Declaración del IV Encuentro de Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos 14 y 15 de noviembre del 2018

Encuentro Defensores DDHH 2018

Los días 14 y 15 de noviembre se realizó en los espacios de la Universidad Metropolitana en Caracas, el IV Encuentro de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, con la participación de más de 250 activistas de 150 organizaciones de la sociedad civil venezolana. El evento culminó con la suscripción y publicación por parte de las organizaciones y activistas asistentes, de la siguiente declaración

Nosotros, defensores y defensoras de los derechos humanos de diversos estados y regiones de Venezuela, firmemente comprometidos con la causa del respeto a la dignidad humana y con los cambios pacíficos que permitan a todas las personas vivir en condiciones económicas, sociales, civiles y políticas que garanticen el efectivo goce y protección de todos los derechos humanos en cualquier circunstancia, reunidos en este IV Encuentro de Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos, queremos, reafirmar que los derechos humanos tienen existencia propia en cada una de las personas, por el sólo hecho de serlo y sin distingo de ningún tipo, como marco universal de protección de la dignidad humana; los cuales no responden a limitaciones de frontera, signo político o leyes internas.

Ratificar nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos en Venezuela, teniendo como referente de nuestra acción la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, que arriba a su vigésimo aniversario el próximo 9 de diciembre.

Reafirmar que Venezuela se encuentra en una situación de quiebre democrático e institucional como producto de un sistema de gobierno que desmanteló el Estado de Derecho y abusa del poder para intimidar, discriminar, ejercer control y castigar a la población, el cual ha destruido gran parte de las capacidades y recursos del país, privatizando el bien público y generando una Emergencia Humanitaria Compleja de gran escala, que ha dejado a la población en completo desamparo.

Reiterar nuestro incondicional apoyo a todas las personas, grupos vulnerables, familias y comunidades de Venezuela que son víctimas de esta inaceptable situación y nuestra absoluta disposición a continuar trabajando por la defensa de los derechos humanos, el respeto a la vida y a las libertades fundamentales, los espacios de encuentro e inclusión social, el acompañamiento, la protección y la asistencia internacional a quienes están sufriendo la privación de los derechos a la salud, la alimentación, la educación, la vivienda, los servicios básicos, el trabajo y sus formas asociadas de protección, los medios de subsistencia y la sostenibilidad ambiental.

Exigir al Estado venezolano cumplir sus responsabilidades de garantizar la realización efectiva de todos los derechos humanos a la población venezolana y poner fin a sus múltiples y graves violaciones; respetar la Constitución Nacional de 1999; restablecer el Estado de Derecho y la institucionalidad democrática; detener las prácticas de criminalización, violencia y persecución sistemática por razones políticas o por ejercer la libertad de expresión, protesta pacífica y disentimiento, y aceptar de inmediato la asistencia y cooperación internacional, como derecho humano y obligación del Estado, en las magnitudes necesarias y de manera abierta, participativa, transparente y coordinada con los organismos humanitarios para resguardar la vida y el bienestar de los venezolanos.

Hacer nuevamente un llamado urgente a todas las autoridades y órganos competentes de protección y asistencia de las Naciones Unidas, la Unión Europea y la Organización de los Estados Americanos para que utilicen toda la amplitud de sus mandatos y mecanismos de forma plural, coherente y concertada con las instituciones públicas legítimas y la sociedad civil venezolana para garantizar una protección eficaz de los derechos humanos en el país y fuera de nuestras fronteras, dando acogida y protección a los venezolanos que han sido forzados a migrar y tienen derecho al refugio, incluyendo hacer todo lo que pueda estar a su alcance para que Venezuela retorne lo más pronto posible a la democracia, la confianza y la paz.

Ratificar la necesidad de contribuir a la unión de las fuerzas democráticas del país a objeto de desarrollar las acciones necesarias en el marco de la Constitución de 1999 para avanzar hacia el restablecimiento de la democracia; igualmente trabajaremos para presentar al país una propuesta desde la perspectiva de los derechos humanos que aporte a la reconstrucción y el reencuentro del país, una vez rescatada la democracia, y nos comprometemos a realizar el máximo de nuestros esfuerzos para acompañar a todas las víctimas de violaciones de los derechos humanos con el fin de lograr Memoria, Verdad y Justicia, únicas maneras de avanzar hacia la reconciliación de los venezolanos.

Suscriben: 
A.C. Justicia y Paz OP Venezuela
A.C. María Estrella de la Mañana
Acceso a la Justicia
Acción Solidaria
ACCSI, Acción Ciudadana contra el Sida
Aconvida
Aguas Sin Fronteras
Amavida Zulia
Amigos Trasplantados de Venezuela
Asamblea de Educación
Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (FUNPAZ)
Asociación Civil Kapé Kapé
Asociación Civil Mujeres en Línea
Asociación Venezolana para la Hemofilia (AVH)
Asovida
Aula Abierta Venezuela
AVESA
Azul Positivo
Cadef
Caleidoscopio Humano
Cáritas de Valencia
Cáritas Diocesana de Barcelona
Cátedra de Derechos Humanos de la UCLA
Cátedra de la Paz de la Universidad de Los Andes
Cecodap
Centro de Animación Juvenil
Centro de Derechos Humanos de la UCAB (CDH-UCAB)
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (CDH-UNIMET)
Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la UCV
CEPAZ
Civilis Derechos Humanos
Coalición Clima 21
Codehciu
Codevida
Colegio de Profesionales de Enfermería del Distrito Capital
Comisión de Derechos Humanos del Zulia (CODHEZ)
Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad el Zulia
Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados del Estado Apure
Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados del Estado Lara
Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados del Estado Mérida
Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados del Estado Monagas
Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados del Estado Táchira
Comité de Derechos Humanos de la Guajira
CONSORVEN
Convite A.C.
Cooperativa Caribana
Defiende Venezuela
Epikeia Observatorio Universitario de Derechos Humanos
Espacio Humanitario
Espacio Público
Excubitus
Fenasopadres
Foro Penal
Fraternidad Laical Dominicana de Barquisimeto Santo Domingo de Guzmán
Fundaredes
Funcamama
Fundación Aguaclara
Fundamigos H.L.P
Fundación Arcoiris por la Vida
Fundación Pro Bono Venezuela, ProVene
Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI)
Humano Derecho Radio Estación
Incide
Ipys Venezuela
La Guarura.Info
Laboratorio Ciudadano de No Violencia Activa
Laboratorio de Paz
Las Piloneras
Liga Merideña contra el SIDA
Mapani Venezuela
MAVID
Médicos Unidos de Venezuela (MUV)
Médicos por la Salud
Monitor Social A.C.
Movimiento Ciudadano Dale Letra
Movimiento SOMOS
Movimiento Vinotinto
Mulier
Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes
Observatorio Global de Comunicación y Democracia
Observatorio Venezolano de la Salud (OVS)
Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres, Núcleo Andino
Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP)
Oficina de Derechos Humanos del Vicariato de Puerto Ayacucho
Organización Wainjirawa
Oswaldo Cali Seguir Viviendo
Padres Organizados de Venezuela
Plataforma contra el Arco Minero del Orinoco
Prepara Familia
Proiuris
Promoción Educación y Defensa en DDHH (PROMEDEHUM)
PROVEA
Proyecto 860
Red Andina de Derechos Humanos (RADAR)
Red de Casas Don Bosco
Red Venezolana de Gente Positiva
REDAC
Redes Ayuda
REDHNNA
Revista SIC del Centro Gumilla
SINERGIA
Sociedad Hominis Iura (SOHI)
Stop VIH
Transparencia Venezuela
Un Mundo Sin Mordaza
Una Ventana a la Libertad
Uniandes A.C.
Unión Afirmativa
Unión Vecinal para la Participación Ciudadana A.C.
Ven-Actívate
Venezuela Diversa
Voto Joven

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Cartilla Democrática IV: Garantías Electorales al sistema de votación automatizado en Venezuela

CartillaDemocratica

Garantías Electorales al sistema de votación automatizado en Venezuela

 

La Cartilla a Democrática Nro. 4  describe las principales garantías y auditorias electorales realizadas al sistema
 de votación automatizado en Venezuela; logradas a raíz de la automatización del proceso de votación en 2004,
 ejecutadas hasta las elecciones parlamentarias de 2015.

