Elecciones Parlamentarias Venezuela 2020. Bitácora de un evento malogrado.

En el marco de las “Elecciones Parlamentarias 2020”, el Observatorio Global de Comunicación y Democracia; dio inicio a un monitoreo y seguimiento de las principales acciones que hacen parte del proceso electoral, esto con el objetivo de identificar las irregularidades y violaciones que conforman el “Patrón de violación electoral” que ha venido lesionando el marco jurídico nacional, así como derechos civiles y políticos en el marco de los procesos electorales en Venezuela.

La documentación se inició el pasado mes de junio, con las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que asumieron el nombramiento de la nueva directiva del CNE, y en esta primera entrega presenta las acciones relativas a la publicación del cronograma de realización de  las denominadas Asambleas Comunitarias Indígenas el 15 de agosto.

Para la realización de monitoreo, el OGCD definió un listado con los actores que, de manera oficial, están vinculados al proceso electoral, bien a través de las páginas oficiales, declaración de representantes o los perfiles en twitter de los mismos. El monitoreo también incluye la revisión diaria de medios de comunicación nacionales e internacionales.

En la línea de tiempo, que se presenta a continuación, se pueden observar las principales irregularidades y violaciones registradas, especialmente referidas al marco legal vigente, la vulneración a  derechos políticos a los ciudadanos, así como las sentencias arbitrarias contra partidos políticos debilitando el pluralismo político en el país. Asimismo, la bitácora de las parlamentarias 2020 recoge los principales hechos, pronunciamientos y acciones de actores nacionales e internacionales vinculados con el proceso electoral en Venezuela.

En la línea de tiempo presentada, quedan registradas una serie de transgresiones que han debilitado el evento electoral y continúan generando desconfianza en los ciudadanos sobre la efectividad del proceso para la reconstrucción democrática necesaria. En el período de estudio destacan cinco elementos que repiten una conducta violatoria de los derechos ciudadanos y que son parte del patrón de violaciones electorales que el Observatorio y la Red Electoral Ciudadana han venido documentando posterior al proceso parlamentario 2015, como son:

Patrón 1: Nombramiento irregular del árbitro electoral.  Por séptima vez en 20 años, el nombramiento de los rectores del Poder Electoral se aleja de lo establecido en la constitución y el Tribunal Supremo de Justicia asume el nombramiento de la nueva directiva del CNE, después que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia alegara la figura de “omisión legislativa” a través de la Sentencia Nº 68. La mencionada sentencia confirió además competencias legislativas al CNE para modificar la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Posteriormente la sentencia Nº 70 del TSJ, no solo designó los cargos de Rectores principales y suplentes del CNE, sino también al Presidente y Vice Presidente del organismo, además de la conformación de los órganos subordinados.  

El 07 de agosto, tras la renuncia del Rector Rafael Simón Jiménez como Rector Principal, Vice Presidente del CNE y Presidente de la Comisión de Participación Política y Financiamiento, la Sala Constitucional designó a Leonardo Morales Poleo, para todos los mencionados cargos, desconociendo con ello no solo la Constitución y las Leyes, sino inclusive su propia sentencia que había nombrado a los suplentes para este cargo.

Esta violación a la administración electoral se ha repetido un total de siete veces: la Sala Constitucional del TSJ nombró rectores en los años 2003, 2005, 2014, 2016 y 2020; mientras que en 1999 la designación fue realizada por la Asamblea Nacional Constituyente. Cabe acotar que en el año 2009, se realizó por la Asamblea Nacional, pero las designaciones de Socorro Hernández y Tania D’Amelio, fueron cuestionadas por la militancia política de las mismas. Lo antes dicho ratifica que la directiva del Consejo Nacional Electoral del año 2006  ha sido la única, designada por la Asamblea Nacional.

Patrón 2: Debilitamiento del pluralismo político. Las intervenciones a partidos políticos como ocurrió con las directivas de los partidos PODEMOS y PPT, antes de la elección presidencial del año 2012, y posteriormente para las elecciones parlamentarias del 2015, con intervenciones y nombramientos de juntas ad hoc a los partidos políticos: MIN UNIDAD, MEP, COPEI, PODEMOS y BANDERA ROJA dejan en evidencia un debilitamiento al pluralismo político, lo que podría generar un sistema de partido único.

Este patrón que afecta al pluralismo político se repite en los actuales comicios parlamentarios de 2020 con la emisión de las sentencias Nº 71, Nº 72 y posteriormente la Nº 77, que desconoce las directivas de los Acción Democrática (AD), Primero Justicia (PJ) y Voluntad Popular (VP), por parte de la Sala Constitucional del TSJ, reemplazándolas por juntas ad hoc que podrán usar la tarjeta electoral, el logo, símbolos, emblemas, colores y cualquier otro concepto propio de sus organizaciones  en el venidero proceso electoral.

Patrón 3: Convocatoria sin cronograma. El anuncio de las Elecciones Parlamentarias del 6-D, se realizó sin la publicación del Cronograma Electoral. Violando de esta manera el Art. 42 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, que establece lo siguiente: “el acto de convocatoria, se hará público el Cronograma Electoral del respectivo proceso, el cual contendrá las etapas, actos y actuaciones que deberán ser cumplidos de conformidad con lo previsto en esta Ley”. Incurriendo en un nuevo patrón de violación, ya que la no publicación del Cronograma conjuntamente con la Convocatoria se ha repetido desde las Elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente del año 2017.

Patrón 4: Registro Electoral Débil. El seguimiento a los procesos electorales realizado por el OGCD, ha permitido documentar una acción reiterada que afecta y debilita el RE especialmente referida al número de días y puntos dispuestos para las jornadas especiales y que se repite en este proceso.

