Mensaje del Foro Interreligioso Social de Venezuela: Urge autorizar el acceso del Programa Mundial de Alimentos a Venezuela.

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Desde hace al menos cuatro años, nuestro país está atravesando por lo que internacionalmente se conoce como una “emergencia humanitaria compleja”, ahora agravada por la pandemia, que ha dejado como consecuencias inevitables, entre otras, privaciones en los derechos a la salud, la alimentación, la educación, los medios de vida, la seguridad y el acceso a servicios básicos.  

Desde el Foro Interreligioso Social de Venezuela vemos con preocupación que el Estado venezolano no tiene hoy los recursos ni las capacidades requeridas para mitigar los efectos de estas privaciones que padece nuestro querido pueblo. Si bien celebramos los esfuerzos humanitarios coordinados por agencias de Naciones Unidas y organizaciones humanitarias nacionales e internacionales, así como el reciente acuerdo firmado entre el Ministerio del Poder Popular para la Salud, la Asamblea Nacional y la Organización Panamericana de la Salud, resaltamos que son aún muy insuficientes dada la severidad de la emergencia que atraviesa nuestra población.

El estudio que el Programa Mundial de Alimentos llevó a cabo en Venezuela entre julio y septiembre de 2019 indicó que 9,3 millones de personas estaban en situación de inseguridad alimentaria aguda y que 17 millones más estaban implementando estrategias de supervivencia, ya en aquel momento. La pandemia del coronavirus podría llevar también a estas últimas a la inseguridad alimentaria y a condiciones de vida de severa precariedad, tal y como también alertan el Reporte Global de Crisis Alimentarias 2020, el Informe sobre Seguridad Alimentaria bajo la Pandemia de la COVID-19, realizado por la FAO y la CELAC, los estudios realizados por el Instituto Europeo de Paz y la reciente encuesta ENCOVI. Al mismo tiempo El boletín de Desnutrición infantil de Caritas de Venezuela señala que, en abril de 2020, la desnutrición aguda global alcanzó un 17,3%, lo que representa un aumento de 8,4 % comparado con enero de ese mismo año.

Por las razones expuestas el Foro Interreligioso Social de Venezuela, asumiendo nuestro rol espiritual y profético, junto a diversos actores sociales y haciéndonos eco del llamado de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien en su Informe del 2 de julio de 2020 recomendó́ al Estado venezolano facilitar “el acceso del Programa Mundial de Alimentos”, hacemos un llamado responsable al Estado venezolano para que apoye y promueva el ingreso a Venezuela del Programa Mundial de Alimentos – con sus múltiples capacidades de apoyo (programas alimentarios, asistencia a niños, transferencias de efectivo, apoyo a productores, logística), en coordinación con órganos del Estado en sus distintos niveles, con la participación de actores humanitarios locales e internacionales, sector agro-productivo y otros actores clave –  a fin de favorecer a la población más vulnerable en el marco de la aguda crisis que se ha visto ampliada y profundizada por la pandemia de la Covid-19.

Exhortamos a la comunidad internacional de donantes a continuar apoyando los esfuerzos de cooperación, sin los cuales se hace prácticamente inviable ofrecer las respuestas urgentes y necesarias para brindar asistencia a las personas más vulnerables, salvar vidas y evitar más sufrimiento.

Invitamos de igual manera a todos los actores relevantes a favorecer la mutua comprensión y apoyo entre todos los venezolanos. Tenemos una responsabilidad colectiva de encontrar soluciones duraderas y de elaborar las propuestas desde el país que tenemos, reconociendo sus clamores y demandas. La preocupante situación de nuestra población exige de nosotros, del Estado venezolano y de todas las organizaciones e instituciones sociales, económicas y políticas, adoptar con urgencia medidas de acompañamiento para superar sus condiciones de vulnerabilidad.

La presencia del coronavirus en Venezuela y sus efectos en una población que, en su gran mayoría, vive en condiciones precarias, nos obliga a actuar sin dilación. De no hacerlo, en poco tiempo podríamos estar en presencia de niveles inimaginables de pérdida de vidas y de sufrimiento humano. Actuemos juntos desde el amor y el deseo de paz.

En Caracas, a los 21 días del mes de julio de 2020.

Acuerdos por la dignidad y la vida

Acuerdos por la dignidad y la vida

Escrito por: Feliciano Reyna Ganteaume.

Frente a la pandemia provocada por el coronavirus 19 (COVID-19), proteger la vida y la dignidad de las personas debe estar en el centro de todas las decisiones que se tomen actualmente en el país.

Como resultado de decisiones políticas erradas, erosión del estado derecho, desmantelamiento institucional y gran corrupción, desde hace varios años la población venezolana ha vivido un progresivo deterioro de sus condiciones de vida, que en 2016 resultó en una emergencia humanitaria compleja con gravísimas consecuencias: generalización del hambre, precarización del acceso a la salud y a la educación y la migración forzosa de casi 5 millones de personas. El deterioro en la provisión de servicios esenciales como el agua, la electricidad, el transporte público contribuyó con la profundización de los daños.

Este proceso lento hizo posible que sectores diversos de la población pudieran adoptar estrategias de sobrevivencia, dentro de la precarización general: muchas personas, familias y comunidades utilizaron sus capacidades y su creatividad para continuar procurándose medios de vida y apoyándose solidariamente; otras se defendieron por medio de subsidios del estado, en dinero y especies, aunque sus montos, calidad y alcance fueran insuficientes, y su implementación respondiera a criterios politizados y discriminatorios.

Sin embargo, el impacto de la pandemia es inmediato, en términos de sufrimiento y pérdida de vidas humanas, y puede ser devastador para Venezuela. Aún en los países donde los sistemas de salud pública y privada tienen capacidad de respuesta, como Italia y España, el avance del COVID-19 ha alcanzado a miles de personas en muy poco tiempo y compromete gravemente las capacidades de atención médica. La pandemia exige además un enorme esfuerzo por parte del personal de salud, orden público, aseo urbano, distribución de alimentos, transporte y, en general, de toda la población, a la que se exhorta a mantenerse en cuarentena o, en el caso de personas afectadas, en aislamiento.

Para las mayorías vulnerables en Venezuela, que ya sufren los efectos de la emergencia humanitaria compleja, no es suficiente ni posible manejar la propagación del COVID-2019 solamente con medidas de control, si no se les provee de medios de vida ni acceso a servicios básicos. De no ser así, no puede obligarse a que se confinen en sus hogares a quienes viven al día, no tienen agua corriente durante semanas, sufren de cortes de electricidad durante horas o días y tienen que hacer colas semanales por bombonas de gas. El contexto venezolano no es el mismo que el de los países cuyas poblaciones pueden soportar cuarentenas o aislamientos obligatorios.

Este momento de urgencia y de alta responsabilidad nos apremia a exigir a quienes tienen hoy ejercen la conducción política en Venezuela a llegar a acuerdos para preservar la vida de la mayoría vulnerable de la población venezolana y de garantizarle condiciones de vida digna, mientras nos enfrentamos a los graves impactos de la pandemia del COVID-19.

En primer lugar, es imperativo designar un grupo de alto nivel, interdisciplinario e interinstitucional, conformado por personas expertas nombradas sin consideraciones de tipo ideológico-políticas, provenientes de los ámbitos de la salud, la alimentación, la economía, la organización comunitaria, para coordinar la respuesta nacional al COVID- 19. Este grupo debe tener capacidad e independencia de acción y de vinculación con agencias humanitarias internacionales y con organizaciones de sociedad civil nacional e internacional. Las acciones de la Fuerza Armada Nacional y órganos de orden público deben estar subordinadas a sus mandatos.

Una elección libre en Venezuela solo será posible a través de un acuerdo político real entre los actores con capacidad de decisión

Una elección libre en Venezuela solo será posible a través de un acuerdo político real entre los actores con capacidad de decisión. 

En medio de las extremas circunstancias que atraviesa el país, la mayoría de los venezolanos se manifiesta a favor de una salida pacífica a la crisis y han mostrado su disposición a votar si se les ofrecen condiciones y garantías de competitividad, así como de respeto al voto popular expresado en las urnas, en definitiva: el derecho a Elegir.

Rechazamos las recientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia sobre el nombramiento de una nueva directiva ad hoc del Consejo Nacional Electoral, ya que la misma constituye un obstáculo para el avance de un camino esperanzador emprendido por la Asamblea Nacional, a través del Comité de Postulaciones Electorales.

