Elecciones Presidenciales 2018 en Venezuela: El dilema de Votar o No Votar

Presidenciales Venezuela 2018

PRESIDENCIALES 2018 VENEZUELA:

EL DILEMA DE VOTAR O NO VOTAR

Por Griselda Colina y Héctor Vanolli

Griselda Colina. Comunicadora Social egresada de la UCV. Actualmente es Directora del Observatorio Global de Comunicación y Democracia. Entre 2010 y 2015 ocupó la Coord. de Proyectos de la oficina del Centro Carter en Venezuela. Co- autora del manual de monitoreo de medios del Centro Carter, así como del Informe de Libertad de Expresión de Freedom House 2012. Colina fue parte del staff local de la Misión de Estudio del Centro Carter en Venezuela para los procesos electorales presidenciales de 2012 y 2013. @griscolina
Hector Vanolli fotoHéctor Vanolli. Es licenciado en Comunicaciones Sociales por la Universidad Católica de Salta (UCS), tiene una maestría en Relaciones Internacionales y Comunicación en la Universidad de Boston (BU) y ha sido scholar de la Fundación Fulbright y la Fundación Ford en los Estados Unidos. Se desempeñó como Representante Permanente del Centro Carter en Venezuela entre 2005 y 2014. Anteriormente, se desempeñó como Especialista en la Unidad para la Promoción de la Democracia (UPD) de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington DC. @AngelCostas2

 

E-Lector BlogA diferencia de Colombia, donde la participación de la ciudadanía en los procesos electorales nacionales ha tendido a ubicarse alrededor del 50 por ciento, Venezuela se ha caracterizado, en los últimos años, por la masiva concurrencia de la población a las urnas. En las elecciones presidenciales de octubre de 2012, por ejemplo, en las que el entonces presidente Hugo Chávez enfrentó al candidato de la oposición, Henrique Capriles Radonsky, la participación del electorado alcanzó el 80 por ciento. Este porcentaje se mantuvo prácticamente inalterado al año siguiente, durante los llamados “comicios sobrevenidos” de abril de 2013, en los cuales el candidato oficialista, en este caso Nicolás Maduro, se midió nuevamente con Capriles Radonsky. Si se tiene en cuenta que tanto en Colombia como en Venezuela el voto es voluntario, el desempeño de Venezuela en materia de participación electoral resulta sorprendente. Los venezolanos, de acuerdo al lugar común, gustan de salir a votar y expresarse.

Participación Electoral en Venezuela
Fuente: Datos CNE, Elaboración OGCD

La disposición de los venezolanos a concurrir masivamente a las urnas comenzó sin embargo a desplomarse luego de las elecciones de diciembre 2015, cuando casi el 74 por ciento de los electores salió a votar para elegir a los miembros de la Asamblea Nacional, dando a la oposición una de sus más rotundas y resonantes victorias de la “era Chávez”. De acuerdo a los encuestadores, la participación en las elecciones de mayo de 2018 podría caer del pico del 80 por ciento alcanzado en 2012 a una cifra que variaría entre el 45 y el 61 por ciento.

El desplome de la participación

El declive del porcentaje de participación electoral posterior a 2015 puede explicarse por varias razones. En primer lugar, debe citarse, como causa primordial, el proceso de debilitamiento de las garantías electorales y la erosión de la confianza ciudadana impulsado por el propio ente electoral venezolano con el apoyo de la totalidad del aparato institucional del estado.

Si bien los orígenes de este proceso se remontan a la segunda presidencia de Chávez, es luego de las parlamentarias de 2015 que el CNE, abandonando toda pretensión de imparcialidad, toma abiertamente partido por el oficialismo. La lista de violaciones e irregularidades, en la que incurrió el ente electoral a partir de este momento, es larga. En 2016 boicoteó primero, y suspendió después, la demanda ciudadana para activar el mecanismo relativo al referendo revocatorio presidencial; postergó luego, sin ninguna justificación, las elecciones regionales y retrasó igualmente, sin justificativo alguno, el proceso para renovar las nóminas de los partidos políticos.

Como culminación de este proceso, y tras un periodo de extensas protestas ciudadanas, el CNE avaló en 2017 la convocatoria ilegal para elegir una Asamblea Nacional Constituyente, proceso en el que no sólo se violentó abiertamente el marco constitucional vigente sino que se cruzó, por primera vez, la delgada línea roja que, hasta ese momento, había separado el ventajismo y las irregularidades del fraude electoral. De acuerdo a la propia empresa proveedora del software electoral, el CNE añadió fraudulentamente en ese evento al menos un millón de votos (hasta el día de hoy, el ente electoral no ha publicado resultados oficiales).

La “delgada línea roja” volvió a cruzarse ese mismo año, durante las elecciones regionales de octubre de 2017, cuando, en la elección de gobernadores en el estado Bolívar, el CNE alteró los resultados transmitidos por el sistema automatizado

La “delgada línea roja” volvió a cruzarse ese mismo año, durante las elecciones regionales de octubre de 2017, cuando, en la elección de gobernadores en el estado Bolívar, el CNE alteró los resultados transmitidos por el sistema automatizado mediante la incorporación irregular de actas manuales, dándole así la victoria al candidato oficialista.

La ola abstencionista

Paradójicamente, el proceso de erosión de la confianza ciudadana en el sistema electoral fue impulsado y fortalecido a partir de 2004 por la propia oposición política. Alegando la supuesta comisión de un fraude electrónico durante el desarrollo del referéndum revocatorio presidencial de agosto de ese año, la coalición opositora, entonces conocida como Coordinadora Democrática, convocó la que hoy podría considerarse una de las más exitosas campañas de abstención electoral en la historia política moderna venezolana. Si bien dicho fraude nunca pudo probarse, el llamado a la abstención llevó, entre los años 2004 y 2005, a la pérdida de numerosos espacios críticos de poder para la oposición, tanto en el ámbito de los gobiernos municipales y estatales como en el de la Asamblea Nacional. Las bancas perdidas en el órgano deliberativo sólo comenzaron a recuperarse en 2010, después de que el régimen hubiera adelantado su agenda por varios años sin ningún tipo de oposición parlamentaria.

El actual llamado a la abstención por parte de la oposición se produce en circunstancias radicalmente diferentes. A diferencia de lo ocurrido durante los primeros años del chavismo, la oposición no cuenta en 2018 con las garantías electorales necesarias en cualquier elección democrática. La posibilidad de que la administración recurra a todo tipo de manipulaciones e irregularidades el día de los comicios, incluido el fraude electoral, es por lo tanto una posibilidad cierta. Todo ello sin mencionar las graves irregularidades registradas en el proceso previo a los comicios del domingo, ni la ilegitimidad de origen de la convocatoria.

Dado que no toda la dirigencia opositora aceptó el llamado a la abstención, la convocatoria de la MUD a permanecer en los hogares el domingo produjo una profunda y dolorosa división entre los sectores que adversan al régimen.

Esta circunstancia, más la extendida sensación de frustración y derrotismo que siguieron a los comicios regionales de octubre de 2017, reavivaron la marea abstencionista que, desde 2004, dormía en las venas profundas de la sociedad y el sistema político venezolano. En este sentido, la Mesa de Unidad Democrática (MUD) no tuvo que empujar demasiado. Por el contrario. Sólo tuvo que dejarse arrastrar por la corriente.

La rebelión de las bases

Dado que no toda la dirigencia opositora aceptó el llamado a la abstención, la convocatoria de la MUD a permanecer en los hogares el domingo produjo una profunda y dolorosa división entre los sectores que adversan al régimen. Para quienes apoyan al principal referente opositor en la contienda electoral, el ex gobernador del estado Lara, ex jede de campaña de Capriles y ex dirigente de la MUD (además de ex líder y prominente dirigente del chavismo), Henry Falcón, el llamado de la MUD a la abstención presupone la pérdida de una oportunidad de oro para remover a Maduro.

A juicio de muchos de los sectores que apoyan a Falcón, no importa la existencia o no de garantías electorales, el entramado de trampas, o la posibilidad cierta de fraude. Tampoco importa el pasado chavista de Falcón (para muchos, esa circunstancia constituye incluso una ventaja). Hay que salir a votar, señalan, como expresión de protesta y de denuncia, y como forma de presión para obligar al gobierno a hacer trampa. Si vota la inmensa mayoría de los venezolanos, que según las encuestas adversan abrumadoramente a Maduro, no hay nada que el oficialismo pueda hacer para ocultar o disimular la derrota. Al margen de la postura que asuma el CNE, concluyen, esa circunstancia llevará indefectiblemente a escenarios de ingobernabilidad impredecibles los que, a su vez, podrían desembocar, en el corto o mediano plazo, en los esperados escenarios de transición. Para los abstencionistas más radicales, sin embargo, el sólo hecho de salir a votar el domingo equivale a poco menos que a un acto de complicidad con el régimen, cuando no de traición abierta.

El día después

Las elección del 20 de mayo en Venezuela se produce no sólo en el marco de un régimen político de abierta vocación totalitaria sino también en medio de un fenómeno hiperinflacionario arrasador (de acuerdo a los cálculos del Fondo Monetario Internacional, la inflación en 2018 alcanzaría el 14 mil por ciento) y una crisis humanitaria sin precedentes, en la que un inmenso porcentaje de la población depende para su sustento cotidiano de la distribución de cajas de productos básicos por parte del gobierno.

…a partir del día 21, se abre en Venezuela una etapa inédita, difícil de predecir, en la que la unidad de propósitos y acciones para el tránsito a la democracia será urgente

Cualquiera sea el desenlace de la contienda del 20 de mayo, lo cierto es que, a partir del día 21, se abre en Venezuela una etapa inedita, difícil de predecir, en la que la unidad de propósitos y acciones para el tránsito a la democracia será urgente.

