Diálogo como vía para la superación de la crisis en Venezuela

Diálogo como vía para la superación de la crisis en Venezuela

La paralización de la negociación facilitada por el gobierno de Noruega y el reciente anuncio  de la firma de un llamado “Acuerdo Nacional» que no cuenta con la representatividad de la mayoría de los actores políticos y sociales del país, expresada sí, en una Asamblea Nacional, que alberga la diversidad de pensamientos y posturas políticas, de acuerdo con la voluntad manifestada por el pueblo de Venezuela en el año 2015,  nos conmina a hacer una declaración desde la Sociedad Civil.

La paralización de la negociación facilitada por el gobierno de Noruega y el reciente anuncio de la firma de un llamado “Acuerdo Nacional» que no cuenta con la representatividad de la mayoría de los actores políticos y sociales del país, expresada sí, en una Asamblea Nacional, que alberga la diversidad de pensamientos y posturas políticas, de acuerdo con la voluntad manifestada por el pueblo de Venezuela en el año 2015, nos conmina a hacer la siguiente declaración:

Los ciudadanos, organizaciones y movimientos sociales que suscribimos este pronunciamiento consideramos que un acuerdo pacífico y negociado es la vía para avanzar con pasos firmes y sostenibles hacia la solución de la grave crisis que atraviesa el país. Un acuerdo que tenga como marco el respeto a los derechos humanos y a las instituciones, y cuyo norte apunte al restablecimiento del sistema democrático que garantice la participación de la mayor cantidad de actores políticos y sociales para contar con la representatividad necesaria, incluyendo a la Asamblea Nacional; todo esto con el claro objetivo de llevar a cabo unas elecciones presidenciales libres, transparentes y auténticas que resuelvan la crisis de gobernabilidad que hoy enfrenta la nación.

Nuestro compromiso, trabajo y acciones se han enmarcado en la promoción y apoyo a una solución pacífica y negociada, dentro del marco constitucional y, que promueva el encuentro de la diversidad y pluralidad de actores políticos, sociales y económicos que están presentes en la Venezuela actual. La legitimidad y efectividad de las negociaciones, los acuerdos y el diálogo requiere de procesos plurales y transparentes en los que participen la diversidad y complejidad de actores que hacen vida en el país.

Instamos a todas las partes a trabajar de forma conjunta en la búsqueda de un Acuerdo Nacional Amplio que debe contar con el respaldo de la Asamblea Nacional; solo así podrá generar confianza y ofrecer soluciones creíbles a la crisis humanitaria que azota al país, en lugar de profundizar y prolongar el conflicto político. El parlamento nacional es la instancia que más de 14 millones de venezolanos escogieron como centro de debate y acuerdo en las elecciones del 2015.

Consideramos necesario que el mecanismo de negociación promovido por Noruega sea reactivado a la mayor brevedad posible, rediseñando su composición y funcionamiento con el fin de facilitar la inclusión de nuevos actores nacionales e internacionales que puedan fortalecer el proceso y que permitan la incorporación de propuestas de los distintos sectores de la sociedad : educadores, trabajadores, estudiantes, gremios, empresarios, comunidades indígenas, movimiento feminista, campesinos, organizaciones de la sociedad civil y comunidades entre otros.
Exhortamos a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional a la creación de una mesa de entendimiento nacional que pueda alimentar la dinámica del mecanismo de negociación y garantizar la inclusión de todos los actores políticos y sociales.

No hay viabilidad en el país sin un acuerdo político integral que incluya a todos: Venezuela necesita gobernabilidad, respeto a las instituciones y canales de participación para todos los sectores de la sociedad sin exclusiones de ningún grupo.

La prioridad debe ser el respeto a los derechos humanos y la solución de la Emergencia Humanitaria Compleja (EHC): ante la constatación de las violaciones a los derechos humanos en Venezuela y frente a una EHC que se agudiza día a día, reflejada en el informe de la oficina de la Alta Comisionada para las NNUU, los derechos de todos los venezolanos deben ser el norte que guíe las acciones que se presenten al país. Urge construir acuerdos que abran las puertas a la asistencia y protección de los venezolanos de manera inmediata, poniendo en primer lugar a la persona humana. Con ello, ganaría el país, se aliviaría la tensión social y se acercaría el tiempo político al tiempo social, abonando el terreno para la confianza entre las partes y la construcción de los acuerdos necesarios para sacar a Venezuela adelante.

En este sentido, un signo de confianza que puede mostrar el grupo en el poder, es acoger la reciente resolución del Consejo de DDHH, acordada el 27 de septiembre pasado, en la que se aprobó el establecimiento de una “Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos”, que investigue las violaciones de derechos humanos en el país, y que busca asegurar la “plena rendición de cuentas” y justicia para las víctimas en Venezuela.