Asimismo, consideramos inaceptables las sentencias referidas a las intervenciones de los partidos Acción Democrática, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular, ya que dichas medidas suman mayor desconfianza y desmotivación entre el electorado y representan nuevos obstáculos a las posibilidades de una reconstrucción transparente y concertada de la vía electoral para la solución de los urgentes problemas que afronta el país.

Insistimos en que la solución a la crisis actual exige el entendimiento y el mutuo reconocimiento de roles, aspiraciones y posiciones entre los actores políticos y los distintos sectores sociales. El Diálogo Social propuesto por diversas voces de la sociedad civil venezolana apunta al establecimiento de los nexos de confianza necesarios entre los diversos actores políticospara avanzar en un proceso de entendimiento que permita la restitución de la senda democrática y la reinstitucionalización del país.

Es obligatorio recordar que los venezolanos enfrentamos una grave crisis humanitaria que sólo es posible enfrentar con recursos financieros internacionales que hoy no encuentran el cauce ni la gobernabilidad necesarias para ser ejecutados.

Creemos necesario identificar áreas elementales de interés común, a partir de las cuales se pueda acordar una solución aceptada mutuamente, que reduzca los costos políticos para los actores, y que permita avanzar en un acuerdo político para la solución a la crisis venezolana, a través de la realización de elecciones libres y competitivas, lo que constituye hoy un imperativo insoslayable.

Consideramos igualmente imperativa la reanudación de un proceso de negociación formal entre los actores, tal como el auspiciado por el gobierno de Noruega, de forma de garantizar el seguimiento y cumplimiento de los acuerdos.

Seguimos comprometidos con la reconstrucción de la ruta electoral de forma transparente, institucional y como paso ineludible para la reconstrucción democrática. Hoy más que nunca es necesario el compromiso expreso de todos los actores, tanto nacionales como internacionales en la defensa de los derechos civiles y políticos, la vigencia del voto y la exigencia de condiciones necesarias para su ejercicio libre y eficiente.

Organizaciones que suscriben:

  • A.C Médicos Unidos de Venezuela
  • Asosaber
  • Baruta En Movimiento
  • Caracas Ciudad Plural
  • Centro de Justicia y Paz (CEPAZ)
  • Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional
  • Convite AC
  • EXCUBITUS derechos humanos en Educación
  • Fundación Centro Gumilla
  • Instituto Progresista
  • MONITOR SOCIAL AC
  • Movimiento Ciudadano Dale Letra
  • Observatorio Electoral Venezolano (OEV)
  • Observatorio Global de Comunicación y Democracia
  • Observatorio Venezolano de Prisiones
  • Oportunidad Acciones Ciudadanas
  • Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)
  • PROMEDEHUM
  • Red de Observación Electoral de Asamblea de Educación
  • Sinergia
  • Voto Joven

Personas:

  • Alexis Ramírez
  • Anais López
  • Carlos Medina
  • Carolina Girón
  • Enrique Esteban Niño Pineda
  • Griselda Colina
  • Henry Jaspe
  • Ismael Pérez Vigil
  • Jaime Lorenzo
  • Jesús Castellanos Vásquez
  • Jorge Botti
  • Luis E. Lander
  • Luis Fco Cabezas
  • Luis Martinez R
  • Luisana SUbero
  • Manfredo González
  • Manuel Zapata
  • Maria Lucas Teran Valecillos
  • Rafael Uzcátegui
  • Rigoberto Rendón Valero
  • Rigoberto Lobo
  • Rocío San Miguel
  • Soledad Rodríguez
  • Wanda Cedeño
  • Yldemar Enrique Valera Torrealba

Todos somos necesarios

Todos somos necesarios

Escrito por: Huníades Urbina-Medina. Pediatra-Intensivista. Presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, secretario de la Academia Nacional de Medicina.

En épocas de contingencia como la actual, que padece el mundo, de la cual Venezuela no escapa, afloran una serie de capacidades, actitudes, sentimientos y se pone en evidencia nuestro lado más humano, de donde nace la frase “todos somos necesarios”, y es tarea de cada uno de nosotros que no quede en una frase hueca y sin sentido.

Todos somos necesarios para superar esta pandemia, cada uno desde su sitio puede dar lo mejor de sí para paliar esta dura prueba que estamos enfrentando.

El Ejecutivo Nacional debería estar dando información veraz, surtiendo a los hospitales con los tan valiosos insumos, ya menguados, antes de las medidas de emergencia dictadas a raíz de esta contingencia y sobre todo dar protección adecuada a todo el personal de salud quienes son la primera línea de defensa de la población en general al acudir a los hospitales. Si tomamos la experiencia de otros países, y nuestro personal de salud se enferma, más sin las medidas de protección adecuada, ¿Quién atenderá a los enfermos?

Los Políticos deberían estar haciendo un alto en sus intereses personales y bajarse un poco de sus egos y trabajar unidos en aportar propuestas para ayudar a calmar las angustias generadas ante la incertidumbre que produce la paralización económica que augura una recesión global sin precedentes, lo cual puede empobrecer aún más a la depauperada sociedad venezolana.

El Personal de salud valientemente estando al frente de las emergencias de los hospitales, centinelas o no, dando lo mejor de sí, aun a pesar de la desasistencia y la desprotección a la cual están expuestos, pero siempre pensando en no abandonar a nuestros pacientes, y en muchas ocasiones anteponiendo su seguridad personal y las de su grupo familiar por atender a los más necesitados.

Los Sociólogos, Psicólogos y Psiquiatras, haciendo lo propio, dado orientación gratuita y solidaria a las personas en confinamiento a través de las redes sociales, buscando espacios de distención como este, haciendo más llevadero el aislamiento.

Conjurar amenaza del coronavirus exige grandes acuerdos.

Conjurar amenaza del coronavirus exige grandes acuerdos.

Escrito por: Víctor Álvarez R. Premio Nacional de Ciencias.

El coronavirus sorprende a Venezuela en un estado de extrema vulnerabilidad. El sistema de salud del país está muy deteriorado y hay un alto porcentaje de la población que depende de la salud pública. Venezuela necesita apoyo técnico y financiero para compensar la precariedad del sistema hospitalario y el colapso de los servicios públicos, entre ellos el servicio de agua potable, imprescindible para lavarse con frecuencia las manos y evitar el contagio y propagación del virus. Si no se consigue financiamiento y asistencia técnica para complementar las capacidades y recursos locales, la emergencia puede convertirse en una catástrofe.

Venezuela no superará la crisis económica y social, ahora amplificada con la llegada del COVID-19, sin un gran acuerdo entre las élites políticas que se disputan el poder. La división del reconocimiento internacional sobre cuál es el legítimo Gobierno de Venezuela, dificulta las gestiones de financiamiento y asistencia técnica que con urgencia necesita el país.

Ya vimos como el enfrentamiento político afecta las posibilidades de obtener el financiamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI). Maduro y Guaidó podrían gestionar juntos una solicitud urgente a los organismos multilaterales para pedir y coordinar asistencia financiera y humanitaria, pero siguen enfrascados en una confrontación estéril en la que lo que más le importa a uno es lograr la rendición incondicional y humillante del otro.

No es hora de protagonismos ni de politizar las circunstancias. Tampoco de acusarse mutuamente por las consecuencias que la Nación pueda sufrir, en caso de una propagación masiva y acelerada del coronavirus. La enfermedad no distingue entre oficialistas y opositores. La amenaza hay que enfrentarla con el esfuerzo de todos, dejando a un lado la confrontación política fratricida. Lo que está en juego es la vida.

Para las élites políticas en pugna, el desafío del coronavirus tiene dos alcances, uno puntual o parcial y otro más general o total. Si el fin es conjurar la amenaza de la pandemia, el desafío se enfoca en construir un acuerdo político entre Maduro y Guaidó para que cedan a una administración internacional (ONU, PNUD, OMS, OPS, CRI) los fondos que se generen y recauden para atacar la pandemia. Este sería un acuerdo político puntual para evitar una masiva y acelerada propagación de la enfermedad. 

El otro desafío, el más general y de mayor alcance, exige a las fuerzas políticas en pugna una visión de largo plazo. Va más allá de la urgencia de complementar capacidades y recursos para poner bajo control la pandemia. Ese desafío más abarcador exige grandeza humana -que ojalá las élites políticas tengan-, para poner al país por delante de sus proyectos políticos y de unas ambiciones personales que apuestan al todo o nada, al ganador se lo lleva todo.