Elaborada con material escrito para el OGCD por Félix Arroyo, Aime Nogal Méndez, Griselda Colina y Héctor Vanolli.

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El uso de sistemas electorales automatizados en Venezuela se remonta a 1972, cuando el entonces Consejo Supremo Electoral incorporó al proceso de votación máquinas electromecánicas para la impresión de las actas de escrutinio (Ver Informe Capel). La decisión de convertir los cargos de gobernadores, alcaldes y concejales en cargos de elección popular en 1989 (en lugar de ser nombrados por el gobierno central), allanaría el terreno para que, a partir de 1992, Venezuela avanzara a paso firme hacia la adopción de uno de los sistemas de votación automatizados más sofisticados del continente.

Esta tendencia alcanzó su punto álgido en 2004, cuando el recientemente creado CNE encargó a la empresa Smartmatic, la automatización de la totalidad de las fases del proceso de votación, proceso que culminaría, ocho años después, con la incorporación del sistema de identificación dactilar del elector, conocido como Sistema de Autenticación Integrado (SAI).

En comicios automatizados, como el caso venezolano, es importante que se conozcan y establezcan las auditorías y garantías electorales, ya que sólo por el hecho de ser automatizados éstos implican procesos complejos difíciles de entender por los ciudadanos, lo que ocasiona una cantidad de mitos, que minan la confianza del electorado.

El OGCD presenta la Cartilla Democrática sobre las auditorías y garantías electorales al sistema de votación automatizado en Venezuela como una propuesta para el consumo de ciudadanos informados.


1. ¿Cuáles son las fases del proceso de votación automatizado en Venezuela?

El sistema electoral en Venezuela incluye procesos que van desde la autenticación o verificación de la identidad del elector (a través del Sistema de Autenticación Integral), la recepción y almacenamiento de votos en urna electrónica, el escrutinio o conteo de los votos recibidos y la transmisión de los mismos.

2. ¿Qué se conoce como garantías electorales?

Las garantías electorales son mecanismos confiables para la certificación de los resultados, de forma que los actores puedan verificar la integridad del sistema de conteo y totalización.

3. ¿Por qué es necesario conocer sobre las auditorias y garantías del sistema de votación en Venezuela?

En Venezuela se ha intentado desprestigiar al sistema de votación automatizado como un arma política. Las (falsas) teorías del secreto del voto o del cable submarino a Cuba sólo han servido para promover desconfianza y desestimular la participación electoral.

Es necesario que los ciudadanos conozcan la realidad sobre las fortalezas del sistema automatizado. De esa forma se puede lograr que el electorado dirija su atención a los verdaderos problemas ocasionados por el continuo ventajismo del que ostenta el poder.

4. ¿Cuáles son las principales garantías electorales logradas en Venezuela?

Entre los mecanismos o garantías electorales logradas por los actores políticos, autoridades electorales y por expertos en voto automatizado de la sociedad civil en Venezuela se encuentran las siguientes:

a. Comprobante impreso del voto. Una primera garantía de transparencia del sistema de votación en Venezuela la otorga la capacidad de la máquina de votación de generar un recibo, conocido como “comprobante de voto”, luego de que el elector sufragó electrónicamente. Dicho comprobante se imprime en papel especial, con marcas de agua y tinta de seguridad, y está identificado a través de un código no secuencial. El comprobante de voto permite a los venezolanos una doble verificación.

  • En primer lugar, el elector puede comprobar que el sistema automatizado de votación había registrado fielmente su voluntad.
  • En segundo lugar, una vez que dicho recibo es depositado en una urna (o “caja de resguardo”), habilitada para tal efecto, permite a los miembros de mesa y testigos de agrupaciones políticas verificar la correspondencia entre los resultados consignados en las actas de votación y los resultados del conteo de los comprobantes depositados por los votantes.

Dado que esta segunda verificación se realizaba al cierre del acto de votación, ante la presencia de representantes de partidos políticos, observadores y ciudadanos en general, el procedimiento pasó a conocerse como “auditoria en caliente” o “Auditoria Ciudadana Fase I”.

En el 2006, el CNE anunciaría la ampliación del porcentaje de urnas a auditarse durante la “auditoría en caliente”, por lo que del reducido porcentaje inicial se pasaría a más del 50 por ciento.

Luego del referendo revocatorio presidencial de 2004, se sumaron un nutrido grupo de protocolos adicionales gracias a la presión de los sectores políticos de oposición, y bajo la atenta mirada de la comunidad internacional,

b. Urnas selladas. El ente electoral estableció la obligación de sellar las cajas de resguardo con los comprobantes del voto de cada mesa y las actas de votación impresa firmada por los miembros de mesa y los representantes de los partidos políticos.

c. Autenticación Biométrica del elector. Con la utilización del Sistema de Autenticación Integrado en Venezuela, se configuró el sistema de forma que, cada elector pudiera activar la máquina de votación con su huella dactilar, una vez que su información sea autenticada. Cada máquina de votación posee un registro con los datos de dos pares de huellas de los electores habilitados para votar en las respectivas mesas de votación, de esta manera el SAI prohibiría que el mismo elector votara dos veces.

Previo a cada elección, solían cargarse dos pares de huellas de cada elector en la máquina donde le correspondía votar. De esta manera un ciudadano que quisiera votar dos veces en un mismo centro electoral no podía hacerlo porque la máquina identificaba la huella como ya registrada.

Es importante entender en este punto que la administración electoral en Venezuela no impide ejercer el derecho al voto a los ciudadanos cuya huella no sea autenticada por el sistema. Por tanto, si el elector presenta la cédula que lo acredita para sufragar en la respectiva mesa electoral, se le permite votar, esta incidencia, sin embargo, queda registrada en la máquina y es transmitida a la sala de totalización para ser evaluada en las auditorias de datos posteriores.

Durante los comicios de la ANC este protocolo no se cumplió por el cierre de centros de votación y el cambio de electores a nuevos centros creados de forma temporal que agrupaban a electores de varios centros electorales.   Asimismo, en la elección de los constituyentes en 2017, los partidos políticos de oposición no pudieron postular candidaturas por lo que no se pudo constatar la realización de las auditorías al sistema de votación. Esto marcó un hito negativo en el Sistema Automatizado de Votación.

d. Huellas registradas y comparadas. El sistema de Autenticación integrado que se utiliza en el sistema de votación en Venezuela permite que cada huella se compare con los registros de pulgares e índices de los votantes habilitados para votar en esa mesa. De esta forma si un elector quisiera votar dos veces en su mesa de votación, no podría hacerlo.

e. Secreto del voto. Aunque la utilización del Sistema de Autenticación Integrado sembró dudas sobre la posibilidad de vincular el voto con la identidad del elector, el sistema está diseñado de forma que los datos de la identidad del elector y los del sufragio se almacenan de forma aleatoria en distintos archivos por lo que no habría manera de establecer correspondencia entre ambos datos. Cada vez que se registra un voto en una máquina de votación durante una elección en Venezuela, éste es grabado de manera electrónica, cifrada y aleatoria en la memoria de dicha máquina. Este proceso garantiza que sea imposible reconstruir la secuencia en la cual fue grabado el voto y por tanto haría imposible conocer la intención del voto de un ciudadano.

f. Código de Autenticación de Contenido (HASH). Cuando se realiza la Auditoría de Software de Máquinas de Votación, tras la revisión de los programas, cada máquina se marca con un Código de Autenticación de Contenido que permite conocer si estos programas se cambian después de haber sido revisados. Si al programa se le agrega un simple espacio, el código de autenticación cambia. El Código de Autenticación de Contenido se denomina técnicamente HASH.

g. Claves compartidas. Entre los protocolos de seguridad establecidos en el sistema de votación automatizado en Venezuela se encuentra la encriptación del voto a través de códigos indescifrables cuyas claves son compartidas por representantes de los partidos políticos, y representantes del organismo electoral. Las denominadas llaves digitales protegen los datos guardados en la memoria de las máquinas de votación, de forma que ninguno de los actores pueda alterarlo sin que esto sea conocido por el resto de los participantes.

h. Completa audibilidad del sistema. Entre las garantías centrales del sistema automatizado en Venezuela se encuentra la completa auditabilidad del mismo. Las denominadas auditorias técnicas se iniciaron con seis procedimientos a los que se le fueron añadiendo otras, hasta llegar, en 2013, a las 19. La última auditoria incorporada sería la llamada Auditoria Posterior de los Datos del Elector, conocida también como Auditoria de No Duplicidad de Huellas o Auditoria de Datos del Elector, la cual fue especialmente diseñada para detectar los casos de voto múltiple o de sustitución de identidad de electores (Ver Blog E-LECTOR).

