COMUNICADO ANTE LAS ELECCIONES PARLAMENTARIAS.

PRESIDENCIA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL VENEZOLANA

1. La Conferencia Episcopal Venezolana en sus reflexiones y exhortaciones permanentemente ha llamado la atención ante el sufrimiento del pueblo, golpeado por la profunda crisis económica, social, moral, institucional y política que vive el país, siendo olvidado por quienes asumieron el rol de representarlo en el campo político. Esta crisis se ha agravado por la emergencia del COVID-19, que se ha extendido en un país marcado por un grave deterioro del sistema sanitario nacional y por el colapso de los servicios públicos.

2. Nuestro pueblo tiene una gran vocación democrática, por lo que asume en su normalidad ciudadana la vía electoral como la manera pacífica y racional de establecer una ruta política consensuada e inclusiva para resolver los ingentes problemas que le afectan; esta convicción nos lleva a descartar cualquier salida fuera de la institucionalidad constitucional. Para ello, es necesario celebrar elecciones libres, justas e imparciales con participación de todos los partidos y movimientos políticos, y con un basamento ético que respete el voto ciudadano según está previsto en la Constitución y las normas electorales.

3. En este momento histórico de Venezuela, están convocadas para el próximo mes de diciembre las elecciones parlamentarias. Somos conscientes de las irregularidades que se han cometido hasta ahora en el proceso de convocatoria y preparación de este evento electoral: desde la designación de los directivos del Consejo Nacional Electoral, la confiscación de algunos partidos políticos, inhabilitación de candidatos, amenazas, persecuciones y encarcelamiento de algunos dirigentes políticos, el cambio del número de diputados y de circunscripciones electorales. Resulta inmoral cualquier maniobra que obstaculice la solución política y social de los verdaderos problemas presentes en el país.

4. Ante esto, un grupo importante de líderes y de partidos políticos ha expresado su voluntad de no participar en las elecciones parlamentarias. Esto no basta, deben asumir la responsabilidad de buscar salidas y generar propuestas para el pueblo que durante años han creído en ellos, pues la sola abstención hará crecer la fractura político-social en el país y la desesperanza ante el futuro. Esta decisión de abstenerse priva a los ciudadanos venezolanos del instrumento válido para defender sus derechos en la Asamblea Nacional. No participar en las elecciones parlamentarias y el llamado a la abstención lleva a la inmovilización, al abandono de la acción política y a renunciar a mostrar las propias fuerzas. Algo semejante pasó en diciembre de 2005, y no tuvo ningún resultado positivo. A pesar de las irregularidades, la participación masiva del pueblo es necesaria y podrá
vencer los intentos totalitarios y el ventajismo de parte del gobierno.

5. El momento actual exige la participación plena y libre de todos los partidos y movimientos políticos, junto con el compromiso ineludible de las autoridades y los dirigentes de los mismos, de dejar a un lado sus propios intereses para promover el bien común y el servicio a todo el pueblo venezolano. Nos mueve la fe en Dios, en los valores trascendentes y el amor al pueblo, los únicos que conducen a la paz y a la convivencia fraterna de todos.

6. Que el Señor y la Virgen de Coromoto bendigan a nuestro pueblo y les conceda discernimiento a los dirigentes sociales y políticos ante los graves retos que enfrenta hoy la patria.

Con nuestra bendición.

11 de agosto de 2020.

José Luis Azuaje Ayala
Arzobispo de Maracaibo
Presidente de la CEV

Mario Moronta Rodríguez
Obispo de San Cristóbal
1° Vicepresidente de la CEV

Raúl Biord Castillo
Obispo de La Guaira
2° Vicepresidente de la CEV

José Trinidad Fernández Angulo
Obispo Auxiliar de Caracas
Secretario General de la CEV

Baltazar Cardenal Porras C.
Arzobispo de Mérida
Administrador Apostólico de Caracas
Presidente Honorario de la CEV

Jorge Cardenal Urosa S.
Arzobispo Emérito de Caracas
Presidente Honorario de la CEV

Mensaje del Foro Interreligioso Social de Venezuela: Urge autorizar el acceso del Programa Mundial de Alimentos a Venezuela.

Logo Foro Interreligioso Venezolano

Desde hace al menos cuatro años, nuestro país está atravesando por lo que internacionalmente se conoce como una “emergencia humanitaria compleja”, ahora agravada por la pandemia, que ha dejado como consecuencias inevitables, entre otras, privaciones en los derechos a la salud, la alimentación, la educación, los medios de vida, la seguridad y el acceso a servicios básicos.  

Desde el Foro Interreligioso Social de Venezuela vemos con preocupación que el Estado venezolano no tiene hoy los recursos ni las capacidades requeridas para mitigar los efectos de estas privaciones que padece nuestro querido pueblo. Si bien celebramos los esfuerzos humanitarios coordinados por agencias de Naciones Unidas y organizaciones humanitarias nacionales e internacionales, así como el reciente acuerdo firmado entre el Ministerio del Poder Popular para la Salud, la Asamblea Nacional y la Organización Panamericana de la Salud, resaltamos que son aún muy insuficientes dada la severidad de la emergencia que atraviesa nuestra población.

