Venezuela: la necesidad de construir confianza electoral

Juan Manuel Trak

Dr. en Procesos Políticos Contemporáneos y Máster en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca. Sociólogo de la Universidad Católica Andrés Bello. Asesor y consultor el tema políticos y electorales.


Venezuela: la necesidad de construir confianza electoral


Las elecciones son un proceso central de cualquier sistema democrático. Si bien pueden existir procesos electorales en sistemas no democráticos (por ejemplo plebiscitos), hasta el momento  no se conoce un sistema democrático en el que el sufragio no exista. Giovanni Sartori, politólogo italiano, definía la democracia como un sistema político basado en el poder popular, es decir, en el poder de la ciudadanía. Según este autor, el pueblo es el titular del poder mientras que su ejercicio es confiando a los representantes electos periódicamente[i].

Desde esta perspectiva, entendemos las elecciones como un medio para ejercicio de la ciudadanía y como un procedimiento mediante el cual se pueden tomar decisiones colectivas de manera inclusiva. Pero las elecciones son procesos complejos que ocurren en contextos políticos y sociales más amplios, los cuales afectan tanto su funcionamiento objetivo como la evaluación subjetiva que hacen ciudadanos, partidos políticos, asertividad, organizaciones de la sociedad civil y la comunidad internacional. Así, para que una elección sea el reflejo de la voluntad ciudadana requiere, entre otras cosas, de la confianza de todos los involucrados en el proceso.

En este orden de ideas, entendemos por confianza la creencia que tienen las personas en que los otros cumplirán con sus obligaciones o que, por lo menos, no actuarán en contra de sus intereses. Si extrapolamos esta definición a la esfera de lo político, podríamos decir que la confianza es la creencia en que las instituciones políticas actuarán de forma justa, atendiendo a lo establecido en las leyes. Si vamos un poco más lejos, la confianza en las elecciones supondría la creencia en que el proceso electoral está organizado de tal manera que es capaz de reflejar en sus resultados las preferencias políticas de la gente.

Siguiendo lo propuesto por la Fundación Kofi Annan[ii], la confianza en las elecciones y sus resultados es un pilar de la legitimidad de cualquier sistema democrático. Según esta visión “la credibilidad de las elecciones es descalificada, si los votantes no creen que las autoridades responsables de organizarlas son autónomas e independientes”. De esta suerte, la confianza de la elección y sus resultados impacta directamente en el apoyo hacia las autoridades, la desconfianza abre las puertas a condiciones que favorecen la ingobernabilidad y el autoritarismo.

Las dimensiones de la confianza

En este orden de ideas, la confianza en las elecciones se ve afectada por dos dimensiones fundamentales: condiciones políticas y calidad técnica de las elecciones. La primera dimensión se refiere al ejercicio efectivo de los derechos civiles y políticos de la ciudadanía. Así, una elección será más confiable a los ojos de la gente en la medida que haya igualdad política, libertar de expresión, libertad para elegir y ser elegido, entre otras. De la misma manera, las condiciones políticas también se refieren a la existencia de un árbitro que actúe con neutralidad institucional, y aplique el marco normativo de forma equitativa.

Por otro lado, las condiciones técnicas hacen referencia a los aspectos operativos que garantizan que el resultado de la elección refleja la voluntad de la ciudadanía.  Estos aspectos técnicos abarcan las diferentes fases del proceso electoral: desde el la creación de leyes, nombramiento de autoridades, registro de electorales, partidos y candidatos, pasando por las diferentes auditorías prelectorales, el sistema de votación, el escrutinio del voto y las auditorías poselectorales. En este caso, la confianza hacia las condiciones técnicas está mediada por las evaluaciones que hacen de las mimas los partidos políticos, lo medios de comunicación, la organización de observación electoral nacional e internacional, quienes emitirán sus juicios ante la opinión pública; influyendo así en la confianza de los ciudadanos hacia el proceso electoral.

En Venezuela, el ejercicio de los derechos civiles políticos es cada vez más cuesta arriba. Quienes ejercen el poder político han limitado de manera sistemática y progresiva el ejercicio de la ciudadanía. El poder del voto ha sido reducido mediante la imposición de condiciones políticas que impiden el libre ejercicio del poder popular, así como el diseño de un sistema electoral que genera desconfianza.

Desde el punto de vista de las condiciones políticas, Venezuela ha carecido de un árbitro electoral que actúe con neutralidad institucional. Desde la aprobación de la constitución de 1999, el Consejo Nacional Electoral no ha sido nombrado siguiendo lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV)[iii] y la Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE)[iv]. Como resultado, quienes han dirigido el Consejo nacional Electoral actúan en contra de la confianza de los ciudadanos hacia las elecciones y el poder de su voto.

A lo anterior cabe añadirle la manipulación de la oferta electoral mediante el uso de medidas administrativas por parte del CNE, la inhabilitación de candidatos por parte dela Contraloría General de República  o la intervención del Tribunal Supremo de Justicia en los partidos políticos de oposición.

Desde el punto de vista técnico, la opacidad con que se ha manejado el Registro Electoral, la flexibilización de garantías para evitar la usurpación de identidad y duplicidad del voto, la manipulación del calendario electoral, la limitación de la observación nacional y la prohibición de observación internacional calificada, entre otros, reducen la credibilidad de los resultados de los comicios

Acuerdos y principios

Para revertir esta situación es necesario la construcción de un acuerdo político nacional en el que los diversos actores sociales y políticos establezcan un conjunto de principios y prácticas orientadas a restablecer la confianza en las elecciones. Lo anterior pasa por la creación de una comisión de alto nivel capaz de elaborar una propuesta de reforma política y electoral que reconozca las limitaciones de la situación actual, los conflictos existentes y proponga medidas de corto, mediano y largo plazo con el fin de rescatar la institucionalidad democrática en el país.

Evidentemente, la construcción de un acuerdo político de esta naturaleza requiere de la cooperación firme de diversos sectores políticos y sociales que actualmente carecen de confianza mutua. Un primer paso sería la generación de espacios para la construcción de esa confianza perdida, sobre todo entre actores no gubernamentales de diversa naturaleza. Un segundo paso sería la conformación de una alianza democrática que impulsara una agenda de reformas político-institucionales en las que todos los sectores políticos se vean reflejados.

En todo caso, cualquier reforma política tendrá que devolverle a la ciudadanía su poder, la libertad de elegir quienes les gobiernan y que su elección no solo se vea reflejado en el resultado de la elección, sino que se respete el ejercicio efectivo del poder de los representantes electos a través del voto popular.


[i] Sartori, Giovanni. Elementos de teoría política. Madrid: Alianza, 2008, p. 46.

[ii] Kofi Annan Foundation. Confidence in elections and the acceptance of results. Policy brief 1. Más información en https://www.kofiannanfoundation.org

[iii] Ver artículos 295 y 296 de la CRBV.

[iv] Ver artículo 30 de la LOPE.

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Venezuela y la necesidad de nuevos pactos.

Maryhen Jiménez

Politóloga (BA Universidad Goethe Frankfurt), MPhil en Estudios Latinoamericanos (Universidad de Oxford), Doctora en Ciencias Políticas (Universidad de Oxford)  


Venezuela y la necesidad de nuevos pactos.


Hay momentos en los cuales la historia toma rumbos inesperados causados por algún evento imprevisto. Las pandemias anteriores, por ejemplo, incluyendo la peste negra (1348) o la gripe española (1918) produjeron una serie de cambios importantes en el ámbito político y socio-económico en los diferentes países.  ¿Por qué no pensar, entonces, que la Covid-19 podía ser ese evento inesperado que facilitara el cambio en Venezuela?

Las transiciones a la democracia son procesos inciertos y no lineales. Y si bien la literatura sobre transiciones ha destacado que la presión interna, divisiones en la coalición autoritaria, garantías a las élites del régimen saliente o la presión internacional pueden ser factores catalizadores en un proceso de transición, siempre puede haber un acontecimiento sorpresa que facilite la transición. Bajo esta premisa se podía asumir que la Covid-19 podía representar una “ventana de oportunidad” que promoviera un descontento popular masivo y con ello una transición negociada. Sin embargo, a pesar del acuerdo entre el gobierno y la Asamblea Nacional y la OPS para atender la crisis humanitaria, no se ha consumado el cambio político ­­que la vasta mayoría de la población venezolana desea. ¿Por qué?

En primer lugar, la pandemia en vez de generar oportunidades para el entendimiento político ha generado el efecto contrario: más represión y control social. Esto no ha ocurrido solo en Venezuela, sino también en distintas escalas en China, El Salvador, Filipinas, Hungría o Nicaragua. Los autócratas del mundo han visto en la Covid-19 y las medidas de aislamiento social que ésta amerita, una oportunidad para justificar la desarticulación social, crear miedos y dependencias hacia el Estado y acelerar sus proyectos autoritarios. En Venezuela, el régimen autoritario en efecto ha incrementado la persecución por razones políticas, criminalizado todo activismo, desarticulado a la oposición política y militarizado aun más al país. Todo esto ocurre mientras la población se encuentra en modo de supervivencia perenne, buscando agua, alimentos, medicamentos y ahora también gasolina. En estas circunstancias, no pareciera que la movilización interna, necesaria para generar presión sobre cúpula autoritaria, pueda ser el detonante que conduzca al país a una transición. Por otro lado, la presión internacional fuertemente ejercida desde los Estados Unidos y acompañada de la Unión Europea y varios países latinoamericanos tampoco ha logrado crear los incentivos necesarios para que las élites autoritarias acepten un cambio de régimen. Las sanciones multilaterales, el indicment por parte de EE. UU. o la retórica frontal no han generado las fracturas esperadas y tampoco la confianza necesaria para bajar los costos de un proceso de transición, reconciliación y justicia.

Si bien el panorama luce adverso y las estrategias democratizadoras promovidas por el liderazgo político y la comunidad internacional hasta ahora han fracasado, falta mucho por hacer. Veamos.

Ningún caso es idéntico a otro, sin embargo, los regímenes autoritarios tienen algo en común: su ambición infinita por el poder. En otras palabras, ningún régimen avanza en controlar todas las instituciones del Estado, comete graves violaciones de derechos humanos, tolera y promueve la economía ilícita, así como la corrupción para entregarse fácilmente en un momento dado. Por el contrario, la lógica autoritaria siempre será controlar aun más las instituciones y el espacio público para garantizar continuidad autoritaria. Sin embargo, la historia demuestra que -por más difícil que luzca- las transiciones sí ocurren y los autócratas, en muchos casos, sí negocian sus salidas. Pero para que eso suceda el único foco no puede ser la salida del autócrata, sino el diseño de un pacto político que dé garantías a los actores y goce de su confianza.

Los estudios sobre transiciones democráticas señalan que el pacto entre élites, como mecanismo de cambio, es el que más probabilidades de gobernabilidad y estabilidad posterior ofrece. Los pactos, así como el de la Moncloa en España, los de Sudáfrica y nuestro propio pacto de Puntofijo, ayudan a definir las reglas del juego democrático a través de una combinación de acuerdos formales e informales. Con ello se generan un conjunto mínimo de expectativas entre las élites sobre “lo que puede y no puede hacerse” en el período post-transición, creando así garantías y cierta certeza sobre la convivencia pacífica en la democracia emergente.

Esos trade-offs son difíciles de procesar, tanto para la población como para el liderazgo político. Sin embargo, debemos adoptar los pactos, es decir el entendimiento político, como nuestra primera opción estratégica. Eso implica, por un lado, descartar falsas ilusiones de una invasión extranjera, y, por el otro, recuperar la confianza en nuestra propia capacidad social y política para diseñar nuestro futuro democrático.