 

 

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La Observación Electoral: Un Instrumento Valioso En Manos Ciudadanas

Observación Electoral

La Observación Electoral: Un Instrumento Valioso En Manos Ciudadanas

Jose Domingo Mujica

José Domingo Mujica

Director Red de Observación Electoral Asamblea de Educación

@RedObservaAE

 

E-Lector BlogEntre los instrumentos al alcance de los ciudadanos para la defensa de sus derechos políticos ocupa un lugar destacado la observación electoral. Esto se debe, en buena medida a que su ejercicio se coloca en la ruta que lleva a la definición de un factor crucial de la vida social y política: la designación de los que han de ejercer el poder. Se debe también a que su práctica es muy accesible a un amplio espectro de personas.

La libre escogencia de autoridades locales o dirigentes figura entre los derechos humanos fundamentales de todo miembro de una sociedad. Así lo establece, entre otros acuerdos internacionales, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas cuando en su artículo 21 señala que “La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público” y específica además que la misma ha de ejercerse por sufragio universal y secreto, mediante elecciones auténticas periódicas. La observación electoral tiene como propósito central la preservación de ese esencial derecho.

La observación electoral la llevan a cabo, en diferentes países, organizaciones no partidistas de ciudadanos, que incorporan voluntarios, debidamente entrenados para cumplir con el monitoreo sistemático de todo lo relacionado, directa o indirectamente, con los procesos electorales

La observación electoral la llevan a cabo, en diferentes países, organizaciones no partidistas de ciudadanos, que incorporan voluntarios, debidamente entrenados para cumplir con el monitoreo sistemático de todo lo relacionado, directa o indirectamente, con los procesos electorales; velando porque las elecciones se celebren respetando, tanto las reglas electorales nacionales, como los estándares internacionales que caracterizan una elección libre, equitativa y justa. Este monitoreo incluye la vigilancia del comportamiento de las instituciones públicas, antes, durante y después del periodo electoral.

Con su llamado a la participación directa en la defensa del voto democrático, la observación electoral contribuye al involucramiento de los ciudadanos en la vida pública.

TIEMPO Y ESPECTRO DE LA OBSERVACIÓN ELECTORAL

El examen y la valoración de los procesos electorales que realizan las organizaciones de observación electoral lo ofrecen a la ciudadanía, y en general a la opinión pública nacional e internacional, mediante un informe objetivo, independiente de los intereses particulares de los contendientes políticos participantes en la elección.

De esta manera la observación electoral se ha convertido a escala mundial en un importante factor de defensa y promoción de la democracia.

el propósito final de las actividades de observación electoral es el de reunir pruebas sustentables de las prácticas fraudulentas o violatorias de derechos fundamentales que se produzcan en el proceso electoral y hacerlas públicas

La observación electoral que, en sus inicios, cuando era una actividad realizada esencialmente por organizaciones internacionales, se limitaba al monitoreo de la jornada electoral, con el tiempo ha acrecentado su campo de acción, agregando progresivamente la vigilancia de la etapa preparatoria y de los eventos posteriores a la elección. Hoy en día la observación comprende la evaluación sistemática de la utilización de los medios de comunicación social y de las redes sociales durante la campaña electoral; la evaluación en campo de la campaña por equipos de observadores; la observación de la implantación de la infraestructura tecnológica para la elección por parte de las autoridades electorales y el seguimiento exhaustivo de la jornada electoral mediante el despliegue de observadores electorales a nivel nacional y el debido procesamiento de la información que estos suministran.

En resumidas cuentas, el propósito final de las actividades de observación electoral es el de reunir pruebas sustentables de las prácticas fraudulentas o violatorias de derechos fundamentales que se produzcan en el proceso electoral y hacerlas públicas, de manera que puedan servir de base a la actuación de la ciudadanía en defensa de sus derechos.

LA OBSERVACIÓN ELECTORAL EN LAS BUENAS Y EN LAS MALAS

En su ya amplia experiencia internacional, la observación electoral ha debido enfrentar realidades complejas de diversa índole y desempeñar roles de notoria importancia.  Uno muy valioso ha sido su papel en los procesos de transición hacia la paz y la democracia de países que han sufrido conflictos bélicos. En estos casos, ante la debilidad institucional y cultural para garantizar elecciones libres y justas, la observación electoral ha ofrecido un soporte para la sustentabilidad democrática, mitigando la desconfianza de los partidos políticos y la inseguridad de la población, mediante una acción que procura contener los intentos de fraude. Con ello ha contribuido a que en esos países se adopte la vía electoral, como mecanismo para dilucidar las diferencias políticas. Tal fue el caso de varios países africanos y de algunos países centroamericanos durante los años ochenta y noventa del siglo pasado.

A la observación electoral le ha tocado asimismo contribuir con el desenmascaramiento de regímenes autoritarios que se construyen fachadas democráticas con elecciones fraudulentas sobre las cuales mantienen un férreo control.

Ha sido también apreciable su contribución en procesos de democratización de regímenes autoritarios o dictatoriales. En esta lista figuran países africanos como Ghana, Etiopía y Kenia, países ex-soviéticos o que pertenecieron al área de influencia de la extinta Unión Soviética, como Georgia, Ucrania y Eslovaquia y, en Latinoamérica, Chile, Perú e incluso México, en donde se dio una larga permanencia en el poder de un solo partido, no obstante la celebración periódica de elecciones.

A la observación electoral le ha tocado asimismo contribuir con el desenmascaramiento de regímenes autoritarios que se construyen fachadas democráticas con elecciones fraudulentas sobre las cuales mantienen un férreo control. En estos casos la acción de la observación electoral ayuda a despertar la conciencia de los ciudadanos acerca de sus derechos políticos y el escamoteo que de éstos se hace en las elecciones.

En algunos países, tales como Perú y Colombia en Latinoamérica, las organizaciones de observación han participado en la detección y denuncia de la infiltración de la delincuencia (en particular del narcotráfico) en la política, especialmente en los procesos electorales.

LA OBSERVACIÓN ELECTORAL: UNA EXPERIENCIA COMPARADA

El desarrollo de la observación electoral ha sido marcadamente desigual en los diferentes países. Es así como, mientras que México ha incorporado la observación electoral a su legislación y le ha otorgado un presupuesto para respaldarla, y en países como Perú y la República Dominicana ésta cuenta con una amplia aceptación y reconocimiento oficial, en muchos países el rol de la observación ha sido manifiestamente minimizado, e incluso hay casos en los que es objeto de persecusión y restricciones.

…en el caso de Venezuela a las organizaciones de observación electoral se les plantea la lucha por objetivos tales como la eliminación de la restricción que se impone al número de observadores y, en general, la instauración de un régimen legal que establezca con claridad los deberes y derechos de los observadores.

Al mismo tiempo, la disparidad del desarrollo de la observación ha dejado de hecho una agenda a cumplir por las organizaciones de los países con relativo retraso en en su desempeño de la actividad, que se nutre de los logros y experiencias de sus congéneres. Esta vinculación, junto con los estándares para una elección libre y justa establecidos por organizaciones internacionales, ha funcionado como un impulsor de reformas electorales y en áreas asociadas, que apuntan al ensanchamiento de las prácticas democráticas.¿

En este orden de ideas, en el caso de Venezuela a las organizaciones de observación electoral se les plantea la lucha por objetivos tales como la eliminación de la restricción que se impone al número de observadores; la supresión de las limitaciones excesivas a la intervención del observador en el señalamiento de faltas o incorrecciones durante las votaciones y, en general, la instauración de un régimen legal que establezca con claridad los deberes y derechos de los observadores.

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Cómo Reconocer una Elección Democrática

Elecciones Democráticas

Cómo Reconocer una Elección Democrática

 

Héctor G. Briceño es Profesor/Investigador del Área de Desarrollo Sociopolítico del Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela (CENDES-UCV) y Doctorando en Ciencia Política de la Universidad de Rostock, Alemania. Sus principales temas de investigación son Elecciones, Sistemas Electorales y Calidad de la Democracia.

@hectorbriceno

“La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto”.

Artículo 21, numeral 3
Declaración Universal de Derechos Humanos
10 diciembre 1948

“Para que las elecciones tengan credibilidad, deben aplicarse criterios elevados, antes, durante y después de la votación. La oposición debe gozar de total libertad para organizarse y realizar campañas sin temor. Todos los candidatos deben contar con condiciones de igualdad en la competencia. El día de las elecciones, los electores deben sentirse seguros y confiar en el carácter secreto e integridad del escrutinio. Una vez que se han contado los votos, los resultados deben ser aceptados”.

Profundizando la Democracia
Kofi A. Annan
Presidente
Comisión Mundial sobre las Elecciones, Democracia y Seguridad. 2012

 

E-Lector Blog¿Qué es una elección democrática? ¿Cómo podemos distinguir una elección democrática de una que no lo es? ¿Existe un umbral, una línea divisoria, entre una elección democrática y una no democrática?

La respuesta normativa es sí. Una elección democrática es aquella que permite y refleja fielmente la libre decisión de los ciudadanos, siguiendo los principios elementales del sufragio universal y la igualdad política. Esto quiere decir que todos los ciudadanos deben tener derecho a participar y que el poder de cada uno sobre la decisión debe ser igual al de los demás, más allá de restricciones como: umbral de edad, condena judicial que conlleve suspensión de los derechos políticos, salud mental, entre otras.  La consigna “un hombre, un voto, de igual peso” sintetiza estos principios. Adicionalmente, el voto debe ser directo y secreto.

Y al contrario. Las elecciones no democráticas son aquellas que obstaculizan, enturbian y tuercen la voluntad de la ciudadanía. Cuando la competencia electoral diametralmente es desigual, las reglas privilegian a unos en detrimento de otros o las autoridades actúan de forma parcializada. Cuando a unos electores se les hace más difícil participar o los procedimientos electorales no son transparentes. Cuando se le niega sistemáticamente la participación a un grupo de ciudadanos, sea como candidatos o como electores. Cuando los recursos para difundir los mensajes políticos de los candidatos son diametralmente distintos. Cuando se alteran los resultados.

Las formas y estrategias de las elecciones no democráticas son casi infinitas.
Una elección democrática es un complejo mecanismo compuesto por múltiples engranajes en un delicado balance. Una elección democrática no es un simple procedimiento. No es un evento que sucede un solo día durante unas horas. No se limita a la asistencia de los ciudadanos a las urnas electorales.