El estudio que el Programa Mundial de Alimentos llevó a cabo en Venezuela entre julio y septiembre de 2019 indicó que 9,3 millones de personas estaban en situación de inseguridad alimentaria aguda y que 17 millones más estaban implementando estrategias de supervivencia, ya en aquel momento. La pandemia del coronavirus podría llevar también a estas últimas a la inseguridad alimentaria y a condiciones de vida de severa precariedad, tal y como también alertan el Reporte Global de Crisis Alimentarias 2020, el Informe sobre Seguridad Alimentaria bajo la Pandemia de la COVID-19, realizado por la FAO y la CELAC, los estudios realizados por el Instituto Europeo de Paz y la reciente encuesta ENCOVI. Al mismo tiempo El boletín de Desnutrición infantil de Caritas de Venezuela señala que, en abril de 2020, la desnutrición aguda global alcanzó un 17,3%, lo que representa un aumento de 8,4 % comparado con enero de ese mismo año.

Por las razones expuestas el Foro Interreligioso Social de Venezuela, asumiendo nuestro rol espiritual y profético, junto a diversos actores sociales y haciéndonos eco del llamado de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien en su Informe del 2 de julio de 2020 recomendó́ al Estado venezolano facilitar “el acceso del Programa Mundial de Alimentos”, hacemos un llamado responsable al Estado venezolano para que apoye y promueva el ingreso a Venezuela del Programa Mundial de Alimentos – con sus múltiples capacidades de apoyo (programas alimentarios, asistencia a niños, transferencias de efectivo, apoyo a productores, logística), en coordinación con órganos del Estado en sus distintos niveles, con la participación de actores humanitarios locales e internacionales, sector agro-productivo y otros actores clave –  a fin de favorecer a la población más vulnerable en el marco de la aguda crisis que se ha visto ampliada y profundizada por la pandemia de la Covid-19.

Exhortamos a la comunidad internacional de donantes a continuar apoyando los esfuerzos de cooperación, sin los cuales se hace prácticamente inviable ofrecer las respuestas urgentes y necesarias para brindar asistencia a las personas más vulnerables, salvar vidas y evitar más sufrimiento.

Invitamos de igual manera a todos los actores relevantes a favorecer la mutua comprensión y apoyo entre todos los venezolanos. Tenemos una responsabilidad colectiva de encontrar soluciones duraderas y de elaborar las propuestas desde el país que tenemos, reconociendo sus clamores y demandas. La preocupante situación de nuestra población exige de nosotros, del Estado venezolano y de todas las organizaciones e instituciones sociales, económicas y políticas, adoptar con urgencia medidas de acompañamiento para superar sus condiciones de vulnerabilidad.

La presencia del coronavirus en Venezuela y sus efectos en una población que, en su gran mayoría, vive en condiciones precarias, nos obliga a actuar sin dilación. De no hacerlo, en poco tiempo podríamos estar en presencia de niveles inimaginables de pérdida de vidas y de sufrimiento humano. Actuemos juntos desde el amor y el deseo de paz.

En Caracas, a los 21 días del mes de julio de 2020.

Voces de la Sociedad Civil demandan un acuerdo político en el país.

El comunicado fue suscrito por más de un centenar organizaciones y ciudadanos de todo el país.

Más de 100 organizaciones de la sociedad civil y de defensa de Derechos Humanos además de 138 ciudadanos respaldaron, a través de un comunicado, la necesidad de un acuerdo nacional que garantice, entre otros, atender la situación política, económica y social que vive el país en medio de la expansión del coronavirus y bajo un contexto de profundización del proceso de crisis humanitaria compleja.

El documento, expresa igualmente la preocupación por la convocatoria a un proceso electoral en medio de la pandemia y sin respeto a las normas, garantías y disposiciones contenidas en la Constitución Nacional vigente.

“Los procesos adelantados para el nombramiento de la nueva directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE) deberían haber sido producto de un acuerdo amplio, y no de un pacto parcial impuesto por un solo sector, que finalmente se concretó, como en varias ocasiones anteriores con la intervención del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Adicionalmente, este nombramiento abortó un proceso que, con todas sus dificultades, venía avanzando a principios del año en la Asamblea Nacional, a través de un Comité de Postulaciones integrado de manera plural”.

El TSJ, además, le otorgó competencias legislativas al nuevo CNE, lo cual constituye una grave violación de nuestro ordenamiento jurídico.”, se señala en el documento.

Asimismo, se resalta la inconveniencia de la abrogación, por parte de las nuevas autoridades del CNE, de competencias fuera del ordenamiento jurídico vigente, materializadas en decisiones como la ampliación del número de diputados de 167 a 277 que viola el artículo 186 constitucional, además de violentar el artículo 298, en el que se señala expresamente que no puede haber modificaciones en las reglas electorales 6 meses antes de una elección.

Advierten que cinco meses son poco tiempo para realizar unas elecciones, especialmente en tiempos de pandemia señalando que  “esta circunstancia trae consigo nuevos desafíos importantes, los cuales se suman a las circunstancias políticas, económicas y técnicas que se deben enfrentar para la organización del proceso electoral”, además de consecuencias inmediatas, pues diversos sectores y movimientos han manifestado su desconfianza y su posible decisión de no participar en el próximo evento electoral, porque afirman que no cumple con las exigencias de imparcialidad, transparencia y confiabilidad.