En las parlamentarias de 2015 las jornadas de RE tuvieron una duración de 118 días y 1568 puntos a lo largo de todo el territorio nacional, mientras que en las Parlamentarias 2020 el CNE anuncio apenas 14 días (con una adición de tres días para sumar 17)  y 551 puntos que luego se redujeron a 429. Esta comparación deja en evidencia la repetición de un patrón ya señalado en los procesos de 2017 y 2018

Según cifras ofíciales del ente comicial, se inscribieron un total de 251.398 ciudadanos. Es importante recordar que existen aproximadamente 2.000.000 de personas con derecho al voto que aún no forman parte del cuerpo electoral, lo que indica que se continúa con un Registro Electoral con un enorme déficit; a ello habría que sumar la incertidumbre sobre los más de 5 millones de venezolanos que migraron del país y que no actualizaron sus datos así como las migraciones internas que tampoco están reflejadas en el padrón electoral. Una situación que merece un llamado de atención es la referida a las migraciones arbitrarias de electores de sus centros electorales lo que representa una violación a los derechos de participación de los ciudadanos.

Patrón 5: Derecho al voto limitado. Rumbo al sufragio sectorial.  El CNE realizó una modificación del sistema de elección de los representantes indígenas a la Asamblea Nacional 2020, estableciendo una elección de segundo grado y a mano alzada, lo cual transgrede expresamente el principio constitucional del voto directo, libre y secreto

Esta acción, que es contraria al principio del voto universal, denota un intento de sectorizar las elecciones  en grupos específicos, tal como ocurrió en la Asamblea Nacional Constituyente 2017 (trabajadores, estudiantes, entre otros) o en esta ocasión en las comunidades o poblaciones indígenas.

22 días después, el 15 de agosto el CNE  modificó parcialmente el mencionado Reglamento Especial Representación Indígena, manteniendo sin embargo el desconocimiento del voto directo y libre para dichas Asambleas Comunitarias.

En apenas 72 días de monitoreo del proceso parlamentario, se evidencian una serie de irregularidades que debilitan la confianza ciudadana y alejan al evento de una elección auténtica. El recuento muestra violaciones en cuanto al nombramiento de la Administración Electoral, a la autonomía de los partidos políticos, al respeto del cronograma electoral, a la garantía de inscripción en el registro electoral, así como a los  principios del voto universal, directo, libre y secreto, hechos estos que vulneran los derecho derechos humanos, los estándares de elecciones auténticas y el Estado de Derecho en Venezuela. En una segunda entrega el OGCD presentará una actualización de la bitácora hasta el 15 de septiembre.


INFORME ESPECIAL REC

Logo de la REC

Monitoreo de la jornada especial de inscripción y actualización de datos en el Registro Electoral. 30 de julio 2020

El presente informe Especial REC contiene los resultados del seguimiento y monitoreo realizado por la Red Electoral Ciudadana, durante la jornada especial de inscripción y actualización de datos en el Registro Electoral, realizada en el marco de las elecciones parlamentarias en Venezuela, convocadas para el 6 de diciembre de 2020.


Informe elaborado por el politólogo Jesús Castellanos Vásquez; para la Red Electoral Ciudadana. La REC agradece, asimismo, el trabajo de Carlos Quintero del Observatorio Global de Comunicación y Democracia, en el seguimiento y monitoreo de los casos de estudio. Asimismo, agradece el apoyo y acompañamiento de Nill González en el diseño y adiestramiento de la plataforma que sirvio para recoger los datos.

Venezuela Documenta

VenezuelaDocumenta

Yo Documento 6D es el primer ejercicio de la plataforma de documentación Venezuela Documenta. Diseñada por activistas y defensores de derechos humanos y que se estrena en el marco de la elección parlamentaria como un instrumento para registrar incidencias y reclamos que atenten contra los derechos civiles y políticos de los venezolanos.

Participar más allá del voto


Para Wanda Cedeño, Coordinadora Nacional de Voto Joven, “lo único que nos ayudará a trazar una ruta democrática sólida y plural, es la conciencia ciudadana que generemos en torno a las graves violaciones de derechos humanos que constantemente vivimos”.

Señaló Cedeño que “la documentación, denuncia y difusión facilita la generación de memoria colectiva”. Documentar las vulneraciones de derechos no es solamente “una necesidad ciudadana”, sino que permite dejar registro de manera sistemática. Consideró que es una de las mayores responsabilidades ciudadanas en la actualidad, cuando “la participación nos hace más fuertes”.

Esta “participación ciudadana no se limita ni se extingue en el ejercicio del voto. Al contrario, abarca hechos que pueden considerarse originarios, como el monitoreo, observación contraloría, documentación y la exigencia”, agregó.

Indicó la coordinadora nacional de Voto Joven que el “próximo 6 de diciembre se desarrollará un proceso electoral, donde la decisión de ir a votar es personal e inherente a cada ciudadano, pero la responsabilidad de dar a conocer y sacar a la luz las irregularidades, incidencias y violaciones es responsabilidad de todos, y más aún un compromiso con nuestros derechos civiles y políticos. Nosotros apostamos a la documentación porque es la forma más inmediata que tenemos para hacer valer nuestra ciudadanía. La historia nos ha demostrado que quedarnos de brazos cruzados no es una opción, votando o no, el rol más importante que ejerceremos será el de la veeduría ciudadana”.

La plataforma Venezuela Documenta permitirá registrar, entre otras, las irregularidades e incidencias que se produjeron durante la jornada especial del Registro Electoral. De las cuales ya se han recogido alrededor de 200 casos.