Recetas para una elección democrática

Para que una elección sea considerada democrática, debe cumplir una serie de requisitos y estándares de calidad e integridad en cada fase del proceso, a saber: antes, durante y posterior al día de la votación. Elecciones democráticas son entonces una compleja concatenación de procesos que involucra múltiples actores: partidos, candidatos, organismo electoral, tribunal electoral , organismos de seguridad, observadores, medios de comunicación y por supuesto, electores. En el caso venezolano también están involucrados directamente el poder legislativo y la Contraloría General de la República. Por ello, esa línea normativa divisoria definida como elecciones democráticas, puede tener diferentes colores, grosores y formas. No hay una única combinación de ingredientes que garantice un resultado democrático. Cada receta puede tener su propia sazón.

Así, las elecciones pueden contar con organismos electorales de diferente composición. Rectores provenientes de la sociedad civil, de partidos políticos o un mixto intermedio. También la votación puede realizarse a través de máquinas para el conteo y recuento de los votos, o hacerlo a través de los tradicionales sistemas manuales. El sistema electoral puede variar de país a país. Mayoritario, proporcional, segunda vuelta, etc. Lo importante es que cada proceso sea en sí mismo transparente y que esté alineado con los principios rectores: permitir y reflejar en iguales condiciones la libre decisión de todos los ciudadanos.

Concebir las elecciones como un proceso concatenado implica analizar cada uno de los eslabones de la cadena electoral, considerar sus vulnerabilidades específicas, para luego ponderarlos en un juicio global: ¿son las elecciones democráticas? Y de ser así ¿qué tan democráticas son las elecciones?

El concepto de proceso o ciclo electoral desarrollado por el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional) identifica 11 eslabones principales asociados a tres momentos (antes, durante, después de las elecciones):

• Antes: PRE ELECTORAL
1. Organismos electorales
2. Marco jurídico
3. Planificación e implementación de las elecciones
4. Formación, capacitación y educación electoral
5. Registro de electores
6. Registro de partidos y candidatos
7. Financiamiento de campaña
8. Campaña electoral
• Día de la votación: ELECTORAL
9. Votaciones y jornada electoral
• Después de la votación: POST ELECTORAL
10. Verificación de los resultados
11. Auditoría y balance de las elecciones

 

Elección Democrática. Ciclo Electoral
Ciclo electoral. Elecciones Democráticas

 

Para comprender el carácter democrático de una elección, es necesario preguntarse para cada uno de estos componentes del ciclo electoral si se cumplen los principios de libertad e igualdad política que orientan la democracia y distinguir entre las acciones desarrolladas por los actores políticos con el fin de torcer la voluntad popular en favor de los intereses propios y fallas menores (como por ejemplo errores humanos o malas prácticas administrativas) que inciden en la calidad del proceso sin que signifique que las elecciones dejan de ser democráticas (Electoral Maladministration).

Para realizar una evaluación individual del sistema electoral hemos desarrollado una herramienta (el Barómetro Electoral Ciudadano) que permite, a cada ciudadano, medir el carácter democrático del sistema electoral venezolano. (consulte la herramienta de análisis del ciclo electoral desarrollada por IDEA Internacional)

Barómetro Electoral Ciudadano
Barómetro Electoral Ciudadano (BEC) Imagen Referencial

Una elección democrática no es un proceso aislado e independiente del sistema político. Por ello demanda un contexto democrático, condiciones mínimas más allá de la elección: Libertad de expresión, de asociación, de movimiento y reunión. Diversidad de fuentes de información. Separación de poderes. Por mencionar solo algunas.

Cuando un gobierno utiliza los poderes públicos para inhabilitar candidatos opositores, o aprovecha las políticas sociales como mecanismos de coacción o los medios de comunicación públicos no son de accesibles, la calidad de las elecciones disminuye para acercarse a la franja divisoria entre elecciones democráticas y no democráticas.

Finalmente, las elecciones democráticas pueden también distinguirse por sus resultados. Las elecciones democráticas ayudan a las sociedades a enfrentar unidas los retos del desarrollo. Mejoran la gobernabilidad y disminuyen la posibilidad de que se desaten conflictos sociales.

La democracia es mucho más que las elecciones, sin embargo, toda democracia tiene como punto de partida, como condición sine qua non una elección democrática.

Probar el Barómetro Electoral Ciudadano (BEC)

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¿Es necesaria una reforma electoral en Venezuela?

Sistema Electoral

¿Es necesaria una reforma electoral en Venezuela?

 

Jesús Castellanos Vásquez. Licenciado en Ciencias Políticas y Administrativas (UCV). Especialista en Comunicación Organizacional (UCAB) y Magister en Gestión y Políticas Públicas (U. de Chile). Candidato a Doctor en Ciencias, mención Ciencias Políticas (UCV). Profesor de la Especialización de Procesos y Sistemas Electorales de la UCV.

@jacv1970

Seguramente muchos de quienes leen el título estimarían aconsejable una modificación sustancial de las reglas de juego electoral en Venezuela asumiendo, a tono con los nuevos esquemas conceptuales (Freidenberg y Dosek 2015; Romero 2015; Tuesta Soldevilla 2015; Jacobs y Leyenaar 2011), que las reformas deben ir más allá de los cambios legales en el corazón del sistema electoral, a saber, circunscripciones, candidaturas, votación y fórmula, por citar los más conocidos. Ante ésto surgen múltiples interrogantes: ¿Qué tipos de reformas deben hacerse? -¿Quiénes?, ¿Qué bases legales deben cambiarse?, ¿Cuándo debe reformarse? ¿Qué materias deben reformarse? y más complejo aún, ¿Es suficiente solo reformar?

De inicio sostenemos que en Venezuela las transgresiones a la transparencia y justicia de los procesos electorales trascienden a las normas. Las violaciones a la integridad electoral, presentes desde hace más de una década y cada vez más graves y evidentes, se han originado no sólo por las debilidades del marco normativo, sino también y quizás más importante, por la inobservancia e incumplimiento de la base legal vigente. Urge, no obstante, y a la luz del restablecimiento de la institucionalidad democrática, reformar de manera prioritaria algunas materias. He aquí nuestra propuesta, advirtiendo que seguramente existen múltiples lecturas al respecto.

¿Qué tipos de reformas deben hacerse? ¿Quiénes?

Si bien las reformas electorales tienden a asociarse directamente con modificaciones de leyes, no es menos cierto que no sólo a ellas se limitan. En tal sentido, además de los cambios a ser efectuados por la Asamblea Nacional también podrían sumarse los producidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en lo referente a las normas sub-legales de su competencia, e incluso, decisiones de otros órganos del Estado como el Tribunal Supremo de Justicia.

¿Qué bases legales deben reformarse?

Es incuestionable la pertinencia de modificar no sólo la norma rectora de las elecciones, la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE) (2009), sino también a la misma Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), además de la que define el funcionamiento del Poder Electoral: Ley Orgánica del Poder Electoral (2002), la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones (1964) y el Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (2013), entre otras.

¿Cuándo deben reformarse?

A pesar que la respuesta ideal pudiera ser de inmediato, reconocemos que inclusive por el mismo mecanismo de modificación algunas podrían efectuarse, de existir voluntad política e institucional, de forma relativamente rápida, véase, por ejemplo, Leyes Orgánicas y Ordinarias o el Reglamento General de la LOPRE, mientras que para el caso de la Constitución es  necesario más tiempo pues requiere adicionalmente de consultas populares, sean para enmiendas, reformas generales o, la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente (no la actual, la cual fue elegida de forma inconstitucional y antidemocrática el 30 de julio del año pasado). Lo que sí debería quedar claro es que son varias las materias a ser modificadas con el propósito de alcanzar en el futuro elecciones integras, justas y transparentes.

¿Qué materias deben reformarse?

Antes de la Elección Presidencial 2018.

La Asamblea Nacional Constituyente, convocó una elección presidencial con fecha no posterior al 30 de abril. Tras una primera convocatoria, el CNE estableció la elección para el 22 de abril; el evento fue reprogramado para el 20 de mayo y se incorporaron las elecciones de diputados regionales y concejos municipales.  A la fecha de publicación de este artículo se manejaban nuevos cambios.  Todo esto evidencia que frente a las actuales condiciones es imposible garantizar la integridad de dicho evento. Con el objeto que se cumplan los parámetros mínimos sin desconocer a la Constitución en lo que concierne a la prohibición de modificar la ley electoral seis meses antes del  proceso, consideramos vital, por una parte, corregir el comportamiento sesgado y visiblemente parcializado del Consejo Nacional Electoral, -una designación de su directiva conforme al mandato de ley sería lo más recomendable-, y por la otra, ejecutar a la brevedad: 1)  Eliminación de la obligación de residencia legal en la inscripción y votación de los venezolanos en el extranjero definidas en la LOPRE y su Reglamento, y sanciones a quienes obstruyan el voto en el exterior; 2) Fijación normativa de la convocatoria con un lapso expreso previo a la elección; 3) Incorporación en Ley de la observación electoral Internacional, sustituyendo al acompañamiento electoral internacional y, de la observación electoral nacional y darle un mayor peso a ambas en el monitoreo electoral; 4) Mayores regulaciones en cuanto al uso de instituciones, recursos y/o funcionarios públicos en la campaña electoral, incluyendo los espacios televisivos en medios de comunicación del Estado; 5) Regulación de la precampaña electoral ; 6) Eliminación de la figura de la inhabilitación administrativa en la Ley de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (2010); 7) Actualización de los procesos de inscripción y renovación de los partidos políticos en la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones (1964) y; 8) Obligación de ubicar a los Centros de Votación en institutos educativos.