Con sanciones es imposible atender el coronavirus sin descuidar la economía

El coronavirus llega a un país con una economía en ruinas y un sistema de salud colapsado. La cuarentena social para reducir el contagio del COVID-19 afecta a la producción y el comercio, y puede agravar la escasez crónica que castiga a los hogares, empresas e instituciones. Venezuela está atrapada en un círculo vicioso: no va al trabajo para sobrevivir, pero si no produce tampoco podrá vivir.

El sector privado nacional reclama ayuda. Pequeñas y medianas empresas paradas, sin producción, sin ventas y sin poder cobrar facturas pendientes, comienzan a sufrir problemas de flujo de caja y se les hace difícil hasta pagar la nómina. Voceros de Fedecámaras, Conindustria, Consecomercio y Fedeindustria han planteado posponer y disminuir el cobro de ISLR, IVA y otros tributos. Las compensaciones económicas que piden los gremios empresariales incluyen el pago de nóminas en las empresas que se han visto obligadas a interrumpir su actividad.

Pero la lógica del Gobierno es diferente, toda vez que necesita que las empresas terminen de pagar el ISLR antes del 31 de marzo para contar con recursos que le permitan encarar la amenaza del coronavirus. Venezuela es un país cuyas finanzas públicas están quebradas por la prolongada contracción económica que ha llevado a miles de empresas a cerrar cada ejercicio fiscal con pérdidas, sin poder pagar mayores impuestos. La hiperinflación ha desembocado en una creciente informalización de las operaciones de compra-venta en las que no se pide la factura fiscal para ahorrarse el pago del IVA. Y las exoneraciones arancelarias también han mermado los ingresos fiscales. La Tesorería Nacional está seca y no tiene recursos para compensar la postergación del ISLR o rebajas en el IVA, a no ser con emisiones de dinero por parte del BCV que atizarían nuevamente la hiperinflación. 

En este contexto de restricciones económicas donde los fondos públicos no alcanzan para todo, el gobierno se enfrenta al dilema de concentrar los escasos recursos en el control de la pandemia y, a la vez, compensar el impacto económico de la cuarentena sobre las empresas. El gobierno necesita ingresos para pagar a los trabajadores que se quedan en su hogar, sobre todo a los del sector informal que no están en ninguna nómina y ponen comida en la mesa de su casa con lo que se ganan día a día. Pero conjurar la amenaza del COVID19 impone la necesidad de alcanzar una masa crítica de fondos que -en el corto plazo- se deben destinar de manera prioritaria a las medidas preventivas para evitar un contagio masivo y acelerado que no pueda ser atendido por el precario sistema hospitalario del país.

Es necesario comprender que esta no es una crisis económica sino una crisis sanitaria. El sacrificio fiscal resta recursos a la lucha contra el coronavirus y no servirá de nada si no se consigue controlar la pandemia. Tener claras las prioridades es la clave para concentrar los esfuerzos en la causa del problema, en vez de distraer recursos en paliar unas consecuencias que seguirán manifestándose si no se controla antes la propagación de la enfermedad.

Con el endurecimiento de las sanciones financieras y comerciales por parte del gobierno de EEUU, armonizar la atención al coronavirus con las compensaciones a la economía se hace muy difícil. El poco margen de maniobra que le queda al Gobierno para atender la economía se reduce a medidas monetarias y financieras. Apenas puede reducir el encaje legal para liberar liquidez bancaria y usar esos fondos para reactivar el crédito y dar oxígeno financiero a las empresas.

Levantar sanciones para liberar recursos que permitan enfrentar el coronavirus sin descuidar la economía

Donald Trump denuncia la responsabilidad del Gobierno de Nicolás Maduro en la crisis venezolana y le pone precio a su cabeza al ofrecer una recompensa de 15 millones de dólares. Promueve la ayuda humanitaria, pero a la vez endurece las sanciones a un país con una economía exhausta y un pueblo que huye por millones del hambre, la enfermedad y la inseguridad.

Las sanciones económicas parten del falso supuesto de que el agravamiento de las precarias condiciones de vida de la gente generará una creciente presión social que, al estallar, provocará la caída del gobierno. Con esa obstinada convicción, la llegada del COVID19 es vista como la oportunidad para que las sanciones económicas finalmente den al traste con el régimen de Maduro.

Un país en las condiciones de Venezuela debería recibir asistencia internacional en lugar de sanciones comerciales y financieras.  Más que castigar a la nomenclatura gubernamental, las sanciones tienen un impacto negativo en la economía y perjudican a la población. Y en medio de la pandemia de COVID-19 son una amenaza a la sobrevivencia de todas las personas que resulten contagiadas.

Está claro que las sanciones no dan origen a la contracción de la economía venezolana, pero han sido un factor catalizador que ha acelerado y agravado el colapso de la producción petrolera y del aparato productivo en general. Solo en 2019, año en el que se endurecieron las sanciones estadounidenses al hacerlas extensivas a empresas privadas nacionales o extranjeras proveedoras y contratistas del gobierno, Venezuela perdió 35 % de su PIB. 

EEUU sancionó a Rosneft Trading por comercializar el petróleo venezolano y presionó a empresas de India, China y España para que dejen de comprar crudos de Pdvsa bajo la amenaza de que sus cuentas y activos en territorio estadounidense serían bloqueados. Cada vez son menos los que se arriesgan a ser sancionados y quienes lo hacen exigen escandalosos descuentos que castigan el menguado ingreso de Venezuela. Así, las sanciones económicas merman considerablemente la capacidad de comprar alimentos y medicinas. Por el riesgo reputacional y temor a ser sancionados, proveedores tradicionales se inhiben de hacer negocios con Venezuela y agravan el problema del abastecimiento.

EEUU debería suspender las sanciones económicas y dejar de bloquear las gestiones de Venezuela para obtener el financiamiento que le permita encarar la amenaza del coronavirus. Aprovechar el avance de la pandemia para agravar el sufrimiento de un país azotado por el hambre y la enfermedad es una política abominable desde el punto de vista ético y moral. Es tan atroz como la violación de los derechos humanos de los cuales se acusa al Gobierno de Nicolás Maduro.

De la obsesión electoral al Gobierno de Coalición

Debido a las crecientes rencillas y divisiones en el seno de la Oposición, el Oficialismo está seguro que puede ganar las parlamentarias y recuperar el control de la AN. Lo mismo cree la Oposición electoral sin representación parlamentaria, la cual está dispuesta a participar con la certeza de que capitalizará el voto del alto porcentaje del electorado que está cada vez más descontento con la pésima gestión de gobierno. Por eso quieren que las parlamentarias se hagan este año.

Pero si el virus no ha sido controlado y se puede propagar masiva y aceleradamente en las actividades de la campaña electoral, para evitar que la emergencia humanitaria se convierta en una catástrofe hay que dejar a un lado la obsesión electoral, expresada en la certeza que ambos bandos tienen de su seguro triunfo en las parlamentarias.

El reto de las élites políticas pasa por considerar la conveniencia para la salud nacional de posponer las elecciones y pactar un Gobierno de Coalición entre Oficialismo y Oposición, que incluya, pero trascienda las acciones conjuntas para encarar la amenaza del coronavirus. 

Una vez superada la emergencia sanitaria, la solución de la crisis estructural que azota al país debe ampliar el mandato de ese Gobierno de Coalición para que no solo abata la amenaza del COVID19, sino que además lleve a cabo un Programa de Reformas Económicas, reinstitucionalice el país e inicie el desarme de los colectivos para convocar luego elecciones generales, de tal forma que quien resulte ganador reciba una economía saneada y un país reinstitucionalizado y pacificado que se pueda gobernar. 

Este es un desafío que va más allá de un acuerdo puntual entre Maduro y Guaidó, enfocado única y exclusivamente en conjurar la amenaza del coronavirus. Conformar un Gobierno de Coalición exige una estatura superior de las élites políticas que están emplazadas a apartar odios y afanes de protagonismo para abrirle paso a los grandes acuerdos que el país necesita, a fin de superar la crisis estructural que lo está despedazando y lo deja sin capacidad de respuesta ante amenazas tan peligrosas como la pandemia del COVID19.

Organizaciones sociales y ciudadanos saludan el acuerdo de colaboración para enfrentar el Covid-19 entre las dos principales autoridades del país.

Organizaciones sociales y ciudadanos saludan el acuerdo de colaboración para enfrentar el Covid-19 entre las dos principales autoridades del país.