Ciudadanos activos por la defensa de sus derechos


El coordinador general de la Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos (Redac), Juan Carlos Mogollón, en referencia al evento electoral programado para el próximo 6 de diciembre señaló que “es muy importante establecer, que más allá de la legitimidad del árbitro, más allá de tratarse de un evento electoral, y no una elección enmarcada en los principios democráticos, nuestro trabajo como parte de la sociedad civil, como ciudadanía, es documentar cuáles son las violaciones a los derechos humanos, referentes a participación y a derechos políticos, que subyacen bajo este evento”.

La Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos, así como la Red de Electoral Ciudadana, se activarán en esa fecha para dejar constancia de las irregularidades que emanan de dicha convocatoria.

Estas redes han estado presentes en monitoreos de eventos electorales desde 2015 hasta 2018, “recabando datos en diversos estados del país, a través de la ciudadanía activa, es decir, nuestros datos corresponden a lo que recaba la ciudadanía que está observando directamente el proceso desde su comunidad. Datos que han dado pie a informes que han sido remitidos a instancias internacionales para difundir qué es lo que ocurre en realidad en estas jornadas”, destacó el defensor de derechos humanos.

Cómo usar la plataforma


Griselda Colina, directora del Observatorio Global de Comunicación y Democracia, explicó que Venezuela Documenta es una plataforma que permite documentar, denunciar y difundir los reportes sobre irregularidades que afectan los derechos de los ciudadanos.

Destacó que todos los ciudadanos pueden participar en el proceso parlamentario de 2020, más allá del ejercicio del voto, enviando los reportes de irregularidades a través de las vías que se han incorporado a esta novedosa plataforma:

A través del Twitter utilizando la etiqueta #YoDocumento6D
Ingresando a la página web https://venezueladocumenta.ushahidi.io/views/map
Y próximamente estará disponible la documentación a través de mensajes de texto o WhatsApp.
Cada ejercicio de observación ciudadana cuenta con un cuestionario específico para recoger las incidencias y elaborar los informes, recabar las evidencias y mostrar los hechos más relevantes del proceso, destacó Colina.

Adicionalmente, se podrán reportar migraciones arbitrarias de los centros de votación a través del formulario https://venezueladocumenta.ushahidi.io/posts/create/3
Colina concluyó haciendo un llamado a los ciudadanos venezolanos a unirse a la Red Electoral Ciudadana, para ser parte del equipo de observadores ciudadanos y de los defensores de la democracia en Venezuela.

Lista de irregularidades


Resaltó el politólogo Jesús Castellanos que las organizaciones de la sociedad civil han desarrollado “un seguimiento sistemático, riguroso y documentado sobre los principalesLista de irregularidades hechos relacionados con la celebración de las elecciones parlamentarias 2020, a la luz de su apego al marco normativo venezolano, estándares Internacionales de elecciones auténticas y el respeto a los derechos humanos”.

Se encontraron diversas irregularidades durante este seguimiento, entre las cuales destacan:

  • El nombramiento de la directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE) por parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en la Sentencia N* 68, aduciendo la figura de la omisión legislativa, en un procedimiento contrario a Ley. En la misma sentencia, se confirió competencia legislativa al Consejo Nacional Electoral para modificar la Ley Orgánica de Procesos Electorales;
  • En otra extralimitación de sus funciones, la Sala Constitucional del TSJ en la Sentencia N* 70, designó no solo a los Rectores principales y suplentes del CNE, sino también al Presidente y Vice Presidente del organismo y decidió la conformación de los órganos subordinados;
  • Las Sentencias del Tribunal Supremo de Justicia referidas a los partidos políticos: Acción Democrática (Sentencia N71), Movimiento Primero Justicia (Sentencia N 72) y Voluntad Popular (Sentencia N*77), decisiones que forman parte de un patrón, ejecutado a partir del año 2012, en el que se lesionan la autonomía y el derecho de asociación de las organizaciones con fines políticos;
  • La definición arbitraria e inconstitucional del número de diputados a elegir para la Asamblea Nacional en 2020 (incremento de 110 escaños lo que significa un aumento del 66%) así como de una circunscripción electoral nacional;
  • La modificación por parte del CNE del sistema electoral para la elección de los representantes indígenas a la Asamblea Nacional, transgrediendo los principios constitucionales del voto directo, libre y secreto;
  • Las visibles limitaciones en cuanto a los lapsos y procedimientos que ha establecido el CNE para la conformación de los grupos de electores e iniciativas propias, vulnerando aún más, las debidas garantías del derecho de la participación política y del pluralismo;
  • La realización de una jornada especial de inscripción y actualización del Registro Electoral, de tan solo diecisiete días en supuestos 551 puntos, que permitió la inscripción tan solo de 251.398 (1.12%), hecho grave al comprobar que dado el exiguo movimiento observado en los últimos años del Registro Electoral, existen alrededor de 2.000.000 de personas con derecho al voto que no forman parte del cuerpo electoral. De igual forma, es importante destacar que producto de un seguimiento de la jornada realizado a través de la Plataforma “Venezuela Documenta” se evidenció el llamado proselitista, en redes sociales, de Nicolás Maduro y de otros funcionarios y organismos públicos para la inscripción y actualización de las bases del Partido Socialista Unido de Venezuela, lo cual es violatorio de la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico vigente venezolano. A ello sumamos las fallas en la definición y ejecución de protocolos biosanitarios, tomando en consideración recomendaciones de la OEA, el IIDH, IFES, por citar algunos;
  • La definición de un reglamento de postulaciones paritarias y alternas a escasos días del inicio de postulaciones, acto que violenta, como varios de los puntos antes mencionados, la obligación constitucional de no modificar la ley electoral seis meses antes de la realización de la elección;
  • La transmisión de Maduro y dirigentes del PSUV el día 03.08 en VTV sobre estrategias partidistas para las Elecciones Parlamentarias 2020, acción antagónica al marco constitucional y legal venezolano, amén de los estándares internacionales de elecciones limpias, libres e íntegras, por ser contraria a la debida imparcialidad, igualdad y transparencia;
  • Finalmente, el nombramiento de Leonardo Morales, como Rector, Vice Pdte del CNE y Pdte de la Comisión de Participación Política y Financiamiento, desconoce no solo la CRBV y las Leyes sino inclusive la propia sentencia del TSJ.

