Electoral Violation Patterns. Venezuela. 2016-2018

Patron de violaciones electorales

An important group of civil society organizations in Venezuelan has been monitoring the elections held in Venezuela since 2015. This has enabled record and document, rigorously, the existence of a pattern of systematic actions, exercised from state institutions, whose ultimate goal is to keep the regime in power through the weakening of the vote as a democratic instrument.

In this framework, the institutions of the Venezuelan state have been transformed into authorities at the service of the party and the ruling elite. Their objective, has been to promote distrust and abstention, on the one hand, and to coerce the voters, on the other, through mechanisms that make participation in electoral contests subject to maintenance or continuity of the social programs of the national government, on which the lives of many Venezuelans depend, especially those who are in conditions of greater vulnerability.

From the civil society, we recognize and appreciate the follow-up carried out by the multilateral organizations, as well as the call for the realization of free elections, that allow the peaceful and democratic outcome to the crisis that the country is going through. In this context, we consider it important that international actors interested in the revaluation of the vote in Venezuela know the current status of the electoral system, as well as the proposals generated by the national organizations to build and consolidate the electoral path as a key element for the peaceful solution to the conflict in Venezuela.

The work and documentation consigned in this document therefore point to the need to begin the process of construction of the electoral route, which includes an effective strategy of international technical assistance. This process must include both democratic political leadership and civil society experts, in order to ensure the implementation of genuinely free and democratic elections. We believe that, without the realization of elections, and the consequent recovering of institutions in the country, there is no way to overcome the crisis of governability in which Venezuela is embroiled.

The follow-up, actions and messages issued by the office of the UN High Commissioner for Human Rights, as well as the statements of the representatives of the International Contact Group and the spokespersons of different countries of the world, and the follow-up of all this process by multilateral organizations active in the promotion of the electoral route, constitute a unique opportunity to publicize the violations of political rights that occurred in Venezuela, which have been manifested mainly through three ways: 1) the process systematic violation of electoral guarantees; 2) the extreme weakening of political pluralism; and 3) the undermining of the vote as a peaceful mechanism for conflict resolution.

In order to contribute to this knowledge, we also set out below data and a series of documents prepared by various groups of civil society on the process of dismantling and disintegrating the system of electoral guarantees that has taken place in the country between 2016 and 2018 and that can be reviewed in the following link:

This process was followed, observed and monitored in a systematic and meticulous way by numerous organizations specialized in political-electoral issues in Venezuela, among which are Acceso a la Justicia, Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Observatorio Electoral Venezolano, Observatorio Global de Comunicación y Democracia (OGCD), Red Electoral Ciudadana(REC), Red de Observación Electoral de la Asamblea de Educación, Transparencia Venezuela and Voto Joven.

To facilitate its reading, we have divided this material into five points:

I. Elections under the Socialism of the XXI Century (1999-2003)

II. Institutionalization of “El Ventajismo” (2004-2015)

III.  Breakdown of the electoral democracy (2016-2018)

IV. Proposals for the celebration of a free, fair and democratic election

V. Proposals for electoral reform

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Más de 120 ONGs exigen a la ONU una actuación coherente en la respuesta a la emergencia humanitaria en Venezuela

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Más de 120 ONGs exigen a la ONU una actuación coherente en la respuesta a la emergencia humanitaria en Venezuela

Este miércoles 16 de enero de 2019, más de 120 ONGs instaron a la ONU a cumplir y hacer valer los mandatos de la Carta de las Naciones Unidas y de los tratados internacionales, actuando de manera coherente y apegada a los derechos humanos en la respuesta a la emergencia humanitaria en Venezuela. Asimismo, exigen separar el trabajo de la cooperación y la asistencia humanitaria de las
Naciones Unidas de las funciones y gestiones diplomáticas o políticas que realice el Coordinador Residente, y a actuar conforme al marco normativo del derecho internacional, a propósito de su presencia en la juramentación del Sr. Nicolás Maduro y en una reunión de trabajo transmitida por televisión de manera propagandística.

Los días 10 y 12 de enero el Coordinador Residente y representantes de las agencias del Sistema de las Naciones con sede en el país, asistieron a los actos de juramentación y a una reunión de trabajo para tratar planes y mecanismos de cooperación y asistencia humanitaria con el Sr. Nicolás Maduro. Ambos actos fueron televisados y promovidos para sumar apoyo político al nuevo período
presidencial del Sr. Maduro, cuya legitimidad se encuentra seriamente cuestionada a nivel nacional e internacional por no ser el resultado de elecciones libres, democráticas y justas.

De acuerdo con lo expuesto por las ONGs, la participación de representantes del Sistema de Naciones Unidas en los mencionados actos políticos no es indispensable para el trabajo de coordinación y operación de la asistencia y cooperación internacional. De esta manera se lesiona gravemente la confianza en la institución que representa y la credibilidad de la población venezolana
y de las víctimas de violaciones de derechos humanos.

La emergencia humanitaria compleja de gran escala en Venezuela cobra nuevas vidas diariamente y produce daños irreparables por las restricciones que ha impuesto el gobierno al negar el derecho de la población a la cooperación y la asistencia internacional en las dimensiones y alcances
requeridos.

Por su peso y liderazgo en las respuestas a las emergencias humanitarias complejas y las obligaciones que tienen todos sus funcionarios en los derechos humanos, el Sistema de Naciones Unidas tiene una responsabilidad esencial, ineludible, imperativa y urgente, para evitar que la asistencia y la cooperación requerida por la población sea supeditada a otros intereses ajenos a los derechos humanos y a los fines humanitarios. La manera en la que sea conducida esta respuesta
será determinante para la dignidad, la vida, la libertad y la integridad de los venezolanos.

Las ONGs instan al Coordinador Residente de las Naciones Unidas y a todas las agencias del Sistema de las Naciones a cumplir y hacer valer los mandatos de la Carta de las Naciones Unidas y de los tratados internacionales. La ONU y sus agencias no deben causar daño y actuar con la prudencia y diligencia debida para resguardar la protección de los derechos humanos; apegarse a
los principios de imparcialidad, neutralidad y fines humanitarios; y abstenerse de consentir o colaborar con el uso de mecanismos, procedimientos o prácticas discrecionales, coercitivas o discriminatorias, conforme al marco normativo del derecho internacional.

Asimismo, las ONGs exhortan al Coordinador y a las agencias del Sistema de Naciones Unidas a “separar el trabajo de la cooperación y la asistencia humanitaria de las Naciones Unidas de las funciones y gestiones diplomáticas o políticas que realice el Coordinador Residente, tomando en consideración las lecciones de experiencias negativas por el inadecuado comportamiento de
funcionarios de las agencias en emergencias complejas, incluyendo las ocurridas en Venezuela”, entre las cuales destacan la manipulación de cifras e informes y de visitas oficiales de representantes de Procedimientos Especiales de Naciones Unidas.

Por último, instan a garantizar que “las agencias calificadas y con mandato específico sean las que asuman el papel rector de la asistencia y la cooperación, y se instale el Mecanismo Humanitario de País para la coordinación de la ayuda, con amplia participación de todos los sectores de la sociedad venezolana y de todas las regiones del país”. Igualmente deben “recibir directa y libremente
denuncias y evidencias sobre la emergencia humanitaria y las violaciones de derechos humanos”, única forma para que la ayuda llegue de manera apropiada y efectiva, y garantizar su eficacia, “con independencia de si la información es políticamente sensible o afecta intereses de gobierno”.

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