Vemos positivamente el regreso del PSUV y sus aliados a la Asamblea Nacional, para cumplir con el mandato de sus representados. Es necesaria ahora la mayor voluntad política de todas las partes para lograr regularizar el funcionamiento del parlamento y garantizar el respeto a sus decisiones por el resto de los poderes públicos, para desde esta institución producir las transformaciones necesarias para recuperar la normalidad democrática y humana a la que aspiran todos los venezolanos. El espacio natural de DIÁLOGO entre las diversas fuerzas políticas de un país es el parlamento. La Asamblea Nacional, dada sus atribuciones constitucionales y su legitimidad derivada del voto popular, es la institución idónea para dirigir el proceso de transición democrática y, por tanto, debe garantizarse la libertad y garantía plena de los derechos políticos y civiles de los diputados y diputadas de dicha institución, así como su pleno funcionamiento de acuerdo al marco legal vigente. Igualmente valoramos positivamente la propuesta realizada por la Asamblea Nacional, en el mecanismo promovido por el reino de Noruega, para la conformación de un Consejo de Gobierno de Transición Plural, que asegure la participación de todos los sectores, dé respuesta inmediata a la severa crisis nacional y conduzca al país a la celebración de unas elecciones presidenciales libres cuyo resultado logre la gobernabilidad necesaria para dar soluciones a la grave crisis que atraviesa la nación.

La construcción de un proceso de negociación inclusivo con acompañamiento de la Comunidad Internacional que dé sostenibilidad a los acuerdos y permita reconstruir el tejido social entre los venezolanos es una tarea y una responsabilidad impostergable.

Caracas, 30 de septiembre de 2019.

Promueven:
Movimiento Ciudadano Dale Letra
Instituto Progresista
Baruta en Movimiento
AsoSaber
Labo Ciudadano
Provea
Convite A.C.
Fundación Centro Gumilla
Observatorio Global de Comunicación y Democracia
Alfa Ciudadana
VotoJoven
Sinergia Red Venezolana de OSC
Red de Activista Ciudadanos por los DDHH (Redac)
Caracas Ciudad Plural
Alianza Venezolana Por La Salud
GuaicayPuro Sociedad
Centro de Justicia y Paz (Cepaz)
Red Org. Baruta
Caleidoscopio Humano
Oportunidad A.C.

Suscriben:
Clima21 – Ambiente y Derechos Humanos
Civilis Derechos Humanos
Acción Solidaria
Catedra de Derechos Humanos de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado
Comité de DDHH para la Defensa de Pensionados, Jubilados, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad
Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (CADEF)
Laboratorio de Paz
UCAB
Centro de Animación Juvenil
Foro Hatillano
Gobiérnatec
Una Ventana a la Libertad
Observatorio Electoral Venezolano (OEV)
Margarita López Maya
Aquí cabemos todos
Movimiento InnovaVenezuela
ONG No Permitas Malos Tratos
Organización Indígena Intercultural Wainjirawa
La Guarura.org
Plataforma por la Democraciay Derechos Humanos del Ecuador
A.C. Radar de los Barrios
Unicristiana de Venezuela
NUVIPA
Fundación Catia Posible
Frente Nacional de Mujeres FRENAMU
Orlando Zambrano AD
Fundación CIIDER
Proyecto 860
Milagros Urbano UCAB
Confianza UCV
Fundación CELTA

Hasta la fecha 6/10/19

Si desea suscribir el comunicado:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSet_ttqoB7Co2y4LCFQl7V_Bo3l5eZ_4yZj2KE1VWjPjmvBAQ/viewform

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Informe de la Alta Comisionada de la ONU sobre las Violaciones de DDHH en Venezuela

Un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicado hoy insta al Gobierno de Venezuela a adoptar de inmediato medidas específicas para detener y remediar las graves vulneraciones de derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales que se han documentado en el país.

El informe de la Oficina advierte que, si la situación no mejora, continuará el éxodo sin precedentes de emigrantes y refugiados que abandonan el país, y empeorarán las condiciones de vida de quienes permanecen en él.

En el informe, que se elaboró a petición del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se afirma que en el último decenio –y especialmente desde 2016- el Gobierno venezolano y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia “orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno”. Un conjunto de leyes, políticas y prácticas que ha reducido el ámbito democrático, ha desmontado el sistema de control institucional sobre el poder ejecutivo y ha permitido la reiteración de graves violaciones de derechos humanos. En el documento se destaca la repercusión de la profunda crisis económica, que ha privado a la población de los medios necesarios para satisfacer sus derechos fundamentales en materia de alimentación y cuidados médicos, entre otros.