Así como al régimen autoritario le tomó muchos años desmantelar las instituciones y el estado de derecho, así también nos tomará tiempo construir un camino que nos conduzca a la democracia y al restablecimiento del estado de derecho. Ese proceso podrá agilizarse y fortalecerse una vez que la ciudadanía decida ser arquitecta de su propio futuro. No debemos entender por presión doméstica solo la movilización -puntual o sostenida- en contra del autoritarismo, sino conceptualizarla como un movimiento democratizador que busque no solo la transición, sino la transformación de Venezuela. 

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Pandemia y derechos civiles y políticos: el poder está en la gente.

Debora Van Berkel

Licenciada en educación. Presidenta de SINERGIA, Red Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil que agrupa a 58 organizaciones. Investigadora-consultora en el área de Sociedad Civil y Participación en el Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos.  


Pandemia y derechos civiles y políticos: el poder está en la gente


El impacto de la pandemia ocasionada por el Covid-19 se evidencia en todos los ámbitos de la vida y se expresa de manera diferenciada, según las condiciones previas y las políticas adoptadas por cada país para enfrentarla.

Algunas voces se han levantado para llamar la atención sobre muchas de esas políticas, considerando que no pueden ser aplicadas con medidas que limiten o vulneren las garantías y el ejercicio de derechos fundamentales, como es el caso de la Alta Comisionada para los derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Doctora Michelle Bachelet.

El llamado de atención llega muy directamente a la América Latina, región en la que las marcadas desigualdades, la exclusión y limitaciones en la institucionalidad democrática, dificulta la articulación de respuestas más efectivas a esta crisis que ha llegado a complicar más aún los escenarios anteriores a su aparición, desafiando los sistemas sanitarios que funcionan con muchas precariedades,  a los gobiernos y a toda la sociedad que ha visto como sus condiciones de vida y la seguridad de la población están afectadas integralmente.

En este marco, los derechos civiles y políticos también están siendo impactados, en tanto que en la mayoría de los países se han promulgado Estados de Excepción, estableciendo medidas de control y de concentración del poder sobre la base de la necesidad de enfrentar una enfermedad que está desafiando a todo el planeta, generando nuevas condiciones socio económicas y políticas, sin mediar la consulta o la participación de distintos actores, ni en su diseño ni en como paliar los efectos adversos de las mismas.

La presión social en demanda de reivindicaciones y derechos que se venían presentando hacia las instituciones y los liderazgos políticos, se han visto contenidas ante una nueva realidad. Las limitaciones a derechos como el libre tránsito y movilidad, reuniones masivas, a la libertad de expresión, información y asociación, entre otros, están incorporados en diversos decretos emitidos y en decisiones ejecutivas, que incluye -en varios casos- a las fuerzas militares en el control de la seguridad pública y otras medidas especiales.

Los procesos electorales previstos en varios países han sido suspendidos o pospuestos, generando consecuencias para dinámicas políticas que se venían desarrollando. Para tener una visión sobre la celebración de procesos electorales en el mundo, el Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), en su Panorama global del impacto del Covid-19 en las elecciones, sostiene que en el período entre el 21 de febrero y el 7 de junio, al menos 66 países y territorios han decidido posponer elecciones nacionales y sub-nacionales y 30 decidieron realizarlas según lo planeado.

En nuestra región, se puede hacer referencia a los casos de Bolivia, con elecciones previstas para el 3 de mayo del presente año y que fueron pospuestas para el mes de septiembre, con el antecedente de la crisis que vivió el país el año anterior, al anularse las elecciones presidenciales por fraude, que llevó a la destitución del entonces presidente Evo Morales. El caso de República Dominicana con sus elecciones presidenciales y legislativas previstas para el 17 de mayo y pospuestas para el mes de octubre por razón de esta pandemia, pero bajo los efectos muy recientes de la declaración de nulidad de elecciones municipales por problemas técnicos con el sistema automatizado adoptado por primera vez en un evento electoral en el país. También, el Referéndum Constitucional en Chile, previsto para el 26 de abril y pospuesto para el 25 de octubre, aprobada su realización como mecanismo para manejar una crisis política signada por fuertes manifestaciones públicas y polarización que marcaron el 2019. Otros países como Paraguay, con elecciones primarias y locales, decidieron posponerlas para el año 2021.

Venezuela: Entre dos emergencias

En Venezuela, se han encontrado dos emergencias, para añadir complejidades a un contexto de crisis multidimensional. La Emergencia Humanitaria Compleja que desde hace 5 años ha venido desarrollándose y la generada por el Covid-19. Previstas constitucionalmente las elecciones parlamentarias para diciembre del 2020, la incertidumbre y las acciones políticas e institucionales se encuentran cada vez más alejadas del marco legal y marcan el momento. Debe tomarse en cuenta que el país se encuentra desde el año 2016 en situación de estado de excepción, con base a decretos emitidos por el poder ejecutivo sin aprobación del parlamento y desde marzo de este año, también con un estado de alarma que ya ha sido prorrogado 3 veces. Las elecciones presidenciales del 2018, son un antecedente, por no ser reconocidas por la oposición ni un grupo considerable de países y organismos internacionales. Las condiciones técnicas y políticas para el desarrollo de elecciones libres y competitivas se han deteriorado de manera sostenida desde el 2015 y de manera acelerada en el último año. Al momento de escribir estas líneas, se ha conocido que el Tribunal Supremo de Justicia ha decidido proceder al nombramiento de nuevas autoridades al Consejo Nacional Electoral, sobre la base de una sentencia que dictamina la omisión legislativa de parlamento en el cumplimiento de esta competencia y como parte de un largo proceso que ha llevado a anular la capacidad de actuación institucional de la Asamblea Nacional. Una dinámica que ha marcado un camino hacia un sistema político no democrático, cada vez más cerrado, en donde la pugna política por el poder ha ido cercenando las garantías del derecho de los ciudadanos de elegir y ser elegidos, de la separación de los poderes y de la gobernabilidad democrática. Los partidos políticos de oposición enfrentan momentos de gran debilidad, muchos de ellos inhabilitados y con cuadros importantes en el exilio, presos o igualmente inhabilitados para el ejercicio de la función pública.

Las organizaciones de la sociedad civil han continuado su trabajo comprometido, en la defensa de derechos, construcción de propuestas de políticas públicas, o la atención de población vulnerable, entre muchos de los roles que desempeña, aún en las condiciones de cuarentena, distanciamiento social y restricciones muy fuertes a la movilidad. La atención a las realidades políticas, el cómo se desarrolla la respuesta de la institucionalidad pública ante los desafíos de la epidemia y las urgentes respuestas que demanda la población civil impactada en sus condiciones de vida, se convierten en un torbellino de exigencias a las capacidades propias de los distintos sectores sociales. Se cuenta con un tejido social con mayor conciencia de sus derechos, pero con limitadas herramientas para la garantía y ejercicio libre de los mismos. Trabajar también en el campo de construir un movimiento cívico que decida de manera autónoma tener voz y acción estratégica para incidir en un cambio en la ruta del proyecto autoritario y la reconstrucción de capacidades para marcar una nueva ruta democrática, es un enorme reto, pero – también- una gran oportunidad.

Las acostumbradas y recurrentes fórmulas ideológicas, con sus verdades absolutas, no parecen ser los marcos que permitan encontrar nuevos rumbos. La polarización política como estrategia para alcanzar o mantenerse en el poder, con dinámicas excluyentes y negadoras de la acción política basada en el respeto de la diversidad, del diálogo, la negociación y la convivencia, ha llevado a un cierre del espacio público, al control social y a la imposición de una forma de ser en sociedad que choca con todos los postulados que puedan definir una democracia.

La incorporación de crecientes voces autónomas desde la sociedad civil, ejerciendo sus derechos de libertad de pensamiento, expresión, asociación, participación y de elección, ha sido un largo y difícil camino recorrido en Venezuela y por toda América Latina. Están produciendo un entramado de relaciones, alianzas y experiencias, con un valioso saldo de lecciones aprendidas, que aún buscan -con mucha timidez- lograr mayores posibilidades para la incidencia y la construcción de respuestas a tantas exigencias. Pero, todavía, no son suficientes. La exigencia en estos tiempos es a escalar el espacio en que se están dando. Ampliar las posibilidades de sinergias y vínculos. Innovar en el descubrimiento de nuevas formas de actuación para hacer posible el camino hacia sociedades democráticas sostenibles.

Uno de esos territorios sigue siendo un desafío: conquistar avances en las dinámicas que faciliten las garantías para el derecho a elegir. Contar con las instituciones que logren asegurar procesos electorales transparentes, con base a una norma democráticamente establecida. Con ambiente habilitante, en donde los ciudadanos puedan expresarse y ser contralores del poder que confieren. Los derechos no pueden ser suspendidos por razón de una situación de emergencia sanitaria y mucho menos se aprovechada por los gobiernos y actores políticos partidistas para fortalecer sus propias agendas e intereses, afectar a sus adversarios o colocar muros y limitaciones a la acción ciudadana. Criminalizar la protesta social, utilizar la atención a la pandemia como excusa para su bloqueo o estigmatizar a los afectados por la enfermedad, son prácticas que se observan en distintos países y debe se punto de agenda común de los movimientos sociales y distintos sectores sociales.

Creer firmemente en el poder de la gente, con la gente y por la gente.

Esta es una mirada estratégica por la cual se apuesta y a la que no se abandona, en las filas de la ciudadanía militante.

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La Democracia No Se Suspende. Mesa redonda

La Democracia No Se Suspende. Mesa redonda.

En Venezuela prevalece un contexto de total incertidumbre, mezclado con una delicada situación de emergencia humanitaria enmarcada en una crisis política, social y económica, experimentándose un retroceso en todas las esferas de la sociedad venezolana, especialmente en el ámbito de la recuperación de la democracia en el país. No obstante, se afirma que eventos como la mesa redonda realizada el 20 de mayo de 2020, promueven hallar soluciones en conjunto, y sobre todo desde la sociedad civil, para avanzar en acciones de incidencia y reposicionar el tema electoral en las agendas de los tomadores de decisión.

Retos Políticos en Contexto de Crisis Social y de Pandemia

El primer ponente inicia su intervención diciendo que para algunos sectores es imposible hablar en este momento de elecciones en Venezuela, considerando su delicada situación, incluso participar en ellas nos convertiría en cómplices del régimen de Maduro. Esta visión es compartida por algunos de los diputados del bando opositor de la Asamblea Nacional (AN), quienes han considerado que ir a elecciones en este contexto sería caer en una trampa del régimen.

Esta preocupación se ha extendido a buena parte de la población, la cual padece de una profunda desesperanza electoral sin faltarle razones: (i) el deterioro de las condiciones electorales se ha profundizado luego de la victoria opositora del año 2015 –última elección que cumplió con las condiciones mínimas en parámetros democráticos; (ii) se ilegalizaron los partidos de oposición; (iii) la empresa SMARTMATIC se retiró del país luego de denunciar una diferencia entre los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para la elección de la Asamblea Nacional Constituyente; (iv) los electores y centros electorales han sido redistribuidos siguiendo criterios políticos; (v) la crisis migratoria, que movilizó a buena parte de la población, reconfiguró el registro nacional electoral tanto a nivel nacional como internacional -20% de los electores han abandonado el país desde el 2016; (vi) otra parte de importante de la población ha migrado internamente hacia las grandes ciudades, huyendo del deterioro de las condiciones de vida y de los servicios públicos; (vii) otro elemento a destacar lo constituye el incendio de los galpones del CNE, cuyo evento destruyó casi la totalidad de la plataforma para el ejercicio del voto automatizado –plataforma que permitía un conjunto de garantías para auditar el proceso de votación; (viii) adicionalmente, tenemos el evento pandémico que azota al mundo, lo cual impone mayores complicaciones al ejercicio del voto –si seguimos las consideraciones de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, el pico de la COVID-19 podría llegar al país hacia el último trimestre del año, precisamente cuando debería realizarse las elecciones parlamentarias; (ix) la confianza en el organismo electoral es casi nulo.

