorales en todo el mundo. De 70 países que habían programados elecciones durante los dos primeros trimestres del año, 50 decidieron posponerlas para evitar la propagación del virus, mientras los restantes 20 los realizaron con resultados muy variados.

En todos esos casos el desafío ha sido evitar que la crisis sanitaria se transforme en una crisis política, intentando construir un equilibrio entre el riesgo que implica posponer las elecciones y la obligación de proteger la vida de las personas.

En Venezuela, sin embargo, la pandemia llega en el marco de una profunda crisis política que le antecede, por lo que el Covid se transforma, en el contexto electoral, en una variable adicional que debe resolverse junto a otras incógnitas de una muy complicada ecuación.

¿Cuáles son las otras incógnitas de la ecuación?

En primer lugar, en el país se ha extendido una profunda desesperanza electoral. Y no faltan razones. El deterioro de las condiciones electorales se ha acelerado luego de las elecciones parlamentarias de 2015, la última elección democrática realizada en el país.

A partir de entonces, se ilegalizaron los más importantes partidos políticos de oposición, la empresa Smartmatic se retiró del país, luego de denunciar una diferencia entre los resultados anunciados y los recogidos por el sistema automatizado durante la elección de la ANC en 2017. Meses después, durante las elecciones de gobernadores los electores y centros electorales fueron redistribuidos para castigar a los electores opositores. La crisis migratoria, que ha movilizado a una proporción importante de venezolanos ha reconfigurado su distribución tanto en el territorio nacional como en el mundo. Cerca del 20% de los electores ha abandonado el país desde 2016 para escapar de la crisis interna. Y otra cantidad importante han migrado internamente huyendo del deterioro de las condiciones de vida y de la escasez de servicios públicos que azota con especial dureza las zonas rurales, para refugiarse en las grandes ciudades y que gozan de privilegios como agua y electricidad.

Más recientemente, un incendio en los galpones del CNE destruyó casi la totalidad de la plataforma para el ejercicio del voto automatizado que permitía un conjunto de garantías para auditar el proceso de votación.

Por último, pero no por ello menos importante, las autoridades electorales mantienen su doble estatus de gran desprestigio e ilegitimidad, mientras la Asamblea Nacional ha detenido indefinidamente el proceso de designación de nuevas autoridades.

En resumen, no es exagerado afirmar que nos encontramos en el peor momento del sistema electoral venezolano.

Así, el principal desafío electoral es invertir la ecuación de la desesperanza. Reconstruir la confianza en el voto como herramienta de cambio frente a aquellos que afirman que no se debe hablar de elecciones en medio de la crisis o que “las elecciones son una trampa del gobierno en la que no se debe caer”.

Al contrario, solo es posible enfrentar la compleja crisis estructural que atraviesa el país (crisis humanitaria, sanitaria, social, económica y política), si se lucha por mejorar las condiciones electorales, denunciando el ventajismo electoral, revelando al mundo, una y otra vez, como la institucionalidad de estado se alinea para impedir la manifestación de la voluntad popular.

Las razones para confiar en las elecciones como herramienta de cambio son muchas. Incluso en las condiciones actuales.

La victoria democrática obtenida en las parlamentarias de 2015 no fue solo una sorpresa, sino también el resultado del esfuerzo conjunto de múltiples actores orientados por un mismo objetivo: luchar contra toda la maquinaria institucional del Estado para permitir que la voluntad popular se pudiese expresar libremente. Así, convergieron partidos políticos, medios de comunicación, organizaciones sociales, sindicatos, gremios, comunidad internacional, observadores electorales nacionales e internacionales, en una lucha por alcanzar las mejores condiciones electorales posibles. Perseverancia que fue reconocida por millones de ciudadanos que decidieron participar, aún en contra de los peligros, adversidades y desconfianza que rodearon esa elección.

A ese esfuerzo le siguieron otros: en 2016 el intento de activar el referéndum revocatorio presidencial. En 2017 la denuncia de la inconstitucionalidad de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente y la participación en las elecciones de gobernadores del mismo año. Finalmente, en 2018 las denuncias de las condiciones electorales de las presidenciales.

Todas esas experiencias son relatos, no de fracasos sino de victorias electorales que han permitido contener un régimen que, obsesionado con el poder, desea el control total del país. No ha llegado ahí en parte gracias a la lucha electoral.