El informe se basa en 558 entrevistas con víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos y de la deteriorada situación económica, en Venezuela y otros ocho países, así como en otras fuentes, y abarca el periodo comprendido entre enero de 2018 y mayo de 2019.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, visitó el país del 19 al 21 de junio y sostuvo entrevistas con una amplia gama de figuras políticas, desde el Presidente Nicolás Maduro y otros altos funcionarios del gobierno, hasta el Presidente de la Asamblea Nacional, así como con miembros de la sociedad civil, empresarios, profesores y otros interesados, y también con víctimas y sus familiares. Tras la visita, un equipo de dos oficiales de la Oficina permaneció en el país, en el marco de un acuerdo que les permite prestar asesoramiento y asistencia técnica, y monitorear la situación de derechos humanos.

Informe completo de Michelle Bachelet sobre Venezuela

Representantes de la Sociedad Civil en el dialogo interactivo de Derechos Humanos de la ONU

Feliciano Reyna y Beatriz Borges, activistas por los Derechos Humanos en Venezuela y representante de las ONG Acción Solidaria y CEPAZ. Participaron el viernes 05 de junio en el debate que se llevó a cabo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra.

Como representantes de la sociedad civil, Reyna y Borges describieron como política de Estado la práctica sistemática de la represión, persecución, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales contra quienes ejercen sus derechos ciudadanos. Solicitaron al Consejo de DDHH de la ONU designar una Comisión Internacional de Investigación para Venezuela, exhortar a los Estados a dar protección a los refugiados y acelerar una solución política en el país sumido en la peor crisis humanitaria de su historia.

Leer declaraciones completa de Feliciano Reyna

Leer declaraciones completa de Beatriz Borges

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Electoral Violation Patterns. Venezuela. 2016-2018

Patron de violaciones electorales

An important group of civil society organizations in Venezuelan has been monitoring the elections held in Venezuela since 2015. This has enabled record and document, rigorously, the existence of a pattern of systematic actions, exercised from state institutions, whose ultimate goal is to keep the regime in power through the weakening of the vote as a democratic instrument.

In this framework, the institutions of the Venezuelan state have been transformed into authorities at the service of the party and the ruling elite. Their objective, has been to promote distrust and abstention, on the one hand, and to coerce the voters, on the other, through mechanisms that make participation in electoral contests subject to maintenance or continuity of the social programs of the national government, on which the lives of many Venezuelans depend, especially those who are in conditions of greater vulnerability.

From the civil society, we recognize and appreciate the follow-up carried out by the multilateral organizations, as well as the call for the realization of free elections, that allow the peaceful and democratic outcome to the crisis that the country is going through. In this context, we consider it important that international actors interested in the revaluation of the vote in Venezuela know the current status of the electoral system, as well as the proposals generated by the national organizations to build and consolidate the electoral path as a key element for the peaceful solution to the conflict in Venezuela.

The work and documentation consigned in this document therefore point to the need to begin the process of construction of the electoral route, which includes an effective strategy of international technical assistance. This process must include both democratic political leadership and civil society experts, in order to ensure the implementation of genuinely free and democratic elections. We believe that, without the realization of elections, and the consequent recovering of institutions in the country, there is no way to overcome the crisis of governability in which Venezuela is embroiled.

The follow-up, actions and messages issued by the office of the UN High Commissioner for Human Rights, as well as the statements of the representatives of the International Contact Group and the spokespersons of different countries of the world, and the follow-up of all this process by multilateral organizations active in the promotion of the electoral route, constitute a unique opportunity to publicize the violations of political rights that occurred in Venezuela, which have been manifested mainly through three ways: 1) the process systematic violation of electoral guarantees; 2) the extreme weakening of political pluralism; and 3) the undermining of the vote as a peaceful mechanism for conflict resolution.

In order to contribute to this knowledge, we also set out below data and a series of documents prepared by various groups of civil society on the process of dismantling and disintegrating the system of electoral guarantees that has taken place in the country between 2016 and 2018 and that can be reviewed in the following link:

This process was followed, observed and monitored in a systematic and meticulous way by numerous organizations specialized in political-electoral issues in Venezuela, among which are Acceso a la Justicia, Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Observatorio Electoral Venezolano, Observatorio Global de Comunicación y Democracia (OGCD), Red Electoral Ciudadana(REC), Red de Observación Electoral de la Asamblea de Educación, Transparencia Venezuela and Voto Joven.