Organizaciones sociales e individualidades queremos saludar y expresar el respaldo al acuerdo de colaboración entre el Ministerio del Poder Popular para la Salud y el equipo técnico de la Comisión para la Ayuda Humanitaria de la Asamblea Nacional para responder al Covid-19 en Venezuela. Reconocemos que fue resultado de un proceso complejo, de mucha responsabilidad frente al país, que prioriza y antepone por sobre otras razones, salvar la vida de los venezolanos y venezolanas, especialmente de quienes se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad bajo la pandemia de Coronavirus.

Ambas partes han acordado trabajar coordinadamente y con el apoyo técnico y administrativo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en la búsqueda de recursos financieros y el fortalecimiento de las capacidades de respuesta del país para atender a la población y proteger al personal de salud frente a la pandemia. Un acuerdo fundamental, en momentos donde se incrementan el número de contagios y cuya propagación comienza a manifestar un patrón de crecimiento progresivo similar al del resto del mundo.

Consideramos que el abordaje es adecuado en las áreas convenidas: Detección de casos activos de Covid-19 mediante el diagnóstico de laboratorio; Tratamiento oportuno y adecuado de los casos conformados; aislamiento supervisado de los casos sintomáticos y cuarentena de los contactos; protección del personal de salud; vigilancia epidemiológica; análisis de la Información y reportes de situación; y comunicación de riesgo para la adaptación de medidas por la población, y podría aportar resultados significativos en la disminución de los casos y  en evitar víctimas fatales. Es imperativo generar confianza respecto al manejo del virus con base en evidencia científica, que reduzca el miedo y promueva medidas de prevención en la población.

En este sentido expresamos la urgencia de eliminar toda forma de estigmatización y discriminación contra toda persona afectada por el virus o por su aproximación con el mismo. La situación de precariedad que enfrentan los venezolano/as dentro del país y los que retornan obliga a una atención digna, de calidad y sin estigma. El Ministerio de Salud, está en la obligación de proveer los equipos y utensilios de protección personal tanto para personal de salud, como para retornados en albergues de acogida temporal, como a  personas que carezcan de condiciones para adquirirlos y requieren salir a la calle a obtener su sustento diario.

Queremos insistir en la urgencia de avanzar en una respuesta más amplia e integral a la pandemia Covid-19 en Venezuela, con el Programa Mundial de Alimentos (PMA) para atender la emergencia humanitaria compleja que afecta gravemente no sólo la salud, sino la alimentación y los servicios vitales como el acceso al agua potable, áreas donde su intervención podría ser fundamental para salvar vida y contribuir con la recuperación de condiciones de vida digna.

Por último, ratificamos que, en el contexto de emergencia sanitaria generado por el Coronavirus, el bienestar de la población debe ponerse por encima de cualquier otra consideración, atendiendo a las propias recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud bajo la fase de transmisión comunitaria del Covid-19: Aumentar los mecanismos de coordinación de toda la sociedad para el diseño y ejecución de la mejor respuesta sanitaria posible.

Las organizaciones de la sociedad civil continuaremos trabajando para lograr que la esperanza de toda la población logre transformarse en cambios reales de una situación que actualmente compromete la sobrevivencia, la libertad y seguridad de la gran mayoría y estaremos vigilantes del cumplimiento de este acuerdo bajo los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia.

Adhieren:

A.C Anzoátegui Sin Sida; A.C. Justicia y Paz OP Venezuela; A.C. MÉDICOS UNIDOS DE VENEZUELA; A.C. Radar de los Barrios; A.C. Reforma Judicial; AC Asociación por la Vida /Mérida; AC Cátedra de la Paz y Derechos humanos Mons Oscar Arnulfo Romero; Acción Ciudadana Contra el SIDA. ACCSI; AC Liga Merideña contra el Sida; Acceso a la Justicia; Acción Solidaria – ACSOL; ACOANA; AMBAR ASOCIACION CIVIL; Amigos Trasplantados de Venezuela; Asociación Civil Saber es Poder-AsoSaber; Asociación Civil Uniandes; Asociación de Jubilados de Chacao; Asociación Venezolana para la Hemófilia; Asociación Venezolana para la Hemofilia; Atraem; Baruta En Movimiento; Caleidoscopio Humano; Caracas Ciudad Plural; CECAVID; Cendif-Unimet; Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (Cadef); Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB); Centro de Formación para la Democracia CFD; Centro de Justicia y Paz – Cepaz; Centro para la Paz y los Derechos Humanos-UCV; CISFEM; Ciudadanía Con Compromiso A.C; CIVILIS Derechos Humanos; Clima21 – Ambiente y Derechos Humanos; Codehciu – Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía; Codevida; Colegio de Médicos de Lara; Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del Estado Lara; Comunidad en Movimiento A.C; Conciencia Ciudadana A.C; Consejo Comunal las Colinas de Mañongo; Consejo Comunal TEBRIPAR; Convite AC; Crea País; Creemos Alianza Ciudadana; Creemos Alianza Ciudadana Libertador; Creemos Alianza Ciudadana Miranda; EDEPA, A.C; EXCUBITUS Derechos Humanos en Educación; Federación Venezolana Abogadas FEVA; FORO HATILLANO; Frente Nacional de Mujeres; FUNCAMAMA; Fundación Aguaclara; Fundación Ambientalista de Caricuao; Fundación Especialmente Amigos; Fundación Fototeca de Barquisimeto; Fundación La Gran Victoria; Fundación Lucelia; Fundación para el Desarrollo Integral (FUNDESI); Fundación Recicrear; Fundación Reflejos de Venezuela; Fundación Rehabilitarte; Fundación Váyalo; Fundación Yo estoy aquí; Fundapmotriz; FundaRedes; Gente de Soluciones; Hogar Virgen de los Dolores; Inaesin ; Instituto Mead de Venezuela A.C; Labo Ciudadano; Laboratorio de Paz; Médicos Unidos Venezuela Capítulo Carabobo; Movimiento +Ciudadanos; Movimiento Ciudadano Dale Letra; Movimiento Uniendo Voluntades; Observatorio de derechos humanos de la universidad de los Andes; Observatorio de Ecología Política de Venezuela; Observatorio Electoral Venezolano; Observatorio Global Comunicación y Democracia; Observatorio Venezolano de Prisiones; Observatorio  Venezolano Derechos Humanos Mujeres;  ONG Hombres por la Equidad e  igualdad; OPCION Venezuela AC; Org. Humanitaria Zona 10; Org. Comunitaria Brisas Orinoco; Org. Comunitaria Esperanza Punceres; Org. Comunitaria Fe, Alegría y Paz; Org. Comunitaria Libertador; Org. Comunitaria Solidario Punceres; Org. Humanitaria Las Vírgenes; Organización Comunitaria El Junquito y su Gente; Organización Nacional de Trasplante de Venezuela ONTV; Organización Natural Bio Conservation A.C; Piloneras; Plataforma contra el Arco Minero del Orinoco; Prepara Familia; Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos. Provea; PROMEDEHUM; Proyecta Ciudadanía A.C; Proyecto Mujeres; Red de Activismo e Investigación por la Convivencia REACIN; RED DE CASAS DON BOSCO; Red Org Baruta; Red por los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, REDHNNA; Semillero Humanitario A.C; SINERGIA, Red Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil; StopVIH; Transparencia Venezuela; Una Ventana a la Libertad; Unión Afirmativa; Unión Vecinal para la Participación Ciudadana A.C; Upel Maracay; Vicaría de DDHH de la Arquidiócesis de Barquisimeto; Voc; Women Empowerment Laboratory (WELab).