Y con más tiempo…

Es fundamental aprobar una ley de financiamiento público a las campañas electorales en concordancia con la exigencia de la Sentencia N° 780 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de mayo de 2008. Otras materias más difíciles de modificar también deberían ser revisadas en la Carta Magna, v.g, la eliminación del voto militar para cargos de elección popular y la reelección indefinida, perjudiciales en cualquier dinámica republicana, así como la unificación de los registros civil, de identidad y electoral bajo la competencia del CNE, incorporación expresa del financiamiento público en campañas electorales y de los partidos políticos y, el establecimiento del mecanismo de designación del órgano rector del Poder Electoral cuando no se pueda obtener el quorum reglamentario (revisión de la omisión legislativa).

Finalmente, ¿Es suficiente solo reformar?

Sin duda no, aunque creemos que las reformas son imprescindibles y que las mismas constituyen el primer paso en la dirección correcta hacia la restitución del orden democrático en Venezuela. Esperemos que estas líneas contribuyan en tan ardua tarea.

Version en Ingles

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Is an electoral reform necessary in Venezuela?

Is an electoral reform necessary in Venezuela?

Jesús Castellanos Vásquez. Licenciado en Ciencias Políticas y Administrativas (UCV). Especialista en Comunicación Organizacional (UCAB) y Magister en Gestión y Políticas Públicas (U. de Chile). Candidato a Doctor en Ciencias, mención Ciencias Políticas (UCV). Profesor de la Especialización de Procesos y Sistemas Electorales de la UCV.

 

Many of the readers of the above title will probably recommend a substantial change in the rules of the game for Venezuela’s electoral system.  They assume, in line with new conceptual schemes (Freidenberg y Dosek 2015; Romero 2015; Tuesta Soldevilla 2015; Jacobs y Leyenaar 2011), that those reforms should go beyond legal changes at the heart of the electoral system, that is, districts, candidacies, voting and formulas, to name only the most well-known ones.  This generates many questions:  What type of reforms should be implemented?  By whom?  What legal bases should be changed?  When should these reforms take place?  What areas should be reformed?  And even more complex of a question, is it enough to just carry out a reform?

We maintain that the transgressions against transparency and justice in the Venezuelan electoral processes exceed the regulations therein.  Violations to the integrity of the electoral process have existed for over a decade and become more serious and evident by the day.  These violations have arisen not only due to weaknesses in the regulatory framework but also, and perhaps even more important, due to the lack of observation and lack of compliance with current laws.  Notwithstanding, it is imperative to reform some areas with urgency, especially in light or restoring democratic institutions.  Below is our proposal to address this situation, and we caution our readers that there are probably many different interpretations of it.

What type of reforms should be implemented?  By whom? 

Although electoral reforms tend to be directly associated with changes to existing laws, they are not limited to only that.  In addition to the changes implemented by the National Assembly, the National Electoral Council (CNE by its initials in Spanish) can also implement changes regarding the sublegal regulations under its purview, and even decisions by other government entities such as the Supreme Court of Justice.

What laws should be reformed?

It is certain that not only laws governing elections and the Organic Law on Electoral Processes (LOPRE) (2009) should be reformed, but also the following:  The Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela (1999), the Organic Law of the Electoral Power (LOPE) (2002), the Law on Political Parties, Public Meetings and Protests (1964) and the General Regulation of the Organic Law on Electoral Processes (2013), among others

When should these reforms take place?

Although the ideal answer should be immediately, we acknowledge that timelines may differ.  Some reforms, such as reforms to Organic Laws and Ordinary Laws or to the General Regulation of the LOPRE, may be implemented quickly through normal amendment mechanisms if there is enough political and institutional will.  Conversely, reforming the Constitution requires more time as it involves popular referenda for amendments, general reforms or installing a new Constitutional Assembly (not the current one, which was elected unconstitutionally and in a non-democratic way on 30 July 2017).  One thing is clear, there are several areas that must be reformed so as to have trustworthy, fair and transparent elections henceforth.

What areas should be reformed?

Before the 2018 presidential elections

The National Constitutional Assembly called a presidential election to be held no later than 30 April.  After that first call, the CNE set the election for 22 April, but the event was rescheduled for 20 May and elections for regional legislators and municipal councils were added.  As of the date this article was published, more changes were being proposed.  This makes it evident that the current conditions make it impossible to guarantee the reliability of this event.

With the goal of reaching minimum parameters, while staying within Constitutional boundaries, concerning the ban on modifying the electoral laws six months before the process, we believe it is vital, on the one hand, to correct the CNE’s slanted and visibly partisan behavior of the—the best course of action would be to designate its leadership pursuant to law—and, on the other hand, implement as soon as possible the following actions:  1) eliminate the requirement that Venezuelans living overseas have legal residence to be able to register and vote, as defined in LOPRE and its regulations, and impose penalties to those who obstruct voting overseas; 2)  set the rules for the  call for elections with a set period of time prior to the election; 3) add to the legal framework international observers that replace international observers to accompany elections, as well as domestic observers, and give both groups of observers a greater weight in the election monitoring process; 4) enact more regulations concerning the use of institutions, resources and/or government officials in electoral campaigns, including television advertisement in State-owned media outlets; 5) enact more regulations regarding electoral campaigns; 6) eliminate the legal concept of administrative suspension in the Law of the Republic’s Comptroller General and the National Tax Control System (2010); 7) update the registration and renewal processes for political parties in the Law on Political Parties, Public Meetings and Protests (1964); and 8) set a requirement to locate voting centers in schools.

And with a bit more time…

It is essential to enact a law of public financing for electoral campaigns that meets the requirements of the May 2008 Ruling No. 780 imposed by the Constitutional Committee of the Supreme Court of Justice.  There are other topics in the Carta Magna that are more difficult to change but should also be reviewed, for example the elimination of military votes for positions elected through popular vote and lifetime reelection terms, both of which are detrimental in any type of republican dynamic, as well as the unification of civil registries, national identity card registries and electoral registries belonging to the CNE, the immediate implementation of a mechanism to designate the entity that will govern the Electoral Power when the necessary quorum cannot be achieved (revising the legislative omission).

Finally, is it enough to just reform?

Undoubtedly, the answer is no, although we believe that reforms are essential and they are the first step in the right directly toward restoring Venezuela’s democratic order. We hope these words contribute to such a challenging task.

Spanish Version 

 

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¿Pueden las elecciones salvar a Venezuela?

Presidenciales Venezuela 2018

¿Pueden las elecciones salvar a Venezuela?

Jennifer McCoy es una Distinguida Profesora de Ciencias Políticas en la Universidad Estatal de Georgia y coautora del libro  “Mediación Internacional en Venezuela”.   versión original fue publicada en “The Hill” el 26 de enero de 2018.

@jlynnmccoy

El gobierno de Venezuela, al frente de un estado terriblemente fallido, anunció la celebración de elecciones presidenciales  antes del 30 de abril de 2018.  A primera vista, dicho anuncio debería constituir una buena noticia.  La oposición política y la comunidad internacional han exigido de forma vehemente que se convoquen elecciones presidenciales tempranas para resolver la crisis política y económica en la que el país está sumergido desde que los precios del petróleo bajaron en 2014, y las protestas generalizadas ocasionaron miles de detenidos y más de 130 muertes en el verano de 2017.  Sin embargo, si se analiza con más detalle, este anuncio no es positivo, por varias razones.

..el anuncio unilateral de estas elecciones por parte del gobierno es una bofetada a las conversaciones entre el gobierno y la oposición, que han sido facilitadas por la comunidad internacional, y que comenzaron en la República Dominicana en diciembre

Primero, el anuncio unilateral de estas elecciones por parte del gobierno es una bofetada a las conversaciones entre el gobierno y la oposición, que han sido facilitadas por la comunidad internacional, y que comenzaron en la República Dominicana en diciembre, precisamente para negociar condiciones electorales más justas.  Aún no se ha llegado a un acuerdo en sobre ese tema, así que este anuncio parece ser un estratagema cínico para convocar elecciones rápidas, para hacer que la oposición se vuelva un desastre y para continuar con el control férreo del poder.

El diálogo en dominicana tiene también como objetivo abrir un canal humanitario para ayudar a las personas que están sufriendo por la hiperinflación,  la severa escasez de alimentos y medicinas; busca restaurar la autoridad de la Asamblea Nacional que fue elegida legítimamente y levantar las sanciones de deuda que impuso los Estados Unidos y que impiden que el gobierno asuma préstamos para dar apoyo a la moribunda economía en Venezuela.

Comenzar una campaña electoral sin haber llegado a un acuerdo sobre estos otros temas sería una distracción, prolongaría el sufrimiento del pueblo y probablemente destruiría por completo las negociaciones.  A medida que nos acerquemos a las elecciones, el gobierno continuará buscando préstamos de benefactores como China y Rusia para incrementar los gastos de bolsas de comida subsidiadas y bonos salariales, y esto lamentablemente sólo pondría en más riesgo la ya endeudada economía actual.

El consejo electoral también ignoró las evidencias de fraude en las urnas en las elecciones de gobernadores en octubre de 2017 y exigió a los partidos políticos de la oposición llevar a cabo un proceso laborioso para renovar su inscripción

Segundo, la celebración de elecciones bajo las condiciones actuales carecerá de integridad.  La administración electoral en Venezuela, ha perdido toda apariencia de imparcialidad luego que supervisase la elección de una entidad inconstitucional como es la Asamblea Nacional Constituyente , con cifras infladas en julio de 2017.  El CNE también ignoró las evidencias de fraude en las urnas en las elecciones de gobernadores en octubre de 2017 y exigió a los partidos políticos de la oposición llevar a cabo un proceso laborioso para renovar su inscripción, mientras que al mismo tiempo anunció la inhabilitación sospechosa de candidatos y partidos de oposición más prominentes.

Por consiguiente, la oposición política debe de tomar una dura decisión:  participar en las elecciones anunciadas bajo condiciones desalentadoras e intentar buscar, a duras penas, una victoria;  o boicotear y arriesgarse a ceder el poder al gobierno por seis años más sin luchar.  Yo he sostenido que la participación es necesaria,  incluso si las elecciones son injustas y sucias, ya que las mismas son un medio para redirigir al país hacia la democracia.  Por lo general, en regímenes autoritarios que aún convocan elecciones, es mejor participar que ceder todo el poder al gobierno sin luchar.