En este marco de ideas, el ponente afirma que no es descabellado pensar que nos encontramos en el peor momento del sistema electoral venezolano. No obstante, el gran reto de los que nos reunimos hoy acá, y del resto de actores interesados en la recuperación de la democracia en Venezuela, es invertir la ecuación referida a que las elecciones son una trampa del régimen; solo es posible enfrentar la crisis humanitaria, sanitaria, social, económica y política si se lucha por mejores condiciones electorales, si se denuncia el ventajismo electoral y si se revela al mundo incesantemente cómo las instituciones del Estado se alinean para impedir la manifestación de la voluntad popular.

A esto añade que la elección parlamentaria que tenemos por delante no es una elección más, sino la elección de la última institución legítima del país. En este sentido, sería insensato dejarse arrebatar la única institución actualmente legítima. Por lo cual, el reto presente no es sencillo, los obstáculos son muchos y el tiempo es escaso. Sin embargo, el costo social y político de renunciar a esta elección sería demasiado alto. Al respecto, agrega, para finalizar, que los sucesos de inicios del mes de mayo demuestran una relación directa entre la pérdida de confianza en el voto y las aventuras violentas, lo cual complica aún más la situación actual.

Complicaciones del Contexto Electoral y sus Implicaciones Técnicas

El segundo ponente abre su exposición planteando que el debate electoral habría que enfocarlo en cómo se han ido agregando complicaciones a la situación del sistema electoral. En enero, se observaron demandas de mejoras a las condiciones políticas y técnicas; en marzo, se agregan se agregaron otras demandas referidas a cómo recomponer el sistema electoral luego del incendio de los galpones del CNE, donde hubo una pérdida del 98% del hardware electoral; y ahora, se tienen las consideraciones de índole sanitario.

De acuerdo con el ponente, el proceso electoral venezolano está compuesto de 40 fases, las cuales se pueden convertir en focos potenciales de infección por coronavirus. En este sentido, no sería justo colocar al ciudadano en la disyuntiva de ejercer el derecho al voto o proteger su estado de salud. Lamentablemente, las instituciones venezolanas, tanto del régimen de Maduro como del gobierno interino de Guaidó, no están pensando en resolver los asuntos técnicos electorales ni en las condiciones sanitarias de unas eventuales elecciones.

Al respecto, el ponente recordó que el presidente del Comité de Postulaciones Electorales, Ángel Medina, dijo que dicho comité no se iba a reintegrar a sus funciones hasta que cese el confinamiento sanitario; es decir, de parte de factores de oposición, estamos en una suerte de receso institucional, corriendo el riesgo de que todas las condiciones técnicas para diseñar un  nuevo sistema de votación recaiga en el actual CNE, o en su defecto un nuevo CNE esté condicionado por funcionarios afectos al régimen de Maduro.

Ante esto, se considera que lo más razonable es comenzar a presentar propuestas para: (i) resolver el tema técnico; (ii) recuperar el hardware necesario; (iii) valorar la posibilidad de diseñar un nuevo sistema de votación, y (iv) afrontar unas elecciones en un contexto de pandemia –revisar los ejemplos de Uruguay, Paraguay, Bolivia y Ecuador nos pueden servir de modelo para encarar los desafíos sanitarios en procesos electorales.

Es probable que al régimen de Maduro le interese celebrar las elecciones a toda costa este año, no obstante, habría que analizar cómo se recibirán tales resultados por parte de la oposición y de la comunidad internacional. Se prevé que una elección bajo este contexto va a carecer de condiciones políticas y técnicas, así como de condiciones sanitarias.

COVID-19 y su Incidencia Política

El tercer ponente comienza su exposición sosteniendo que la COVID-19 ha generado dos grandes preocupaciones: (i) su impacto sanitario, social y económico; y (ii) su impacto sobre la democracia. Sobre este último punto, hay especial preocupación acerca de cómo la pandemia tiene influencia en el acercamiento o no con formas de gobierno autoritarias, lo que para el caso venezolano representa un acercamiento a un autoritarismo puro. En ese sentido, habría que valorar la importancia de la elección como elemento fundamental dentro de las democracias, aunque no es, naturalmente, lo único que las define; por lo cual es mandatorio exigir que las elecciones sean siempre consideradas como el elemento sin el cual no hay democracia alguna.

De acuerdo con el ponente, unas elecciones en Venezuela plantean grandes desafíos para todos por las condiciones ya comentadas. No obstante, según el expositor habría que preguntarse qué habría que hacer para celebrar unas elecciones en Venezuela e un contexto de pandemia, para lo cual sugiere: (i) realizar una evaluación rigurosa del impacto de la pandemia en el país; (ii) considerar los elementos de persecución política y de violación de derechos humanos; (iii) procurar un gran acuerdo nacional que permita que las principales fuerzas políticas puedan participar en una elección que cumpla con las condiciones mínimas requeridas, lo cual incluiría una administración electoral imparcial y confiable, y la observación de la comunidad internacional; (iv) innovar en materia de sistemas electorales, es preciso pensar más allá de los esquemas tradicionales de votación, como por ejemplo, el voto anticipado, las elecciones de más de un día, o el voto electrónico; (v) considerar a los más de cinco millones de venezolanos fuera del país, lo que supone una revisión del marco legal vigente; (vi) revisar las buenas prácticas de otros países; (vii) valorar la posibilidad de realizar campañas electorales por internet; (viii) revisar las inscripciones de candidaturas y de la capacitación electoral. Finaliza sosteniendo que todo esto es impensable si no se cuenta con: el consenso nacional; la inclusión de todos los actores; la intención de celebrar unas elecciones transparentes, libres; y con el apoyo y asistencia de la comunidad internacional. Para ello, se podría aprovechar las gestiones de la actual AN, la cual pudiera revisar el marco legal y elegir un CNE de acuerdo con los estándares internacionales.

Intervenciones de los Asistentes

Una vez terminadas las ponencias, se da oportunidad a los asistentes de expresar sus opiniones, las cuales versaron sobre lo siguiente:

Sobre lo político:

  • Resulta obligatorio llegar a un acuerdo político nacional que permita superar la crisis política, social y económica que atraviesa el país. Si se coloca a la pandemia como un elemento que imposibilita el evento electoral, entonces nunca se celebrarán unas elecciones en el país.
  • Es preciso generar presión al Comité de Postulaciones de la AN para que genere un cronograma mínimo para designar un nuevo CNE, y que sea este ente el que vaya destrabando la situación electoral en el marco de unos requisitos mínimos.
  • Una eventual contienda parlamentaria deberá enfrentarse con el desafío de superar la propuesta de un grupo político referida a generar la máxima presión posible al régimen. Dentro de esa estrategia no se prevé la realización de elecciones en Venezuela en el corto plazo. Por lo cual, como sociedad civil debemos contraargumentar esa estrategia y posicionar la relevancia de celebrar unas elecciones en el país, considerando como posibles aliados a los partidos que no comparten dicha estrategia. 
  • Se tiene la impresión de que una vez el régimen de Maduro logre controlar la situación de la pandemia, éste hará todo lo posible por ganar el espacio de la AN –la cual no está desempeñando un rol importante en la situación de pandemia actual. El régimen de Maduro es el principal interesado en celebrar elecciones parlamentarias al considerar todas las condiciones ventajosas a su favor debido a las condiciones del contexto, principalmente el debilitamiento de la democracia. Ante ello, se propone que las organizaciones sociales posicionen la defensa de la importancia del bastión institucional de la AN, ya que es la institución que le brinda legitimidad a la presidencia interina, por lo cual es vital conservar la mayoría democrática en este órgano representativo.
  • No se deben apoyar salidas autoritarias a la crisis actual; el autoritarismo solo genera más autoritarismo.
  • Hay que valorar el plano internacional y evaluar quiénes pueden ser nuestros aliados; se evidencia un deterioro de la democracia a nivel internacional, por lo cual es preciso definir muy bien qué actores pueden contribuir a la recuperación de la democracia en Venezuela.
  • Es necesario elaborar una carta pública dirigida a quienes conforman el Comité de Postulaciones de AN, exigiendo reactivar sus actividades.

Sobre lo técnico:

  • Es oportuno diseñar una propuesta de modus operandi de elecciones en el contexto de pandemia, restricciones políticas, violaciones de derechos y de gasolina cero, para evitar que el oficialismo imponga condiciones electorales ventajosas en vista de la delicada situación.
  • Se deben diseñar estrategias que permitan facilitar el voto a distancia para los ciudadanos que se encuentran en el exterior.
  • Las estrategias electorales que se promuevan deben estar en el marco de unas condiciones mínimas para participar, sin ahondar en las condiciones maximalistas.
  • No solo se debe exigir que se reactive el Comité de Postulaciones de la AN, sino resolver el tema del hardware y el software, para lo cual nos debemos adelantar para dejar en claro cómo hacer con los temas técnicos y sanitarios, y no dejar ello solo en manos de los políticos. 
  • Se comparte imagen de un escenario probable de elecciones en donde se visualizan los puntos del procedimiento en los cuales habría riesgos de transmisión del SARS-Cov-2 (Ver Anexo 1).

Sobre lo ciudadano:

  • Es imperioso impulsar un llamado a elecciones parlamentarias y hacer suficiente peso en la opinión pública para que sea un objetivo de mayor interés nacional. Para lo cual, se debe preparar una campaña para que pudiera incluir talleres virtuales para la ciudadanía, entre otras actividades virtuales.
  • Debemos apuntar a la presión ciudadana a través de las redes sociales y a recuperar los espacios públicos a través de actividades que permitan recuperar la confianza en el voto, aprendiendo de la experiencia de otros países.
  • Es importante desarrollar estrategias para transmitir la información electoral a los sectores populares, apoyándonos en el descontento generalizado de las bases de la sociedad. Asimismo, debemos ejecutar acciones de formación a jóvenes, líderes comunitarios, haciendo énfasis en las regiones y en las zonas fronterizas.
  • Es relevante considerar que actualmente estamos en una situación que se encuentra al margen de la Constitución; nos encontramos en una dictadura, por lo cual no contamos con instituciones democráticas. No es un problema de los servicios, es un problema político. Por lo cual, debemos concentrarnos en recuperar el espacio ciudadano y fortalecer las acciones de la sociedad civil.
  • Es necesario considerar que hay una desconexión entre las instituciones  y la población, por lo cual hay una generación desinformada. En este sentido, es oportuno conectar la importancia de las elecciones con la coyuntura a nivel comunicacional porque, de lo contario, pudiera tener un efecto contraproducente y se corre el riesgo de descreditar la imagen de la sociedad civil.
  • Se hace necesario la formación en la observación electoral para los ciudadanos, para lo cual se ofrece materiales didácticos ya elaborados por organizaciones de la sociedad civil.
  • Se invita a la difusión de artículos escritos por las organizaciones realizadoras del evento, los cuales versan sobre los temas acá abordados.

Comentarios Finales de los Ponentes

En esta sección se recogen las consideraciones finales de los ponentes, entre las que destacan:

  • La importancia de rescatar los asuntos electorales para salir de la grave crisis que atraviesa el país y que se recrudece con el pasar del tiempo.
  • Existe una campaña de descrédito en contra del ejercicio del voto tanto desde el oficialismo como desde factores de la oposición. Ante esto, es oportuno realizar una campaña para rescatar y reposicionar la importancia de las elecciones, y para ello es necesario que se concreten alianzas tanto con actores internos como internacionales. Lo electoral no debe ser un problema sino una vía para comenzar a solucionar la crisis nacional.
  • Es importante resaltar lo que representa la migración venezolana, tanto al exterior como a lo interno, para unas elecciones parlamentarias, considerando la relevancia de la distribución demográfica y la conformación de los circuitos electorales.
  • El principal reto, además de contar con árbitro electoral imparcial, es rescatar en los ciudadanos el valor del voto como instrumento de cambio, así como posicionar los asuntos técnicos electorales, y las garantías electorales y sanitarias.
  • Hay que destacar la importancia de la participación de las organizaciones de la sociedad civil en el proceso electoral, y considerar que dichas organizaciones deben formar parte de un gran acuerdo político nacional, y ratificar su rol en la observación electoral.