El comunicado concluye señalando que “El conflicto político es el principal origen de la crisis que se vive en todos los ámbitos de la vida social. La necesidad de llegar a los acuerdos necesarios es, literalmente hablando, una obligación, no solo política, sino moral, como lo han expresado diversas voces de la sociedad. La magnitud y las consecuencias de la precaria situación que agobia a la mayoría de los venezolanos así lo exige.”

Venezuela y la necesidad de nuevos pactos.

Maryhen Jiménez

Politóloga (BA Universidad Goethe Frankfurt), MPhil en Estudios Latinoamericanos (Universidad de Oxford), Doctora en Ciencias Políticas (Universidad de Oxford)  


Venezuela y la necesidad de nuevos pactos.


Hay momentos en los cuales la historia toma rumbos inesperados causados por algún evento imprevisto. Las pandemias anteriores, por ejemplo, incluyendo la peste negra (1348) o la gripe española (1918) produjeron una serie de cambios importantes en el ámbito político y socio-económico en los diferentes países.  ¿Por qué no pensar, entonces, que la Covid-19 podía ser ese evento inesperado que facilitara el cambio en Venezuela?

Las transiciones a la democracia son procesos inciertos y no lineales. Y si bien la literatura sobre transiciones ha destacado que la presión interna, divisiones en la coalición autoritaria, garantías a las élites del régimen saliente o la presión internacional pueden ser factores catalizadores en un proceso de transición, siempre puede haber un acontecimiento sorpresa que facilite la transición. Bajo esta premisa se podía asumir que la Covid-19 podía representar una “ventana de oportunidad” que promoviera un descontento popular masivo y con ello una transición negociada. Sin embargo, a pesar del acuerdo entre el gobierno y la Asamblea Nacional y la OPS para atender la crisis humanitaria, no se ha consumado el cambio político ­­que la vasta mayoría de la población venezolana desea. ¿Por qué?

En primer lugar, la pandemia en vez de generar oportunidades para el entendimiento político ha generado el efecto contrario: más represión y control social. Esto no ha ocurrido solo en Venezuela, sino también en distintas escalas en China, El Salvador, Filipinas, Hungría o Nicaragua. Los autócratas del mundo han visto en la Covid-19 y las medidas de aislamiento social que ésta amerita, una oportunidad para justificar la desarticulación social, crear miedos y dependencias hacia el Estado y acelerar sus proyectos autoritarios. En Venezuela, el régimen autoritario en efecto ha incrementado la persecución por razones políticas, criminalizado todo activismo, desarticulado a la oposición política y militarizado aun más al país. Todo esto ocurre mientras la población se encuentra en modo de supervivencia perenne, buscando agua, alimentos, medicamentos y ahora también gasolina. En estas circunstancias, no pareciera que la movilización interna, necesaria para generar presión sobre cúpula autoritaria, pueda ser el detonante que conduzca al país a una transición. Por otro lado, la presión internacional fuertemente ejercida desde los Estados Unidos y acompañada de la Unión Europea y varios países latinoamericanos tampoco ha logrado crear los incentivos necesarios para que las élites autoritarias acepten un cambio de régimen. Las sanciones multilaterales, el indicment por parte de EE. UU. o la retórica frontal no han generado las fracturas esperadas y tampoco la confianza necesaria para bajar los costos de un proceso de transición, reconciliación y justicia.

Si bien el panorama luce adverso y las estrategias democratizadoras promovidas por el liderazgo político y la comunidad internacional hasta ahora han fracasado, falta mucho por hacer. Veamos.

Ningún caso es idéntico a otro, sin embargo, los regímenes autoritarios tienen algo en común: su ambición infinita por el poder. En otras palabras, ningún régimen avanza en controlar todas las instituciones del Estado, comete graves violaciones de derechos humanos, tolera y promueve la economía ilícita, así como la corrupción para entregarse fácilmente en un momento dado. Por el contrario, la lógica autoritaria siempre será controlar aun más las instituciones y el espacio público para garantizar continuidad autoritaria. Sin embargo, la historia demuestra que -por más difícil que luzca- las transiciones sí ocurren y los autócratas, en muchos casos, sí negocian sus salidas. Pero para que eso suceda el único foco no puede ser la salida del autócrata, sino el diseño de un pacto político que dé garantías a los actores y goce de su confianza.

Los estudios sobre transiciones democráticas señalan que el pacto entre élites, como mecanismo de cambio, es el que más probabilidades de gobernabilidad y estabilidad posterior ofrece. Los pactos, así como el de la Moncloa en España, los de Sudáfrica y nuestro propio pacto de Puntofijo, ayudan a definir las reglas del juego democrático a través de una combinación de acuerdos formales e informales. Con ello se generan un conjunto mínimo de expectativas entre las élites sobre “lo que puede y no puede hacerse” en el período post-transición, creando así garantías y cierta certeza sobre la convivencia pacífica en la democracia emergente.

Esos trade-offs son difíciles de procesar, tanto para la población como para el liderazgo político. Sin embargo, debemos adoptar los pactos, es decir el entendimiento político, como nuestra primera opción estratégica. Eso implica, por un lado, descartar falsas ilusiones de una invasión extranjera, y, por el otro, recuperar la confianza en nuestra propia capacidad social y política para diseñar nuestro futuro democrático.