La participación  plena de la oposición en las elecciones regionales y locales del otoño pasado, habrían forzado al gobierno a competir,  y habría permitido  que la sociedad civil monitorease las elecciones, documentara y denunciara los constantes abusos de forma que se  ejerciera presión en las negociaciones en la República Dominicana, para que las condiciones electorales mejorasen.  Al contrario, hubo una división en los partidos de la oposición entre los que querían la abstención y los que querían participación y dejando un espacio para que el  gobierno obtuviera victorias  rotundas en ambas elecciones.

Las elecciones presidenciales, sin embargo, sin ningún cambio en las condiciones, representarán la apuesta final del gobierno para mantenerse en el poder con un poco de legitimidad que espera que sea otorgada por la comunidad internacional. La apuesta no es irracional por parte del gobierno que cuenta con un electorado resignado y hambriento; sin la confianza de que las elecciones serán justas o que harán una diferencia en sus vidas, abstenerse o votar por el gobierno a cambio de la promesa de una bolsa de comida. Mientras tanto, la oposición política está dividida por ambiciones personales y direcciones estratégicas competitivas.  Aún no ha presentado un candidato de unidad que pueda capitalizar la confianza y el apoyo de un gran sector de aquellos que están cansados del desastre económico.

Los modelos históricos que explican cómo los países superan fuertes divisiones no parecen ser escenarios probables en Venezuela.  Estos modelos incluyen a Nicaragua en 1990 cuando una oposición unificada y masiva derrotó al gobierno revolucionario sandinista en elecciones monitoreadas por la comunidad internacional;  tambien  a Chile en las elecciones de 1989 cuando los izquierdistas y los centristas se unieron para derrotar al gobierno militarista de Pinochet  y a sus aliados derechistas; Venezuela tampoco ha producido a un Nelson Mandela o a un F.W. de Klerk capaces de negociar por el bien del país, como estos dos hombres lo hicieron para poner fin al régimen del apartheid en Sudáfrica.

..La comunidad internacional, por tanto, debe participar para ayudar: la Unión Europea debe seguir el ejemplo del Grupo de Lima -conformado por 14 gobiernos hemisféricos y Los Estados Unidos- para dejar claro que, si las elecciones no son transparentes, abiertas a todas las partes y con un monitoreo internacional confiable, las mismas carecen de legitimidad y no serán reconocidas.

La comunidad internacional, por tanto, debe participar para ayudar: la Unión Europea debe seguir el ejemplo del Grupo de Lima conformado por 14 gobiernos hemisféricos y Los Estados Unidos, para dejar claro que, si las elecciones no son transparentes, abiertas a todas las partes y con un monitoreo internacional confiable, las mismas carecen de legitimidad y no seran reconocidas.  La UE, Canadá y los Estados Unidos -los principales países que han impuesto alguna forma de sanciones a los funcionarios individuales o la capacidad del gobierno para obtener más crédito- deberían dejar en claro las condiciones bajo las cuales levantarían o suspenderían dichas sanciones. Las sanciones están dirigidas a modificar comportamientos, pero los blancos de dichas sanciones deben saber qué hacer para que se suspendan.

Finalmente, las negociaciones en la República Dominicana necesitan ser resucitadas y hacerlas partes de un esfuerzo mayor.  Los facilitadores de estas conversaciones deben dialogar con aquellos que manejan las sanciones para conectar las condiciones necesarias para suspender las sanciones con la agenda de las conversaciones.  Igualmente, es más probable generar un movimiento que lleve al cambio con formas más amplias de garantías mutuas:  los funcionarios del gobierno necesitan la garantía de que no va a haber una cacería de brujas si pierden el poder.  La corrupción desenfrenada  y los abusos a los derechos humanos han hecho que muchas personas de la oposición exijan castigos fuertes.  Sin embargo, lo que más puede reducir el miedo en aquellas personas que se aferran al gobierno actual y que se mantiene en el poder es algún tipo de justicia transicional que permita a todos, los que no sean infractores graves,  tener la opción de mecanismos de justicia alternativos que estén basados en reparaciones a las víctimas y promesas de que esas acciones no se repetirán.

Convocar a elecciones sin las garantías mínimas y sin tomar en cuenta los problemas humanitarios tan graves en Venezuela sólo prolongará el sufrimiento.

Traducción de Irene Liscano

Certified Court Interpreter – GA Lic. No. C-08117

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Establecimiento y Desarticulación del Régimen de Garantías Electorales en Venezuela

ESTABLECIMIENTO Y DESARTICULACIÓN DEL RÉGIMEN DE GARANTÍAS ELECTORALES EN VENEZUELA

POR GRISELDA COLINA  Y HÉCTOR VANOLLI 

 

Griselda Colina. Comunicadora Social egresada de la UCV. Actualmente es Directora del Observatorio Global de Comunicación y Democracia. Entre 2010 y 2015 ocupó la Coord. de Proyectos de la oficina del Centro Carter en Venezuela. Co- autora del manual de monitoreo de medios del Centro Carter, así como del Informe de Libertad de Expresión de Freedom House 2012. Colina fue parte del staff local de la Misión de Estudio del Centro Carter en Venezuela para los procesos electorales presidenciales de 2012 y 2013. @griscolina

Héctor Vanolli. Es licenciado en Comunicaciones Sociales por la Universidad Católica de Salta (UCS), tiene una maestría en Relaciones Internacionales y Comunicación en la Universidad de Boston (BU) y ha sido scholar de la Fundación Fulbright y la Fundación Ford en los Estados Unidos. Se desempeñó como Representante Permanente del Centro Carter en Venezuela entre 2005 y 2014. Anteriormente, se desempeñó como Especialista en la Unidad para la Promoción de la Democracia (UPD) de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington DC. 

 

La automatización del sistema electoral venezolano en 2004  fue acompañada de una serie de medidas extraordinarias de seguridad, las cuales tuvieron como objetivo fundamental fomentar la confianza del público en el voto electrónico.

En un marco de una aguda polarización y confrontación política, y un proceso de creciente parcialización del ente electoral, la aceptación de la automatización del proceso de votación por parte del público presupuso un enorme desafío. Al otorgar a los actores mecanismos confiables de certificación de resultados, el régimen de garantías creado a partir de 2004 serviría para garantizar la integridad del sistema de conteo y totalización. En algunos casos, como en los años 2007 y 2015 serviría incluso para proporcionar importantes triunfos electorales a la oposición.

Paradójicamente, en esta misma etapa, el ente rector electoral venezolano iniciaría un viraje dramático, que lo llevaría a transformarse, en pocos años, en el principal promotor de la desconfianza pública en Venezuela y, después de 2015, en el facilitador y perpetrador del fraude electoral.

En el presente artículo se analiza el rol del Consejo Nacional Electoral (CNE) en el proceso de construcción y posterior desmantelamiento del régimen de garantías electorales en Venezuela, así como las consecuencias de ese proceso en la ruptura del hilo constitucional y la consiguiente caída del país en el caos y la ilegalidad.

La generación de garantías

El uso de sistemas electorales automatizados en Venezuela se remonta a 1972, cuando el entonces Consejo Supremo Electoral incorporó al proceso de votación máquinas electro mecánicas para la impresión de las actas de escrutinio (Ver Informe Capel). La decisión de convertir los cargos de gobernadores, alcaldes y concejales en cargos de elección popular en 1989 (en lugar de ser nombrados por el gobierno central), allanaría el terreno para que, a partir de 1992, Venezuela avanzara a paso firme hacia la adopción de uno de los sistemas de votación automatizados más sofisticados del continente.

Esta tendencia alcanzaría su punto álgido en 2004, cuando el recientemente creado CNE encargó a la empresa Smartmatic, la automatización de la totalidad de las fases del proceso de votación, proceso que culminaría, ocho años después, con la incorporación del sistema de identificación dactilar del elector, conocido como Sistema de Autenticación Integrado (SAI).

En el marco de una intensa polarización política, y un sentimiento de desconfianza generalizado hacia el ente electoral, la automatización integral del proceso de votación presupuso para el CNE un enorme desafío. A fin de cimentar la confianza pública, el organismo electoral, a sugerencia de Smartmatic, aprobó, como principal garantía de transparencia, la capacidad de la máquina de votación de generar un recibo, conocido como “comprobante de voto”, luego de que el elector hubiera sufragado electrónicamente. Esta característica permitía una doble verificación. En primer lugar, permitía al elector comprobar que el sistema automatizado de votación había registrado fielmente su voluntad. En segundo lugar, una vez que dicho recibo era depositado en una urna (o “caja de resguardo”), habilitada para tal efecto, permitía a los miembros de mesa y testigos de agrupaciones políticas verificar la correspondencia entre los resultados consignados en las actas de votación y los resultados del conteo de los comprobantes depositados por los votantes. Como garantía adicional de este proceso, el comprobante de voto se imprimía en papel especial, con marcas de agua y tinta de seguridad, y era identificado a través de un código no secuencial.

Dado que esta segunda verificación se realizaba al cierre del acto de votación, ante la presencia de representantes de partidos políticos, observadores y ciudadanos en general, el procedimiento pasó a conocerse como “auditoria en caliente” (Auditoria Ciudadana Fase I, en la jerga técnica).

A este conjunto de garantías se le sumaría, luego del referendo revocatorio presidencial, un nutrido grupo de protocolos adicionales. Presionado por sectores políticos de oposición, y bajo la atenta mirada de la comunidad internacional, el CNE acordó entonces la obligación de imprimir y repartir entre los testigos y fiscales presentes el acta de votación antes de que ésta fuera transmitida por la máquina al centro de totalización ubicado en CNE, así como la obligación de sellar las urnas con actas contentivas con la firma de los miembros de mesa y los representantes de los partidos políticos. Con el fin de apaciguar los temores de quienes afirmaban que las máquinas podían transmitir datos en forma subrepticia durante el proceso de votación, el CNE accedió además a mantener las máquinas de votación desconectadas durante dicho proceso. Más importante aún, en el 2006, el CNE anunciaría la ampliación del porcentaje de urnas a auditarse durante la “auditoría en caliente”, por lo que del reducido porcentaje inicial se pasaría a más del 50 por ciento.