Individualidades:

Adriana Pérez Piegard; Agustina Domínguez; Alejandro Álvarez Iragorry; Alfonso Maldonado; Alfredo Padilla; Ángel Zambrano; Antonia Luque; Aura Sofía Díaz; Beatriz Borges; Beatriz Cisneros A.; Beatriz Gerbasi; Beatriz Marín Bolívar; Beatriz Vento; Carlos Eduardo López F.; Carlos Guerra; Carlos Medina; Carlos Muñiz; Carlos Osuna; Carmen González Coronel; Carmen Piemonti; Carmen Sosa; Cesar Vásquez; Claudia E Requejo; Claudia Nikken; Cruz Arreaza; Deborah Van Berkel; Diana Lobo; Dorixa Monsalve Dam; Edgardo Lander; Eduardo Torres; Eduardo Trujillo Ariza; Elena Hernaiz; Elismenia Blanco; Elys Ojeda; Ennio Ortiz; Enrique Sierta; Eogracia Guzmán; Esteban Emilio Mosonyi; Estefania Reyes; Euglis Palma; Evelyn Alonzo; Evelyn Martinez; Feliciano Reyna; Félix Ríos; Fernando Aranguren; Flavia Pesci Feltri; Francisco Martinez G.; Gabriela Buada Blondell; Gilianys Quintero Requejo; Gladys Mogollon; Gloria López; Griselda Colina; Guillermo Tell Aveledo; Gustavo Márquez Marín; Hector Monsalve; Héctor Vizcaya; Inés Quintero; Iris Palma; Irving Rivas; Isolda Heredia de Salvatierra; Jaime Lorenzo; Javier Mijares Cisneros; Javier Tarazona; Jesús Chuo Torrealba; Jo Delia; José G González; José Requena; Juan Carlos Barreto; Julia de Acosta; Karla Ávila M.; Katherine Martinez; Katiuska Camargo; Keybell Díaz; Keymer Ávila; Laura Louza; Lennys Antonio Luque; Lexys Rendón; Lilia Arvelo Alemán; Lorena Liendo Rey; Lorys Romero; Luis Alvarado Bruzual; Luis Enrique Vizcaya; Luis Francisco Cabezas; Luis Rojas; Luisa Rodríguez Táriba; Magaly Huggins Castañeda; Maleisi Núñez Medina; Manfredo González; Manuel Albino; Manuel Mir; Manuel Zapata SJ; Marelis Alayon; Maria Auxiliadora Mejías; Maria E Redondo; Maria E. Escobar; Maria Eugenia Gil Beroes; María Fernanda Montero; María Gabriela Cuevas Garcia; Maria Piña; Mariano Crespo; Mariapia Bevilacqua; Mariela Ramírez; Mercedes De Freitas; Miguel Ángel Espinoza OP; Mileida Ramírez; Mirna Santoyo; Moisés Carvallo Nuñez; Nancy Núñez; Nelson Landaez; Nicolasa Caraballo; Nora Ovelar; Norkys J. Salcedo; Nucilasa Caraballo; Nury Pernia; Olga Pacheco; Oly Millán Campos; Omaira García; Patricia Parra Hurtado; Pedro González Caro; Pedro Rivas; Rafael Melo; Rafael Uzcátegui; Renato Bernieri; Reymer Villamizar; Rigoberto Lobo; Rogelio Altez; Rosa Elena Acevedo S.; Rosimar Sosa; Santiago Arconada Rodríguez; Sonia Sgambatti; Soraida Pacheco; Tibisay Bolívar; Trinidad M Palma; Valeska Martínez P; Vanessa Vargas; Walter Trejo Urquiola; Wendy Méndez; William Requejo Orobio; Yoletty Bracho; Yván Serra Díaz.

Sociedad civil hace un llamado al Comité de Postulaciones a reanudar actividades.

Ante la sentencia Nº 65 del Tribunal Supremo de Justicia, se agrava la crisis institucional.

Sociedad civil hace un llamado al Comité de Postulaciones a reanudar actividades. 

Voces de la sociedad civil expresaron su preocupación ante la suspensión de actividades electorales planteada por la pandemia y exhortaron al Comité de Postulaciones Electorales de la Asamblea Nacional a cumplir con urgencia las funciones emanadas de la Ley Orgánica del Poder Electoral y avanzar con el nombramiento de nuevos rectores que conformarán un Consejo Nacional Electoral que garantice mayores grados de equilibrio e imparcialidad, y que posibiliten también mayores niveles de confianza en el sufragio como herramienta de resolución de conflictos.

Sobre la sentencia Nº 65 del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 26 de mayo del 2020, la correspondencia expresa que no sólo agrava la crisis institucional, sino que plantea nuevos retos para lograr el pleno funcionamiento del parlamento y pone trabas a las incipientes posibilidades de acuerdos políticos que se habían iniciado con la conformación del Comité.  

A pesar de los obstáculos y desafíos presentados, desde la sociedad civil se instó a los miembros del Comité a mantener un espacio en la AN como el lugar para la discusión de un acuerdo político que permita avanzar en la solución de la compleja crisis venezolana. Un primer ejercicio está descrito en la convocatoria evaluación y selección de los candidatos que renovarán el Poder Electoral.

En el comunicado, voces de la sociedad civil resaltaron la importancia de la Asamblea Nacional como espacio natural para la discusión y cristalización de los acuerdos políticos requeridos por el país, por lo que, si bien deben preservarse todas las medidas sanitarias necesarias para evitar riesgos innecesarios, el país reclama el encuentro y debate entre las partes.

Adhesiones

Organizaciones:

  1. A.C. Radar de los Barrios
  2. Aquí Cabemos Todos
  3. Asociación Civil Saber es Poder-AsoSaber
  4. Baruta En Movimiento
  5. Caracas Ciudad Plural
  6. Centro de Justicia y Paz – Cepaz
  7. Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional
  8. Grupo Pensamiento Crítico
  9. Labo Ciudadano
  10. MOSBASE
  11. Movimiento Ciudadano Dale Letra
  12. Movimiento Popular Alternativo (MPA)
  13. Observatorio Electoral Venezolano (OEV)
  14. Observatorio Global de Comunicación y Democracia (OGCD)
  15. Oportunidad AC
  16. Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución
  17. Profesores Ucevistas por la Unidad de las Fuerzas Democráticas
  18. PROVEA
  19. Red de agricultores y semilleristas de papa y hortalizas Trujillo
  20. Red de Observación Electoral de Asamblea de Educación
  21. SINERGIA, red de organizaciones de sociedad civil
  22. Voluntariado Técnico Electoral (VOTE)
  23. Voto Joven

Individuales

  1. Alberto Lovera
  2. Alfredo Sardi.
  3. Alirio Rangel Diaz
  4. Alix M Garcia R
  5. Ana Elisa Osorio
  6. Ángel Zambrano
  7. Aquiles Salas
  8. Aura Rondon
  9. Carlos Medina
  10. Carlos Velásquez
  11. Carmen Irene Rivero Mendoza
  12. Carmen Gonzalez
  13. Corteza Agüero Rodríguez
  14. Deborah Van Berkel
  15. Dyan lares
  16. Edgardo Lander
  17. Eduardo Calderón
  18. Enrique Ochoa Antich
  19. Esteban Emilio Mosonyi
  20. Griselda Colina
  21. Gustavo Márquez
  22. Gustavo Márquez Marín
  23. Hector Navarro
  24. Ignacio Ávalos G.
  25. Jacqueline Richter
  26. Jesús Castellanos Vásquez
  27. Jesus Chuo Torrealba
  28. Jesús Ortiz Esteves
  29. Jesús Rafael González
  30. Jose G Cortez L
  31. José Gregorio Afonso Castilla
  32. Juan García Viloria
  33. Juan Luis Sosa
  34. Keta Stephany
  35. Luis Bravo Jáuregui
  36. Luis E. Lander
  37. Luis Marciales R. Profesor universitario UCV
  38. Luis Mogollón S.
  39. Luz Peinado
  40. Manuel Isidro Molina
  41. Margarita López Maya
  42. María Auxiliadora Rondón M
  43. María Eugenia Hernandez
  44. María Gabriela Mata Carnevali
  45. Mariela Ramírez, activista social
  46. Michel Ugueto
  47. Negal Morales
  48. Oly Millán Campos
  49. Oneida Ortiz Zambrano
  50. Orlando Peña Guerra
  51. Orlando Zabaleta
  52. Oswaldo Luna
  53. Pablo Zambrano
  54. Pedro Delgado
  55. Ramon Guillermo Aveledo
  56. Ramón Rosales
  57. Ricardo Rios AP
  58. Roberto López
  59. Rocío San Miguel
  60. Santiago Arconada
  61. Tomás Montilla
  62. Victor Márquez Corao
  63. Víctor Rago Albujas
  64. Wanda Cedeño
  65. Yadira García

Leer la carta pública

El campo democrático debe volver a ser una esperanza creíble

El campo democrático debe volver a ser una esperanza creíble

1) La pandemia ha agravado la Emergencia Humanitaria Compleja preexistente: El extremo desabastecimiento del suministro de gasolina, la cada vez mayor dificultad en el acceso de la población a alimentos y medicinas, la destrucción de la capacidad de suministrar agua potable a los hogares y el deterioro acelerado del ya deficiente servicio de energía eléctrica y el agotamiento de medios de vida en millones de familias, son dinámicas ANTERIORES a la aparición del Covid-19, que hoy se ven agravadas por la pandemia y que revelan ampliamente las responsabilidades de quienes ejercen el control del poder público en el colapso de las instituciones y capacidades del país para garantizar el acceso a esos bienes y servicios.