Ver rueda de prensa de las organizaciones promotoras

UNID@S POR LA DEMOCRACIA

El primer informe de seguimiento político electoral «Unid@s Por La Democracia» recoge las principales publicaciones y acciones registradas en el mes de julio 2020, sobre el proceso electoral parlamentario
convocado para el 6 de diciembre. Año 1 Nro. 1

En esta primera edición el boletín Unid@s por la Democracia presenta trabajos y acciones adelantadas por Acceso a la Justicia, el Centro de Justicia y Paz (CEPAZ), el movimiento Ciudadano Dale Letra, el Diálogo Social, el Observatorio Electoral Venezolano,el Observatorio Global de Comunicación y Democracia, la Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos (REDAC), la Red de Observación Electoral Asamblea de Educación, y Voto Joven.

PortadaBoletinElectoral1
Portada boletín Unid@s por la democracia

Mensaje del Foro Interreligioso Social de Venezuela: Urge autorizar el acceso del Programa Mundial de Alimentos a Venezuela.

Logo Foro Interreligioso Venezolano

Desde hace al menos cuatro años, nuestro país está atravesando por lo que internacionalmente se conoce como una “emergencia humanitaria compleja”, ahora agravada por la pandemia, que ha dejado como consecuencias inevitables, entre otras, privaciones en los derechos a la salud, la alimentación, la educación, los medios de vida, la seguridad y el acceso a servicios básicos.  

Desde el Foro Interreligioso Social de Venezuela vemos con preocupación que el Estado venezolano no tiene hoy los recursos ni las capacidades requeridas para mitigar los efectos de estas privaciones que padece nuestro querido pueblo. Si bien celebramos los esfuerzos humanitarios coordinados por agencias de Naciones Unidas y organizaciones humanitarias nacionales e internacionales, así como el reciente acuerdo firmado entre el Ministerio del Poder Popular para la Salud, la Asamblea Nacional y la Organización Panamericana de la Salud, resaltamos que son aún muy insuficientes dada la severidad de la emergencia que atraviesa nuestra población.

El estudio que el Programa Mundial de Alimentos llevó a cabo en Venezuela entre julio y septiembre de 2019 indicó que 9,3 millones de personas estaban en situación de inseguridad alimentaria aguda y que 17 millones más estaban implementando estrategias de supervivencia, ya en aquel momento. La pandemia del coronavirus podría llevar también a estas últimas a la inseguridad alimentaria y a condiciones de vida de severa precariedad, tal y como también alertan el Reporte Global de Crisis Alimentarias 2020, el Informe sobre Seguridad Alimentaria bajo la Pandemia de la COVID-19, realizado por la FAO y la CELAC, los estudios realizados por el Instituto Europeo de Paz y la reciente encuesta ENCOVI. Al mismo tiempo El boletín de Desnutrición infantil de Caritas de Venezuela señala que, en abril de 2020, la desnutrición aguda global alcanzó un 17,3%, lo que representa un aumento de 8,4 % comparado con enero de ese mismo año.

Por las razones expuestas el Foro Interreligioso Social de Venezuela, asumiendo nuestro rol espiritual y profético, junto a diversos actores sociales y haciéndonos eco del llamado de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien en su Informe del 2 de julio de 2020 recomendó́ al Estado venezolano facilitar “el acceso del Programa Mundial de Alimentos”, hacemos un llamado responsable al Estado venezolano para que apoye y promueva el ingreso a Venezuela del Programa Mundial de Alimentos – con sus múltiples capacidades de apoyo (programas alimentarios, asistencia a niños, transferencias de efectivo, apoyo a productores, logística), en coordinación con órganos del Estado en sus distintos niveles, con la participación de actores humanitarios locales e internacionales, sector agro-productivo y otros actores clave –  a fin de favorecer a la población más vulnerable en el marco de la aguda crisis que se ha visto ampliada y profundizada por la pandemia de la Covid-19.

Exhortamos a la comunidad internacional de donantes a continuar apoyando los esfuerzos de cooperación, sin los cuales se hace prácticamente inviable ofrecer las respuestas urgentes y necesarias para brindar asistencia a las personas más vulnerables, salvar vidas y evitar más sufrimiento.

Invitamos de igual manera a todos los actores relevantes a favorecer la mutua comprensión y apoyo entre todos los venezolanos. Tenemos una responsabilidad colectiva de encontrar soluciones duraderas y de elaborar las propuestas desde el país que tenemos, reconociendo sus clamores y demandas. La preocupante situación de nuestra población exige de nosotros, del Estado venezolano y de todas las organizaciones e instituciones sociales, económicas y políticas, adoptar con urgencia medidas de acompañamiento para superar sus condiciones de vulnerabilidad.

La presencia del coronavirus en Venezuela y sus efectos en una población que, en su gran mayoría, vive en condiciones precarias, nos obliga a actuar sin dilación. De no hacerlo, en poco tiempo podríamos estar en presencia de niveles inimaginables de pérdida de vidas y de sufrimiento humano. Actuemos juntos desde el amor y el deseo de paz.