Adicionalmente, el CNE había adelantado, como garantía central de seguridad, la completa auditabilidad del sistema. Al conjunto de las seis auditorías técnicas iniciales, se le fueron añadiendo otras, hasta llegar, en 2013, a las 19. La última auditoria incorporada sería la llamada Auditoria Posterior de los Datos del Elector, conocida también como Auditoria de No Duplicidad de Huellas, la cual fue especialmente diseñada para detectar los casos de voto múltiple o de sustitución de identidad de electores (Ver Blog E-LECTOR).

El viraje del CNE

Paradójicamente, la etapa de generación y fortalecimiento del régimen de garantías electorales, que caracterizaría al sistema automatizado de votación venezolano durante los años 2000, coincidiría con el período de transformación gradual pero inexorable del CNE en una dependencia del poder ejecutivo, cuya función última se reduciría a mantener a toda costa al gobierno en el poder.

Creado en 1999, el Consejo Nacional Electoral fue concebido, en la nueva constitución bolivariana, como un poder autónomo, cuya tarea debía ser la de encargarse de garantizar “la organización, administración, dirección y vigilancia” de los procesos electorales en base al principio de “independencia, imparcialidad, autonomía y despartidización”, así como de “transparencia y celeridad” en todos los actos relativos a la elección de los cargos de elección popular y referendos.

Tristemente, a excepción de lo actuado durante sus primeros años de vida, el CNE no haría honor, en ningún momento, a los principios de autonomía e independencia, tan solemnemente establecidos en su partida de nacimiento. Por el contrario, a partir de 2003, durante la gestión de Francisco Carrasquero, el organismo electoral venezolano iniciaría un dramático e inédito giro que, en poco tiempo, lo transformaría en un actor activo de la contienda política en favor de los intereses del oficialismo.

Esta circunstancia daría lugar a una serie de gravísimas distorsiones institucionales, las que, con el tiempo, transformarían profundamente al país. Entre otras serias consecuencias, la sociedad venezolana se vería drásticamente privada de la función crítica que cumple el árbitro electoral en los procesos de resolución de conflictos. Al convertirse en un actor interesado en un determinado resultado, la actuación del CNE contribuiría a la consolidación de lo que en Venezuela se conoce como el “ventajismo institucionalizado”, situación en la que, en cada período electoral, la totalidad de las instituciones del estado concurren a apuntalar, en forma concertada, abierta y sistemática, al candidato oficialista.

Pese a este panorama, el sistema de garantías electorales no sólo proveyó a los distintos actores políticos de mecanismos confiables de comprobación de resultados, sino que posibilitó el triunfo de las fuerzas opositoras en importantes ocasiones. La oposición podía perder una elección en virtud de las abrumadoras condiciones de inequidad en la competencia electoral, nunca en virtud de la manipulación o alteración de los números de la votación. Este estatus-quo daría un vuelco dramático luego de los resultados de 2015.

La delgada línea roja

El 6 de diciembre de 2015, las fuerzas de oposición propinaron al régimen la que quizás sea la más importante derrota del chavismo en las urnas desde la asunción de Hugo Chávez a la presidencia en 1999.  Al obtener 111 diputados en las elecciones parlamentarias de ese año, la oposición obtuvo la mayoría calificada, circunstancia que le permitía elegir o remover a los miembros de los restantes poderes (tales como el Poder Ciudadano, el  Tribunal Supremo de Justicia o  CNE), sancionar leyes habilitantes y aprobar mociones de censura a ministros o al vicepresidente, entre otras acciones. Consciente de que esa circunstancia significaría el fin de la “revolución”, el oficialismo se movió rápidamente. Mediante una maniobra perpetrada por los magistrados oficialistas nombrados a último momento por la saliente asamblea, el gobierno desconocería la asunción de los cuatro diputados electos en representación del sector indígena, tres de los cuales eran de oposición. Mediante ese recurso, el gobierno no sólo impediría la conformación de la mayoría calificada en la Asamblea Nacional sino que dejaría sin representación en ese cuerpo al estado Amazonas.

Lo ocurrido en dicha elección signaría la conducta del organismo electoral en los próximos procesos electorales. A partir de ese momento, el CNE abandonaría toda pretensión de neutralidad, impidiendo o dificultando activamente cualquier posibilidad de avance electoral de la oposición. Este proceso llevaría, entre otras cosas, a la anulación parcial de la asamblea elegida en 2015 mediante la elección espuria, en 2017, de la Asamblea Nacional Constituyente, un organismo supraconstitucional, que asumiría funciones parlamentarias paralelas.

Entre 2016 y 2017, el CNE incurriría en una extensa lista de gravísimas violaciones. Entre otras acciones, el organismo: 1) Impediría a la oposición solicitar, de acuerdo a lo establecido en la constitución, la activación del mecanismo conocido como referendo revocatorio presidencial; 2) Retrasaría, sin ninguna justificación, el proceso de legitimación de las organizaciones políticas nacionales, el cual, de acuerdo a las normas, debía haberse realizado en forma posterior a los comicios parlamentarios de 2015; 3) Retrasaría por casi un año la convocatoria a las elecciones para elegir a los gobernadores y diputados a los consejos legislativos regionales; 4) Eliminaría además, en este último proceso, sin ningún tipo de explicación, la renovación de los cargos correspondientes a los diputados a los concejos legislativos regionales; y 5) En el caso de las elecciones municipales, anunciaría comicios para renovar a sólo 335 alcaldes, dejando de lado, sin ningún tipo de justificativo, tanto las elecciones para elegir a los representantes de los concejos municipales como los comicios para elegir a los alcaldes metropolitanos de Caracas y Alto Apure.

El extraordinario viraje del CNE culminaría en 2017 con el cruce de la delgada línea roja que separa el ventajismo de la manipulación de las cifras. Ese cruce se produciría por primera vez durante las elecciones ilegitimas para conformar la Asamblea Nacional Constituyente. El organismo electoral no sólo violaría, en forma abierta, y sin atención a las formas, la casi totalidad de las normas y principios vinculados a la organización y dirección de los procesos electorales, sino que, además, incurriría en la manipulación de los números, tal como lo denunció la empresa proveedora del servicio automatizado Smartmatic, la cual, a partir de ese proceso, dejó de prestar servicios en Venezuela.

El CNE cruzaría nuevamente la línea roja durante las elecciones regionales celebradas ese mismo año, en las que el organismo electoral privó fraudulentamente de la gobernación del estado Bolívar al candidato de la oposición Andrés Velásquez. Siguiendo los dictados del oficialismo, el CNE desconocería además, en ese mismo proceso, los resultados del voto popular en las elecciones en el estado Zulia, en el que resultó electo el candidato de la oposición, Juan Pablo Guanipa.

Los desafíos en Venezuela

El caso venezolano demuestra, como ningún otro ejemplo en el hemisferio, la importancia crítica que, para el mantenimiento de la legalidad, la convivencia y la paz social, tiene la existencia de instituciones electorales neutrales. De haber contado Venezuela con un organismo electoral imparcial, que resistiera los embates autoritarios del gobierno en las etapas tempranas de consolidación del régimen, la historia del país en los últimos 15 años se habría escrito quizás de otra manera.

La transición a la democracia en Venezuela plantea un doble desafío. Por un lado, la democratización del país exige la conformación de un CNE independiente, que esté al servicio de los ciudadanos y de la constitución. Por otro, mientras se trabaja para el logro de esta meta irrenunciable, es importante que tanto los partidos políticos, como los ciudadanos en general exijan la preservación de las garantías logradas en el pasado. El sistema automatizado de votación venezolano cuenta con una serie de importantes fortalezas, que los actores del arco democrático deben exigir y aprovechar, al margen de las condiciones de inequidad del ambiente eco-electoral.

English Verision

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Establishment and Dismantling of the Voting Guarantees System in Venezuela

ESTABLISHMENT AND DISMANTLING OF THE VOTING GUARANTEES SYSTEM IN VENEZUELA

By Griselda Colina and Hector Vanolli

 

Griselda Colina. Comunicadora Social egresada de la UCV. Actualmente es Directora del Observatorio Global de Comunicación y Democracia. Entre 2010 y 2015 ocupó la Coord. de Proyectos de la oficina del Centro Carter en Venezuela. Co- autora del manual de monitoreo de medios del Centro Carter, así como del Informe de Libertad de Expresión de Freedom House 2012. Colina fue parte del staff local de la Misión de Estudio del Centro Carter en Venezuela para los procesos electorales presidenciales de 2012 y 2013. @griscolina

Héctor Vanolli. Es licenciado en Comunicaciones Sociales por la Universidad Católica de Salta (UCS), tiene una maestría en Relaciones Internacionales y Comunicación en la Universidad de Boston (BU) y ha sido scholar de la Fundación Fulbright y la Fundación Ford en los Estados Unidos. Se desempeñó como Representante Permanente del Centro Carter en Venezuela entre 2005 y 2014. Anteriormente, se desempeñó como Especialista en la Unidad para la Promoción de la Democracia (UPD) de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington DC. 

The automation of the Venezuelan voting system in 2004 came with a series of extraordinary security measures aimed chiefly at encouraging the population to trust the electronic voting system.

Said measures came about within a framework of acute political polarization and confrontation, as well as growing partiality by the electoral agency.  For this reason, these measures have played an essential role in maintaining social peace.  By giving the different actors in this process reliable mechanisms to certify voting results, the system of voting guarantees created since 2004 has guaranteed the trustworthiness of the counting and tallying system.  Further, in some cases, such as in 2007 and 2015, it has even led to some voting victories by the opposition.

Paradoxically, during this same period of time, the Venezuelan electoral agency announced a dramatic change of course that would transform it in a matter of a few years into the main promoter of lack of trust in Venezuela and, starting in 2015, into the entity facilitating and consummating electoral fraud.