En el proceso electoral de 2015 fue el último evento en donde se realizaron la totalidad de las auditorias de forma satisfactoria.

Listado de Auditorías previstas en los Procesos Electorales

  1. Software de Sorteo de Miembros de Mesa y Juntas Electorales y Presencia de Testigos en el Sorteo.
  2. Registro Electoral.
  3. Software de Máquinas de Votación.
  4. Configuración de Máquinas de Votación.
  5. Datos de Máquinas de Votación (Biográficos: nombre, cédula; y Biométricos: huellas dactilares).
  6. Software de Máquinas del Sistema de Información al Elector (Eliminado en las Elecciones del 15 de octubre).
  7. Producción de Máquinas de Votación y Sorteo de Máquinas a usar en Auditoría de Predespacho.
  8. Software de Máquinas del Sistema de Información al Elector (Eliminado en las Elecciones del 15 de octubre).
  9. Tinta Indeleble (Eliminada en las Elecciones del 15 de octubre).
  10. Cuadernos de Votación.
  11. Software del Sistema de Totalización.
  12. Infraestructura del Consejo Nacional Electoral para los Procesos Electorales Automatizados.
  13. Puesta a cero de todos los sistemas necesarios para efectuar las Elecciones.
  14. Transmisión de datos electorales Fase I (Un día antes de las Elecciones).
  15. Sorteo de Centros y Mesas de Votación el día de las Elecciones a las 6:00 pm, previa revisión del software a utilizar para el Sorteo (serán utilizados para la Auditoría Ciudadana Fase II).
  16. Transmisión de datos electorales Fase II (Un día después de las Elecciones).
  17. Auditoría Ciudadana Fase II, posterior a las Elecciones con las Máquinas sorteadas el día del Proceso Electoral.
  18. Marcas transmitidas de incidencias de huellas.
  19. Auditoría de Huellas posterior a las Elecciones, revisando posibles usurpaciones de identidad.

i. Cadena de Confianza.  Otro de los mecanismos aprobados en el entorno del voto automatizado en Venezuela es la realización de las auditorias siguiendo un orden necesario para poder generar una “cadena de confianza” entre los distintos actores participantes del proceso. Por ejemplo, no se podría realizar la Auditoría de Cuadernos de Votación si previamente no se auditó el Registro Electoral y fue entregado la Tabla-Mesa [1]para su revisión. (Ver Blog E-Lector)

j. Máquinas desconectadas hasta la transmisión. Con el fin de apaciguar los temores de quienes afirmaban que las máquinas podían transmitir datos en forma subrepticia durante el proceso de votación, el CNE accedió además a mantener las máquinas de votación desconectadas durante dicho proceso.

k. Actas de votación impresas. Los protocolos electorales en Venezuela establecen la obligación de imprimir y repartir entre los testigos y fiscales presentes el acta de votación con los resultados electorales de cada mesa, antes de que éstos fueran transmitidos por la máquina al centro de totalización ubicado en CNE. Con esta medida, los testigos de partidos cuentan con una forma adicional impresa de comprobar y verificar los resultados finales anunciados por el CNE ya que los mismos deben ser publicados en la página del ente electoral.

l. Testigos en sala de totalización. Las Partidos acreditan testigos para permanecer en las dos Salas de Totalización del CNE ubicadas en la sede de la Plaza Caracas y de la Plaza Venezuela. Estos testigos permanecen en dichas salas hasta que se transmitan los resultados. En esta sala que cuenta con 6 monitores no se observan los resultados numéricos, sino la transmisión de los mismos expresados en gráficos en movimiento.

m. Incidencias del SAI. Entre las auditorias posteriores que se realizan a los datos de los electores, se encuentra la denominada “Marcas transmitidas de incidencias de huellas” en donde el sistema permite conocer el número de huellas de votantes que si coincidieron con las huellas registradas (match), el número de huellas que no coincidió (no match), el número de huellas en zona gris (grey zone), el número de huellas no registradas (no registry) y el número de votantes sin miembros superiores que sufragaron (no finger). Este conjunto de datos conocido como incidencias del SAI, sirve como base para la auditoria posterior de datos del elector descrita anteriormente.

n. Auditoria de Datos de Elector. A partir de 2013 el CNE incluyó la auditoría de no duplicidad de huellas.  Esta auditoría se realiza una vez que se cierra el proceso y se hace el repliegue de los datos. En la misma se compara una muestra representativa de las huellas que no hicieron match con las registradas en la máquina electoral y se determina si hubo usurpación de voto o voto múltiple. En cada una de las auditorías realizadas desde 2013 se ha podido determinar un número específico de votos duplicados o usurpados sin que ni el CNE ni los actores políticos hayan hecho las denuncias ni el seguimiento a los casos registrados.

5. ¿Quiénes pueden participar en las auditorías?

En las auditorías electorales pueden participar los expertos designados por los partidos políticos participantes, los grupos de observación electoral nacional (sin derecho emitir juicios), los acompañantes internacionales.

Es importante que la Organizaciones Políticas acrediten auditores con un perfil adecuado para participar en las distintas auditorías. En Procesos Electorales Automatizados, se requiere que los auditores tengan un nivel alto de conocimiento en Tecnología de la Información y las Comunicaciones.

6. ¿Cuáles son las garantías electorales ciudadanas?

Las garantías electorales ciudadanas son acciones, previstas en el proceso, que pueden ser ejecutadas directamente por los ciudadanos como una forma de garantizar el respeto a su voluntad y a los resultados electorales.

El día de la jornada electoral hay varias garantías ciudadanas que están en manos de los ciudadanos:

  • Verificación en el comprobante de votación: Cuando el ciudadano vota en la pantalla de votación, la máquina emite un papel que contiene su voto. Es necesario indicar que aunque el comprobante de voto está numerado, esta numeración no es secuencial por lo que no puede identificarse al votante con este comprobante.

 

  • Verificación número de votantes en pantalla: En la pantalla de la máquina electoral donde se vota, el ciudadano tiene la oportunidad de leer los datos o ficha de su mesa. De esta manera el elector puede verificar el número de votos en la mesa antes de la votación y el número de votos luego de sufragar.

 

  • Verificación ciudadana Fase I: El día de las elecciones, después del cierre de la votación se efectúa la verificación ciudadana. Esta revisión es quizás una de las más importantes para generar confianza en los ciudadanos. Al finalizar la transmisión de las mesas de un Centro de Votación, se realiza un sorteo para escoger las mesas a revisar. A las mesas escogidas se le cuentan los votos que se encuentran en la caja de resguardo, se compara con el Acta de Escrutinio y el Cuaderno de Votación.

El número de mesas a revisar se realiza de acuerdo con la siguiente tabla:

  • Transmisión después de las 6:00 pm: Los miembros de mesa y testigos electorales deben saber que el protocolo establecido para la transmisión de resultados establece que sólo de pueden transmitir resultados luego de las 6 pm, incluso si un miembro de mesa quisiera transmitir los datos, el sistema está programado para no permitir ningún tipo de transmisión. El primer paso luego de cerrado el proceso de votación es la impresión de las actas electorales que contienen el resumen de los votos para cada contendor, dichas actas se entregan a cada uno de los testigos y luego de este proceso, se conecta el cable para la transmisión de los resultados.

PROTOCOLO PARA LA TRANSMISIÓN DE RESULTADOS ELECTORALES

7. ¿Quiénes son los testigos electorales y cuál es su rol?