En Caracas, a los 21 días del mes de julio de 2020.

Acuerdos por la dignidad y la vida

Acuerdos por la dignidad y la vida

Escrito por: Feliciano Reyna Ganteaume.

Frente a la pandemia provocada por el coronavirus 19 (COVID-19), proteger la vida y la dignidad de las personas debe estar en el centro de todas las decisiones que se tomen actualmente en el país.

Como resultado de decisiones políticas erradas, erosión del estado derecho, desmantelamiento institucional y gran corrupción, desde hace varios años la población venezolana ha vivido un progresivo deterioro de sus condiciones de vida, que en 2016 resultó en una emergencia humanitaria compleja con gravísimas consecuencias: generalización del hambre, precarización del acceso a la salud y a la educación y la migración forzosa de casi 5 millones de personas. El deterioro en la provisión de servicios esenciales como el agua, la electricidad, el transporte público contribuyó con la profundización de los daños.

Este proceso lento hizo posible que sectores diversos de la población pudieran adoptar estrategias de sobrevivencia, dentro de la precarización general: muchas personas, familias y comunidades utilizaron sus capacidades y su creatividad para continuar procurándose medios de vida y apoyándose solidariamente; otras se defendieron por medio de subsidios del estado, en dinero y especies, aunque sus montos, calidad y alcance fueran insuficientes, y su implementación respondiera a criterios politizados y discriminatorios.

Sin embargo, el impacto de la pandemia es inmediato, en términos de sufrimiento y pérdida de vidas humanas, y puede ser devastador para Venezuela. Aún en los países donde los sistemas de salud pública y privada tienen capacidad de respuesta, como Italia y España, el avance del COVID-19 ha alcanzado a miles de personas en muy poco tiempo y compromete gravemente las capacidades de atención médica. La pandemia exige además un enorme esfuerzo por parte del personal de salud, orden público, aseo urbano, distribución de alimentos, transporte y, en general, de toda la población, a la que se exhorta a mantenerse en cuarentena o, en el caso de personas afectadas, en aislamiento.

Para las mayorías vulnerables en Venezuela, que ya sufren los efectos de la emergencia humanitaria compleja, no es suficiente ni posible manejar la propagación del COVID-2019 solamente con medidas de control, si no se les provee de medios de vida ni acceso a servicios básicos. De no ser así, no puede obligarse a que se confinen en sus hogares a quienes viven al día, no tienen agua corriente durante semanas, sufren de cortes de electricidad durante horas o días y tienen que hacer colas semanales por bombonas de gas. El contexto venezolano no es el mismo que el de los países cuyas poblaciones pueden soportar cuarentenas o aislamientos obligatorios.

Este momento de urgencia y de alta responsabilidad nos apremia a exigir a quienes tienen hoy ejercen la conducción política en Venezuela a llegar a acuerdos para preservar la vida de la mayoría vulnerable de la población venezolana y de garantizarle condiciones de vida digna, mientras nos enfrentamos a los graves impactos de la pandemia del COVID-19.

En primer lugar, es imperativo designar un grupo de alto nivel, interdisciplinario e interinstitucional, conformado por personas expertas nombradas sin consideraciones de tipo ideológico-políticas, provenientes de los ámbitos de la salud, la alimentación, la economía, la organización comunitaria, para coordinar la respuesta nacional al COVID- 19. Este grupo debe tener capacidad e independencia de acción y de vinculación con agencias humanitarias internacionales y con organizaciones de sociedad civil nacional e internacional. Las acciones de la Fuerza Armada Nacional y órganos de orden público deben estar subordinadas a sus mandatos.

Una elección libre en Venezuela solo será posible a través de un acuerdo político real entre los actores con capacidad de decisión

Una elección libre en Venezuela solo será posible a través de un acuerdo político real entre los actores con capacidad de decisión. 

En medio de las extremas circunstancias que atraviesa el país, la mayoría de los venezolanos se manifiesta a favor de una salida pacífica a la crisis y han mostrado su disposición a votar si se les ofrecen condiciones y garantías de competitividad, así como de respeto al voto popular expresado en las urnas, en definitiva: el derecho a Elegir.

Rechazamos las recientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia sobre el nombramiento de una nueva directiva ad hoc del Consejo Nacional Electoral, ya que la misma constituye un obstáculo para el avance de un camino esperanzador emprendido por la Asamblea Nacional, a través del Comité de Postulaciones Electorales.

Asimismo, consideramos inaceptables las sentencias referidas a las intervenciones de los partidos Acción Democrática, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular, ya que dichas medidas suman mayor desconfianza y desmotivación entre el electorado y representan nuevos obstáculos a las posibilidades de una reconstrucción transparente y concertada de la vía electoral para la solución de los urgentes problemas que afronta el país.

Insistimos en que la solución a la crisis actual exige el entendimiento y el mutuo reconocimiento de roles, aspiraciones y posiciones entre los actores políticos y los distintos sectores sociales. El Diálogo Social propuesto por diversas voces de la sociedad civil venezolana apunta al establecimiento de los nexos de confianza necesarios entre los diversos actores políticospara avanzar en un proceso de entendimiento que permita la restitución de la senda democrática y la reinstitucionalización del país.

Es obligatorio recordar que los venezolanos enfrentamos una grave crisis humanitaria que sólo es posible enfrentar con recursos financieros internacionales que hoy no encuentran el cauce ni la gobernabilidad necesarias para ser ejecutados.

Creemos necesario identificar áreas elementales de interés común, a partir de las cuales se pueda acordar una solución aceptada mutuamente, que reduzca los costos políticos para los actores, y que permita avanzar en un acuerdo político para la solución a la crisis venezolana, a través de la realización de elecciones libres y competitivas, lo que constituye hoy un imperativo insoslayable.