This article analyses the role of the National Electoral Council (CNE, by its initials in Spanish) in the process of establishing and subsequent dismantling of the system of electoral guarantees in Venezuela, as well as consequences this process has had on the rupturing of the constitutional order and the ensuing chaos and illegality that plagues the nation.

The generation of guarantees

The use of an automated voting system in Venezuela goes back to 1972 when the then-Supreme Electoral Council incorporated electro-mechanic machines to the voting process to print official tallies of votes (see Informe Capel).  The decision to transform the positions of governor, mayor and councilman into popular vote positions in 1989 (instead of being appointed by the central government) paved the way so that starting in 1992 Venezuela would take solid steps towards adopting one of the most sophisticated automated voting systems in the continent.

This trend would reach its pinnacle in 2004 when the recently created CNE contracted with the company Smarmatic to automate all of the phases in the voting process.  This process finished eight years later when the voter finger print identification system was incorporated, also known as the Integrated Authentication System (SAI, by its initials in Spanish).

Due to the intense political polarization and a generalized feeling of distrust toward the electoral government agency, it was extremely challenging for the CNE to achieve comprehensive automation of the voting system.  The CNE, following a suggestion by Smartmatic, and aiming at strengthening people’s trust, approved as the main transparency guarantee a feature in voting machines that prints a receipt known as “proof of vote” after voters have cast their electronic ballots.  This allows double verification.  First, it allows voters to confirm that the automated voting system has accurately registered their voting selections.  Second, once the receipt is deposited in a ballot box (or “backup box”) set up for that purpose, it allows polling supervisors and witnesses from different political organizations to verify that the results from the cast ballots match the results from tallying the voters’ proofs of vote.  As an additional guarantee in the process, proofs of votes are printed on special paper that has watermarks and security ink and are identified by a non-sequential code.

This process became known as “on-the-fly audit” (the technical name is Citizens’ Audit, Phase I) given that this is a second verification done after voting has been closed and in front of representatives from political parties, observers and citizens in general.

After the presidential recall referendum, this set of guarantees was complemented by a group of additional protocols.  The CNE, under pressure from opposition political groups and under scrutiny from the international community, agreed then to require that cast ballots are printed and given to the witnesses and prosecutors present during the voting process before they are sent by the machines to the tallying center located in the CNE headquarters.  It also required polling supervisors and representatives from the different political parties to sign the ballot boxes that harbor the cast ballots.  Likewise, the CNE agreed to keep the voting machines unplugged during the voting process so as to assuage the fear of those signing the ballot boxes that data would be surreptitiously transmitted during the voting process.  More importantly, in 2006, the CNE announced it would increase the percentage of ballot boxes to be audited during the “on-the-fly audit” from a small percentage initially to over 50 per cent.

Additionally, the CNE had already accomplished a comprehensive audit of the entire system as the main security guarantee.  The six original technical audits were progressively supplemented by more audits until the number reached 19 audits in 2013.  The last audit added to the process was the so-called Post Audit of Voters’ Data, also known as the Audit to Prevent Duplicity of Fingerprints, which was specifically designed to detect cases of multiple votes or voter identity substitution (see Blog E-LECTOR).

CNE’s transformation 

Paradoxically, the stage for creation and strengthening of the system of voting guarantees that characterized the Venezuelan automated voting system during the 2000s coincided with a period of gradual but inexorable transformation of the CNE.  This transformation turned the agency into an arm of the executive branch whose main function came down to maintaining the current government in power at all costs.

The National Electoral Council was created in 1999 by the new Bolivarian constitution as an autonomous agency, and it was charged with guaranteeing the “organization, administration, management and overseeing” of voting processes based on the principle of “independence, impartiality, autonomy and non-partisanship,” as well as “transparency and speed,” in all tasks relating to popular elections and referenda.

Sadly, except for CNE’s actions in the first few years of its existence, the electoral agency did not honor at any time the principles of autonomy and independence that were so solemnly set forth in its birth certificate.  On the contrary, starting in 2003, while under the leadership of Francisco Carrasquero, the Venezuelan electoral agency began a dramatic and unprecedented change that quickly transformed it into an active actor of the political battle in favor of pro-government political forces.

This situation gave rise to a series of severe institutional distortions that in time would deeply transform the country.  It also led to other serious consequences, including depriving the Venezuelan society from the critical role played by an electoral agency as an arbiter during conflict resolution situations.  The CNE became an actor with an interest in a particular result, which contributed to what in Venezuela is known as “institutionalized opportunism.”  Said institutionalized opportunism is a situation where all the state agencies agree to support the pro-government candidate in every election in an arranged, open and systematic manner.

Despite this panorama, the system of electoral guarantees did not only make possible for opposition forces to win some important elections, it also gave the different political actors reliable mechanisms to verify election results.  The opposition could only lose an election based on the overwhelming inequality that plagued electoral competition, but never based on manipulating or altering voting figures.  This status quo took a dramatic turn after 2015.

The very fine red line

On 6 December 2015, opposition forces inflicted perhaps the most important election defeat on the Chavismo since Hugo Chavez rose as president in 1999.  The opposition won 110 National Assembly representative slots in the 2015 parliamentary elections, thereby obtaining a qualified or absolute majority that allowed it to select or dismiss, on prior approval by the Supreme Court of Justice, members of the CNE, and approve enabling laws and motions to censor ministers and the vice president, among others.  The Government, knowing that this situation would mean the end of the “revolution,” moved quickly.  Pro-government members of the outgoing National Assembly carried out a last-minute stratagem that allowed the Government to not recognize four members elected to represent the indigenous sector, three of which were members of the opposition.   By doing this, the Government did not only prevent the existence of a qualified majority in the National Assembly, it also left this entity in Amazonas state without representation (see Amazonas).

What happened in that election signaled the CNE’s behavior in future elections.  From that moment on, the CNE abandoned any pretense of being neutral and actively impeded or made difficult any chance for the opposition to make any political progress.  This process led, among others, to the partial annulment of the National Assembly elected in 2015 through a spurious election in 2017 of the National Constituent Assembly.  The latter was a supra-constitutional entity that took on parallel parliamentary functions.

Between 2016 and 2017, the CNE engaged in a long list of very serious violations.  The agency, among others, 1) prevented the opposition from requesting, pursuant to constitutional provisions, the activation of a mechanism known as the presidential recall referendum, 2) delayed without any justification the process to legitimize national political organizations, which, pursuant to regulation, should have taken place after the 2015 parliamentary elections, 3) delayed for almost a year the elections for governors and members of the regional legislative councils, 4) eliminated from the latter process, with no explanation, the renewal of positions for members of said regional legislative councils, and 5) with regard to municipal elections, announced elections for only 335 mayors, thereby ignoring without any justification whatsoever the elections for representatives to Municipal Councils and the elections for the metropolitan mayors of Alto Apure and Caracas.

The CNE’s extraordinary transformation would end in 2017 when the agency crossed the very fine red line that separates opportunism from manipulation of the numbers.  This happened for the first time during the unlawful elections that created the National Constituent Assembly.  The electoral entity did not only openly and carelessly violate rules and principles regarding the organization and management of elections, it also manipulated the numbers, as the company providing the automated service Smartmatic denounced.  Said company stopped providing services in Venezuela after that statement (see Smartmatic).

The CNE once again crossed the fine red line during the 2017 regional elections when it fraudulently prevented opposition candidate Andres Velasquez from taking power in Bolivar state’s government.  Furthermore, following directions from the executive branch, the CNE did not recognize the results of the popular vote for Zulia state during the same elections, in which opposition candidate Juan Pablo Guanipa was elected (see Guanipa).

 Conclusion

The Venezuelan case demonstrates, as any other example in the Western hemisphere, that in order to maintain legality, coexistence and social peace, neutral voting institutions must exist.  The history of the country in the past 15 years would perhaps have been different if Venezuela had had an impartial voting agency that resisted the authoritarian attacks by the government in the early stages of the regime’s consolidation.

The transition into democracy in Venezuela poses a two-fold challenge.  First, democratizing the nation requires the creation of an independent CNE that serves citizens and the constitution.  On the other hand, it is important that both political parties and citizens in general demand that the voting guarantees achieved in the past are preserved while the first challenge is overcome.

The Venezuelan automated voting system has a series of important strengths that the different actors in the democratic system must demand and take advantage of while putting aside the inequality of the current eco-electoral system.

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What Do Elections Mean in a Non-Democratic Regime? Or Why Bother to Vote When the Elections Are Not Fair?

What Do Elections Mean in a Non-Democratic Regime? 

Or Why Bother to Vote When the Elections Are Not Fair?

By Jennifer McCoy

@jlynnmccoy 

Jennifer McCoy, PhD, is Distinguished University Professor of Political Science at Georgia State University. She served as Founding Director of the Global Studies Institute at GSU (2015-16), and Director of the Carter Center’s Americas Program 1998-2015, leading projects on democratic strengthening, mediation and dialogue, and hemispheric cooperation. A specialist on democratization and polarization, mediation and conflict prevention, election processes and election observation, and Latin American politics, Dr. McCoy has authored or edited six books and dozens of articles. Her latest book is International Mediation in Venezuela (with Francisco Diez, 2011). She teaches courses on comparative democratization, international norms, and Latin American politics.

 

Democracy is a system to peacefully manage the natural differences of interests and identities in a society. Elections are a fundamental element of democracy. They are the mechanism for citizens to choose representatives to govern the country for a specified period of time, ideally based on clear information about the various proposals the candidates put forward. Sometimes, though, a political party or group will use restricted elections to legitimize their stay in power, rather than to subject themselves to the periodic review of the people. Venezuela is in this situation today. In this article, I discuss the meaning of voting in electoral processes that have experienced a severe deterioration. I argue that even when elections appear “rigged” to determine a winner, there can be strategic reasons to participate in order to change the larger political game.