Las Partidos políticos que participen en el proceso pueden acreditar testigos para permanecer tanto en los centros electorales como en las dos Salas de Totalización del CNE ubicadas en la sede de la Plaza Caracas y de la Plaza Venezuela.

Estos testigos permanecen en dichas salas hasta que se transmiten los resultados. En esta sala que cuenta con 6 monitores no se observan los resultados numéricos, sino la transmisión de los mismos expresados en gráficos en movimiento.

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Cartilla Democrática III: Cómo Reconocer una Elección Democrática

Elecciones Democráticas

Cómo Reconocer una Elección Democrática

La Cartilla a Democrática Nro. 3 describe los elementos para distinguir entre una elección democrática y una que no lo es. Enumera los estándares internacionalmente  aceptados para un proceso electoral democrático y presenta el Barómetro Electoral Ciudadano (BEC), un instrumento que permitirá evaluar los recientes procesos  electorales en Venezuela.

Documento elaborado por especialistas del Observatorio Global de Comunicación y Democracia. El OGCD agradece especialmente la colaboración prestada por Hector Briceño Montesinos.

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Si bien la democracia es mucho más que las elecciones, toda democracia tiene como punto de partida, como condición sine qua non, una elección democrática.

Es necesario entonces comprender ¿Qué es una elección democrática? ¿Cómo distinguir una elección democrática de una que no lo es? ¿Existe un umbral, una línea divisoria, entre una elección democrática y una no democrática?

La Cartilla Democrática #3 aborda los elementos para distinguir entre una elección democrática y una que no lo es. Responde, de manera sencilla, a las principales inquietudes que permitirán conocer los estándares internacionalmente aceptados para un proceso electoral democrático y presenta el Barómetro Electoral Ciudadano (BEC), un instrumento que permitirá evaluar los recientes procesos electorales en Venezuela.

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1. ¿Qué es una elección democrática?

Una elección democrática es aquella que permite y refleja fielmente la libre decisión de los ciudadanos, siguiendo los principios elementales del sufragio universal y la igualdad política. Esto quiere decir que todos los ciudadanos deben tener derecho a participar libremente y que el poder de cada uno sobre la decisión debe ser igual al de los demás. La consigna “un hombre, un voto, de igual peso” sintetiza estos principios. Adicionalmente el voto debe ser directo y secreto.

Al mismo tiempo, las elecciones democráticas son una compleja concatenación de procesos que involucra múltiples actores: partidos, candidatos, organismo electoral, tribunal electoral, organismos de seguridad, observadores, medios de comunicación y electores.

2. ¿Cuáles son las características de las elecciones no democráticas?

Las elecciones no democráticas son aquellas que obstaculizan, enturbian y tuercen la voluntad de la ciudadanía. Cuando la competencia electoral es diametralmente desigual, las normas privilegian a unos en detrimento de otros o las autoridades actúan de forma parcializada. Cuando a unos electores se les hace más difícil participar o los procedimientos electorales no son transparentes. Cuando se le niega sistemáticamente la participación a un grupo de ciudadanos, sea como candidatos o como electores. Cuando los recursos para difundir los mensajes políticos de los candidatos son diametralmente distintos. Cuando se alteran los resultados.

3. ¿Qué debe observar una evaluación de un proceso electoral?

Una elección democrática es un complejo mecanismo compuesto por múltiples engranajes en un delicado balance. No es un evento que sucede un solo día durante unas horas. No se limita a la asistencia de los ciudadanos a las urnas electorales. Para que una elección sea considerada democrática, debe cumplir una serie de requisitos y estándares de calidad e integridad en cada fase del ciclo electoral, a saber: antes, durante y posterior al día de la votación.

4. ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir una elección para ser considerada democrática?

El concepto de ciclo electoral desarrollado por el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional) identifica 11 eslabones principales asociados a tres momentos (antes, durante, después de las elecciones):

 

Elección Democrática. Ciclo Electoral
Ciclo electoral. Elecciones Democrática

 

  • ANTES: PRE ELECTORAL
  1. Organismos electorales
  2. Marco jurídico
  3. Planificación e implementación de las elecciones
  4. Formación, capacitación y educación electoral
  5. Registro de electores
  6. Registro de partidos y candidatos
  7. Financiamiento de campaña
  8. Campaña electoral
  • DÍA DE LA VOTACIÓN: ELECTORAL
  1. Votaciones y jornada electoral
  • DESPUÉS DE LA VOTACIÓN: POST ELECTORAL
  1. Verificación de los resultados
  2. Auditoría y balance de las elecciones

5. ¿Cómo puedo evaluar si una elección determinada cumplió con los estándares democráticos?

Para comprender el carácter democrático de una elección, es necesario preguntarse para cada uno de estos componentes del ciclo electoral si se cumplen los principios de libertad e igualdad política que orientan la democracia y distinguir entre las acciones desarrolladas por los actores políticos con el fin de torcer la voluntad popular en favor de los intereses propios y fallas menores (como por ejemplo errores humanos o malas prácticas administrativas) que inciden en la calidad del proceso sin que signifique que las elecciones dejan de ser democráticas.

Para realizar una evaluación individual del sistema electoral Héctor Briceño desarrolló, para el OGCD,  una herramienta denominada Barómetro Electoral Ciudadano (BEC), que permite medir el carácter democrático del sistema electoral venezolano.

Probar el BEC

Barómetro Electoral Ciudadano
Barómetro Electoral Ciudadano (BEC) Imagen Referencial

6. ¿Por qué es importante saber si una elección es o no democrática?

Una elección democrática no es un proceso aislado e independiente del sistema político. Por ello demanda un contexto democrático, condiciones mínimas más allá de la elección: Libertad de expresión, de asociación, de movimiento y reunión. Diversidad de fuentes de información. Separación de poderes. Por mencionar sólo algunas.

Cuando un gobierno utiliza los poderes públicos para inhabilitar candidatos opositores, o aprovecha las políticas sociales como mecanismos de coacción o los medios de comunicación públicos no son de accesibles, la calidad de las elecciones disminuye para acercarse a la franja divisoria entre elecciones democráticas y no democráticas.

Finalmente, las elecciones democráticas pueden también distinguirse por sus resultados. Las elecciones democráticas ayudan a las sociedades a enfrentar unidas los retos del desarrollo. Mejoran la gobernabilidad y disminuyen la posibilidad de que se desaten conflictos sociales.

Descargar Cartilla Democrática 

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Comunicado 19: Exigimos Condiciones Para La Celebración De Elecciones Auténticas En Venezuela

Logo de la REC

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL VENEZOLANA EXIGEN CUMPLIMIENTO DEL DEBIDO PROCESO Y CONDICIONES PARA LA CELEBRACIÓN DE ELECCIONES AUTÉNTICAS EN VENEZUELA

Las organizaciones de la sociedad civil que suscriben este comunicado unen su voz en defensa de los derechos políticos de los venezolanos que creen en el voto como herramienta ciudadana y como instrumento para la solución de los conflictos que nos aquejan como nación.

Desde 2016, la voz y las acciones de la sociedad civil organizada han documentado, denunciado y difundido ante instancias nacionales e internacionales, las violaciones a los derechos políticos de los venezolanos en lo que consideramos la conformación de acciones sistemáticas del Estado venezolano dirigidas al debilitamiento del voto como expresión ciudadana en democracia, cuya más reciente acción estuvo signada en todas las fases ejecutadas por el Consejo Nacional Electoral, en las denominadas “Elecciones 2018”.

Tanto la administración electoral como la de justicia en Venezuela, en franco desconocimiento de los derechos constitucionales, han servido a los intereses del Poder Ejecutivo. Así, el CNE no respondió a ocho solicitudes enviadas desde la sociedad civil durante el pasado proceso del 20 de mayo, actuación similar a la practicada el caso de la gobernación del estado Bolívar en 2017.

En lo atinente a los órganos jurisdiccionales, la falta de respuesta oportuna quedó demostrada por la medida “provisional” de suspensión de efectos contra los actos de totalización, adjudicación y proclamación de los diputados de Amazonas y Alto Apure.