Consideramos igualmente imperativa la reanudación de un proceso de negociación formal entre los actores, tal como el auspiciado por el gobierno de Noruega, de forma de garantizar el seguimiento y cumplimiento de los acuerdos.

Seguimos comprometidos con la reconstrucción de la ruta electoral de forma transparente, institucional y como paso ineludible para la reconstrucción democrática. Hoy más que nunca es necesario el compromiso expreso de todos los actores, tanto nacionales como internacionales en la defensa de los derechos civiles y políticos, la vigencia del voto y la exigencia de condiciones necesarias para su ejercicio libre y eficiente.

Organizaciones que suscriben:

  • A.C Médicos Unidos de Venezuela
  • Asosaber
  • Baruta En Movimiento
  • Caracas Ciudad Plural
  • Centro de Justicia y Paz (CEPAZ)
  • Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional
  • Convite AC
  • EXCUBITUS derechos humanos en Educación
  • Fundación Centro Gumilla
  • Instituto Progresista
  • MONITOR SOCIAL AC
  • Movimiento Ciudadano Dale Letra
  • Observatorio Electoral Venezolano (OEV)
  • Observatorio Global de Comunicación y Democracia
  • Observatorio Venezolano de Prisiones
  • Oportunidad Acciones Ciudadanas
  • Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)
  • PROMEDEHUM
  • Red de Observación Electoral de Asamblea de Educación
  • Sinergia
  • Voto Joven

Personas:

  • Alexis Ramírez
  • Anais López
  • Carlos Medina
  • Carolina Girón
  • Enrique Esteban Niño Pineda
  • Griselda Colina
  • Henry Jaspe
  • Ismael Pérez Vigil
  • Jaime Lorenzo
  • Jesús Castellanos Vásquez
  • Jorge Botti
  • Luis E. Lander
  • Luis Fco Cabezas
  • Luis Martinez R
  • Luisana SUbero
  • Manfredo González
  • Manuel Zapata
  • Maria Lucas Teran Valecillos
  • Rafael Uzcátegui
  • Rigoberto Rendón Valero
  • Rigoberto Lobo
  • Rocío San Miguel
  • Soledad Rodríguez
  • Wanda Cedeño
  • Yldemar Enrique Valera Torrealba

Todos somos necesarios

Todos somos necesarios

Escrito por: Huníades Urbina-Medina. Pediatra-Intensivista. Presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, secretario de la Academia Nacional de Medicina.

En épocas de contingencia como la actual, que padece el mundo, de la cual Venezuela no escapa, afloran una serie de capacidades, actitudes, sentimientos y se pone en evidencia nuestro lado más humano, de donde nace la frase “todos somos necesarios”, y es tarea de cada uno de nosotros que no quede en una frase hueca y sin sentido.

Todos somos necesarios para superar esta pandemia, cada uno desde su sitio puede dar lo mejor de sí para paliar esta dura prueba que estamos enfrentando.

El Ejecutivo Nacional debería estar dando información veraz, surtiendo a los hospitales con los tan valiosos insumos, ya menguados, antes de las medidas de emergencia dictadas a raíz de esta contingencia y sobre todo dar protección adecuada a todo el personal de salud quienes son la primera línea de defensa de la población en general al acudir a los hospitales. Si tomamos la experiencia de otros países, y nuestro personal de salud se enferma, más sin las medidas de protección adecuada, ¿Quién atenderá a los enfermos?

Los Políticos deberían estar haciendo un alto en sus intereses personales y bajarse un poco de sus egos y trabajar unidos en aportar propuestas para ayudar a calmar las angustias generadas ante la incertidumbre que produce la paralización económica que augura una recesión global sin precedentes, lo cual puede empobrecer aún más a la depauperada sociedad venezolana.

El Personal de salud valientemente estando al frente de las emergencias de los hospitales, centinelas o no, dando lo mejor de sí, aun a pesar de la desasistencia y la desprotección a la cual están expuestos, pero siempre pensando en no abandonar a nuestros pacientes, y en muchas ocasiones anteponiendo su seguridad personal y las de su grupo familiar por atender a los más necesitados.

Los Sociólogos, Psicólogos y Psiquiatras, haciendo lo propio, dado orientación gratuita y solidaria a las personas en confinamiento a través de las redes sociales, buscando espacios de distención como este, haciendo más llevadero el aislamiento.

Cibertertulia. Venezuela: Retos electorales en tiempos de COVID-19.

Venezuela: Retos electorales en tiempos de COVID-19.

¿Cuáles son los retos electorales que plantea el Covid-19 para Venezuela?, esa fue la interrogante que unió en una tertulia virtual a cuatro expertos venezolanos en el tema electoral: el politólogo y profesor universitario Héctor Briceño; el sociólogo y politólogo Juan Manuel Trak; el periodista especializado en temas electorales Eugenio Martínez y el politólogo y consultor Jesús Castellanos Vásquez.

Temas:

Los temas tratados en la cibertertulia fueron los siguientes: Diagnóstico del sistema electoral. Crisis política. Pandemia. Condiciones electorales mínimas. Condiciones sanitarias. Viabilidad de mecanismos alternativos de votación. Campaña electoral y distancia social. Observación electoral.

Dinámica:

La Cibertertulia planteó dos intervenciones por cada participante. Una intervención principal de 7 minutos, seguida de una segunda intervención de 3 minutos.

Primera parte:

Segunda parte:

La segunda intervención fue dirigida a establecer un diálogo entre los cotertulios: preguntar, refutar, reforzar ideas comentadas durante las cuatro intervenciones principales.