Conclusiones

Como parte del cierre del evento, se ofrecen unas reflexiones finales que recogen los aportes de los participantes del evento:

  • Es preciso valorar espacios de encuentro como el presente, que generan confianza para participar y escuchar, y que reúne a una variedad destacada de actores. En este sentido, se hace oportuno establecer un grupo de asesores, conformado por parte de los participantes de este encuentro, para delinear propuestas, y así incidir en otros actores que también son clave para la recuperación de la democracia, y generar acciones de impacto al respecto.
  • Para recuperar la democracia es necesario reactivar el proceso electoral, lo que conlleva a considerar factores técnicos, sanitarios y políticos, los cuales no son independientes sino interdependientes. Así, las acciones que de acá se desprendan deben obedecer a una estrategia que contenga una visión combinada y global de dichos factores.
  • Se hace obligatorio involucrar a la ciudadanía a todo nivel de este proceso de recuperación de la democracia; la desesperanza debe convertirse en esperanza. Debemos procurar que cada ciudadano se sienta protagonista de dicho proceso, incluyendo a los ciudadanos que han emigrado.
  • Es importante ejecutar acciones a corto plazo a partir de las propuestas recibidas en este espacio, como, por ejemplo, enviar una carta pública al Comité de Postulaciones de la AN, lo cual puede irse adelantando en los días subsiguientes a este evento.
  • Es oportuno abrir un espacio de discusión directa entre los actores de la sociedad civil y actores político-partidistas; el propósito es tender un puente sólido de diálogo y trabajo conjunto entre la ciudadanía y los actores políticos.
  • La sociedad civil no debe ceder en su actuar de incidencia política para que estos temas sean de vital importancia para todos los sectores de la sociedad.
  • Se hace énfasis en la importancia del rol de las agencias de las Naciones Unidas, y de otras organizaciones internacionales, en la asistencia y observación electoral para la restitución de la democracia en el país.
  • El acompañamiento y la observación internacional es clave para cualquier proceso electoral en el país, así como valorar las experiencias de otros países en situaciones similares.
  • Se establece la intención de ejecutar un plan que considere más actores y más posibilidades de lograr los objetivos propuestos en este encuentro.
  • Finalmente, se indica que este evento forma parte de una estrategia global consensuada de la sociedad civil a largo plazo en pro de la restitución de los derechos políticos y civiles en Venezuela, de manera que a partir de este evento se espera ejecutar más actividades a tono con este objetivo. Al respecto, se aprovecha la oportunidad para invitar a todos los asistentes a otra mesa redonda para el 03 de junio del presente.
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Las elecciones son el puente para alcanzar la democracia.

Las elecciones son el puente para alcanzar la democracia.

El 21 de mayo de 2020 se realizó el foro La democracia no se suspende, en el programa Con La Luz moderado por la periodista Luz Mely Reyes de Efecto Cocuyo, que contó con la participación de Beatriz Borges, directora ejecutiva del Centro de Justicia y Paz (Cepaz); Griselda Colina, directora del Observatorio Global de Comunicación y Democracia; Luis Lander, director del Observatorio Electoral Venezolano y José Domingo Mujica, coordinador nacional de la Red de Observación Electoral de la Asamblea de Educación.

A modo de introducción, la periodista Luz Mely Reyes señaló que el 2020 es un año electoral en Venezuela, pero debido a la situación actual de la pandemia, han surgido interrogantes tales como ¿habrá elecciones parlamentarias?, ¿es posible más allá de las posturas políticas?

Ciudadanos preparados

Inició la conversación Griselda Colina, quien señaló que si bien el año 2020 es un año donde deben hacerse elecciones parlamentarias, el grupo de organizaciones que hace observación electoral en el país cree que para hacer las elecciones tienen que cumplirse no solamente con los plazos y los lapsos que están determinados en la ley y con las necesidades que plantea la realidad actual, sino que las garantías ciudadanas deben estar plenamente acordadas y es preciso que las personas sientan que con ese voto están realmente ayudando a resolver la situación del país.

La elección, reiteró Colina, tiene que servir para darle un cauce a la crisis política en Venezuela. Lo más importante es que los ciudadanos nos preparemos para la elección, sepamos cuál es el rol que nos toca y podamos asumirlo con el compromiso y los riesgos que conlleva.

Para José Domingo Mujica  la posibilidad de que haya o no elecciones está también en las manos de la ciudadanía. Solicitar que se convoque el proceso electoral y exigir el respeto de sus derechos políticos es clave para darle rumbo a realización de esas elecciones.

A pesar de la crisis extrema que padece el país, y que coloca a los ciudadanos en la necesidad de atender sus necesidades primarias, la solución de esta situación pasa también por la utilización de las diferentes instancias ciudadanas en la representación del poder público: alcaldías, Asamblea Nacional, e instancias no oficiales, que tienen una vocería importante para superar la crisis.

Para iniciar el camino de las elecciones hay que comenzar exigiendo al Comité de Postulaciones que actúe para acercar la posibilidad de realización de elecciones con las garantías de equidad y seguridad necesarias. Exigiendo al Consejo Nacional Electoral (CNE) un cronograma para las parlamentarias, que tenga en cuenta el reto que significa un proceso electoral durante la pandemia, así como también atender a lo que tiene que ver con la renovación de la infraestructura electoral, que sufrió un daño grave como consecuencia del incendio en los depósitos del CNE.

Elecciones y pandemia

Luis Lander, hizo énfasis en que las elecciones son una herramienta que puede contribuir a superar la grave crisis que vive el país, o a empeorarla. Unas buenas elecciones, las cuales no se considera que deban ser perfectas pero si reconocidas por todos los actores políticos, la sociedad venezolana y la comunidad internacional, son fundamentales para salir de la crisis, pero si están cargadas de irregularidades y con actores políticos importantes que no reconozcan los resultados, ahondan aun más la crisis. Así ocurrió hace dos años.

Aunque correspondería que las elecciones parlamentarias se lleven a cabo a finales de 2020, habría que analizar cómo se van a hacer. La aparición inoportuna de la pandemia perturba el clima electoral en todas partes del mundo. Más de 50 países tenían pautadas elecciones a principios del año 2020 y en muchos se han suspendido, en unos se han tomado medidas extraordinarias para que más o menos funcionen y en otros realizarlas ha tenido consecuencias terribles, porque han sido foco de contagio.

Hacer unas buenas elecciones requiere tiempo, no se hacen de manera apresurada. Para tener unas elecciones razonablemente buenas es primordial renovar el CNE, para recuperar la credibilidad en el árbitro electoral, pues actualmente no goza de la confianza ciudadana. El Comité de Postulaciones, cuyas actividades fueron suspendidas por la cuarentena, debe reunirse de manera virtual, ante la prolongación de la misma, y comenzar sus labores.

No tiene sentido que el actual CNE elabore un cronograma electoral, e inicie unas actividades, y que las nuevas autoridades queden sujetas a decisiones que ya se tomaron. Es imperativo actualizar el registro electoral. Se habla de cerca de 2,5 a 3 millones de votantes que salieron del país, pero también es importante ver la migración interna, que ha crecido mucho. Y en las elecciones parlamentarias el tema de dónde vota el elector es importante, porque van a escoger a los diputados de su circunscripción.

Es necesario revisar la plataforma tecnológica electoral, hacer un catastro de los centros electorales para ver cómo están. Y en el contexto de la emergencia sanitaria es imperativo que se definan con tiempo protocolos sanitarios para tomar las medidas pertinentes.

Cómo exigir el derecho a elegir

Luz Mely Reyes consultó a Beatriz Borges, sobre el derecho a elegir y cómo exigirlo a pesar de la situación política venezolana.

Borges opinó que, desde la mirada de los derechos humanos, hay que entender que la palabra elección tiene un significado diferente en el contexto venezolano desde el derecho, desde la experticia técnica y desde el entendimiento político. Cuando hablamos de una ruptura de la institucionalidad democrática, del deslave institucional y la pérdida del estado de derecho, es disonante hablar de elecciones y democracia porque el contexto no avala la realización de elecciones auténticas.

Destacó que en Venezuela se han realizado eventos electorales que han tenido como fin la permanencia en el poder, y  ese es el significado que hoy en día tienen para muchos venezolanos las elecciones. Hay una pérdida de confianza del ciudadano en el voto como una posibilidad de cambio y transformación de la sociedad. Esa desconfianza la ha generado un sistema donde no hay plena democracia. El régimen ha aplicado que las elecciones se hacen cuando les conviene y no cuando se debe.

La pandemia de COVID-19 también tiene una implicación en este contexto venezolano, pues la cuarentena ha profundizado las políticas de persecución, la cuales afectan las garantías de ejercicio de los derechos políticos y a los procesos electorales, pues los derechos conexos se vulneran usando como justificativo el estado de alarma por la pandemia. Cuando se agrava la persecución y aumentan las represalias, no se favorece la realización de una elección auténtica.

Hay que pensar en cómo reconstruir el camino electoral. Desde la sociedad civil creemos que es importante no renunciar a los derechos políticos, porque el tema de la participación política es de los ciudadanos y comprende cómo elegimos quién va a definir el destino del país y garantizamos que haya alternabilidad en el poder.

El tener elecciones auténticas es un derecho, y también lo es el derecho a defender la democracia. Tenemos que recuperar este derecho. Pues la percepción es que las elecciones no sirven para lograr un cambio político y precisamente el problema político es la base de la crisis multidimensional en Venezuela. Tenemos que seguir luchando por encontrar un camino para reconstruir la democracia.

Los organismos internacionales pueden acompañarnos en ese camino. Por eso es importante no esperar el tiempo político y avanzar en el proceso técnico, enfrentando además el reto sanitario. Hay que seguir resolviendo aquello que se puede hacer en estos momentos y así estar preparados para afrontar un proceso electoral en el futuro.

No se puede abandonar la lucha electoral

Luz Mely Reyes señaló que para la incorporación de la ciudadanía a unas elecciones un gran peso lo tienen los partidos políticos, que no parecen muy ganados a avanzar de manera unitaria en las tareas electorales.

Indicó Mujica que los partidos políticos todavía no se han manifestado sobre una posible participación en elecciones, pero tampoco han dico que no concurrirán si son convocados. Lo que pasa es que el tema de la crisis de los servicios desplaza de una manera abrumadora los otros temas. Pero no hay que perder la esperanza en que los partidos comprendan que no pueden abandonar la lucha en el terreno electoral.

La dificultad de lograr unas elecciones válidas no nos puede hacer perder de vista la otra cara del voto popular, que ha servido como un instrumento de lucha por la democracia. Aun en condiciones de enfrentamiento con regímenes autoritarios. Una votación masiva para la defensa de la democracia y el rechazo al autoritarismo puede ser el detonante de cambios en la vida política de un país. Ese mensaje hay que hacerlo llegar al pueblo venezolano. No debemos abandonar al voto como un instrumento de lucha por la democracia. No es un acto perdido.

Reconstrucción del ejercicio electoral

Consultó la periodista Reyes sobre cómo se logra rescatar la importacia del derecho a elegir y cómo limpiar el ejercicio del voto de la sombra de la desconfianza.

Beatriz Borges reconoció que las elecciones son un tema doloroso, complejo y del que la ciudadanía rechaza hablar, porque no han significado tener la alternativa de un cambio en el poder, sino la reafirmación de un régimen no democrático. Pero para cambiar esto las elecciones necesitan del músculo ciudadano, no son solo un proceso técnico. Se requiere participación ciudadana, liderazgo comprometido y una constante reconstrucción del ejercicio electoral.