La misma suerte corre actualmente el recurso de impugnación interpuesto el pasado 12 de junio por el Observatorio Electoral Venezolano, Provea y Acceso a la Justicia, el cual no ha tenido respuesta por parte del TSJ, evidenciando el patrón de las instituciones que dejan de lado las solicitudes ciudadanas.

Es un hecho notorio y comunicacional que la Junta Nacional Electoral ha sometido a consideración del Consejo Nacional Electoral el cronograma de ejecución de las elecciones de concejos municipales con fecha probable de realización en la primera quincena del mes de diciembre.

Ante este escenario exhortamos a la administración de justicia a cumplir con lo dispuesto en el artículo 49 constitucional, proveyendo sobre la admisión o no del recurso señalado, a tenor de lo dispuesto en el artículo 185 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

Asimismo, demandamos del liderazgo político opositor unidad en criterios y acciones que allanen el camino para que los ciudadanos recuperen la confianza en el voto como un instrumento valioso para lograr el cambio político en Venezuela.

Desde la sociedad civil se ratifica nuestra mayor disposición y compromiso para retomar la ruta electoral, con la confianza necesaria en que las decisiones producto de los eventos electorales sean el reflejo de la voluntad de los venezolanos.

En aras de reiterar lo que han sido nuestros llamados para la celebración de elecciones democráticas, desde la sociedad civil proponemos los siguientes puntos para la acción:

  1. Autoridades electorales con actuación imparcial, ajustada a lo que dicta la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el marco legal vigente.
  2. Realización de operativos especiales de inscripción y actualización de electores en el Registro Electoral en todas las parroquias del país, así como en las representaciones internacionales de Venezuela.
  3. Levantamiento de las inhabilitaciones políticas a líderes de la oposición.
  4. Reconocimiento y legalización de los partidos políticos legitimados en 2017. Así como el otorgamiento de las denominaciones provisionales a las organizaciones políticas que lo soliciten.
  5. Preservación de las garantías y auditorías electorales del voto automatizado que se ofrecieron hasta el proceso electoral de 2015.
  6. Erradicación del uso de fondos públicos en las campañas electorales y más precisamente, las herramientas de soborno y coacción al elector en las que se han convertido las políticas de subsidio directo del Gobierno Nacional.
  7. Fomento de la participación ciudadana en el Servicio Electoral a través de campañas informativas y capacitación con suficiente tiempo y alcance para el desempeño de este deber constitucional.

En Caracas, a los 13 días del mes de julio de 2018

Suscriben este pronunciamiento:

  1. Acceso a la Justicia
  2. Aquí Cabemos Todos
  3. Asociacion Civil Saber es Poder – ASOSABER
  4. Centro de Formación para la Democracia
  5. Centro de Justicia y Paz (Cepaz)
  6. Comisión de Derechos humanos de la federación de colegios de abogados de Venezuela del estado Táchira
  7. Dale Letra
  8. Fundación Basura Cero
  9. Jesús Castellanos Vásquez
  10. Juventud Debate
  11. Observatorio Global de Comunicación y Democracia (OGCD)
  12. PROENA
  13. Promoción Educación y Defensa en DDHH (PROMEDEHUM)
  14. Red Electoral Ciudadana (REC)
  15. Red de Activistas Ciudadanos (Redac)
  16. Red de Organizaciones Vecinales de Baruta
  17. Redac Barinas
  18. Sinergia, Red Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil
  19. Voto Joven

Ver Comunicado 19

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¿Es necesaria una reforma electoral en Venezuela?

Sistema Electoral

¿Es necesaria una reforma electoral en Venezuela?

 

Jesús Castellanos Vásquez. Licenciado en Ciencias Políticas y Administrativas (UCV). Especialista en Comunicación Organizacional (UCAB) y Magister en Gestión y Políticas Públicas (U. de Chile). Candidato a Doctor en Ciencias, mención Ciencias Políticas (UCV). Profesor de la Especialización de Procesos y Sistemas Electorales de la UCV.

@jacv1970

Seguramente muchos de quienes leen el título estimarían aconsejable una modificación sustancial de las reglas de juego electoral en Venezuela asumiendo, a tono con los nuevos esquemas conceptuales (Freidenberg y Dosek 2015; Romero 2015; Tuesta Soldevilla 2015; Jacobs y Leyenaar 2011), que las reformas deben ir más allá de los cambios legales en el corazón del sistema electoral, a saber, circunscripciones, candidaturas, votación y fórmula, por citar los más conocidos. Ante ésto surgen múltiples interrogantes: ¿Qué tipos de reformas deben hacerse? -¿Quiénes?, ¿Qué bases legales deben cambiarse?, ¿Cuándo debe reformarse? ¿Qué materias deben reformarse? y más complejo aún, ¿Es suficiente solo reformar?

De inicio sostenemos que en Venezuela las transgresiones a la transparencia y justicia de los procesos electorales trascienden a las normas. Las violaciones a la integridad electoral, presentes desde hace más de una década y cada vez más graves y evidentes, se han originado no sólo por las debilidades del marco normativo, sino también y quizás más importante, por la inobservancia e incumplimiento de la base legal vigente. Urge, no obstante, y a la luz del restablecimiento de la institucionalidad democrática, reformar de manera prioritaria algunas materias. He aquí nuestra propuesta, advirtiendo que seguramente existen múltiples lecturas al respecto.

¿Qué tipos de reformas deben hacerse? ¿Quiénes?

Si bien las reformas electorales tienden a asociarse directamente con modificaciones de leyes, no es menos cierto que no sólo a ellas se limitan. En tal sentido, además de los cambios a ser efectuados por la Asamblea Nacional también podrían sumarse los producidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en lo referente a las normas sub-legales de su competencia, e incluso, decisiones de otros órganos del Estado como el Tribunal Supremo de Justicia.

¿Qué bases legales deben reformarse?

Es incuestionable la pertinencia de modificar no sólo la norma rectora de las elecciones, la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE) (2009), sino también a la misma Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), además de la que define el funcionamiento del Poder Electoral: Ley Orgánica del Poder Electoral (2002), la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones (1964) y el Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (2013), entre otras.

¿Cuándo deben reformarse?

A pesar que la respuesta ideal pudiera ser de inmediato, reconocemos que inclusive por el mismo mecanismo de modificación algunas podrían efectuarse, de existir voluntad política e institucional, de forma relativamente rápida, véase, por ejemplo, Leyes Orgánicas y Ordinarias o el Reglamento General de la LOPRE, mientras que para el caso de la Constitución es  necesario más tiempo pues requiere adicionalmente de consultas populares, sean para enmiendas, reformas generales o, la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente (no la actual, la cual fue elegida de forma inconstitucional y antidemocrática el 30 de julio del año pasado). Lo que sí debería quedar claro es que son varias las materias a ser modificadas con el propósito de alcanzar en el futuro elecciones integras, justas y transparentes.

¿Qué materias deben reformarse?

Antes de la Elección Presidencial 2018.

La Asamblea Nacional Constituyente, convocó una elección presidencial con fecha no posterior al 30 de abril. Tras una primera convocatoria, el CNE estableció la elección para el 22 de abril; el evento fue reprogramado para el 20 de mayo y se incorporaron las elecciones de diputados regionales y concejos municipales.  A la fecha de publicación de este artículo se manejaban nuevos cambios.  Todo esto evidencia que frente a las actuales condiciones es imposible garantizar la integridad de dicho evento. Con el objeto que se cumplan los parámetros mínimos sin desconocer a la Constitución en lo que concierne a la prohibición de modificar la ley electoral seis meses antes del  proceso, consideramos vital, por una parte, corregir el comportamiento sesgado y visiblemente parcializado del Consejo Nacional Electoral, -una designación de su directiva conforme al mandato de ley sería lo más recomendable-, y por la otra, ejecutar a la brevedad: 1)  Eliminación de la obligación de residencia legal en la inscripción y votación de los venezolanos en el extranjero definidas en la LOPRE y su Reglamento, y sanciones a quienes obstruyan el voto en el exterior; 2) Fijación normativa de la convocatoria con un lapso expreso previo a la elección; 3) Incorporación en Ley de la observación electoral Internacional, sustituyendo al acompañamiento electoral internacional y, de la observación electoral nacional y darle un mayor peso a ambas en el monitoreo electoral; 4) Mayores regulaciones en cuanto al uso de instituciones, recursos y/o funcionarios públicos en la campaña electoral, incluyendo los espacios televisivos en medios de comunicación del Estado; 5) Regulación de la precampaña electoral ; 6) Eliminación de la figura de la inhabilitación administrativa en la Ley de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (2010); 7) Actualización de los procesos de inscripción y renovación de los partidos políticos en la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones (1964) y; 8) Obligación de ubicar a los Centros de Votación en institutos educativos.