En esta segunda intervención también se respondieron preguntas recibidas a través del chat del canal de YouTube, presentadas por la moderadora.

Link:

https://www.youtube.com/watch?v=bYyDyoavHHI&feature=emb_err_woyt

Conjurar amenaza del coronavirus exige grandes acuerdos.

Conjurar amenaza del coronavirus exige grandes acuerdos.

Escrito por: Víctor Álvarez R. Premio Nacional de Ciencias.

El coronavirus sorprende a Venezuela en un estado de extrema vulnerabilidad. El sistema de salud del país está muy deteriorado y hay un alto porcentaje de la población que depende de la salud pública. Venezuela necesita apoyo técnico y financiero para compensar la precariedad del sistema hospitalario y el colapso de los servicios públicos, entre ellos el servicio de agua potable, imprescindible para lavarse con frecuencia las manos y evitar el contagio y propagación del virus. Si no se consigue financiamiento y asistencia técnica para complementar las capacidades y recursos locales, la emergencia puede convertirse en una catástrofe.

Venezuela no superará la crisis económica y social, ahora amplificada con la llegada del COVID-19, sin un gran acuerdo entre las élites políticas que se disputan el poder. La división del reconocimiento internacional sobre cuál es el legítimo Gobierno de Venezuela, dificulta las gestiones de financiamiento y asistencia técnica que con urgencia necesita el país.

Ya vimos como el enfrentamiento político afecta las posibilidades de obtener el financiamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI). Maduro y Guaidó podrían gestionar juntos una solicitud urgente a los organismos multilaterales para pedir y coordinar asistencia financiera y humanitaria, pero siguen enfrascados en una confrontación estéril en la que lo que más le importa a uno es lograr la rendición incondicional y humillante del otro.

No es hora de protagonismos ni de politizar las circunstancias. Tampoco de acusarse mutuamente por las consecuencias que la Nación pueda sufrir, en caso de una propagación masiva y acelerada del coronavirus. La enfermedad no distingue entre oficialistas y opositores. La amenaza hay que enfrentarla con el esfuerzo de todos, dejando a un lado la confrontación política fratricida. Lo que está en juego es la vida.

Para las élites políticas en pugna, el desafío del coronavirus tiene dos alcances, uno puntual o parcial y otro más general o total. Si el fin es conjurar la amenaza de la pandemia, el desafío se enfoca en construir un acuerdo político entre Maduro y Guaidó para que cedan a una administración internacional (ONU, PNUD, OMS, OPS, CRI) los fondos que se generen y recauden para atacar la pandemia. Este sería un acuerdo político puntual para evitar una masiva y acelerada propagación de la enfermedad. 

El otro desafío, el más general y de mayor alcance, exige a las fuerzas políticas en pugna una visión de largo plazo. Va más allá de la urgencia de complementar capacidades y recursos para poner bajo control la pandemia. Ese desafío más abarcador exige grandeza humana -que ojalá las élites políticas tengan-, para poner al país por delante de sus proyectos políticos y de unas ambiciones personales que apuestan al todo o nada, al ganador se lo lleva todo.

Con sanciones es imposible atender el coronavirus sin descuidar la economía

El coronavirus llega a un país con una economía en ruinas y un sistema de salud colapsado. La cuarentena social para reducir el contagio del COVID-19 afecta a la producción y el comercio, y puede agravar la escasez crónica que castiga a los hogares, empresas e instituciones. Venezuela está atrapada en un círculo vicioso: no va al trabajo para sobrevivir, pero si no produce tampoco podrá vivir.

El sector privado nacional reclama ayuda. Pequeñas y medianas empresas paradas, sin producción, sin ventas y sin poder cobrar facturas pendientes, comienzan a sufrir problemas de flujo de caja y se les hace difícil hasta pagar la nómina. Voceros de Fedecámaras, Conindustria, Consecomercio y Fedeindustria han planteado posponer y disminuir el cobro de ISLR, IVA y otros tributos. Las compensaciones económicas que piden los gremios empresariales incluyen el pago de nóminas en las empresas que se han visto obligadas a interrumpir su actividad.

Pero la lógica del Gobierno es diferente, toda vez que necesita que las empresas terminen de pagar el ISLR antes del 31 de marzo para contar con recursos que le permitan encarar la amenaza del coronavirus. Venezuela es un país cuyas finanzas públicas están quebradas por la prolongada contracción económica que ha llevado a miles de empresas a cerrar cada ejercicio fiscal con pérdidas, sin poder pagar mayores impuestos. La hiperinflación ha desembocado en una creciente informalización de las operaciones de compra-venta en las que no se pide la factura fiscal para ahorrarse el pago del IVA. Y las exoneraciones arancelarias también han mermado los ingresos fiscales. La Tesorería Nacional está seca y no tiene recursos para compensar la postergación del ISLR o rebajas en el IVA, a no ser con emisiones de dinero por parte del BCV que atizarían nuevamente la hiperinflación. 

En este contexto de restricciones económicas donde los fondos públicos no alcanzan para todo, el gobierno se enfrenta al dilema de concentrar los escasos recursos en el control de la pandemia y, a la vez, compensar el impacto económico de la cuarentena sobre las empresas. El gobierno necesita ingresos para pagar a los trabajadores que se quedan en su hogar, sobre todo a los del sector informal que no están en ninguna nómina y ponen comida en la mesa de su casa con lo que se ganan día a día. Pero conjurar la amenaza del COVID19 impone la necesidad de alcanzar una masa crítica de fondos que -en el corto plazo- se deben destinar de manera prioritaria a las medidas preventivas para evitar un contagio masivo y acelerado que no pueda ser atendido por el precario sistema hospitalario del país.