Así como al régimen autoritario le tomó muchos años desmantelar las instituciones y el estado de derecho, así también nos tomará tiempo construir un camino que nos conduzca a la democracia y al restablecimiento del estado de derecho. Ese proceso podrá agilizarse y fortalecerse una vez que la ciudadanía decida ser arquitecta de su propio futuro. No debemos entender por presión doméstica solo la movilización -puntual o sostenida- en contra del autoritarismo, sino conceptualizarla como un movimiento democratizador que busque no solo la transición, sino la transformación de Venezuela. 

Acuerdos por la dignidad y la vida

Acuerdos por la dignidad y la vida

Escrito por: Feliciano Reyna Ganteaume.

Frente a la pandemia provocada por el coronavirus 19 (COVID-19), proteger la vida y la dignidad de las personas debe estar en el centro de todas las decisiones que se tomen actualmente en el país.

Como resultado de decisiones políticas erradas, erosión del estado derecho, desmantelamiento institucional y gran corrupción, desde hace varios años la población venezolana ha vivido un progresivo deterioro de sus condiciones de vida, que en 2016 resultó en una emergencia humanitaria compleja con gravísimas consecuencias: generalización del hambre, precarización del acceso a la salud y a la educación y la migración forzosa de casi 5 millones de personas. El deterioro en la provisión de servicios esenciales como el agua, la electricidad, el transporte público contribuyó con la profundización de los daños.

Este proceso lento hizo posible que sectores diversos de la población pudieran adoptar estrategias de sobrevivencia, dentro de la precarización general: muchas personas, familias y comunidades utilizaron sus capacidades y su creatividad para continuar procurándose medios de vida y apoyándose solidariamente; otras se defendieron por medio de subsidios del estado, en dinero y especies, aunque sus montos, calidad y alcance fueran insuficientes, y su implementación respondiera a criterios politizados y discriminatorios.

Sin embargo, el impacto de la pandemia es inmediato, en términos de sufrimiento y pérdida de vidas humanas, y puede ser devastador para Venezuela. Aún en los países donde los sistemas de salud pública y privada tienen capacidad de respuesta, como Italia y España, el avance del COVID-19 ha alcanzado a miles de personas en muy poco tiempo y compromete gravemente las capacidades de atención médica. La pandemia exige además un enorme esfuerzo por parte del personal de salud, orden público, aseo urbano, distribución de alimentos, transporte y, en general, de toda la población, a la que se exhorta a mantenerse en cuarentena o, en el caso de personas afectadas, en aislamiento.

Para las mayorías vulnerables en Venezuela, que ya sufren los efectos de la emergencia humanitaria compleja, no es suficiente ni posible manejar la propagación del COVID-2019 solamente con medidas de control, si no se les provee de medios de vida ni acceso a servicios básicos. De no ser así, no puede obligarse a que se confinen en sus hogares a quienes viven al día, no tienen agua corriente durante semanas, sufren de cortes de electricidad durante horas o días y tienen que hacer colas semanales por bombonas de gas. El contexto venezolano no es el mismo que el de los países cuyas poblaciones pueden soportar cuarentenas o aislamientos obligatorios.

Este momento de urgencia y de alta responsabilidad nos apremia a exigir a quienes tienen hoy ejercen la conducción política en Venezuela a llegar a acuerdos para preservar la vida de la mayoría vulnerable de la población venezolana y de garantizarle condiciones de vida digna, mientras nos enfrentamos a los graves impactos de la pandemia del COVID-19.

En primer lugar, es imperativo designar un grupo de alto nivel, interdisciplinario e interinstitucional, conformado por personas expertas nombradas sin consideraciones de tipo ideológico-políticas, provenientes de los ámbitos de la salud, la alimentación, la economía, la organización comunitaria, para coordinar la respuesta nacional al COVID- 19. Este grupo debe tener capacidad e independencia de acción y de vinculación con agencias humanitarias internacionales y con organizaciones de sociedad civil nacional e internacional. Las acciones de la Fuerza Armada Nacional y órganos de orden público deben estar subordinadas a sus mandatos.

Una elección libre en Venezuela solo será posible a través de un acuerdo político real entre los actores con capacidad de decisión

Una elección libre en Venezuela solo será posible a través de un acuerdo político real entre los actores con capacidad de decisión. 

En medio de las extremas circunstancias que atraviesa el país, la mayoría de los venezolanos se manifiesta a favor de una salida pacífica a la crisis y han mostrado su disposición a votar si se les ofrecen condiciones y garantías de competitividad, así como de respeto al voto popular expresado en las urnas, en definitiva: el derecho a Elegir.

Rechazamos las recientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia sobre el nombramiento de una nueva directiva ad hoc del Consejo Nacional Electoral, ya que la misma constituye un obstáculo para el avance de un camino esperanzador emprendido por la Asamblea Nacional, a través del Comité de Postulaciones Electorales.

Asimismo, consideramos inaceptables las sentencias referidas a las intervenciones de los partidos Acción Democrática, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular, ya que dichas medidas suman mayor desconfianza y desmotivación entre el electorado y representan nuevos obstáculos a las posibilidades de una reconstrucción transparente y concertada de la vía electoral para la solución de los urgentes problemas que afronta el país.

Insistimos en que la solución a la crisis actual exige el entendimiento y el mutuo reconocimiento de roles, aspiraciones y posiciones entre los actores políticos y los distintos sectores sociales. El Diálogo Social propuesto por diversas voces de la sociedad civil venezolana apunta al establecimiento de los nexos de confianza necesarios entre los diversos actores políticospara avanzar en un proceso de entendimiento que permita la restitución de la senda democrática y la reinstitucionalización del país.