Y con más tiempo…

Es fundamental aprobar una ley de financiamiento público a las campañas electorales en concordancia con la exigencia de la Sentencia N° 780 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de mayo de 2008. Otras materias más difíciles de modificar también deberían ser revisadas en la Carta Magna, v.g, la eliminación del voto militar para cargos de elección popular y la reelección indefinida, perjudiciales en cualquier dinámica republicana, así como la unificación de los registros civil, de identidad y electoral bajo la competencia del CNE, incorporación expresa del financiamiento público en campañas electorales y de los partidos políticos y, el establecimiento del mecanismo de designación del órgano rector del Poder Electoral cuando no se pueda obtener el quorum reglamentario (revisión de la omisión legislativa).

Finalmente, ¿Es suficiente solo reformar?

Sin duda no, aunque creemos que las reformas son imprescindibles y que las mismas constituyen el primer paso en la dirección correcta hacia la restitución del orden democrático en Venezuela. Esperemos que estas líneas contribuyan en tan ardua tarea.

Version en Ingles

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Is an electoral reform necessary in Venezuela?

Is an electoral reform necessary in Venezuela?

Jesús Castellanos Vásquez. Licenciado en Ciencias Políticas y Administrativas (UCV). Especialista en Comunicación Organizacional (UCAB) y Magister en Gestión y Políticas Públicas (U. de Chile). Candidato a Doctor en Ciencias, mención Ciencias Políticas (UCV). Profesor de la Especialización de Procesos y Sistemas Electorales de la UCV.

 

Many of the readers of the above title will probably recommend a substantial change in the rules of the game for Venezuela’s electoral system.  They assume, in line with new conceptual schemes (Freidenberg y Dosek 2015; Romero 2015; Tuesta Soldevilla 2015; Jacobs y Leyenaar 2011), that those reforms should go beyond legal changes at the heart of the electoral system, that is, districts, candidacies, voting and formulas, to name only the most well-known ones.  This generates many questions:  What type of reforms should be implemented?  By whom?  What legal bases should be changed?  When should these reforms take place?  What areas should be reformed?  And even more complex of a question, is it enough to just carry out a reform?

We maintain that the transgressions against transparency and justice in the Venezuelan electoral processes exceed the regulations therein.  Violations to the integrity of the electoral process have existed for over a decade and become more serious and evident by the day.  These violations have arisen not only due to weaknesses in the regulatory framework but also, and perhaps even more important, due to the lack of observation and lack of compliance with current laws.  Notwithstanding, it is imperative to reform some areas with urgency, especially in light or restoring democratic institutions.  Below is our proposal to address this situation, and we caution our readers that there are probably many different interpretations of it.

What type of reforms should be implemented?  By whom? 

Although electoral reforms tend to be directly associated with changes to existing laws, they are not limited to only that.  In addition to the changes implemented by the National Assembly, the National Electoral Council (CNE by its initials in Spanish) can also implement changes regarding the sublegal regulations under its purview, and even decisions by other government entities such as the Supreme Court of Justice.

What laws should be reformed?

It is certain that not only laws governing elections and the Organic Law on Electoral Processes (LOPRE) (2009) should be reformed, but also the following:  The Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela (1999), the Organic Law of the Electoral Power (LOPE) (2002), the Law on Political Parties, Public Meetings and Protests (1964) and the General Regulation of the Organic Law on Electoral Processes (2013), among others

When should these reforms take place?

Although the ideal answer should be immediately, we acknowledge that timelines may differ.  Some reforms, such as reforms to Organic Laws and Ordinary Laws or to the General Regulation of the LOPRE, may be implemented quickly through normal amendment mechanisms if there is enough political and institutional will.  Conversely, reforming the Constitution requires more time as it involves popular referenda for amendments, general reforms or installing a new Constitutional Assembly (not the current one, which was elected unconstitutionally and in a non-democratic way on 30 July 2017).  One thing is clear, there are several areas that must be reformed so as to have trustworthy, fair and transparent elections henceforth.

What areas should be reformed?

Before the 2018 presidential elections

The National Constitutional Assembly called a presidential election to be held no later than 30 April.  After that first call, the CNE set the election for 22 April, but the event was rescheduled for 20 May and elections for regional legislators and municipal councils were added.  As of the date this article was published, more changes were being proposed.  This makes it evident that the current conditions make it impossible to guarantee the reliability of this event.

With the goal of reaching minimum parameters, while staying within Constitutional boundaries, concerning the ban on modifying the electoral laws six months before the process, we believe it is vital, on the one hand, to correct the CNE’s slanted and visibly partisan behavior of the—the best course of action would be to designate its leadership pursuant to law—and, on the other hand, implement as soon as possible the following actions:  1) eliminate the requirement that Venezuelans living overseas have legal residence to be able to register and vote, as defined in LOPRE and its regulations, and impose penalties to those who obstruct voting overseas; 2)  set the rules for the  call for elections with a set period of time prior to the election; 3) add to the legal framework international observers that replace international observers to accompany elections, as well as domestic observers, and give both groups of observers a greater weight in the election monitoring process; 4) enact more regulations concerning the use of institutions, resources and/or government officials in electoral campaigns, including television advertisement in State-owned media outlets; 5) enact more regulations regarding electoral campaigns; 6) eliminate the legal concept of administrative suspension in the Law of the Republic’s Comptroller General and the National Tax Control System (2010); 7) update the registration and renewal processes for political parties in the Law on Political Parties, Public Meetings and Protests (1964); and 8) set a requirement to locate voting centers in schools.

And with a bit more time…

It is essential to enact a law of public financing for electoral campaigns that meets the requirements of the May 2008 Ruling No. 780 imposed by the Constitutional Committee of the Supreme Court of Justice.  There are other topics in the Carta Magna that are more difficult to change but should also be reviewed, for example the elimination of military votes for positions elected through popular vote and lifetime reelection terms, both of which are detrimental in any type of republican dynamic, as well as the unification of civil registries, national identity card registries and electoral registries belonging to the CNE, the immediate implementation of a mechanism to designate the entity that will govern the Electoral Power when the necessary quorum cannot be achieved (revising the legislative omission).

Finally, is it enough to just reform?

Undoubtedly, the answer is no, although we believe that reforms are essential and they are the first step in the right directly toward restoring Venezuela’s democratic order. We hope these words contribute to such a challenging task.

Spanish Version 

 

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Establishment and Dismantling of the Voting Guarantees System in Venezuela

ESTABLISHMENT AND DISMANTLING OF THE VOTING GUARANTEES SYSTEM IN VENEZUELA

By Griselda Colina and Hector Vanolli

 

Griselda Colina. Comunicadora Social egresada de la UCV. Actualmente es Directora del Observatorio Global de Comunicación y Democracia. Entre 2010 y 2015 ocupó la Coord. de Proyectos de la oficina del Centro Carter en Venezuela. Co- autora del manual de monitoreo de medios del Centro Carter, así como del Informe de Libertad de Expresión de Freedom House 2012. Colina fue parte del staff local de la Misión de Estudio del Centro Carter en Venezuela para los procesos electorales presidenciales de 2012 y 2013. @griscolina

Héctor Vanolli. Es licenciado en Comunicaciones Sociales por la Universidad Católica de Salta (UCS), tiene una maestría en Relaciones Internacionales y Comunicación en la Universidad de Boston (BU) y ha sido scholar de la Fundación Fulbright y la Fundación Ford en los Estados Unidos. Se desempeñó como Representante Permanente del Centro Carter en Venezuela entre 2005 y 2014. Anteriormente, se desempeñó como Especialista en la Unidad para la Promoción de la Democracia (UPD) de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington DC. 