Es necesario comprender que esta no es una crisis económica sino una crisis sanitaria. El sacrificio fiscal resta recursos a la lucha contra el coronavirus y no servirá de nada si no se consigue controlar la pandemia. Tener claras las prioridades es la clave para concentrar los esfuerzos en la causa del problema, en vez de distraer recursos en paliar unas consecuencias que seguirán manifestándose si no se controla antes la propagación de la enfermedad.

Con el endurecimiento de las sanciones financieras y comerciales por parte del gobierno de EEUU, armonizar la atención al coronavirus con las compensaciones a la economía se hace muy difícil. El poco margen de maniobra que le queda al Gobierno para atender la economía se reduce a medidas monetarias y financieras. Apenas puede reducir el encaje legal para liberar liquidez bancaria y usar esos fondos para reactivar el crédito y dar oxígeno financiero a las empresas.

Levantar sanciones para liberar recursos que permitan enfrentar el coronavirus sin descuidar la economía

Donald Trump denuncia la responsabilidad del Gobierno de Nicolás Maduro en la crisis venezolana y le pone precio a su cabeza al ofrecer una recompensa de 15 millones de dólares. Promueve la ayuda humanitaria, pero a la vez endurece las sanciones a un país con una economía exhausta y un pueblo que huye por millones del hambre, la enfermedad y la inseguridad.

Las sanciones económicas parten del falso supuesto de que el agravamiento de las precarias condiciones de vida de la gente generará una creciente presión social que, al estallar, provocará la caída del gobierno. Con esa obstinada convicción, la llegada del COVID19 es vista como la oportunidad para que las sanciones económicas finalmente den al traste con el régimen de Maduro.

Un país en las condiciones de Venezuela debería recibir asistencia internacional en lugar de sanciones comerciales y financieras.  Más que castigar a la nomenclatura gubernamental, las sanciones tienen un impacto negativo en la economía y perjudican a la población. Y en medio de la pandemia de COVID-19 son una amenaza a la sobrevivencia de todas las personas que resulten contagiadas.

Está claro que las sanciones no dan origen a la contracción de la economía venezolana, pero han sido un factor catalizador que ha acelerado y agravado el colapso de la producción petrolera y del aparato productivo en general. Solo en 2019, año en el que se endurecieron las sanciones estadounidenses al hacerlas extensivas a empresas privadas nacionales o extranjeras proveedoras y contratistas del gobierno, Venezuela perdió 35 % de su PIB. 

EEUU sancionó a Rosneft Trading por comercializar el petróleo venezolano y presionó a empresas de India, China y España para que dejen de comprar crudos de Pdvsa bajo la amenaza de que sus cuentas y activos en territorio estadounidense serían bloqueados. Cada vez son menos los que se arriesgan a ser sancionados y quienes lo hacen exigen escandalosos descuentos que castigan el menguado ingreso de Venezuela. Así, las sanciones económicas merman considerablemente la capacidad de comprar alimentos y medicinas. Por el riesgo reputacional y temor a ser sancionados, proveedores tradicionales se inhiben de hacer negocios con Venezuela y agravan el problema del abastecimiento.

EEUU debería suspender las sanciones económicas y dejar de bloquear las gestiones de Venezuela para obtener el financiamiento que le permita encarar la amenaza del coronavirus. Aprovechar el avance de la pandemia para agravar el sufrimiento de un país azotado por el hambre y la enfermedad es una política abominable desde el punto de vista ético y moral. Es tan atroz como la violación de los derechos humanos de los cuales se acusa al Gobierno de Nicolás Maduro.

De la obsesión electoral al Gobierno de Coalición

Debido a las crecientes rencillas y divisiones en el seno de la Oposición, el Oficialismo está seguro que puede ganar las parlamentarias y recuperar el control de la AN. Lo mismo cree la Oposición electoral sin representación parlamentaria, la cual está dispuesta a participar con la certeza de que capitalizará el voto del alto porcentaje del electorado que está cada vez más descontento con la pésima gestión de gobierno. Por eso quieren que las parlamentarias se hagan este año.

Pero si el virus no ha sido controlado y se puede propagar masiva y aceleradamente en las actividades de la campaña electoral, para evitar que la emergencia humanitaria se convierta en una catástrofe hay que dejar a un lado la obsesión electoral, expresada en la certeza que ambos bandos tienen de su seguro triunfo en las parlamentarias.

El reto de las élites políticas pasa por considerar la conveniencia para la salud nacional de posponer las elecciones y pactar un Gobierno de Coalición entre Oficialismo y Oposición, que incluya, pero trascienda las acciones conjuntas para encarar la amenaza del coronavirus. 

Una vez superada la emergencia sanitaria, la solución de la crisis estructural que azota al país debe ampliar el mandato de ese Gobierno de Coalición para que no solo abata la amenaza del COVID19, sino que además lleve a cabo un Programa de Reformas Económicas, reinstitucionalice el país e inicie el desarme de los colectivos para convocar luego elecciones generales, de tal forma que quien resulte ganador reciba una economía saneada y un país reinstitucionalizado y pacificado que se pueda gobernar. 

Este es un desafío que va más allá de un acuerdo puntual entre Maduro y Guaidó, enfocado única y exclusivamente en conjurar la amenaza del coronavirus. Conformar un Gobierno de Coalición exige una estatura superior de las élites políticas que están emplazadas a apartar odios y afanes de protagonismo para abrirle paso a los grandes acuerdos que el país necesita, a fin de superar la crisis estructural que lo está despedazando y lo deja sin capacidad de respuesta ante amenazas tan peligrosas como la pandemia del COVID19.