La elección parlamentaria por delante no es una elección más, sino la elección de la última institución legítima del país. Por lo que el reto no es sencillo. Los obstáculos son muchos, el tiempo es escaso, y aún así el costo de renunciar a la elección es demasiado alto. La legitimidad de la Asamblea Nacional no es infinita nacional ni internacionalmente. Permitir que el gobierno gane unas elecciones por forfeit, sin siquiera pelear por el cambio de las condiciones complicaría aún más la grave crisis política.

Adicionalmente, la pérdida de la confianza en el voto y la abdicación electoral incentivan las aventuras violentas. Y violencia y democracia son antagónicas. La historia de las transiciones recientes así lo confirma. La inmensa mayoría de las democracias que surgieron durante los últimos 50 años, nacieron de procesos electorales, mientras que los métodos de lucha violentos frente a gobiernos autoritarios culminaron casi siempre en la imposición de otros gobiernos autoritarios de distinto cuño. Por ello, la lucha por elecciones justas es también la mejor garantía del triunfo de la democracia y para evitar que se construya un nuevo autoritarismo.

Finalmente, las elecciones son el único mecanismo que coloca la responsabilidad de la reconstrucción de la democracia en las manos de todos los venezolanos, convirtiéndolos así en los protagonistas de su propio destino.

La lucha por las elecciones comienza por la designación de nuevas autoridades a través de un proceso apegado a la normativa electoral. El comité de postulaciones electorales instalado desde marzo por la Asamblea Nacional tiene por delante las siguientes tareas: aprobar su reglamento interno y la metodología de evaluación de credenciales, la apertura del período de postulaciones, la recepción y revisión de las postulaciones, objeciones y descargos, para finalmente elaborar una lista con los seleccionados para presentarla a la Asamblea Nacional, a la cual le corresponde designar los nuevos rectores con una votación de las dos terceras partes.

Es también imprescindible diseñar un ciclo electoral apoyado en herramientas tecnológicas a distancia que permitan romper los posibles focos de transmisión del coronavirus y evitar conformación de una potencial cadena de contagio, que obliguen a escoger entre el derecho a la vida y el derecho a elegir. Es necesario organizar elecciones y votar en condiciones que no pongan en peligro la vida de la gente, especialmente de las poblaciones más vulnerables. Por ello es recomendable pensar en sistemas híbridos a lo largo del ciclo electoral.

Donde unos ven problemas otros ven oportunidades. Hasta el momento, lamentablemente, el Gobierno ha aprovechado la pandemia para afianzar su control político, persiguiendo a opositores, encarcelando a periodistas, amenazando a intelectuales. La oposición, también ha querido aprovechar la pandemia para continuar acorralando internacionalmente al gobierno, posicionando su legitimidad internacional como llave de acceso a la ayuda humanitaria internacional para generar con ello la presión necesaria para producir un cambio político. En este escenario, el último de los grandes desafíos es evitar que la pandemia se convierta en una herramienta electoral. Por ejemplo, al utilizarla para incentivar o desincentivar electores, al crear condiciones que pongan en peligro la vida de un determinado grupo de electores.


¿Es posible hacer elecciones en medio de la cuarentena del COVID-19?

Eugenio Martínez

Es comunicador social especializado en análisis de temas electorales y políticos. Como periodista dio cobertura a las 23 elecciones en Venezuela celebradas en Venezuela entre 1998 y 2015. Se desempeñó durante 17 años como responsable de la cobertura electoral del diario El Universal. Conferencista y articulistas en varios portales alternativos entre ellos Prodavinci, Noticias Electorales, y Diario Las Americas. Coordinador de la unidad de datos y fact.checking de Efecto Cocuyo. Es autor del libro de análisis del proceso comicial del año 2006 en Venezuela ¿Por qué pasó lo que pasó? y Co-autor del libro Más allá del movimiento estudiantil en donde se analiza a la nueva generación política de Venezuela.


¿Es posible hacer elecciones en medio de la cuarentena del COVID-19?

Nicolás Maduro volvió a colocar el debate electoral en la palestra. “Estamos esperando que se creen las mejores condiciones para flexibilizar la cuarenta nacional (…) para proceder a reiniciar el proceso para designar a los rectores del Consejo Nacional Electoral y para evaluar la pertinencia o no de la convocatoria para este año de las elecciones para el Parlamento”.

No obstante, las medidas para reducir la propagación del coronavirus agregan una complejidad mayor al debate sobre la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral y a las garantías electorales que debe tener un proceso en Venezuela.