2) Para Miraflores mantenerse indefinida e ilegalmente en el poder está por encima del bienestar de los venezolanos: Ante la caída del ingreso petrolero, la cuestionada legitimidad política, así como el acentuado deterioro de conductas institucionales y la indiferencia ante el sufrimiento de la población, el gobierno de facto de Maduro se ha centrado en conservar el poder mediante la represión, abandonando las obligaciones del Estado de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos para toda la población, sin discriminación. Para los venezolanos el aparato estatal es hoy una fuente de amenazas y no un instrumento para su bienestar, con la fortaleza y la capacidad operativa y técnica para enfrentar la pandemia del coronavirus y nuestra emergencia humanitaria previa

3) Desde las más altas esferas del gobierno de facto se han obstaculizado todos los caminos para la solución constitucional, pacífica y ciudadana del conflicto: Este colapso funcional, social y político del régimen se convierte en la desestructuración del Estado y de la sociedad porque desde el poder han sido cerradas las vías normales que en una sociedad democrática operan para la resolución constitucional y pacífica de los conflictos. Con la imposición inconstitucional de una Asamblea Nacional Constituyente, la realización de elecciones presidenciales fraudulentas en mayo de 2018, desconocidas por muchos dentro y fuera del país e impugnadas incluso por algunos de los que en ella participaron, con el uso partidista del aparato de administración de justicia, de la Fuerza Armada Nacional (FAN), de los cuerpos de seguridad del Estado, y del árbitro electoral, la alternabilidad en el poder ha desaparecido, y con ella la posibilidad de que los venezolanos podamos elegir pacíficamente autoridades capaces de enfrentar la Emergencia Humanitaria Compleja agravada por la pandemia de Covid-19. 

4) Debido a sus errores, el gobierno interino presidido por el diputado Juan Gerardo Guaidó Márquez, presidente de la Asamblea Nacional, enfrenta hoy una dramática crisis política: A principios de 2019, cuando la crisis institucional llegó a su punto máximo con la proclamación como presidente de una persona como consecuencia de un fraude electoral, se produjo la posibilidad de lograr una salida negociada al conflicto venezolano. Sin embargo esa oportunidad fue desaprovechada, al promover una fórmula política («cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres») que se planteaba la salida de Nicolás Maduro del poder no como resultado de una estrategia pacífica, democrática y ciudadana, sino de promover la salida del gobierno por un supuesto «quiebre» en la FAN o un improbable hecho de fuerza decidido desde el extranjero, que va en contra de las prácticas democráticas.

5) El movimiento para regresar a la democracia debe actuar democráticamente. La crisis del gobierno interino presidido por Juan Guaidó se hizo evidente a partir de los sucesos relacionados con la llamada «Operación Gedeón», en los cuales estarían vinculados integrantes del gobierno interino («altos comisionados», «asesores» y «jefes del comité de estrategia») presuntamente implicados en conductas reñidas con la norma constitucional y los derechos humanos, y contrariando de forma inaceptable su responsabilidad de liderar el proceso de transición política al afirmar que “Todas las cartas están sobre la mesa, y debajo de la mesa también”.

Ante esta crítica situación, con un régimen colapsado, una oposición sin una estrategia clara que haga posible una transición pacífica, electoral y constitucional y la emergencia humanitaria escalando, quienes suscribimos este comunicado planteamos lo siguiente:

A) Al régimen de Maduro Moros:

A.1.: Dar pasos reales y concretos para hacer posible un Acuerdo Nacional Humanitario que permita enfrentar la pandemia (y la Emergencia Humanitaria Compleja pre-existente): liberar a todos los presos políticos, cesar la represión uniformada y paramilitar contra la legítima protesta social, respeto estricto al trabajo del gremio médico, el sector productivo, los periodistas y de los defensores de DDHH. 

A.2 Valorar los recientes estudios y proyecciones realizadas por la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales sobre lo que pudiera ser el comportamiento del COVID-19 y a partir de allí dar cuenta sobre los avances en los dos últimos meses en materia de ampliación de la capacidad de respuestas y evaluar las brechas de atención, frente al escenario más adverso. Cesar cualquier tipo de persecución y criminalización a la difusión de información técnica sobre el Covid-19.

A.3) Acatar todas las recomendaciones realizadas por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los DDHH en sus distintas comparecencias orales y escritas ante el Consejo de DDHH. Brindar facilidades logísticas, operativas y de seguridad para el funcionamiento de las distintas agencias humanitarias de Naciones Unidas instaladas en el país, al igual que para las organizaciones no gubernamentales que asisten y protegen a poblaciones y comunidades a través de programas humanitarios. 

A.4) No utilizar la cuarentena como un mecanismo para limitar los derechos de las personas y cesar en la práctica de la criminalización de la protesta ciudadana. De igual forma, pedimos cesen las prácticas intimidatorias al ejercicio del periodismo. 

A.5) Conformar una AUTORIDAD INDEPENDIENTE integrada por expertos con los conocimientos médicos y científicos requeridos de acuerdo con estándares internacionales y recomendaciones de la OMS y la capacidad operativa para dirigir la lucha de la sociedad venezolana contra la pandemia y coordinar los esfuerzos de los diferentes sectores del país para diseñar la mejor respuesta posible tanto a la epidemia como a sus efectos futuros en materia económica y social. 

A.6) Integrar EQUIPOS DE ATENCIÓN A LA CRISIS, con las mismas características de la Autoridad independiente contra la pandemia, para que operen en las siguientes cuatro dimensiones de la crisis: Gasolina, Agua Potable, Electricidad y Acceso a los Alimentos. 

B) Al gobierno interino presidido por Juan Guaidó: 

B.1) Hacer pública rectificación de la ambigüedad en que se ha incurrido, reiterando sin titubeos que la vía para lograr el cambio no es violenta sino pacífica, constitucional y democrática. Además que toda lucha, en la calle y en cualquier escenario de negociación política, está orientada a lograr la restitución de los derechos de participación política y electoral de todos los venezolanos, para que sea el pueblo quien decida su destino en elecciones auténticamente libres.

B.2) Promover dentro de la Asamblea Nacional la realización de una investigación institucional sobre la «Operación Gedeón», que permita esclarecer quiénes fueron sus operadores, procedencia de los fondos y condiciones del supuesto contrato, sobre la cual al menos uno de los asesores del gobierno interino admitió la contratación de mercenarios, entre varios de los muchos aspectos contrarios a la constitución y a normas internacionales. 

B.3) Separar completamente la actuación de la Asamblea Nacional como poder público de las actuaciones de las organizaciones partidistas que integran la oposición venezolana. La ausencia de institucionalidad en la dirección partidista de la oposición no puede seguir siendo «resuelta» erosionando la institucionalidad republicana. Así como es antidemocrático que el PSUV sea la única fuerza en el Poder Ejecutivo, es absolutamente inaceptable que el G4 haga lo mismo con el Legislativo. 

B.4) En atención al criterio anterior, sugerimos enfáticamente a Juan Guaidó y a las direcciones partidistas de la oposición reconstruir la Alianza Democratizadora, dotándola de los mecanismos institucionales (pesos y contrapesos, controles internos y externos) que permita dar una discusión seria, amplia y profunda y llevar a cabo una positiva rectificación en la política del campo democrático. Para que el movimiento de retorno a la democracia sea una esperanza creíble en esta hora oscura debe tener una dirección colectiva, capaz de discutir y elaborar una estrategia inclusiva y exitosa, que pueda ser transmitida al país y el mundo mediante una vocería coherente. 