Es obligatorio recordar que los venezolanos enfrentamos una grave crisis humanitaria que sólo es posible enfrentar con recursos financieros internacionales que hoy no encuentran el cauce ni la gobernabilidad necesarias para ser ejecutados.

Creemos necesario identificar áreas elementales de interés común, a partir de las cuales se pueda acordar una solución aceptada mutuamente, que reduzca los costos políticos para los actores, y que permita avanzar en un acuerdo político para la solución a la crisis venezolana, a través de la realización de elecciones libres y competitivas, lo que constituye hoy un imperativo insoslayable.

Consideramos igualmente imperativa la reanudación de un proceso de negociación formal entre los actores, tal como el auspiciado por el gobierno de Noruega, de forma de garantizar el seguimiento y cumplimiento de los acuerdos.

Seguimos comprometidos con la reconstrucción de la ruta electoral de forma transparente, institucional y como paso ineludible para la reconstrucción democrática. Hoy más que nunca es necesario el compromiso expreso de todos los actores, tanto nacionales como internacionales en la defensa de los derechos civiles y políticos, la vigencia del voto y la exigencia de condiciones necesarias para su ejercicio libre y eficiente.

Organizaciones que suscriben:

  • A.C Médicos Unidos de Venezuela
  • Asosaber
  • Baruta En Movimiento
  • Caracas Ciudad Plural
  • Centro de Justicia y Paz (CEPAZ)
  • Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional
  • Convite AC
  • EXCUBITUS derechos humanos en Educación
  • Fundación Centro Gumilla
  • Instituto Progresista
  • MONITOR SOCIAL AC
  • Movimiento Ciudadano Dale Letra
  • Observatorio Electoral Venezolano (OEV)
  • Observatorio Global de Comunicación y Democracia
  • Observatorio Venezolano de Prisiones
  • Oportunidad Acciones Ciudadanas
  • Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)
  • PROMEDEHUM
  • Red de Observación Electoral de Asamblea de Educación
  • Sinergia
  • Voto Joven

Personas:

  • Alexis Ramírez
  • Anais López
  • Carlos Medina
  • Carolina Girón
  • Enrique Esteban Niño Pineda
  • Griselda Colina
  • Henry Jaspe
  • Ismael Pérez Vigil
  • Jaime Lorenzo
  • Jesús Castellanos Vásquez
  • Jorge Botti
  • Luis E. Lander
  • Luis Fco Cabezas
  • Luis Martinez R
  • Luisana SUbero
  • Manfredo González
  • Manuel Zapata
  • Maria Lucas Teran Valecillos
  • Rafael Uzcátegui
  • Rigoberto Rendón Valero
  • Rigoberto Lobo
  • Rocío San Miguel
  • Soledad Rodríguez
  • Wanda Cedeño
  • Yldemar Enrique Valera Torrealba

Pandemia y derechos civiles y políticos: el poder está en la gente.

Debora Van Berkel

Licenciada en educación. Presidenta de SINERGIA, Red Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil que agrupa a 58 organizaciones. Investigadora-consultora en el área de Sociedad Civil y Participación en el Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos.  


Pandemia y derechos civiles y políticos: el poder está en la gente


El impacto de la pandemia ocasionada por el Covid-19 se evidencia en todos los ámbitos de la vida y se expresa de manera diferenciada, según las condiciones previas y las políticas adoptadas por cada país para enfrentarla.

Algunas voces se han levantado para llamar la atención sobre muchas de esas políticas, considerando que no pueden ser aplicadas con medidas que limiten o vulneren las garantías y el ejercicio de derechos fundamentales, como es el caso de la Alta Comisionada para los derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Doctora Michelle Bachelet.

El llamado de atención llega muy directamente a la América Latina, región en la que las marcadas desigualdades, la exclusión y limitaciones en la institucionalidad democrática, dificulta la articulación de respuestas más efectivas a esta crisis que ha llegado a complicar más aún los escenarios anteriores a su aparición, desafiando los sistemas sanitarios que funcionan con muchas precariedades,  a los gobiernos y a toda la sociedad que ha visto como sus condiciones de vida y la seguridad de la población están afectadas integralmente.

En este marco, los derechos civiles y políticos también están siendo impactados, en tanto que en la mayoría de los países se han promulgado Estados de Excepción, estableciendo medidas de control y de concentración del poder sobre la base de la necesidad de enfrentar una enfermedad que está desafiando a todo el planeta, generando nuevas condiciones socio económicas y políticas, sin mediar la consulta o la participación de distintos actores, ni en su diseño ni en como paliar los efectos adversos de las mismas.

La presión social en demanda de reivindicaciones y derechos que se venían presentando hacia las instituciones y los liderazgos políticos, se han visto contenidas ante una nueva realidad. Las limitaciones a derechos como el libre tránsito y movilidad, reuniones masivas, a la libertad de expresión, información y asociación, entre otros, están incorporados en diversos decretos emitidos y en decisiones ejecutivas, que incluye -en varios casos- a las fuerzas militares en el control de la seguridad pública y otras medidas especiales.