Hay mucha frustración porque quien está en el poder ha utilizado las elecciones para permanecer en él. Para que el retorno a la democracia sea sostenible debe hacerse a través de un proceso electoral. Es allí donde tiene un papel protagónico otra palabra que en Venezuea está casi prohibida, como es la negociación. Los acuerdos políticos son necesarios para poder reconstruir el camino. Urge tener esas elecciones posibles y llegar a acuerdos políticos para acercarnos a la democracia. Este es un trabajo no solamente de los partidos políticos, sino de todo el ecosistema de la democracia y de quienes creemos en ella. Si no se hace así, le dejamos la solución de la situación del país a otros. La democracia no puede ser suspendida indefinidamente. También en pandemia tenemos que seguir trabajando por recuperarla.

Elecciones en democracia y elecciones por la democracia

Luis Lander señaló que hay que diferenciar las elecciones en democracia de las elecciones por la democracia. Esto quiere decir que efectivamente se reconoce que no se está en las condiciones democráticas, pero la eventualidad de una elección puede transformarse en un elemento para efectivamente desde allí luchar por la democracia.

Destacó que hay mecanismos para la participación electoral a distancia que se pueden usar, tomando en cuenta la pandemia. Además en los actuales momentos la migración forzada de venezolanos al exterior representa una cantidad importante de votos. Para los votantes en el país eso requiere de una actualización profunda del registro electoral, que permita tener constancia de dónde están los electores ahora. Es necesario además tomar en cuenta los tiempos para los procesos que deben adelantarse.

Todas las acciones y procesos previos a las elecciones deben apuntar a la promoción de la confianza de la gente en el voto que va a ejercer de manera libre. Y que también se promueva la participación de la ciudadanía en cada una de las fases del proceso, entendiendo que esa participación no está limitada al día de la elección, que es un proceso muy amplio, donde hay una serie de roles que debe asumir un ciudadano. Donde hay derechos del elector y del que quiere ser elegido.

Los partidos deben entender que los ciudadanos estamos también luchando por sus derechos y que la vía de la solución pacífica, electoral y constitucional es una vía donde los ciudadanos los podemos acompañar. Las elecciones por la democracia deben ser parte de un acuerdo político, que garantice no solamente la alternabilidad y que las las minorías van a  eguir existiendo, sino que tiene que haber una coexistencia de las pluralidades politícas, expresó Griselda Colina.

Para Luz Mely Reyes es importante destacar que por el hecho de no vivir en una democracia, los que creemos en el voto no debemos dejar de luchar por los derechos políticos.

Mujica recalcó que la falta de gasolina es un enorme escollo a sortear en caso de unas elecciones, pues complica el traslado de quienes intervienen incluso como funcionarios en el proces electoral y el de los observadores.

Asistencia electoral de la ONU

Borges insistió en que el tema de la participación va mucho más allá del voto, tiene que ver con la esencia de la democracia. Cree que harán falta varios procesos para alcanzar la recuperación plena, pero hay que seguir construyendo los puentes necesarios para llegar a lo requerido con fe y convicción del camino que debemos transitar como ciudadanos, siendo los actores principales de la historia de la recuperación democrática en Venezuela.

Colina reiteró la importancia de la articulación entre organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos para sumar las distintas visiones, destrezas y capacidades. Dijo que se han hecho tres mesas donde se escucharon las diferentes posturas  y se llegó a una serie de recomendaciones que serán dadas a conocer próximamente.

Borges explicó que las Naciones Unidas tienen un rol importante en el proceso electoral. Es necesario que este organismo internacional entienda cómo puede ser aplicado un proceso de asistencia técnica electoral en Venezuela, donde se desplieguen sus capacidades para contribuir a la construcción de una elección auténtica. Este es un proceso que requiere tiempo y no puede ser convocado de un día para otro. Dijo que entienden la importancia del trabajo ciudadano, pero que no pueden solos porque el nivel de deterioro es grande. La experiencia de Naciones Unidas es fundamental y por eso han pedido al secretario general de Naciones Unidas, a la Oficina de Asuntos Electorales y al Departamento de Asuntos Políticos que se canalicen esos buenos oficios para Venezuela, no para unas elecciones exprés, ni para validar un proceso sin garantías, sino para construir el puente de retorno a la democracia.

Los panelistas concluyeron afirmando que los derechos no se pueden dar por sentado, que se deben ejercer, luchar y lograr, trabajando a diario por ellos.

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Venezuela: Desafíos electorales en tiempos de COVID-19

Héctor Briceño 

Politólogo, profesor del CENDES de la UCV, actualmente doctorando en Ciencia política en la Universidad de Rostock, Alemania.  


Venezuela: Desafíos electorales en tiempos de COVID-19

La llegada del COVID-19 ha impuesto grandes retos electorales en todo el mundo. De 70 países que habían programados elecciones durante los dos primeros trimestres del año, 50 decidieron posponerlas para evitar la propagación del virus, mientras los restantes 20 los realizaron con resultados muy variados.

En todos esos casos el desafío ha sido evitar que la crisis sanitaria se transforme en una crisis política, intentando construir un equilibrio entre el riesgo que implica posponer las elecciones y la obligación de proteger la vida de las personas.

En Venezuela, sin embargo, la pandemia llega en el marco de una profunda crisis política que le antecede, por lo que el Covid se transforma, en el contexto electoral, en una variable adicional que debe resolverse junto a otras incógnitas de una muy complicada ecuación.

¿Cuáles son las otras incógnitas de la ecuación?

En primer lugar, en el país se ha extendido una profunda desesperanza electoral. Y no faltan razones. El deterioro de las condiciones electorales se ha acelerado luego de las elecciones parlamentarias de 2015, la última elección democrática realizada en el país.

A partir de entonces, se ilegalizaron los más importantes partidos políticos de oposición, la empresa Smartmatic se retiró del país, luego de denunciar una diferencia entre los resultados anunciados y los recogidos por el sistema automatizado durante la elección de la ANC en 2017. Meses después, durante las elecciones de gobernadores los electores y centros electorales fueron redistribuidos para castigar a los electores opositores. La crisis migratoria, que ha movilizado a una proporción importante de venezolanos ha reconfigurado su distribución tanto en el territorio nacional como en el mundo. Cerca del 20% de los electores ha abandonado el país desde 2016 para escapar de la crisis interna. Y otra cantidad importante han migrado internamente huyendo del deterioro de las condiciones de vida y de la escasez de servicios públicos que azota con especial dureza las zonas rurales, para refugiarse en las grandes ciudades y que gozan de privilegios como agua y electricidad.

Más recientemente, un incendio en los galpones del CNE destruyó casi la totalidad de la plataforma para el ejercicio del voto automatizado que permitía un conjunto de garantías para auditar el proceso de votación.

Por último, pero no por ello menos importante, las autoridades electorales mantienen su doble estatus de gran desprestigio e ilegitimidad, mientras la Asamblea Nacional ha detenido indefinidamente el proceso de designación de nuevas autoridades.

En resumen, no es exagerado afirmar que nos encontramos en el peor momento del sistema electoral venezolano.

Así, el principal desafío electoral es invertir la ecuación de la desesperanza. Reconstruir la confianza en el voto como herramienta de cambio frente a aquellos que afirman que no se debe hablar de elecciones en medio de la crisis o que “las elecciones son una trampa del gobierno en la que no se debe caer”.

Al contrario, solo es posible enfrentar la compleja crisis estructural que atraviesa el país (crisis humanitaria, sanitaria, social, económica y política), si se lucha por mejorar las condiciones electorales, denunciando el ventajismo electoral, revelando al mundo, una y otra vez, como la institucionalidad de estado se alinea para impedir la manifestación de la voluntad popular.

Las razones para confiar en las elecciones como herramienta de cambio son muchas. Incluso en las condiciones actuales.

La victoria democrática obtenida en las parlamentarias de 2015 no fue solo una sorpresa, sino también el resultado del esfuerzo conjunto de múltiples actores orientados por un mismo objetivo: luchar contra toda la maquinaria institucional del Estado para permitir que la voluntad popular se pudiese expresar libremente. Así, convergieron partidos políticos, medios de comunicación, organizaciones sociales, sindicatos, gremios, comunidad internacional, observadores electorales nacionales e internacionales, en una lucha por alcanzar las mejores condiciones electorales posibles. Perseverancia que fue reconocida por millones de ciudadanos que decidieron participar, aún en contra de los peligros, adversidades y desconfianza que rodearon esa elección.

A ese esfuerzo le siguieron otros: en 2016 el intento de activar el referéndum revocatorio presidencial. En 2017 la denuncia de la inconstitucionalidad de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente y la participación en las elecciones de gobernadores del mismo año. Finalmente, en 2018 las denuncias de las condiciones electorales de las presidenciales.

Todas esas experiencias son relatos, no de fracasos sino de victorias electorales que han permitido contener un régimen que, obsesionado con el poder, desea el control total del país. No ha llegado ahí en parte gracias a la lucha electoral.

La elección parlamentaria por delante no es una elección más, sino la elección de la última institución legítima del país. Por lo que el reto no es sencillo. Los obstáculos son muchos, el tiempo es escaso, y aún así el costo de renunciar a la elección es demasiado alto. La legitimidad de la Asamblea Nacional no es infinita nacional ni internacionalmente. Permitir que el gobierno gane unas elecciones por forfeit, sin siquiera pelear por el cambio de las condiciones complicaría aún más la grave crisis política.

Adicionalmente, la pérdida de la confianza en el voto y la abdicación electoral incentivan las aventuras violentas. Y violencia y democracia son antagónicas. La historia de las transiciones recientes así lo confirma. La inmensa mayoría de las democracias que surgieron durante los últimos 50 años, nacieron de procesos electorales, mientras que los métodos de lucha violentos frente a gobiernos autoritarios culminaron casi siempre en la imposición de otros gobiernos autoritarios de distinto cuño. Por ello, la lucha por elecciones justas es también la mejor garantía del triunfo de la democracia y para evitar que se construya un nuevo autoritarismo.

Finalmente, las elecciones son el único mecanismo que coloca la responsabilidad de la reconstrucción de la democracia en las manos de todos los venezolanos, convirtiéndolos así en los protagonistas de su propio destino.

La lucha por las elecciones comienza por la designación de nuevas autoridades a través de un proceso apegado a la normativa electoral. El comité de postulaciones electorales instalado desde marzo por la Asamblea Nacional tiene por delante las siguientes tareas: aprobar su reglamento interno y la metodología de evaluación de credenciales, la apertura del período de postulaciones, la recepción y revisión de las postulaciones, objeciones y descargos, para finalmente elaborar una lista con los seleccionados para presentarla a la Asamblea Nacional, a la cual le corresponde designar los nuevos rectores con una votación de las dos terceras partes.

Es también imprescindible diseñar un ciclo electoral apoyado en herramientas tecnológicas a distancia que permitan romper los posibles focos de transmisión del coronavirus y evitar conformación de una potencial cadena de contagio, que obliguen a escoger entre el derecho a la vida y el derecho a elegir. Es necesario organizar elecciones y votar en condiciones que no pongan en peligro la vida de la gente, especialmente de las poblaciones más vulnerables. Por ello es recomendable pensar en sistemas híbridos a lo largo del ciclo electoral.

Donde unos ven problemas otros ven oportunidades. Hasta el momento, lamentablemente, el Gobierno ha aprovechado la pandemia para afianzar su control político, persiguiendo a opositores, encarcelando a periodistas, amenazando a intelectuales. La oposición, también ha querido aprovechar la pandemia para continuar acorralando internacionalmente al gobierno, posicionando su legitimidad internacional como llave de acceso a la ayuda humanitaria internacional para generar con ello la presión necesaria para producir un cambio político. En este escenario, el último de los grandes desafíos es evitar que la pandemia se convierta en una herramienta electoral. Por ejemplo, al utilizarla para incentivar o desincentivar electores, al crear condiciones que pongan en peligro la vida de un determinado grupo de electores.


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¿Es posible hacer elecciones en medio de la cuarentena del COVID-19?