C) A ambos, régimen de Maduro Moros y gobierno interino: 

Les sugerimos enfáticamente la reactivación de un mecanismo creíble, equilibrado, inclusivo, con metas realizables y facilitado por mediadores reconocidos para la búsqueda de soluciones reales y concertadas a la crisis venezolana. por difícil que sea el esfuerzo de la negociación política, siempre será preferible a la repudiable decisión de contratar mercenarios o el uso de fuerzas especiales rusas dentro del país. Los venezolanos de todos los colores políticos estamos cansados de estas prácticas, que cuestan vidas y aumenta el sufrimiento de las mayorías, sin aportar soluciones sostenibles a una crisis política, social y económica insostenible que continuará profundizándose si no se ponen los intereses del país por encima de las apetencias individuales. Por tanto, les exigimos reanudar el mecanismo de Oslo como herramienta para encontrar vías que permitan superar la profunda crisis política en Venezuela y el retorno a la plena vigencia de la Constitución, bajo la consigna de la permanencia sin suspensión de los diálogos hasta encontrar soluciones y del respeto sin deshumanizar y criminalizar al adversario 

Las organizaciones de la sociedad civil continuaremos trabajando para lograr que la esperanza de toda la población logre transformarse en cambios reales de una situación que actualmente compromete la sobrevivencia, la libertad y seguridad de la gran mayoría. 

Suscriben el comunicado:

Organizaciones:

  1. A.C. Anzoátegui Sin Sida
  2. A.C. Brisas Orinoco
  3. A.C. MÉDICOS UNIDOS DE VENEZUELA
  4. A.C. Phynatura
  5. A.C. Radar de los Barrios
  6. Acceso A La Justicia
  7. Acción Solidaria
  8. Asociación Civil Mujeres en Línea
  9. Asociación Civil Saber es Poder-AsoSaber
  10. Asociación Venezolana para la hemofilia
  11. Atraem
  12. Aula Abierta
  13. Baruta En Movimiento
  14. Caleidoscopio Humano
  15.  Catedra de DDHH de la UCLA
  16. Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos – Cadef
  17. Centro de Animación Juvenil
  18. Centro para la Paz y los Derechos Humanos UCV
  19. Cepaz – Centro de Justicia y Paz
  20. Ciudadanía con Compromiso A.C.
  21. Civilis Derechos Humanos
  22. Clima21 – Ambiente y Derechos Humanos
  23. Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía CODEHCIU
  24. Comunidad en Movimiento A.C.
  25. Conciencia Ciudadana A.C.
  26. Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional
  27. Convite AC
  28. Crea País
  29. Equipo de Proyectos y Asesoría Social (Edepa)
  30. FUNCAMAMA
  31. Fundación Aguaclara
  32. Fundación Ambientalista de Caricuao
  33. Fundación Centro Gumilla
  34. Fundación de Derechos Humanos de Los Llanos (Fundehullan)
  35. Fundación Especialmente Amigos
  36. Fundación La Gran Victoria
  37. Fundación Fototeca de Barquisimeto
  38. Fundapmotriz
  39. Geografía Viva
  40. Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin)
  41. Instituto Mead de Venezuela A.C.
  42. Labo Ciudadano
  43. Laboratorio de Paz
  44. La Guarura.org
  45. Monitor Social AC
  46. Movimiento Ciudadano Dale Letra
  47. Movimiento de Sindicatos de Base (Mosbase)
  48. Observatorio de Derechos Humanos de la ULA
  49. Observatorio Electoral Venezolano (OEV)
  50. Observatorio Global de Comunicación y Democracia
  51. Observatorio Venezolano de Prisiones
  52. Organización Comunitaria Fe, Alegría y Paz
  53. Organización Comunitaria Brisas Orinoco
  54. Organización Comunitaria Libertador
  55. Organización Comunitaria El Junquito y su Gente
  56. Organización Comunitaria Esperanza Punceres
  57. Organización Comunitaria Solidario Punceres
  58. Organización Humanitaria Las Vírgenes
  59. Organización Humanitaria Zona 10
  60. Organización Natural Bio Conservation A.C.
  61. Positivos en Colectivo
  62. PROMEDEHUM
  63. Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)
  64. Proyecta Ciudadanía A.C.
  65. Red de Defensores de Derechos Humanos del estado Cojedes (REDEFENCO)
  66. Red de Organizaciones Ambientales de Venezuela (ARA)
  67. Revista Sic Centro Gumilla
  68. Semillero Humano A.C. Stop VIH
  69. Una Ventana a la Libertad
  70. UNICRISTIANA de Venezuela
  71. Unión Vecinal para la Participación Ciudadana A.C.
  72. Universitas Fundación / Proyecto Roscio
  73. WOLA (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos)

Individualidades

  1. Abilio López
  2. Adrian Torres Marcano, Profesor UCV Alba Purroy
  3. Anndy Nieves, abogado Angel Zambrano Cobo Anais López
  4. Ángel Zambrano Cobo Antonia Luque Alfredo Padilla
  5. Beatriz Marín Bolívar Carlos Guerra García Carlos Vielma
  6. Carmen González coronel, abogada/docente/ activista social Carmen Piemonti
  7. Carmen Sosa Cesar Vásquez
  8. Claudia E. Requejo
  9. Claudia Nikken, profesora universitaria David Smilde
  10. Ennio Ortiz Enrique Sierra Elismenia Blanco Esteban Dido Euglis Palma Evelyn Martínez
  11. Francisco Martínez G, expresidente Fedecámaras Flavia Pesci Feltri, profesora UCV
  12. Gabriela Buada Blondell Gilianys Quintero Requejo Guillermo Tell Aveledo Hector Vizcaya
  13. Hernán Zamora Rapale
  14. Ignacio Avalos, profesor universitario Inés Quintero, historiadora
  15. Irene Petkoff Iris Palma Irving Rivas
  16. Isabella Picón – activista Labo Ciudadano Jairo García Méndez, abogado
  17. Jesús “Chuo” Torrealba, periodista y activista social José Rafael Peña Farías, activista social
  18. José G. González Juan Luis Sosa Juan Escobar
  19. Keymer Ávila, Investigador de la UCV Laura Louza, abogada
  20. Leonardo Carvajal, investigador universitario Lexys Rendón, activista DDHH
  21. Lissette González, socióloga Luis E. Lander
  22. Luisa Rodríguez Táriba Luis Francisco Cabezas Luis Parada
  23. Luis R. Jiménez P. Manuel Albino Manuel Mir Manuel Zapata
  24. María Auxiliadora Mejías María E. Escobar
  25. María Piña
  26. Margarita López Maya, historiadora Mariela Ramírez, activista social.
  27. Mario D’Andrea Maritere Alvarado Marelis Alayon Mibelis Acevedo Donís
  28. Mildred Chacón Mileida Ramírez Mirna Santoyo
  29. Nelson Freitez Amaro, profesor universitario Nelson Garrido, fotógrafo
  30. Nelson Landaez Nuris Orihuela Omaira García Olga Pacheco
  31. Oscar Murillo, periodista y profesor universitario Rafael G. Curvelo E.
  32. Rafael Uzcátegui, sociólogo Rigoberto Lobo
  33. Rocío San Miguel
  34. Rodolfo A. Rico, periodista Ronal D. Santil
  35. Rosimar Sosa
  36. Simón Gómez Guaimara- Profesor de Derecho Internacional Soraida Pacheco
  37. Tibisay Bolívar Trinidad M. Palma Valeska Martínez P. Yurizahima Quintana
  38. William Requejo Orobio

Un acuerdo nacional para enfrentar el COVID-19.

Un acuerdo nacional para enfrentar el COVID-19.

Escrito por: Rafael Uzcátegui.

Imaginemos por un momento que existe un conflicto armado entre, por un lado, un grupo guerrillero que cuenta con recursos financieros, y por otro, un gobierno despótico que controla buena parte del territorio. En medio de esa confrontación, que lleva varios años, ocurre una tragedia natural. Pongamos que es un terremoto, que además cobra muchas víctimas y devasta casas e instalaciones del pueblo epicentro del antagonismo. El gobierno no cuenta con los recursos necesarios para atender a los sobrevivientes e iniciar el trabajo de reconstrucción. Entre los muertos y heridos hay familiares de miembros de la insurgencia, quienes impotentes no tienen la libertad de movimientos necesaria para dar sepultura a sus seres queridos y ayudar a levantar sus casas. ¿Qué hacer? Si el conflicto persiste como hasta ese momento, gobierno y guerrilla estarán disputándose unas ruinas. El terremoto es una tragedia mayúscula que coloca, momentáneamente, en segundo plano la confrontación.