The automation of the Venezuelan voting system in 2004 came with a series of extraordinary security measures aimed chiefly at encouraging the population to trust the electronic voting system.

Said measures came about within a framework of acute political polarization and confrontation, as well as growing partiality by the electoral agency.  For this reason, these measures have played an essential role in maintaining social peace.  By giving the different actors in this process reliable mechanisms to certify voting results, the system of voting guarantees created since 2004 has guaranteed the trustworthiness of the counting and tallying system.  Further, in some cases, such as in 2007 and 2015, it has even led to some voting victories by the opposition.

Paradoxically, during this same period of time, the Venezuelan electoral agency announced a dramatic change of course that would transform it in a matter of a few years into the main promoter of lack of trust in Venezuela and, starting in 2015, into the entity facilitating and consummating electoral fraud.

This article analyses the role of the National Electoral Council (CNE, by its initials in Spanish) in the process of establishing and subsequent dismantling of the system of electoral guarantees in Venezuela, as well as consequences this process has had on the rupturing of the constitutional order and the ensuing chaos and illegality that plagues the nation.

The generation of guarantees

The use of an automated voting system in Venezuela goes back to 1972 when the then-Supreme Electoral Council incorporated electro-mechanic machines to the voting process to print official tallies of votes (see Informe Capel).  The decision to transform the positions of governor, mayor and councilman into popular vote positions in 1989 (instead of being appointed by the central government) paved the way so that starting in 1992 Venezuela would take solid steps towards adopting one of the most sophisticated automated voting systems in the continent.

This trend would reach its pinnacle in 2004 when the recently created CNE contracted with the company Smarmatic to automate all of the phases in the voting process.  This process finished eight years later when the voter finger print identification system was incorporated, also known as the Integrated Authentication System (SAI, by its initials in Spanish).

Due to the intense political polarization and a generalized feeling of distrust toward the electoral government agency, it was extremely challenging for the CNE to achieve comprehensive automation of the voting system.  The CNE, following a suggestion by Smartmatic, and aiming at strengthening people’s trust, approved as the main transparency guarantee a feature in voting machines that prints a receipt known as “proof of vote” after voters have cast their electronic ballots.  This allows double verification.  First, it allows voters to confirm that the automated voting system has accurately registered their voting selections.  Second, once the receipt is deposited in a ballot box (or “backup box”) set up for that purpose, it allows polling supervisors and witnesses from different political organizations to verify that the results from the cast ballots match the results from tallying the voters’ proofs of vote.  As an additional guarantee in the process, proofs of votes are printed on special paper that has watermarks and security ink and are identified by a non-sequential code.

This process became known as “on-the-fly audit” (the technical name is Citizens’ Audit, Phase I) given that this is a second verification done after voting has been closed and in front of representatives from political parties, observers and citizens in general.

After the presidential recall referendum, this set of guarantees was complemented by a group of additional protocols.  The CNE, under pressure from opposition political groups and under scrutiny from the international community, agreed then to require that cast ballots are printed and given to the witnesses and prosecutors present during the voting process before they are sent by the machines to the tallying center located in the CNE headquarters.  It also required polling supervisors and representatives from the different political parties to sign the ballot boxes that harbor the cast ballots.  Likewise, the CNE agreed to keep the voting machines unplugged during the voting process so as to assuage the fear of those signing the ballot boxes that data would be surreptitiously transmitted during the voting process.  More importantly, in 2006, the CNE announced it would increase the percentage of ballot boxes to be audited during the “on-the-fly audit” from a small percentage initially to over 50 per cent.

Additionally, the CNE had already accomplished a comprehensive audit of the entire system as the main security guarantee.  The six original technical audits were progressively supplemented by more audits until the number reached 19 audits in 2013.  The last audit added to the process was the so-called Post Audit of Voters’ Data, also known as the Audit to Prevent Duplicity of Fingerprints, which was specifically designed to detect cases of multiple votes or voter identity substitution (see Blog E-LECTOR).

CNE’s transformation 

Paradoxically, the stage for creation and strengthening of the system of voting guarantees that characterized the Venezuelan automated voting system during the 2000s coincided with a period of gradual but inexorable transformation of the CNE.  This transformation turned the agency into an arm of the executive branch whose main function came down to maintaining the current government in power at all costs.

The National Electoral Council was created in 1999 by the new Bolivarian constitution as an autonomous agency, and it was charged with guaranteeing the “organization, administration, management and overseeing” of voting processes based on the principle of “independence, impartiality, autonomy and non-partisanship,” as well as “transparency and speed,” in all tasks relating to popular elections and referenda.

Sadly, except for CNE’s actions in the first few years of its existence, the electoral agency did not honor at any time the principles of autonomy and independence that were so solemnly set forth in its birth certificate.  On the contrary, starting in 2003, while under the leadership of Francisco Carrasquero, the Venezuelan electoral agency began a dramatic and unprecedented change that quickly transformed it into an active actor of the political battle in favor of pro-government political forces.

This situation gave rise to a series of severe institutional distortions that in time would deeply transform the country.  It also led to other serious consequences, including depriving the Venezuelan society from the critical role played by an electoral agency as an arbiter during conflict resolution situations.  The CNE became an actor with an interest in a particular result, which contributed to what in Venezuela is known as “institutionalized opportunism.”  Said institutionalized opportunism is a situation where all the state agencies agree to support the pro-government candidate in every election in an arranged, open and systematic manner.

Despite this panorama, the system of electoral guarantees did not only make possible for opposition forces to win some important elections, it also gave the different political actors reliable mechanisms to verify election results.  The opposition could only lose an election based on the overwhelming inequality that plagued electoral competition, but never based on manipulating or altering voting figures.  This status quo took a dramatic turn after 2015.

The very fine red line

On 6 December 2015, opposition forces inflicted perhaps the most important election defeat on the Chavismo since Hugo Chavez rose as president in 1999.  The opposition won 110 National Assembly representative slots in the 2015 parliamentary elections, thereby obtaining a qualified or absolute majority that allowed it to select or dismiss, on prior approval by the Supreme Court of Justice, members of the CNE, and approve enabling laws and motions to censor ministers and the vice president, among others.  The Government, knowing that this situation would mean the end of the “revolution,” moved quickly.  Pro-government members of the outgoing National Assembly carried out a last-minute stratagem that allowed the Government to not recognize four members elected to represent the indigenous sector, three of which were members of the opposition.   By doing this, the Government did not only prevent the existence of a qualified majority in the National Assembly, it also left this entity in Amazonas state without representation (see Amazonas).

What happened in that election signaled the CNE’s behavior in future elections.  From that moment on, the CNE abandoned any pretense of being neutral and actively impeded or made difficult any chance for the opposition to make any political progress.  This process led, among others, to the partial annulment of the National Assembly elected in 2015 through a spurious election in 2017 of the National Constituent Assembly.  The latter was a supra-constitutional entity that took on parallel parliamentary functions.

Between 2016 and 2017, the CNE engaged in a long list of very serious violations.  The agency, among others, 1) prevented the opposition from requesting, pursuant to constitutional provisions, the activation of a mechanism known as the presidential recall referendum, 2) delayed without any justification the process to legitimize national political organizations, which, pursuant to regulation, should have taken place after the 2015 parliamentary elections, 3) delayed for almost a year the elections for governors and members of the regional legislative councils, 4) eliminated from the latter process, with no explanation, the renewal of positions for members of said regional legislative councils, and 5) with regard to municipal elections, announced elections for only 335 mayors, thereby ignoring without any justification whatsoever the elections for representatives to Municipal Councils and the elections for the metropolitan mayors of Alto Apure and Caracas.

The CNE’s extraordinary transformation would end in 2017 when the agency crossed the very fine red line that separates opportunism from manipulation of the numbers.  This happened for the first time during the unlawful elections that created the National Constituent Assembly.  The electoral entity did not only openly and carelessly violate rules and principles regarding the organization and management of elections, it also manipulated the numbers, as the company providing the automated service Smartmatic denounced.  Said company stopped providing services in Venezuela after that statement (see Smartmatic).