Los procesos electorales previstos en varios países han sido suspendidos o pospuestos, generando consecuencias para dinámicas políticas que se venían desarrollando. Para tener una visión sobre la celebración de procesos electorales en el mundo, el Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), en su Panorama global del impacto del Covid-19 en las elecciones, sostiene que en el período entre el 21 de febrero y el 7 de junio, al menos 66 países y territorios han decidido posponer elecciones nacionales y sub-nacionales y 30 decidieron realizarlas según lo planeado.

En nuestra región, se puede hacer referencia a los casos de Bolivia, con elecciones previstas para el 3 de mayo del presente año y que fueron pospuestas para el mes de septiembre, con el antecedente de la crisis que vivió el país el año anterior, al anularse las elecciones presidenciales por fraude, que llevó a la destitución del entonces presidente Evo Morales. El caso de República Dominicana con sus elecciones presidenciales y legislativas previstas para el 17 de mayo y pospuestas para el mes de octubre por razón de esta pandemia, pero bajo los efectos muy recientes de la declaración de nulidad de elecciones municipales por problemas técnicos con el sistema automatizado adoptado por primera vez en un evento electoral en el país. También, el Referéndum Constitucional en Chile, previsto para el 26 de abril y pospuesto para el 25 de octubre, aprobada su realización como mecanismo para manejar una crisis política signada por fuertes manifestaciones públicas y polarización que marcaron el 2019. Otros países como Paraguay, con elecciones primarias y locales, decidieron posponerlas para el año 2021.

Venezuela: Entre dos emergencias

En Venezuela, se han encontrado dos emergencias, para añadir complejidades a un contexto de crisis multidimensional. La Emergencia Humanitaria Compleja que desde hace 5 años ha venido desarrollándose y la generada por el Covid-19. Previstas constitucionalmente las elecciones parlamentarias para diciembre del 2020, la incertidumbre y las acciones políticas e institucionales se encuentran cada vez más alejadas del marco legal y marcan el momento. Debe tomarse en cuenta que el país se encuentra desde el año 2016 en situación de estado de excepción, con base a decretos emitidos por el poder ejecutivo sin aprobación del parlamento y desde marzo de este año, también con un estado de alarma que ya ha sido prorrogado 3 veces. Las elecciones presidenciales del 2018, son un antecedente, por no ser reconocidas por la oposición ni un grupo considerable de países y organismos internacionales. Las condiciones técnicas y políticas para el desarrollo de elecciones libres y competitivas se han deteriorado de manera sostenida desde el 2015 y de manera acelerada en el último año. Al momento de escribir estas líneas, se ha conocido que el Tribunal Supremo de Justicia ha decidido proceder al nombramiento de nuevas autoridades al Consejo Nacional Electoral, sobre la base de una sentencia que dictamina la omisión legislativa de parlamento en el cumplimiento de esta competencia y como parte de un largo proceso que ha llevado a anular la capacidad de actuación institucional de la Asamblea Nacional. Una dinámica que ha marcado un camino hacia un sistema político no democrático, cada vez más cerrado, en donde la pugna política por el poder ha ido cercenando las garantías del derecho de los ciudadanos de elegir y ser elegidos, de la separación de los poderes y de la gobernabilidad democrática. Los partidos políticos de oposición enfrentan momentos de gran debilidad, muchos de ellos inhabilitados y con cuadros importantes en el exilio, presos o igualmente inhabilitados para el ejercicio de la función pública.

Las organizaciones de la sociedad civil han continuado su trabajo comprometido, en la defensa de derechos, construcción de propuestas de políticas públicas, o la atención de población vulnerable, entre muchos de los roles que desempeña, aún en las condiciones de cuarentena, distanciamiento social y restricciones muy fuertes a la movilidad. La atención a las realidades políticas, el cómo se desarrolla la respuesta de la institucionalidad pública ante los desafíos de la epidemia y las urgentes respuestas que demanda la población civil impactada en sus condiciones de vida, se convierten en un torbellino de exigencias a las capacidades propias de los distintos sectores sociales. Se cuenta con un tejido social con mayor conciencia de sus derechos, pero con limitadas herramientas para la garantía y ejercicio libre de los mismos. Trabajar también en el campo de construir un movimiento cívico que decida de manera autónoma tener voz y acción estratégica para incidir en un cambio en la ruta del proyecto autoritario y la reconstrucción de capacidades para marcar una nueva ruta democrática, es un enorme reto, pero – también- una gran oportunidad.

Las acostumbradas y recurrentes fórmulas ideológicas, con sus verdades absolutas, no parecen ser los marcos que permitan encontrar nuevos rumbos. La polarización política como estrategia para alcanzar o mantenerse en el poder, con dinámicas excluyentes y negadoras de la acción política basada en el respeto de la diversidad, del diálogo, la negociación y la convivencia, ha llevado a un cierre del espacio público, al control social y a la imposición de una forma de ser en sociedad que choca con todos los postulados que puedan definir una democracia.

La incorporación de crecientes voces autónomas desde la sociedad civil, ejerciendo sus derechos de libertad de pensamiento, expresión, asociación, participación y de elección, ha sido un largo y difícil camino recorrido en Venezuela y por toda América Latina. Están produciendo un entramado de relaciones, alianzas y experiencias, con un valioso saldo de lecciones aprendidas, que aún buscan -con mucha timidez- lograr mayores posibilidades para la incidencia y la construcción de respuestas a tantas exigencias. Pero, todavía, no son suficientes. La exigencia en estos tiempos es a escalar el espacio en que se están dando. Ampliar las posibilidades de sinergias y vínculos. Innovar en el descubrimiento de nuevas formas de actuación para hacer posible el camino hacia sociedades democráticas sostenibles.