Eugenio Martínez

Es comunicador social especializado en análisis de temas electorales y políticos. Como periodista dio cobertura a las 23 elecciones en Venezuela celebradas en Venezuela entre 1998 y 2015. Se desempeñó durante 17 años como responsable de la cobertura electoral del diario El Universal. Conferencista y articulistas en varios portales alternativos entre ellos Prodavinci, Noticias Electorales, y Diario Las Americas. Coordinador de la unidad de datos y fact.checking de Efecto Cocuyo. Es autor del libro de análisis del proceso comicial del año 2006 en Venezuela ¿Por qué pasó lo que pasó? y Co-autor del libro Más allá del movimiento estudiantil en donde se analiza a la nueva generación política de Venezuela.


¿Es posible hacer elecciones en medio de la cuarentena del COVID-19?

Nicolás Maduro volvió a colocar el debate electoral en la palestra. “Estamos esperando que se creen las mejores condiciones para flexibilizar la cuarenta nacional (…) para proceder a reiniciar el proceso para designar a los rectores del Consejo Nacional Electoral y para evaluar la pertinencia o no de la convocatoria para este año de las elecciones para el Parlamento”.

No obstante, las medidas para reducir la propagación del coronavirus agregan una complejidad mayor al debate sobre la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral y a las garantías electorales que debe tener un proceso en Venezuela.

Según Ian Bremmer, presidente de Euroasia Group la “anormalidad” que provoca el coronavirus y las medidas para reducir su propagación se pueden prolongar hasta 2021.

Esta nueva realidad no puede provocar que la democracia se suspenda indefinidamente. Es el momento de comenzar a valorar los cambios institucionales y técnicos que se requieren para evitar que los procesos democráticos queden paralizados y a la vez evitar que, en caso que se convoquen elecciones, los ciudadanos deban escoger entre ejercer el derecho a elegir o evitar un posible contagio de coronavirus.

Desde la perspectiva política el COVID-19 está dividiendo (en una perspectiva política y electoral) en dos grupos muy marcados a los países: los países autoritarios o con sistemas híbridos que se aprovechan de las medidas de cuarenta para profundizar sus controles y los países democráticos que justificadamente han pospuestos sus procesos, pero con suficientes controles institucionales para evitar que quienes tienen el poder se valgan de él para manipular a su favor la posposición. 

Según IDEA Internacional entre el 21 de febrero y 29 de abril, al menos 52 países y territorios pospusieron sus elecciones debido al COVID-19.

No obstante, en ese mismo lapso, una veintena de países siguieron adelante con sus elecciones. Algunas de ellos, como es el caso de Corea del Sur, lo hicieron de forma notable logrando un récord de participación en casi tres décadas (66.2 %) para una elección parlamentaria.

Otros, tuvieron experiencias lamentables. Mali celebró la primera vuelta de elecciones comenzando el brote de COVID-19 y la segunda vuelta en medio de la etapa de contagio y sin muchas medidas de prevención.  En este caso, los ciudadanos optaron por no ejercer su derecho, para evitar contagiarse provocando la disminución significativa de la participación.

El caso de Polonia también es relevante. Las elecciones debían celebrarse el pasado 10 de mayo y fueron suspendidas, en medio de una debate legal sobre la imposición que pretendía realizar el gobernante partido Ley y Justicia (PiS) para que todos los votos se emitireran por correo postal.

El debate de cómo realizar las elecciones en el medio de la panemia alcanza incluso a EEUU, en donde las primarias demócratas ya sufrieron el impacto del COVID-19.

Desde The Brooking Institute se han realizado tres recomendaciones básicas que deben evaluarse para evitar que el COVID-19 afecte significativamente el desarrollo de la elección presidencial del mes de noviembre.

Los especialistas han sugerido evaluar la posibilidad de aumentar el número de personas que vota por correo, enmendar las leyes para permitir la votación en ausencia o establecer lugares de votación anticipada en función de los datos de avance del COVID-19 en los estados.

El caso de Estados Unido es muy particular pero puede servir de referencia para la discusión.

Dos tercios de los estadounidenses (67%), incluido el 80% de los demócratas e independientes de tendencia demócrata y la mitad de los republicanos creen que es muy probable que el brote de COVID-19 pueda afectar significativamente la capacidad de los electores para votar en las elecciones presidenciales de noviembre, según el más reciente estudio de PewResearch.

Según el estudio existe un amplio apoyo para que se aumente la posibilidad de votar por correo, aunque aún no existe apoyo mayoritario para que toda la votación se realice por este método.

Los resultados de PewResearch sugieren que  “en general, alrededor de seis de cada diez estadounidenses (59%) dicen que tienen al menos algo de confianza en que las elecciones presidenciales de noviembre se llevarán a cabo de manera justa y precisa, mientras que una proporción similar (63%) expresa confianza en que todos los ciudadanos que desean votar en el elección podrán hacerlo”.

No obstante, el estudio refleja “amplias diferencias partidistas en estos puntos de vista, con los republicanos mucho más seguros que los demócratas en la imparcialidad y accesibilidad de las elecciones”.

Según el estudio de PewResearch “si bien las tres cuartas partes de los republicanos dicen que están, al menos, algo seguros de que las próximas elecciones se llevarán a cabo de manera justa y precisa, solo el 46% de los demócratas opinan igual”.

Este estudio de PewResearch se realizó entre el 7 y 12 de abril. Se entrevistaron a 4.917 adultos estadounidenses.

¿Qué hacer en Venezuela?

Resulta evidente que antes de adecuar el proceso electoral en Venezuela es necesario lograr un arbitraje electoral institucional e imparcial que se aboque a la reconstrucción del sistema automatizado de votación.

Lamentablemente en Venezuela pocos están pensando en el reto adicional que supone realizar elecciones en medio de la crisis del COVID-19.

A este nueva institucionalidad le corresponderá evitar que los electores tengan ahora un nuevo dilema: contagiarse o votar.

No debe olvidarse que el proceso electoral puede tener hasta 40 etapas que pueden convertirse en fuentes potenciales de contagios comunitarios.

En Venezuela resultan inviables opciones de voto remoto que se valoran en otros países como emitir el sufragio por correo o utilizar voto vía internet. No obstante, esta última opción no debería descartarse para los electores que se encuentran fuera del país.

Para los países, como Venezuela, que no pueden aplicar opciones masivas de voto remoto es esencial enfocarse en disminuir la posibilidad de contagio, pensando en ocho acciones básicas:

  • Registro de electores y verificación de votantes sin contacto.
  • Selección y entrenamiento de personal electoral, miembros de mesas, etc de forma remota
  • Evaluar la distribución de electores y de centros de votación según las variables de grupos de riesgos y clústeres geográficos de contagio.
  • Implementar en toda la cadena electoral procedimientos y protocolos para mitigar contagio.
  • Incluir protocolos de desinfección segura de la boleta electoral y el resto del material electoral utilizado el día de la elección.
  • Aumentar los procesos digitales el organismo electoral puede realizar.

Durante el seminario de “Votación en Tiempos de Coronavirus” organizado por Transparencia Electoral, Eduardo Correia, vicepresidente de la unidad electoral de Smartmatic, explicó que las autoridades electorales de la región deben comenzar a preparar estrategias de adaptación y preparación para la realización de procesos electorales bajo el contexto actual.

Entre las recomendaciones de Correia destaca la necesidad de “levantar la información de los centros de votación tradicionales, para evaluar cuáles espacios cumplen con los criterios necesarios para la adopción de las medidas sanitarias recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS)”.

En este levantamiento de información se debe “incluir el análisis de las dimensiones de cada local de votación, para modelar el flujo de los electores por mesa de manera segura, garantizando que se puedan mitigar puntos de contacto y mantener las distancias mínimas en los centros de votación”.

Adicionalmente propone recurrir “de manera mucho más activa a herramientas que permitan el entrenamiento virtual, e inclusive la evaluación remota para temas de búsqueda y selección de personal”, incorporar a los procesos electorales protocolos de mejores prácticas basadas en estudios científicos, entre estos planes se pueden incluir campañas de conciencización, equipos de protección personal (PPE), unidades de desinfección automatizadas, y monitoreo en vivo para validar el cumplimiento de los protocolos.

Por otra parte, insiste en la necesidad de trabajar con protocolos de desinfección de los espacios donde hay una exposición importante al contagio: desde almacenes de impresión de boletas, de distribución y recibimiento de kits electorales, hasta los centros de votación y centros de procesamiento de boletas y resultados. La tecnología permite desinfectar incluso las boletas y los materiales de votación con los que interactúan votantes, trabajadores y funcionarios electorales.

Según Correia las tecnologías bien diseñadas juegan un papel crucial para ayudar a los gobiernos a continuar con sus procesos electorales”.

La experiencias que puedan tomarse

El debate sobre elecciones en medio de una pandemia ya se ha dado en Bolivia, Chile, Ecuador, República Dominicana, Paraguya o Uruguay.

De los casos de República Dominicana, Paraguay y Uruguay debe tomarse el ejemplo de que las decisiones de posponer eventos electorales fueron ampliamente consultadas entre los partidos y la sociedad social. Las autoridades electorales no impusieron sus criterios.

El debate en Bolivia tambiñen puede servir para evaluar algunos temas en Venezuela.

Salvador Romero recordaba recientemente que esta no es solo una crisis sanitaria, sino es una crisis económica y en ete contexto adecuar los procesos electorales a las nuevas normas requiere un incremento significativo del presupuesto, además que plantea nuevas interrogantes: ¿Cómo garantizar la observación internacional y nacional en medio de las medidas para evitar el COVID-19?

El debate en Ecuador también puede dar guiar algunos elementos en Venezuela.
Para las elecciones generales de febrero el CNE se plantea escalar la jornada electoral en varios días, para poder segmentar por clústeres a zonas o población de riesgo. Esta medida pudiese aplicarse en Venezuela.

No obstante, el paso previo es definir la designación de un nuevo organismo electoral, y a partir de ahí decidir como recuperar el sistema (98% del hardware se perdió en el incendio de marzo) y como adaptar el sistema a la realidad que impone el COVID-19.

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Venezuela, el COVID 19 y elecciones íntegras

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Venezuela, el COVID 19 y elecciones íntegras


Jesús Castellanos Vásquez

Licenciado en Ciencias Políticas y Administrativas (UCV). Especialista en Comunicación Organizacional (UCAB) y Magister en Gestión y Políticas Públicas (U. de Chile). Candidato a Doctor en Ciencias, mención Ciencias Políticas (UCV). Profesor de la Especialización de Procesos y Sistemas Electorales de la UCV. Funcionario (j) de Consejo Nacional Electoral de Venezuela (1992-2016). Consultor de organizaciones como IDEA Internacional y Transparencia Electoral de Argentina y colaborador de Aceproject y del Proyecto Integridad Electoral de las Universidades de Harvard y Sydney.


Con este artículo de Jesus Castellanos Vásquez, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), el Observatorio Global de Comunicación y Democracia (OGCD), el Movimiento Ciudadano Dale Letra y Sinergia (Red Venezolana de OSC), presentamos una serie de artículos, reflexiones e ideas para el debate sobre la vulneración de los derechos políticos y la recuperación de la democracia en Venezuela.


El COVID-19 ha generado efectos en todos los ámbitos de la vida humana, incluyendo el político, y más específicamente, en los regímenes y en las elecciones. IDEA Internacional ha contabilizado cincuenta y dos países o territorios que pospusieron  elecciones o referendos a causa de la mencionada pandemia, mientras que veinte han decidido celebrarlos; de allí que resulte de sumo interés conocer, v.g., las estrategias instrumentadas en las elecciones parlamentarias de Corea del Sur, las municipales francesas en primera vuelta (la segunda vuelta fue pospuesta dada la alta abstención) o los debates actuales consecuencia de la postergación del plebiscito de entrada en Chile o por el uso del voto por correo en Polonia.