Según Ian Bremmer, presidente de Euroasia Group la “anormalidad” que provoca el coronavirus y las medidas para reducir su propagación se pueden prolongar hasta 2021.

Esta nueva realidad no puede provocar que la democracia se suspenda indefinidamente. Es el momento de comenzar a valorar los cambios institucionales y técnicos que se requieren para evitar que los procesos democráticos queden paralizados y a la vez evitar que, en caso que se convoquen elecciones, los ciudadanos deban escoger entre ejercer el derecho a elegir o evitar un posible contagio de coronavirus.

Desde la perspectiva política el COVID-19 está dividiendo (en una perspectiva política y electoral) en dos grupos muy marcados a los países: los países autoritarios o con sistemas híbridos que se aprovechan de las medidas de cuarenta para profundizar sus controles y los países democráticos que justificadamente han pospuestos sus procesos, pero con suficientes controles institucionales para evitar que quienes tienen el poder se valgan de él para manipular a su favor la posposición. 

Según IDEA Internacional entre el 21 de febrero y 29 de abril, al menos 52 países y territorios pospusieron sus elecciones debido al COVID-19.

No obstante, en ese mismo lapso, una veintena de países siguieron adelante con sus elecciones. Algunas de ellos, como es el caso de Corea del Sur, lo hicieron de forma notable logrando un récord de participación en casi tres décadas (66.2 %) para una elección parlamentaria.

Otros, tuvieron experiencias lamentables. Mali celebró la primera vuelta de elecciones comenzando el brote de COVID-19 y la segunda vuelta en medio de la etapa de contagio y sin muchas medidas de prevención.  En este caso, los ciudadanos optaron por no ejercer su derecho, para evitar contagiarse provocando la disminución significativa de la participación.

El caso de Polonia también es relevante. Las elecciones debían celebrarse el pasado 10 de mayo y fueron suspendidas, en medio de una debate legal sobre la imposición que pretendía realizar el gobernante partido Ley y Justicia (PiS) para que todos los votos se emitireran por correo postal.

El debate de cómo realizar las elecciones en el medio de la panemia alcanza incluso a EEUU, en donde las primarias demócratas ya sufrieron el impacto del COVID-19.

Desde The Brooking Institute se han realizado tres recomendaciones básicas que deben evaluarse para evitar que el COVID-19 afecte significativamente el desarrollo de la elección presidencial del mes de noviembre.

Los especialistas han sugerido evaluar la posibilidad de aumentar el número de personas que vota por correo, enmendar las leyes para permitir la votación en ausencia o establecer lugares de votación anticipada en función de los datos de avance del COVID-19 en los estados.

El caso de Estados Unido es muy particular pero puede servir de referencia para la discusión.

Dos tercios de los estadounidenses (67%), incluido el 80% de los demócratas e independientes de tendencia demócrata y la mitad de los republicanos creen que es muy probable que el brote de COVID-19 pueda afectar significativamente la capacidad de los electores para votar en las elecciones presidenciales de noviembre, según el más reciente estudio de PewResearch.

Según el estudio existe un amplio apoyo para que se aumente la posibilidad de votar por correo, aunque aún no existe apoyo mayoritario para que toda la votación se realice por este método.

Los resultados de PewResearch sugieren que  “en general, alrededor de seis de cada diez estadounidenses (59%) dicen que tienen al menos algo de confianza en que las elecciones presidenciales de noviembre se llevarán a cabo de manera justa y precisa, mientras que una proporción similar (63%) expresa confianza en que todos los ciudadanos que desean votar en el elección podrán hacerlo”.

No obstante, el estudio refleja “amplias diferencias partidistas en estos puntos de vista, con los republicanos mucho más seguros que los demócratas en la imparcialidad y accesibilidad de las elecciones”.

Según el estudio de PewResearch “si bien las tres cuartas partes de los republicanos dicen que están, al menos, algo seguros de que las próximas elecciones se llevarán a cabo de manera justa y precisa, solo el 46% de los demócratas opinan igual”.

Este estudio de PewResearch se realizó entre el 7 y 12 de abril. Se entrevistaron a 4.917 adultos estadounidenses.

¿Qué hacer en Venezuela?

Resulta evidente que antes de adecuar el proceso electoral en Venezuela es necesario lograr un arbitraje electoral institucional e imparcial que se aboque a la reconstrucción del sistema automatizado de votación.

Lamentablemente en Venezuela pocos están pensando en el reto adicional que supone realizar elecciones en medio de la crisis del COVID-19.