Uno de esos territorios sigue siendo un desafío: conquistar avances en las dinámicas que faciliten las garantías para el derecho a elegir. Contar con las instituciones que logren asegurar procesos electorales transparentes, con base a una norma democráticamente establecida. Con ambiente habilitante, en donde los ciudadanos puedan expresarse y ser contralores del poder que confieren. Los derechos no pueden ser suspendidos por razón de una situación de emergencia sanitaria y mucho menos se aprovechada por los gobiernos y actores políticos partidistas para fortalecer sus propias agendas e intereses, afectar a sus adversarios o colocar muros y limitaciones a la acción ciudadana. Criminalizar la protesta social, utilizar la atención a la pandemia como excusa para su bloqueo o estigmatizar a los afectados por la enfermedad, son prácticas que se observan en distintos países y debe se punto de agenda común de los movimientos sociales y distintos sectores sociales.

Creer firmemente en el poder de la gente, con la gente y por la gente.

Esta es una mirada estratégica por la cual se apuesta y a la que no se abandona, en las filas de la ciudadanía militante.

Todos somos necesarios

Todos somos necesarios

Escrito por: Huníades Urbina-Medina. Pediatra-Intensivista. Presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, secretario de la Academia Nacional de Medicina.

En épocas de contingencia como la actual, que padece el mundo, de la cual Venezuela no escapa, afloran una serie de capacidades, actitudes, sentimientos y se pone en evidencia nuestro lado más humano, de donde nace la frase “todos somos necesarios”, y es tarea de cada uno de nosotros que no quede en una frase hueca y sin sentido.

Todos somos necesarios para superar esta pandemia, cada uno desde su sitio puede dar lo mejor de sí para paliar esta dura prueba que estamos enfrentando.

El Ejecutivo Nacional debería estar dando información veraz, surtiendo a los hospitales con los tan valiosos insumos, ya menguados, antes de las medidas de emergencia dictadas a raíz de esta contingencia y sobre todo dar protección adecuada a todo el personal de salud quienes son la primera línea de defensa de la población en general al acudir a los hospitales. Si tomamos la experiencia de otros países, y nuestro personal de salud se enferma, más sin las medidas de protección adecuada, ¿Quién atenderá a los enfermos?

Los Políticos deberían estar haciendo un alto en sus intereses personales y bajarse un poco de sus egos y trabajar unidos en aportar propuestas para ayudar a calmar las angustias generadas ante la incertidumbre que produce la paralización económica que augura una recesión global sin precedentes, lo cual puede empobrecer aún más a la depauperada sociedad venezolana.

El Personal de salud valientemente estando al frente de las emergencias de los hospitales, centinelas o no, dando lo mejor de sí, aun a pesar de la desasistencia y la desprotección a la cual están expuestos, pero siempre pensando en no abandonar a nuestros pacientes, y en muchas ocasiones anteponiendo su seguridad personal y las de su grupo familiar por atender a los más necesitados.

Los Sociólogos, Psicólogos y Psiquiatras, haciendo lo propio, dado orientación gratuita y solidaria a las personas en confinamiento a través de las redes sociales, buscando espacios de distención como este, haciendo más llevadero el aislamiento.

Conjurar amenaza del coronavirus exige grandes acuerdos.

Conjurar amenaza del coronavirus exige grandes acuerdos.

Escrito por: Víctor Álvarez R. Premio Nacional de Ciencias.

El coronavirus sorprende a Venezuela en un estado de extrema vulnerabilidad. El sistema de salud del país está muy deteriorado y hay un alto porcentaje de la población que depende de la salud pública. Venezuela necesita apoyo técnico y financiero para compensar la precariedad del sistema hospitalario y el colapso de los servicios públicos, entre ellos el servicio de agua potable, imprescindible para lavarse con frecuencia las manos y evitar el contagio y propagación del virus. Si no se consigue financiamiento y asistencia técnica para complementar las capacidades y recursos locales, la emergencia puede convertirse en una catástrofe.

Venezuela no superará la crisis económica y social, ahora amplificada con la llegada del COVID-19, sin un gran acuerdo entre las élites políticas que se disputan el poder. La división del reconocimiento internacional sobre cuál es el legítimo Gobierno de Venezuela, dificulta las gestiones de financiamiento y asistencia técnica que con urgencia necesita el país.

Ya vimos como el enfrentamiento político afecta las posibilidades de obtener el financiamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI). Maduro y Guaidó podrían gestionar juntos una solicitud urgente a los organismos multilaterales para pedir y coordinar asistencia financiera y humanitaria, pero siguen enfrascados en una confrontación estéril en la que lo que más le importa a uno es lograr la rendición incondicional y humillante del otro.

No es hora de protagonismos ni de politizar las circunstancias. Tampoco de acusarse mutuamente por las consecuencias que la Nación pueda sufrir, en caso de una propagación masiva y acelerada del coronavirus. La enfermedad no distingue entre oficialistas y opositores. La amenaza hay que enfrentarla con el esfuerzo de todos, dejando a un lado la confrontación política fratricida. Lo que está en juego es la vida.