Una situación similar ocurre en la Venezuela de hoy. Un gobierno transformado en una dictadura que controla el territorio, asfixiado por la corrupción y años de inmenso gasto público y presionado por sanciones internacionales. En la acera del frente una Asamblea Nacional, liderada por el político con mayor popularidad del país, con respaldo internacional y acceso a posibilidades de financiamiento. El país, inmerso en una crisis económica y política sin precedentes, debe enfrentar con las mayores precariedades de la región, una pandemia de Coronavirus. Las estimaciones se hacen en voz baja, no sólo por la censura sino también por el sombrío escenario que proyectan. Países con sistemas de salud robustos se han visto sobrepasados por el número de afectados y fallecidos. Cuando se escribe este artículo, salvo por la creencia ciega en la providencia, no hay razón para pensar que la situación venezolana no será similar a la del promedio regional. Una catástrofe a toda regla.

Además de la situación sanitaria, a todas luces deplorable, se encuentran las condiciones para que la población cumpla la cuarentena: Con salarios disminuidos en su capacidad adquisitiva, con ingresos inciertos ante la parálisis del aparato productivo y el mercado, con amplios estratos de la población dependientes de la informalidad, con escasez de gasolina, fallas recurrentes de luz y agua en ciudades del interior del país, con el fantasma de la escasez orbitando en los inventarios y con rumores crecientes de la posibilidad del colapso de internet.  Las situaciones derivadas del insuficiente acceso a los alimentos pueden ser tan preocupantes como la pandemia misma.

Si en este crucial momento se coloca la salud de la población sobre cualquier otra consideración, sería de sentido común que las diferentes autoridades se pongan de acuerdo para diseñar el mejor plan posible para abordar la enfermedad. Y para ello convoquen a toda la capacidad técnica y humana distribuida en los diferentes sectores de la sociedad venezolana. Esto necesita de una generosidad que parece solapada por la polarización y de estadistas de altura.

El equipo de Nicolás Maduro cuenta con la asesoría de la Organización Mundial de la Salud – Organización Panamericana de la Salud, con un despliegue sobre el terreno que privilegia lo militar y la hegemonía de los medios de comunicación sobre cualquier otra consideración técnica y científica. El gobierno apuesta a que su respuesta pueda contener la expansión del Coronavirus y, públicamente repite que “todo está controlado”. Pero en privado, quienes conocen la situación del sistema hospitalario y el presupuesto disponible redoblan sus plegarias al cielo. La propia OMS establece como una acción de “alta prioridad” en el peor momento de la expansión del virus, el de la llamada “transmisión comunitaria”, el “Mejorar los mecanismos de coordinación de toda la sociedad para apoyar la preparación y la respuesta, incluida la salud, transporte, viajes, comercio, finanzas, seguridad y otros sectores”.

Una tregua de naturaleza humanitaria, con el único objetivo de salvar vidas y mitigar el sufrimiento, no es legitimar ninguno de los argumentos de las partes enfrentadas, sino reconocer que son hoy un actor necesario para el abordaje del Covid-19. Un mediador pueden ser las agencias internacionales de la propia Naciones Unidas o los actores humanitarios transnacionales, quienes supervisen la ejecución presupuestaria mediante criterios de transparencia y no discriminación.

Hay quienes piensan que el Coronavirus era la pieza que faltaba para imponerse sobre el otro bando y finalmente neutralizarlo. Esta es una apuesta no sólo triste sino peligrosa. También habrá quien señale a quienes solicitamos esta pausa como ingenuos, pero preferimos pecar de cualquier cosa antes de obviar y no exigir la condición que nos permita estar en la mejor posición posible para enfrentar la epidemia, un gran acuerdo nacional. Sin embargo, no estamos solos. Los cándidos, por la cantidad de opiniones similares que han aparecido en las redes sociales, somos bastantes.

Antes que el virus, la confianza.

Antes que el virus, la confianza.

Escrito por: Tarek Yorde.

“Lo más valioso de un Pueblo es la Confianza, sin confianza no habrá orden, ni armonía”.

Confucio

“Mantener la confianza pública es crucial para la solidaridad social, para la relación de las sociedades entre sí y para la paz y la estabilidad internacionales”.

Henry Kissinger.

La crisis más severa que sufrimos los venezolanos no es la del agua, inseguridad, electricidad, ni la gasolina, ni la hiperinflación, tampoco lo es el coronavirus Covid-19.

Lo que más daño le ha causado al país es la destrucción de la Confianza en sus gobernantes, instituciones de Justicia, su economía y peor aún entre los mismos ciudadanos. Hoy el país es un “todos contra todos”.

Venezuela sufre una epidemia mucho más peligrosa para el futuro de la nación y la existencia de la República. Y es el descrédito y la desconfianza absoluta ante todo lo que hace o dice el Gobierno que, más allá de su ideología y la afinidad que el ciudadano pueda o no tener frente al color del partido gobernante, es el responsable de la vida nacional.

El país ha sido destruido en sus bases morales. Porque cuando se pierde la Confianza ante la Autoridad, el ciudadano cae en el terreno del “sálvese quien pueda” y se percibe a sí mismo como desnudo, abandonado a su suerte, sin poder contar con un Estado capaz de proveerle los servicios básicos para la vida: agua, alimentos, medicina, seguridad física, electricidad y movilidad.

Es mínimo el porcentaje de venezolanos que confía en la vocería oficial del Gobierno Nacional encarnada en el presidente Maduro, los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez y en Diosdado Cabello, que ni siquiera tiene un cargo real en el Poder Ejecutivo.  Algo similar sucede en la orilla opositora, muchos voceros, muchas promesas, pocos resultados.

Entonces… ¿Cómo asumir una conducción confiable de la crisis de salud cuando los principales voceros del Gobierno han secuestrado y politizado todos los aspectos de la vida nacional queriendo controlarlo todo, generando mil problemas por su ineficiencia o corrupción, siempre rechazando ser responsables por los malos resultados, siempre en rol de víctimas?

La República está herida de muerte y bajo grandes amenazas. Y a medida que vayan incrementándose los números de la epidemia en enfermos y decesos, así mismo se irá incrementando el miedo, la desconfianza, la violencia y el caos en una población que tiene años viviendo bajo el acecho de la pobreza, la inseguridad, el hambre, la precariedad en los servicios y la impotencia de ver a sus gobernantes delirando guerras imperiales cuando no son capaces de proveer gasolina en un país petrolero.

Es hora de hacer una tregua en la diatriba Gobierno – Oposición. Al menos un “alto al fuego verbal” por tres meses para crear un espacio de confianza ciudadana en la conducción de la epidemia. Ese espacio debe ser constituido por voceros médicos, con credibilidad y claridad para dar indicaciones y estadísticas que permitan a los ciudadanos reconstruir su confianza. Al menos, en este tema de salud pública.

El primer paso para una lucha consistente frente al Coronavirus Covid-19 es crear rápidamente y por decreto de emergencia un Consejo Médico Nacional con una vocería oficial distinta a Maduro, los Rodríguez y Diosdado.

Que la vocería del Consejo Médico Nacional sea conducida por un grupo integrado por tres o cuatro médicos, no más, provenientes del sector público, académico y privado, con apoyo y reconocimiento del Ministerio de Salud, la Cruz Roja y la Organización Panamericana de la Salud. Esa sería la primera acción para poder dirigir al Pueblo Venezolano, convincente y coherentemente, frente a esta gran amenaza nacional. Una Vocería Mancomunada, más allá de las estridencias y divergencias político-partidistas, que sea responsable por centralizar las estadísticas y recomendaciones.

Si Maduro y el Gobierno Nacional realmente quieren salvar la vida de miles de venezolanos deben dar una pequeña muestra de responsabilidad histórica y humildad.  El principal compromiso del Gobierno Nacional es cambiar su vocería de la epidemia para recuperar la Confianza y la Credibilidad, que es lo primero que debe tener un paciente frente a su médico.

Por parte de la Oposición el reto está en controlar a sus múltiples voceros. Todos deberán avalar y respetar, al menos durante la tregua, a los voceros del Consejo Médico Nacional. Incluso puede y debe haber reuniones en los cuales los miembros de este Consejo aporten datos reales de la situación ante el Gobierno Nacional y la Asamblea Nacional presidida por Guaidó.

Una vez más. Frente a una crisis de estas dimensiones. Lo primero es tener un liderazgo confiable. Y eso no existe en este momento. Ni por cadenas presidenciales ni por bandas militares. Venezuela está urgida de Confianza. Por favor, Maduro y Guaidó, controlen a sus cabezas parlantes. Creen el Consejo Médico Nacional y denle a ese ente la credibilidad y seriedad que la crisis exige. Para que la gente pueda votar y pagar impuestos primero tiene que estar viva.