A este nueva institucionalidad le corresponderá evitar que los electores tengan ahora un nuevo dilema: contagiarse o votar.

No debe olvidarse que el proceso electoral puede tener hasta 40 etapas que pueden convertirse en fuentes potenciales de contagios comunitarios.

En Venezuela resultan inviables opciones de voto remoto que se valoran en otros países como emitir el sufragio por correo o utilizar voto vía internet. No obstante, esta última opción no debería descartarse para los electores que se encuentran fuera del país.

Para los países, como Venezuela, que no pueden aplicar opciones masivas de voto remoto es esencial enfocarse en disminuir la posibilidad de contagio, pensando en ocho acciones básicas:

  • Registro de electores y verificación de votantes sin contacto.
  • Selección y entrenamiento de personal electoral, miembros de mesas, etc de forma remota
  • Evaluar la distribución de electores y de centros de votación según las variables de grupos de riesgos y clústeres geográficos de contagio.
  • Implementar en toda la cadena electoral procedimientos y protocolos para mitigar contagio.
  • Incluir protocolos de desinfección segura de la boleta electoral y el resto del material electoral utilizado el día de la elección.
  • Aumentar los procesos digitales el organismo electoral puede realizar.

Durante el seminario de “Votación en Tiempos de Coronavirus” organizado por Transparencia Electoral, Eduardo Correia, vicepresidente de la unidad electoral de Smartmatic, explicó que las autoridades electorales de la región deben comenzar a preparar estrategias de adaptación y preparación para la realización de procesos electorales bajo el contexto actual.

Entre las recomendaciones de Correia destaca la necesidad de “levantar la información de los centros de votación tradicionales, para evaluar cuáles espacios cumplen con los criterios necesarios para la adopción de las medidas sanitarias recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS)”.

En este levantamiento de información se debe “incluir el análisis de las dimensiones de cada local de votación, para modelar el flujo de los electores por mesa de manera segura, garantizando que se puedan mitigar puntos de contacto y mantener las distancias mínimas en los centros de votación”.

Adicionalmente propone recurrir “de manera mucho más activa a herramientas que permitan el entrenamiento virtual, e inclusive la evaluación remota para temas de búsqueda y selección de personal”, incorporar a los procesos electorales protocolos de mejores prácticas basadas en estudios científicos, entre estos planes se pueden incluir campañas de conciencización, equipos de protección personal (PPE), unidades de desinfección automatizadas, y monitoreo en vivo para validar el cumplimiento de los protocolos.

Por otra parte, insiste en la necesidad de trabajar con protocolos de desinfección de los espacios donde hay una exposición importante al contagio: desde almacenes de impresión de boletas, de distribución y recibimiento de kits electorales, hasta los centros de votación y centros de procesamiento de boletas y resultados. La tecnología permite desinfectar incluso las boletas y los materiales de votación con los que interactúan votantes, trabajadores y funcionarios electorales.

Según Correia las tecnologías bien diseñadas juegan un papel crucial para ayudar a los gobiernos a continuar con sus procesos electorales”.

La experiencias que puedan tomarse

El debate sobre elecciones en medio de una pandemia ya se ha dado en Bolivia, Chile, Ecuador, República Dominicana, Paraguya o Uruguay.

De los casos de República Dominicana, Paraguay y Uruguay debe tomarse el ejemplo de que las decisiones de posponer eventos electorales fueron ampliamente consultadas entre los partidos y la sociedad social. Las autoridades electorales no impusieron sus criterios.

El debate en Bolivia tambiñen puede servir para evaluar algunos temas en Venezuela.

Salvador Romero recordaba recientemente que esta no es solo una crisis sanitaria, sino es una crisis económica y en ete contexto adecuar los procesos electorales a las nuevas normas requiere un incremento significativo del presupuesto, además que plantea nuevas interrogantes: ¿Cómo garantizar la observación internacional y nacional en medio de las medidas para evitar el COVID-19?

El debate en Ecuador también puede dar guiar algunos elementos en Venezuela.
Para las elecciones generales de febrero el CNE se plantea escalar la jornada electoral en varios días, para poder segmentar por clústeres a zonas o población de riesgo. Esta medida pudiese aplicarse en Venezuela.

No obstante, el paso previo es definir la designación de un nuevo organismo electoral, y a partir de ahí decidir como recuperar el sistema (98% del hardware se perdió en el incendio de marzo) y como adaptar el sistema a la realidad que impone el COVID-19.