The CNE once again crossed the fine red line during the 2017 regional elections when it fraudulently prevented opposition candidate Andres Velasquez from taking power in Bolivar state’s government.  Furthermore, following directions from the executive branch, the CNE did not recognize the results of the popular vote for Zulia state during the same elections, in which opposition candidate Juan Pablo Guanipa was elected (see Guanipa).

 Conclusion

The Venezuelan case demonstrates, as any other example in the Western hemisphere, that in order to maintain legality, coexistence and social peace, neutral voting institutions must exist.  The history of the country in the past 15 years would perhaps have been different if Venezuela had had an impartial voting agency that resisted the authoritarian attacks by the government in the early stages of the regime’s consolidation.

The transition into democracy in Venezuela poses a two-fold challenge.  First, democratizing the nation requires the creation of an independent CNE that serves citizens and the constitution.  On the other hand, it is important that both political parties and citizens in general demand that the voting guarantees achieved in the past are preserved while the first challenge is overcome.

The Venezuelan automated voting system has a series of important strengths that the different actors in the democratic system must demand and take advantage of while putting aside the inequality of the current eco-electoral system.

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Politics, Democracy and Participation

Politics, Democracy and Participation

Dimitris Pantoulas

@Dpantoulas

Consultor político-electoral, residenciado en Caracas. Dimitris tiene estudios de Doctorado en la Universidad de Bath (Inglaterra) y Maestría de la Universidad East Anglia (Inglaterra). Ha sido investigador invitado al IESA Business School, ha sido consultor para organizaciones internacionales como el Centro Carter, Capel, Noref.  En Venezuela ha colaborado con organizaciones nacionales como el OGCD entre otros.

 

Does it make sense to write about politics, democracy and citizen participation in a country that most analysts describe as an autocracy or worse yet, as a dictatorship?

The next paragraphs will answer this question by tackling arguments that range from how important democracy is for Venezuelans as a political system, to how the current formal institutions operate, to citizen participation in defining their political destiny in the past year.

Democracy as a sine qua non for Venezuelans

Most of the population in Venezuela is convinced that democracy is the best form of government.  This feeling is reflected by polls conducted over the years and by high voter turnout rates.  The well-known regional polling service Latinobarometro explains the “Venezuelan paradox” as a high percentage of Venezuelans who favor a democratic regime (78%) that is not matched by the political reality of recent times nor the assessments carried out by the country’s experts.  Latinobarometro concludes that although “Venezuelans support democracy, they are not satisfied with it, and only 25% of them believes the government governs for all people.”

The dichotomy between citizens’ preference for democracy and what they experience even has to do with the use of certain words in the political lingo.  Terms that are generally positive, such as democracy, participation, human rights and dialogue, have been part of party-driven propaganda to legitimize projects and actions that are minimally democratic.

This makes it difficult to connect these words with their real meaning and with the concepts they represent for citizens.  For this reason, while Venezuelans still show a strong preference for ‘democracy’ as an abstract term over any other type of political system, at the same time most of the population seems to not be satisfied with the current political regime.

Although the Constitution and political actors of the current government insist on using the official term “participatory democracy,” real actions have led the system to a path of authoritarianism and exclusion that have in turn led to questionable popular support.  This reality demonstrates that the population and its government are not speaking the same language and, worse yet, that both democratic practice and political communication are deteriorating.

The current state of democracy in Venezuela

Analyzing the state of democracy in Venezuela requires differentiating between formal political institutions and actual democratic practice in citizens’ daily lives.  Based on this, in general the concept of democracy includes two approximations to the role of citizens within a democratic regime.  The first approximation is that citizens would express themselves through representatives; the second one is participation, defined as direct action by citizens in the political sphere.  Both approximations are not mutually exclusive, but varying types of democracy give different weight to each one.

In classical democracy, participation maximizes the citizens’ role.  In ancient Greece, participation was more than a right; the “political person” was different from the common citizen; the political person handled his own home and had a duty to help govern the community of homes known as the polis.  According to Pericles, “a man who is not interested in politics and only handles his own affairs is an idiot,” (from the Greek word ‘idiotis,’ a person who only handles personal affairs).

On the other hand, in a representative democracy, rulers are elected to represent their constituents and act on their behalf.  This type of government must comply with a series of minimum guarantees to continue being a democracy.  These guarantees include constitutionality, free and regular elections with universal suffrage, freedom of assembly and association for civil society, and equality of basic human rights.  Additionally, it is essential that citizens are informed about the different proposals that allow them to make a decision on their votes, thus the system must guarantee the free flow of information.

Venezuela is currently experiencing a systematic violation of the Constitution, and a blatant restriction of citizens’ rights to participate in politics, to be informed and to have their will respected.  The two events that best reflect these violations are when the government prevented a recall referendum in 2016 against the president, a referendum that is guaranteed in the country’s constitution, and the violations of regularly scheduled elections as explained in the Magna Carta.  Similarly, there have been multiple violations on citizens’ human rights and an increase in the violation of the right to be informed via multiple restrictions to news channels and censorship and self-censorship throughout the country’s media outlets.

Closing some channels, opening others

Paradoxically, whereas the rights that enable a representative democracy are being increasingly restrained, the country has also seen the strengthening of direct action from citizens.  Although it looks like an oxymoron, citizen participation in Venezuela in 2017 demonstrated a significant capacity for resiliency that is inversely proportional to the behavior of formal institutions (political parties, government branches, etc.).

Between April and August 2017, thousands of citizens protested daily for four months.  The protests in Venezuela demanded social and political changes.  Similarly, citizens, along with the MUD coalition, organized a referendum in July 2016 that international observers assessed as a “relevant political event, organized away from voting institutions due to pluralism spaces being closed and based on the conditions for institutions to develop tasks, duties and responsibilities.”

Citizens’ direct action throughout 2017 had a pendulum relationship with the leadership and role of political parties in Venezuela, especially opposition parties.  This relationship was characterized by political parties being at the forefront in some organizational or political agenda actions, attempts by political parties and their leaders to co-opt citizens during the protests, and autonomy from citizens in decisions and actions that they participated in.

The distance between citizens and political parties has deepened since the 15 October 2017 elections.  This is due to the salient deterioration of the structure of political parties stemming from their lack of leadership and vision, from low credibility in the promises they make, and from society’s inherent dynamism.  This increased distance resulted in a deepening of the crisis amongst opposition parties, who decided not to send candidates to the December 2017 election.  It also resulted in many independent candidates who had had a presence in civil society and social movements in the country.

This demonstrates that a part of society is not happy with how the State is operating nor with the current power relations in politics and amongst political parties, and that it seeks direct participation in the administration public affairs.  Direct action and citizen participation, based on proactive acts and democratic and inclusionary principles, is a positive development in democracy because people can represent themselves, get involved in political processes and enable social changes by their own means.  Mahatma Gandhi and Martin Luther King used direct action protest as a way to achieve human rights and social justice.

Dialogue, understanding and fair elections

The political reality in Venezuela demonstrates that democracy is neither a stable nor a monolithic phenomenon.  Democracy has the same dynamics as society itself, which has evolved throughout the centuries and is a fluid relationship amongst society, institutions and the political situation in each country.

The Venezuelan political system, formally called participatory, in practice behaves as a representative system and demonstrates a salient setback towards a regime that is more excluding and repressive.  This has led many citizens to direct action away from formally-established institutional channels.

Notwithstanding, direct action and citizen participation as an emergency, reactionary plan to arbitrary acts by institutions is not a viable government alternative for a nation, nor does it suppose the only safe way for “the people” to assume power.  Representation and participation must co-exist and feed each other to achieve a functioning modern society.

In Venezuela, at this moment, the foundations of a representative democracy are being obliterated despite an increase in citizen participation, and these foundations are necessary to have a well-functioning political system.  The country needs to recover its own institutions and the only way to achieve this is through dialogue, understanding, respect and, of course, free and fair elections.

Traducción cortesía de Irene Liscano

Version en Español

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