From his first election in 1998, Hugo Chávez valued the legitimacy of receiving a mandate from the people in electoral contests. Although these elections became increasingly unfair, using ventajismo to give unfair advantages to the governing party, the integrity of the vote count was achieved with the implementation of the automated voting system. Electoral guarantees included the participation of all of the political parties in audits and controls to be able to validate the results of the election. The results of the election were in turn respected, and the candidates who won were allowed to take office.

Beginning in 2016, with Nicolás Maduro in power, the government changed the basic rules of the game dramatically when the CNE suspended the constitutional right to petition for a recall referendum and postponed the regional elections. Then in 2017 the government held a vote for an entity of questionable constitutional legitimacy – the ANC, and for the first time did not even bother to follow the rule of “one citizen, one vote” in its formulas to elect representatives to the ANC. With the opposition boycotting, the government was free to invent numbers and relax the automatic voting system, with only the technical advisory company of Smartmatic capable of denouncing the results.

The October 2017 regional elections further signaled that the government was willing to resort to more explicitly fraudulent and repressive measures to hold onto power. First, the Maduro government refused to install the winner of an election for the first time since the inception of the Bolivarian Revolution in 1999. Both Chávez and Maduro had at one point or another usurped the power of elected bodies by naming parallel authorities or removed officials based on (dubious) allegations of electoral fraud. But when the government ousted the announced governor-elect of Zulia because he refused to participate in a swearing-in ceremony before the ANC, it went a step further and openly flouted the voters’ will.

Second, the government appeared to engage in manipulation of the vote count for the first time in a regularly scheduled contested election (not counting the July ANC vote). Until now, most of the demonstrated voting irregularities were aimed at influencing those who voted and how they did so, but the voting machines withstood audits measuring the integrity of their count. On October 15 in the state of Bolívar, at least 11 voting machine results were entered by hand, rather than electronically transmitted, appearing to change the winner in that state race.

Given this scenario, are elections still worthwhile? In an electoral authoritarian regime, which holds manipulated elections to claim a democratic legitimacy while ensuring that the incumbent will win, the game is a two-level one. Opponents must participate in each election, with the chance they might overwhelm the manipulations and actually win, while also working to change the rules of the larger political game.

Even with extremely unfavorable conditions, opposing political parties managed in the past to win elections for important mayorships, governorships and legislative majorities. Independents and smaller parties have registered to run in the December 10 municipal elections, and this provides an opportunity for Venezuelan civil society to monitor, document and denounce irregularities. It may not change the outcomes, but participation and systematic documentation can unmask and delegitimize the government’s attempted democratic veneer if it resorts to fraud and repression.

There is a great temptation to boycott unfair elections, since it is unlikely anyone other than government-designated candidates can win, and opponents fear legitimizing an unfair process. That is the decision that the larger opposition parties in fact made. But boycotting unfair elections simply delivers all power to the governing party. Such a power hand-off exacts no cost to the victor, but demands a high price from the opposition and its supporters in losing local control of resources, police forces and permissions for protests. It is therefore better to participate and force the government to compete than to allow the government to win with no effort. Unmasking fraud and intimidation, in turn, provides leverage to demand a change in the larger political game.

Presidential elections are expected in 2018. The opposition has put fair elections on the negotiating. In the meantime, citizens should vote and civil society should monitor, document and denounce irregularities, to provide more leverage to press for change and to inform citizens and concerned foreign observers alike about the conditions in Venezuela.

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¿Qué significan las elecciones en un régimen no democrático? O ¿Por qué votar cuando las elecciones no son justas?

¿Qué significan las elecciones en un régimen no democrático? o ¿por qué votar cuando las elecciones no son justas?

Por Jennifer McCoy

@jlynnmccoy

 

Jennifer McCoy es profesora distinguida  de Ciencias Políticas en la Georgia State University (GSU). Fue directora y fundadora de Global Studies Institute (2015 y 2016); entre 1998 y 2015 fue directora del Programa para las Américas del Centro Carter, donde ejecutó proyectos para el fortalecimiento de la democracia, mediación y diálogo y cooperación hemisférica. Es especialista en democratización y polarización, en mediación y prevención de conflictos, procesos electorales,  observación de elecciones, y en política latinoamericana. McCoy ha escrito y/o editado seis libros y docenas de artículos. Su más reciente libro Mediación Internacional en Venezuela en coautoría con Francisco Diez, fue publicado en 2011.

 

La Democracia es un sistema que busca lidiar, de forma pacífica, con las diferencias de intereses e identidades dentro de una sociedad. Las elecciones son un elemento fundamental de la democracia. Son el mecanismo para que los ciudadanos escojan a sus representantes, para gobernar el país durante un período de tiempo específico, basándose, en un escenario ideal, en información clara acerca de las diversas propuestas que los candidatos hagan. En ocasiones, sin embargo, un partido o grupo político hará uso de elecciones limitadas o restringidas para legitimar su permanencia en el poder, en lugar de someterse a la evaluación periódica del pueblo. Venezuela se encuentra en esta situación actualmente.

En este artículo, haré referencia al significado de votar en procesos electorales que han sufrido un fuerte deterioro. También plantearé que, aún cuando las elecciones parecieran estar inclinadas a favor de un determinado candidato, puede haber razones estratégicas para participar y así cambiar el juego político.

Desde su primera elección en 1998, Hugo Chávez valoró la legitimidad de recibir un mandato del pueblo en contiendas electorales. Aunque dichas elecciones se fueron volviendo cada vez más injustas, valiéndose del poder del Estado para dar ventajas al partido de gobierno; se logró la integridad del conteo de los votos a través de la implementación de un sistema de votación automatizado. Las garantías electorales incluían la participación de todos los partidos políticos en auditorías y controles, para poder validar los resultados de cada elección. Así pues, los resultados de las elecciones fueron respetados y se permitió a los candidatos ganadores ocupar los cargos obtenidos.

A inicios de 2016, con Nicolás Maduro en el poder, el gobierno cambió de manera dramática las reglas básicas del juego, cuando el CNE suspendió el derecho constitucional de solicitar un referéndum revocatorio y pospuso las elecciones regionales. Luego, en 2017, el gobierno llevó a cabo elecciones para un órgano de cuestionable legitimidad constitucional, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y, por primera vez, no cumplió la regla de “un ciudadano, un voto” para elegir representantes para la ANC. Con el retiro de la oposición para este proceso, el gobierno tuvo la libertad de inventar números y flexibilizar el sistema de voto automatizado, hecho que sólo pudo ser detectado y denunciado por la entonces empresa asesora Smartmatic.

Las elecciones regionales de 2017 evidenciaron con más fuerza a un gobierno dispuesto a recurrir más explícitamente a medidas fraudulentas y represivas para mantenerse en el poder.

En primer lugar, y por primera vez desde la instalación de la Revolución Bolivariana en 1999, el gobierno de Maduro no permitió la toma de posesión de un candidato electo. Si bien tanto en el gobierno de Chávez como en el de Maduro se ha usurpado el poder de órganos legitimamente electos, nombrando autoridades paralelas o removiendo funcionarios, basándose en el argumento (dudoso) de fraude electoral; el derrocamiento del gobernador electo del estado Zulia, por negarse a prestar juramento ante la ANC, avanzó pasos en el desconocimiento de los resultados y burló descaradamente la voluntad de los electores.

En segundo lugar, el gobierno habría incurrido por primera vez en manipulación del conteo de los votos, en una contienda electoral agendada de manera regular (sin tomar en cuenta la votación para la ANC del mes de julio). Hasta ahora, la mayoría de las irregularidades de votación demostradas tenían como objetivo influir en los que votaron y en cómo lo hicieron, pero las máquinas de votación soportaron las auditorías que miden la integridad de su recuento. El 15 de octubre en el estado Bolívar, los resultados de al menos once máquinas de votación fueron ingresados a mano, en lugar de transmitidos electrónicamente, lo cual , podría haber alterado los resultados en la entidad.

¿Dado este escenario, vale la pena seguir participando en elecciones? En un régimen autoritario electoral, que celebra elecciones manipuladas para reclamar una legitimidad democrática mientras asegura que el titular ganará; el juego es a dos niveles. Los oponentes deben participar en cada elección, donde tengan posibilidad de superar las manipulaciones y ganar efectivamente, mientras también, trabajan para cambiar las reglas del juego político más amplio.

Aun con condiciones extremadamente desfavorables, los partidos políticos de oposición lograron ganar en el pasado reciente, elecciones en alcaldías y gobernaciones importantes, así como obtener la mayoría en el parlamento. Algunos partidos independientes más pequeños inscribieron candidatos para las elecciones municipales del 10 de diciembre, lo cual le da una oportunidad a la sociedad civil venezolana para monitorear, documentar y denunciar irregularidades. Esto puede no cambiar los resultados, pero la participación y la documentación sistemática si pueden desenmascarar y deslegitimar la fachada democrática del gobierno, si éste llegase a recurrir al fraude y a la represión.


Existe una gran tentación de boicotear las elecciones injustas, ya que es poco probable que alguien que no sea candidato designado por el gobierno pueda ganar y, por otra parte, los oponentes temen legitimar un proceso injusto. De hecho, esa es la decisión que tomaron la mayoría de los partidos de oposición. Pero boicotear elecciones injustas simplemente le entrega todo el poder al partido de gobierno. Tal entrega de poder no le cuesta nada al vencedor, pero exige un alto precio por parte de la oposición y sus partidarios al perder el control local de los recursos, las fuerzas policiales y los permisos para las protestas. Por lo tanto, es mejor participar y obligar al gobierno a competir, que permitir que el gobierno gane sin ningún esfuerzo. Desenmascarar el fraude y la intimidación, al contrario, permite impulsar la exigencia de cambios en el panorama político más amplio.

Las elecciones presidenciales deberían llevarse a cabo en 2018. La oposición ha colocado en la mesa de negociación la celebración de elecciónes justas. Mientras tanto, los ciudadanos deberían ejercer su derecho al voto; y la sociedad civil debería monitorear, documentar y denunciar las irregularidades, para aumentar la presión por el cambio y para mantener informados a los ciudadanos y a los observadores internacionales acerca de las condiciones en Venezuela.

 

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