El presente artículo pretende evaluar la posibilidad de celebrar elecciones íntegras en Venezuela, observando su contexto y ahora bajo el fenómeno del COVID-19.

Suspender una elección, incluso por emergencias de esta naturaleza, no es un asunto menor. Además de la obvia lesión a la dinámica democrática, se corren diversos riesgos, a saber, institucionales (de confianza), políticos (conflictividad interna), legales (incumplimiento inconstitucional), financieros y operaciones.  De hecho, las pandemias son terrenos fértiles para el nacimiento o recrudecimiento de formas autoritarias tal como lo sostiene el “Pandemic backslinding risk index”, el cual indica que cuarenta y ocho países, incluyendo a Venezuela, tienen un alto riesgo de un decline democrático mientras que treinta y cuatro poseen uno medio, de acuerdo a variables como: violaciones significativas a uno o más estándares democráticos por situaciones de emergencia y tendencia autoritaria.

Según Levitsky y Ziblatt, los autócratas “aman” las emergencias pues constituyen una oportunidad para: 1) construir apoyos públicos, gracias a la crisis y la generación, por ella, de una mayor tolerancia ciudadana; 2) silenciar al opositor ante la gravedad de las circunstancias y 3) erigir la figura del ejecutivo, incluso en desconocimiento de la constitución, por encima del resto de los poderes públicos.  A dicho tenor, Roth sostiene que el Coronavirus ofrece una excusa para silenciar la crítica y consolidar el poder, evidenciándose en múltiples casos: China, Tailandia, Venezuela, Turquía, Brasil e incluso Hungría, dadas las acciones del Primer Ministro Orbán para asegurar un estado de emergencia indefinido.Para Youngs hay dos grupos de países: los “autoritarios o que caminan por esa vía y aprovechan para profundizar esas tendencias y los democrático que por razones justificadas aplazan elecciones pero supuestamente con garantías de que los gobiernos no podrán manipular la situación”. Kevin Casas, en esa misma línea, destaca: “Sería necio negar a los gobiernos la posibilidad de limitar las libertades, en forma temporal y bajo supervisión de legisladores y jueces, durante una emergencia. Mi preocupación es que esto se convierta en la norma de los regímenes democráticos, no solo porque los lideres autoritarios los exijan sino porque una ciudadanía atemorizada lo consientan”

El COVID-19 llega a Venezuela en uno de los peores momentos de su historia. Tal como lo señala el Informe Global Humanitarian response Plan COVID 19 (2020), Nuestro país se encuentra en una situación especialmente delicada dada su limitada capacidad para la atención de la pandemia producto de la escasez de alimentos y suministros, falta de agua y electricidad y la migración de profesionales de la salud, a lo que se agrega, una enorme crisis económica, problemas con la gasolina y distribución de bienes;  esto viene a complementar lo ya expuesto en el Informe de la Alta Comisionada de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos en la República Bolivariana de Venezuela (2019), en lo referente a la crisis de los derechos económicos y sociales (alimentación, salud). En dicho informe también se puede constatar la condición autoritaria del régimen (violaciones a la libertad de opinión y expresión, represión selectiva y persecución por motivos políticos, ataque a actores críticos al régimen, uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos), ratificado en Freedom in the World 2020 en el que se califica a Venezuela como un país no libre debido al incumplimiento de estándares democráticos internacionales en derechos políticos  (elecciones, participación política y pluralismo, funcionamiento del gobierno) y civiles (libertad de expresión, de asociación y reunión, respeto a la Ley, autonomía personal y derechos individuales).

Nicolás Maduro, quien detenta la Presidencia de la República en Venezuela tras los comicios fraudulentos de 2018, informó que “no sabía si va a haber elecciones este año porque tenemos prioridad”, pudiendo con ello violentar, además del mandato constitucional de celebrar elecciones parlamentarias cada cinco año, lo cual correspondería este año, la competencia legal del Consejo Nacional Electoral (CNE) de convocarlas o en su defecto, suspenderlas. Ante esto ¿Es posible celebrar elecciones libres en Venezuela?

En las circunstancias previas a la pandemia, ya era cuesta arriba efectuar elecciones integras en el país, entre otras razones, por la naturaleza no democrática del régimen traducida en la inexistencia del respeto al Estado de Derecho, subordinación del resto de los poderes públicos, incluyendo al CNE y a excepción de una fracción de la Asamblea Nacional, ilegalización de la mayoría de los partidos políticos de oposición. El COVID-19 solo ha venido a agravar aún más la realización de comicios en Venezuela conforme a estándares democráticos, al facilitarle “armas” a Maduro para radicalizar su gestión autoritaria.

No son pocas las recomendaciones que encontramos sobre elecciones y el COVID-19. Querido, alerta sobre la importancia de la calidad institucional de la administración electoral, junto a la validez del uso de la tecnología electoral y del voto temprano. El IIDDH, por su parte, propone todo un marco en el que se incluyen campañas electorales virtuales, previa revisión del marco legal; fuerte capacitación ciudadana; personas jóvenes para integrar las mesas electorales; precauciones en la elaboración del material electoral; acondicionamiento de Centros de Votación (creación de nuevos, requerimiento del distanciamiento social, equipamiento de material sanitario, adecuación de protocolos). Adicionalmente, sugiere la posibilidad de votar en dos días o más y/o extender el horario de votación, amén de crear horarios exclusivos (rubros de prioridad).

En conclusión, en la Venezuela actual, para desarrollar elecciones integras lo primero es restituir las condiciones mínimas democráticas. No hay otra opción, Superado esto, proponemos:

  1. Evaluar de forma rigurosa la situación del COVID-19 en Venezuela;
  2. Buscar acuerdo nacional: Elecciones y COVID-19;

Y en caso de celebrarse las elecciones:

  1. Revisar prácticas exitosas de elecciones bajo el COVID-19;
  2. Revisar y modificar la legislación vigente para permitir: a) registro electoral y votación para los venezolanos en el exterior por internet y opcional para  los residentes en territorio nacional y b) Voto anticipado presencial (no postal). Posibilidad de por lo menos dos días de votación y horarios exclusivos para grupos vulnerables;
  3. Incorporar y/o incrementar elementos de tecnología electoral (educación ciudadana, capacitación, postulaciones, campaña electoral, escrutinio y totalización etc.);
  4. Incorporar todos los mecanismos de seguridad en la elaboración del material electoral y su distribución, instalación de las Mesas Electorales etc.;
  5. Adecuar los Centros de Votación (número, horarios, protocolos de seguridad, integración (lo de personas jóvenes resulta válido), etc. y  
  6. Buscar asistencia, observación y apoyo financiero internacional. 

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Elecciones Presidenciales 2018 en Venezuela: El dilema de Votar o No Votar

Presidenciales Venezuela 2018

PRESIDENCIALES 2018 VENEZUELA:

EL DILEMA DE VOTAR O NO VOTAR

Por Griselda Colina y Héctor Vanolli

Griselda Colina. Comunicadora Social egresada de la UCV. Actualmente es Directora del Observatorio Global de Comunicación y Democracia. Entre 2010 y 2015 ocupó la Coord. de Proyectos de la oficina del Centro Carter en Venezuela. Co- autora del manual de monitoreo de medios del Centro Carter, así como del Informe de Libertad de Expresión de Freedom House 2012. Colina fue parte del staff local de la Misión de Estudio del Centro Carter en Venezuela para los procesos electorales presidenciales de 2012 y 2013. @griscolina
Hector Vanolli fotoHéctor Vanolli. Es licenciado en Comunicaciones Sociales por la Universidad Católica de Salta (UCS), tiene una maestría en Relaciones Internacionales y Comunicación en la Universidad de Boston (BU) y ha sido scholar de la Fundación Fulbright y la Fundación Ford en los Estados Unidos. Se desempeñó como Representante Permanente del Centro Carter en Venezuela entre 2005 y 2014. Anteriormente, se desempeñó como Especialista en la Unidad para la Promoción de la Democracia (UPD) de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington DC. @AngelCostas2

 

E-Lector BlogA diferencia de Colombia, donde la participación de la ciudadanía en los procesos electorales nacionales ha tendido a ubicarse alrededor del 50 por ciento, Venezuela se ha caracterizado, en los últimos años, por la masiva concurrencia de la población a las urnas. En las elecciones presidenciales de octubre de 2012, por ejemplo, en las que el entonces presidente Hugo Chávez enfrentó al candidato de la oposición, Henrique Capriles Radonsky, la participación del electorado alcanzó el 80 por ciento. Este porcentaje se mantuvo prácticamente inalterado al año siguiente, durante los llamados “comicios sobrevenidos” de abril de 2013, en los cuales el candidato oficialista, en este caso Nicolás Maduro, se midió nuevamente con Capriles Radonsky. Si se tiene en cuenta que tanto en Colombia como en Venezuela el voto es voluntario, el desempeño de Venezuela en materia de participación electoral resulta sorprendente. Los venezolanos, de acuerdo al lugar común, gustan de salir a votar y expresarse.

Participación Electoral en Venezuela
Fuente: Datos CNE, Elaboración OGCD

La disposición de los venezolanos a concurrir masivamente a las urnas comenzó sin embargo a desplomarse luego de las elecciones de diciembre 2015, cuando casi el 74 por ciento de los electores salió a votar para elegir a los miembros de la Asamblea Nacional, dando a la oposición una de sus más rotundas y resonantes victorias de la “era Chávez”. De acuerdo a los encuestadores, la participación en las elecciones de mayo de 2018 podría caer del pico del 80 por ciento alcanzado en 2012 a una cifra que variaría entre el 45 y el 61 por ciento.

El desplome de la participación

El declive del porcentaje de participación electoral posterior a 2015 puede explicarse por varias razones. En primer lugar, debe citarse, como causa primordial, el proceso de debilitamiento de las garantías electorales y la erosión de la confianza ciudadana impulsado por el propio ente electoral venezolano con el apoyo de la totalidad del aparato institucional del estado.

Si bien los orígenes de este proceso se remontan a la segunda presidencia de Chávez, es luego de las parlamentarias de 2015 que el CNE, abandonando toda pretensión de imparcialidad, toma abiertamente partido por el oficialismo. La lista de violaciones e irregularidades, en la que incurrió el ente electoral a partir de este momento, es larga. En 2016 boicoteó primero, y suspendió después, la demanda ciudadana para activar el mecanismo relativo al referendo revocatorio presidencial; postergó luego, sin ninguna justificación, las elecciones regionales y retrasó igualmente, sin justificativo alguno, el proceso para renovar las nóminas de los partidos políticos.

Como culminación de este proceso, y tras un periodo de extensas protestas ciudadanas, el CNE avaló en 2017 la convocatoria ilegal para elegir una Asamblea Nacional Constituyente, proceso en el que no sólo se violentó abiertamente el marco constitucional vigente sino que se cruzó, por primera vez, la delgada línea roja que, hasta ese momento, había separado el ventajismo y las irregularidades del fraude electoral. De acuerdo a la propia empresa proveedora del software electoral, el CNE añadió fraudulentamente en ese evento al menos un millón de votos (hasta el día de hoy, el ente electoral no ha publicado resultados oficiales).

La “delgada línea roja” volvió a cruzarse ese mismo año, durante las elecciones regionales de octubre de 2017, cuando, en la elección de gobernadores en el estado Bolívar, el CNE alteró los resultados transmitidos por el sistema automatizado

La “delgada línea roja” volvió a cruzarse ese mismo año, durante las elecciones regionales de octubre de 2017, cuando, en la elección de gobernadores en el estado Bolívar, el CNE alteró los resultados transmitidos por el sistema automatizado mediante la incorporación irregular de actas manuales, dándole así la victoria al candidato oficialista.