To facilitate its reading, we have divided this material into five points:

I. Elections under the Socialism of the XXI Century (1999-2003)

II. Institutionalization of “El Ventajismo” (2004-2015)

III.  Breakdown of the electoral democracy (2016-2018)

IV. Proposals for the celebration of a free, fair and democratic election

V. Proposals for electoral reform

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Más de 120 ONGs exigen a la ONU una actuación coherente en la respuesta a la emergencia humanitaria en Venezuela

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Más de 120 ONGs exigen a la ONU una actuación coherente en la respuesta a la emergencia humanitaria en Venezuela

Este miércoles 16 de enero de 2019, más de 120 ONGs instaron a la ONU a cumplir y hacer valer los mandatos de la Carta de las Naciones Unidas y de los tratados internacionales, actuando de manera coherente y apegada a los derechos humanos en la respuesta a la emergencia humanitaria en Venezuela. Asimismo, exigen separar el trabajo de la cooperación y la asistencia humanitaria de las
Naciones Unidas de las funciones y gestiones diplomáticas o políticas que realice el Coordinador Residente, y a actuar conforme al marco normativo del derecho internacional, a propósito de su presencia en la juramentación del Sr. Nicolás Maduro y en una reunión de trabajo transmitida por televisión de manera propagandística.

Los días 10 y 12 de enero el Coordinador Residente y representantes de las agencias del Sistema de las Naciones con sede en el país, asistieron a los actos de juramentación y a una reunión de trabajo para tratar planes y mecanismos de cooperación y asistencia humanitaria con el Sr. Nicolás Maduro. Ambos actos fueron televisados y promovidos para sumar apoyo político al nuevo período
presidencial del Sr. Maduro, cuya legitimidad se encuentra seriamente cuestionada a nivel nacional e internacional por no ser el resultado de elecciones libres, democráticas y justas.

De acuerdo con lo expuesto por las ONGs, la participación de representantes del Sistema de Naciones Unidas en los mencionados actos políticos no es indispensable para el trabajo de coordinación y operación de la asistencia y cooperación internacional. De esta manera se lesiona gravemente la confianza en la institución que representa y la credibilidad de la población venezolana
y de las víctimas de violaciones de derechos humanos.

La emergencia humanitaria compleja de gran escala en Venezuela cobra nuevas vidas diariamente y produce daños irreparables por las restricciones que ha impuesto el gobierno al negar el derecho de la población a la cooperación y la asistencia internacional en las dimensiones y alcances
requeridos.

Por su peso y liderazgo en las respuestas a las emergencias humanitarias complejas y las obligaciones que tienen todos sus funcionarios en los derechos humanos, el Sistema de Naciones Unidas tiene una responsabilidad esencial, ineludible, imperativa y urgente, para evitar que la asistencia y la cooperación requerida por la población sea supeditada a otros intereses ajenos a los derechos humanos y a los fines humanitarios. La manera en la que sea conducida esta respuesta
será determinante para la dignidad, la vida, la libertad y la integridad de los venezolanos.

Las ONGs instan al Coordinador Residente de las Naciones Unidas y a todas las agencias del Sistema de las Naciones a cumplir y hacer valer los mandatos de la Carta de las Naciones Unidas y de los tratados internacionales. La ONU y sus agencias no deben causar daño y actuar con la prudencia y diligencia debida para resguardar la protección de los derechos humanos; apegarse a
los principios de imparcialidad, neutralidad y fines humanitarios; y abstenerse de consentir o colaborar con el uso de mecanismos, procedimientos o prácticas discrecionales, coercitivas o discriminatorias, conforme al marco normativo del derecho internacional.

Asimismo, las ONGs exhortan al Coordinador y a las agencias del Sistema de Naciones Unidas a “separar el trabajo de la cooperación y la asistencia humanitaria de las Naciones Unidas de las funciones y gestiones diplomáticas o políticas que realice el Coordinador Residente, tomando en consideración las lecciones de experiencias negativas por el inadecuado comportamiento de
funcionarios de las agencias en emergencias complejas, incluyendo las ocurridas en Venezuela”, entre las cuales destacan la manipulación de cifras e informes y de visitas oficiales de representantes de Procedimientos Especiales de Naciones Unidas.

Por último, instan a garantizar que “las agencias calificadas y con mandato específico sean las que asuman el papel rector de la asistencia y la cooperación, y se instale el Mecanismo Humanitario de País para la coordinación de la ayuda, con amplia participación de todos los sectores de la sociedad venezolana y de todas las regiones del país”. Igualmente deben “recibir directa y libremente
denuncias y evidencias sobre la emergencia humanitaria y las violaciones de derechos humanos”, única forma para que la ayuda llegue de manera apropiada y efectiva, y garantizar su eficacia, “con independencia de si la información es políticamente sensible o afecta intereses de gobierno”.

Ver pronunciamiento completo EspañolEnglish

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