La ola abstencionista

Paradójicamente, el proceso de erosión de la confianza ciudadana en el sistema electoral fue impulsado y fortalecido a partir de 2004 por la propia oposición política. Alegando la supuesta comisión de un fraude electrónico durante el desarrollo del referéndum revocatorio presidencial de agosto de ese año, la coalición opositora, entonces conocida como Coordinadora Democrática, convocó la que hoy podría considerarse una de las más exitosas campañas de abstención electoral en la historia política moderna venezolana. Si bien dicho fraude nunca pudo probarse, el llamado a la abstención llevó, entre los años 2004 y 2005, a la pérdida de numerosos espacios críticos de poder para la oposición, tanto en el ámbito de los gobiernos municipales y estatales como en el de la Asamblea Nacional. Las bancas perdidas en el órgano deliberativo sólo comenzaron a recuperarse en 2010, después de que el régimen hubiera adelantado su agenda por varios años sin ningún tipo de oposición parlamentaria.

El actual llamado a la abstención por parte de la oposición se produce en circunstancias radicalmente diferentes. A diferencia de lo ocurrido durante los primeros años del chavismo, la oposición no cuenta en 2018 con las garantías electorales necesarias en cualquier elección democrática. La posibilidad de que la administración recurra a todo tipo de manipulaciones e irregularidades el día de los comicios, incluido el fraude electoral, es por lo tanto una posibilidad cierta. Todo ello sin mencionar las graves irregularidades registradas en el proceso previo a los comicios del domingo, ni la ilegitimidad de origen de la convocatoria.

Dado que no toda la dirigencia opositora aceptó el llamado a la abstención, la convocatoria de la MUD a permanecer en los hogares el domingo produjo una profunda y dolorosa división entre los sectores que adversan al régimen.

Esta circunstancia, más la extendida sensación de frustración y derrotismo que siguieron a los comicios regionales de octubre de 2017, reavivaron la marea abstencionista que, desde 2004, dormía en las venas profundas de la sociedad y el sistema político venezolano. En este sentido, la Mesa de Unidad Democrática (MUD) no tuvo que empujar demasiado. Por el contrario. Sólo tuvo que dejarse arrastrar por la corriente.

La rebelión de las bases

Dado que no toda la dirigencia opositora aceptó el llamado a la abstención, la convocatoria de la MUD a permanecer en los hogares el domingo produjo una profunda y dolorosa división entre los sectores que adversan al régimen. Para quienes apoyan al principal referente opositor en la contienda electoral, el ex gobernador del estado Lara, ex jede de campaña de Capriles y ex dirigente de la MUD (además de ex líder y prominente dirigente del chavismo), Henry Falcón, el llamado de la MUD a la abstención presupone la pérdida de una oportunidad de oro para remover a Maduro.

A juicio de muchos de los sectores que apoyan a Falcón, no importa la existencia o no de garantías electorales, el entramado de trampas, o la posibilidad cierta de fraude. Tampoco importa el pasado chavista de Falcón (para muchos, esa circunstancia constituye incluso una ventaja). Hay que salir a votar, señalan, como expresión de protesta y de denuncia, y como forma de presión para obligar al gobierno a hacer trampa. Si vota la inmensa mayoría de los venezolanos, que según las encuestas adversan abrumadoramente a Maduro, no hay nada que el oficialismo pueda hacer para ocultar o disimular la derrota. Al margen de la postura que asuma el CNE, concluyen, esa circunstancia llevará indefectiblemente a escenarios de ingobernabilidad impredecibles los que, a su vez, podrían desembocar, en el corto o mediano plazo, en los esperados escenarios de transición. Para los abstencionistas más radicales, sin embargo, el sólo hecho de salir a votar el domingo equivale a poco menos que a un acto de complicidad con el régimen, cuando no de traición abierta.

El día después

Las elección del 20 de mayo en Venezuela se produce no sólo en el marco de un régimen político de abierta vocación totalitaria sino también en medio de un fenómeno hiperinflacionario arrasador (de acuerdo a los cálculos del Fondo Monetario Internacional, la inflación en 2018 alcanzaría el 14 mil por ciento) y una crisis humanitaria sin precedentes, en la que un inmenso porcentaje de la población depende para su sustento cotidiano de la distribución de cajas de productos básicos por parte del gobierno.

…a partir del día 21, se abre en Venezuela una etapa inédita, difícil de predecir, en la que la unidad de propósitos y acciones para el tránsito a la democracia será urgente

Cualquiera sea el desenlace de la contienda del 20 de mayo, lo cierto es que, a partir del día 21, se abre en Venezuela una etapa inedita, difícil de predecir, en la que la unidad de propósitos y acciones para el tránsito a la democracia será urgente.

 

 

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La Observación Electoral: Un Instrumento Valioso En Manos Ciudadanas

Observación Electoral

La Observación Electoral: Un Instrumento Valioso En Manos Ciudadanas

Jose Domingo Mujica

José Domingo Mujica

Director Red de Observación Electoral Asamblea de Educación

@RedObservaAE

 

E-Lector BlogEntre los instrumentos al alcance de los ciudadanos para la defensa de sus derechos políticos ocupa un lugar destacado la observación electoral. Esto se debe, en buena medida a que su ejercicio se coloca en la ruta que lleva a la definición de un factor crucial de la vida social y política: la designación de los que han de ejercer el poder. Se debe también a que su práctica es muy accesible a un amplio espectro de personas.

La libre escogencia de autoridades locales o dirigentes figura entre los derechos humanos fundamentales de todo miembro de una sociedad. Así lo establece, entre otros acuerdos internacionales, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas cuando en su artículo 21 señala que “La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público” y específica además que la misma ha de ejercerse por sufragio universal y secreto, mediante elecciones auténticas periódicas. La observación electoral tiene como propósito central la preservación de ese esencial derecho.

La observación electoral la llevan a cabo, en diferentes países, organizaciones no partidistas de ciudadanos, que incorporan voluntarios, debidamente entrenados para cumplir con el monitoreo sistemático de todo lo relacionado, directa o indirectamente, con los procesos electorales

La observación electoral la llevan a cabo, en diferentes países, organizaciones no partidistas de ciudadanos, que incorporan voluntarios, debidamente entrenados para cumplir con el monitoreo sistemático de todo lo relacionado, directa o indirectamente, con los procesos electorales; velando porque las elecciones se celebren respetando, tanto las reglas electorales nacionales, como los estándares internacionales que caracterizan una elección libre, equitativa y justa. Este monitoreo incluye la vigilancia del comportamiento de las instituciones públicas, antes, durante y después del periodo electoral.

Con su llamado a la participación directa en la defensa del voto democrático, la observación electoral contribuye al involucramiento de los ciudadanos en la vida pública.

TIEMPO Y ESPECTRO DE LA OBSERVACIÓN ELECTORAL

El examen y la valoración de los procesos electorales que realizan las organizaciones de observación electoral lo ofrecen a la ciudadanía, y en general a la opinión pública nacional e internacional, mediante un informe objetivo, independiente de los intereses particulares de los contendientes políticos participantes en la elección.

De esta manera la observación electoral se ha convertido a escala mundial en un importante factor de defensa y promoción de la democracia.

el propósito final de las actividades de observación electoral es el de reunir pruebas sustentables de las prácticas fraudulentas o violatorias de derechos fundamentales que se produzcan en el proceso electoral y hacerlas públicas

La observación electoral que, en sus inicios, cuando era una actividad realizada esencialmente por organizaciones internacionales, se limitaba al monitoreo de la jornada electoral, con el tiempo ha acrecentado su campo de acción, agregando progresivamente la vigilancia de la etapa preparatoria y de los eventos posteriores a la elección. Hoy en día la observación comprende la evaluación sistemática de la utilización de los medios de comunicación social y de las redes sociales durante la campaña electoral; la evaluación en campo de la campaña por equipos de observadores; la observación de la implantación de la infraestructura tecnológica para la elección por parte de las autoridades electorales y el seguimiento exhaustivo de la jornada electoral mediante el despliegue de observadores electorales a nivel nacional y el debido procesamiento de la información que estos suministran.

En resumidas cuentas, el propósito final de las actividades de observación electoral es el de reunir pruebas sustentables de las prácticas fraudulentas o violatorias de derechos fundamentales que se produzcan en el proceso electoral y hacerlas públicas, de manera que puedan servir de base a la actuación de la ciudadanía en defensa de sus derechos.

LA OBSERVACIÓN ELECTORAL EN LAS BUENAS Y EN LAS MALAS

En su ya amplia experiencia internacional, la observación electoral ha debido enfrentar realidades complejas de diversa índole y desempeñar roles de notoria importancia.  Uno muy valioso ha sido su papel en los procesos de transición hacia la paz y la democracia de países que han sufrido conflictos bélicos. En estos casos, ante la debilidad institucional y cultural para garantizar elecciones libres y justas, la observación electoral ha ofrecido un soporte para la sustentabilidad democrática, mitigando la desconfianza de los partidos políticos y la inseguridad de la población, mediante una acción que procura contener los intentos de fraude. Con ello ha contribuido a que en esos países se adopte la vía electoral, como mecanismo para dilucidar las diferencias políticas. Tal fue el caso de varios países africanos y de algunos países centroamericanos durante los años ochenta y noventa del siglo pasado.

A la observación electoral le ha tocado asimismo contribuir con el desenmascaramiento de regímenes autoritarios que se construyen fachadas democráticas con elecciones fraudulentas sobre las cuales mantienen un férreo control.

Ha sido también apreciable su contribución en procesos de democratización de regímenes autoritarios o dictatoriales. En esta lista figuran países africanos como Ghana, Etiopía y Kenia, países ex-soviéticos o que pertenecieron al área de influencia de la extinta Unión Soviética, como Georgia, Ucrania y Eslovaquia y, en Latinoamérica, Chile, Perú e incluso México, en donde se dio una larga permanencia en el poder de un solo partido, no obstante la celebración periódica de elecciones.

A la observación electoral le ha tocado asimismo contribuir con el desenmascaramiento de regímenes autoritarios que se construyen fachadas democráticas con elecciones fraudulentas sobre las cuales mantienen un férreo control. En estos casos la acción de la observación electoral ayuda a despertar la conciencia de los ciudadanos acerca de sus derechos políticos y el escamoteo que de éstos se hace en las elecciones.

En algunos países, tales como Perú y Colombia en Latinoamérica, las organizaciones de observación han participado en la detección y denuncia de la infiltración de la delincuencia (en particular del narcotráfico) en la política, especialmente en los procesos electorales.

LA OBSERVACIÓN ELECTORAL: UNA EXPERIENCIA COMPARADA

El desarrollo de la observación electoral ha sido marcadamente desigual en los diferentes países. Es así como, mientras que México ha incorporado la observación electoral a su legislación y le ha otorgado un presupuesto para respaldarla, y en países como Perú y la República Dominicana ésta cuenta con una amplia aceptación y reconocimiento oficial, en muchos países el rol de la observación ha sido manifiestamente minimizado, e incluso hay casos en los que es objeto de persecusión y restricciones.

…en el caso de Venezuela a las organizaciones de observación electoral se les plantea la lucha por objetivos tales como la eliminación de la restricción que se impone al número de observadores y, en general, la instauración de un régimen legal que establezca con claridad los deberes y derechos de los observadores.

Al mismo tiempo, la disparidad del desarrollo de la observación ha dejado de hecho una agenda a cumplir por las organizaciones de los países con relativo retraso en en su desempeño de la actividad, que se nutre de los logros y experiencias de sus congéneres. Esta vinculación, junto con los estándares para una elección libre y justa establecidos por organizaciones internacionales, ha funcionado como un impulsor de reformas electorales y en áreas asociadas, que apuntan al ensanchamiento de las prácticas democráticas.¿

En este orden de ideas, en el caso de Venezuela a las organizaciones de observación electoral se les plantea la lucha por objetivos tales como la eliminación de la restricción que se impone al número de observadores; la supresión de las limitaciones excesivas a la intervención del observador en el señalamiento de faltas o incorrecciones durante las votaciones y, en general, la instauración de un régimen legal que establezca con claridad los deberes y derechos de los observadores.

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