Para las élites políticas en pugna, el desafío del coronavirus tiene dos alcances, uno puntual o parcial y otro más general o total. Si el fin es conjurar la amenaza de la pandemia, el desafío se enfoca en construir un acuerdo político entre Maduro y Guaidó para que cedan a una administración internacional (ONU, PNUD, OMS, OPS, CRI) los fondos que se generen y recauden para atacar la pandemia. Este sería un acuerdo político puntual para evitar una masiva y acelerada propagación de la enfermedad. 

El otro desafío, el más general y de mayor alcance, exige a las fuerzas políticas en pugna una visión de largo plazo. Va más allá de la urgencia de complementar capacidades y recursos para poner bajo control la pandemia. Ese desafío más abarcador exige grandeza humana -que ojalá las élites políticas tengan-, para poner al país por delante de sus proyectos políticos y de unas ambiciones personales que apuestan al todo o nada, al ganador se lo lleva todo.

Con sanciones es imposible atender el coronavirus sin descuidar la economía

El coronavirus llega a un país con una economía en ruinas y un sistema de salud colapsado. La cuarentena social para reducir el contagio del COVID-19 afecta a la producción y el comercio, y puede agravar la escasez crónica que castiga a los hogares, empresas e instituciones. Venezuela está atrapada en un círculo vicioso: no va al trabajo para sobrevivir, pero si no produce tampoco podrá vivir.

El sector privado nacional reclama ayuda. Pequeñas y medianas empresas paradas, sin producción, sin ventas y sin poder cobrar facturas pendientes, comienzan a sufrir problemas de flujo de caja y se les hace difícil hasta pagar la nómina. Voceros de Fedecámaras, Conindustria, Consecomercio y Fedeindustria han planteado posponer y disminuir el cobro de ISLR, IVA y otros tributos. Las compensaciones económicas que piden los gremios empresariales incluyen el pago de nóminas en las empresas que se han visto obligadas a interrumpir su actividad.

Pero la lógica del Gobierno es diferente, toda vez que necesita que las empresas terminen de pagar el ISLR antes del 31 de marzo para contar con recursos que le permitan encarar la amenaza del coronavirus. Venezuela es un país cuyas finanzas públicas están quebradas por la prolongada contracción económica que ha llevado a miles de empresas a cerrar cada ejercicio fiscal con pérdidas, sin poder pagar mayores impuestos. La hiperinflación ha desembocado en una creciente informalización de las operaciones de compra-venta en las que no se pide la factura fiscal para ahorrarse el pago del IVA. Y las exoneraciones arancelarias también han mermado los ingresos fiscales. La Tesorería Nacional está seca y no tiene recursos para compensar la postergación del ISLR o rebajas en el IVA, a no ser con emisiones de dinero por parte del BCV que atizarían nuevamente la hiperinflación. 

En este contexto de restricciones económicas donde los fondos públicos no alcanzan para todo, el gobierno se enfrenta al dilema de concentrar los escasos recursos en el control de la pandemia y, a la vez, compensar el impacto económico de la cuarentena sobre las empresas. El gobierno necesita ingresos para pagar a los trabajadores que se quedan en su hogar, sobre todo a los del sector informal que no están en ninguna nómina y ponen comida en la mesa de su casa con lo que se ganan día a día. Pero conjurar la amenaza del COVID19 impone la necesidad de alcanzar una masa crítica de fondos que -en el corto plazo- se deben destinar de manera prioritaria a las medidas preventivas para evitar un contagio masivo y acelerado que no pueda ser atendido por el precario sistema hospitalario del país.

Es necesario comprender que esta no es una crisis económica sino una crisis sanitaria. El sacrificio fiscal resta recursos a la lucha contra el coronavirus y no servirá de nada si no se consigue controlar la pandemia. Tener claras las prioridades es la clave para concentrar los esfuerzos en la causa del problema, en vez de distraer recursos en paliar unas consecuencias que seguirán manifestándose si no se controla antes la propagación de la enfermedad.

Con el endurecimiento de las sanciones financieras y comerciales por parte del gobierno de EEUU, armonizar la atención al coronavirus con las compensaciones a la economía se hace muy difícil. El poco margen de maniobra que le queda al Gobierno para atender la economía se reduce a medidas monetarias y financieras. Apenas puede reducir el encaje legal para liberar liquidez bancaria y usar esos fondos para reactivar el crédito y dar oxígeno financiero a las empresas.

Levantar sanciones para liberar recursos que permitan enfrentar el coronavirus sin descuidar la economía

Donald Trump denuncia la responsabilidad del Gobierno de Nicolás Maduro en la crisis venezolana y le pone precio a su cabeza al ofrecer una recompensa de 15 millones de dólares. Promueve la ayuda humanitaria, pero a la vez endurece las sanciones a un país con una economía exhausta y un pueblo que huye por millones del hambre, la enfermedad y la inseguridad.

Las sanciones económicas parten del falso supuesto de que el agravamiento de las precarias condiciones de vida de la gente generará una creciente presión social que, al estallar, provocará la caída del gobierno. Con esa obstinada convicción, la llegada del COVID19 es vista como la oportunidad para que las sanciones económicas finalmente den al traste con el régimen de Maduro.

Un país en las condiciones de Venezuela debería recibir asistencia internacional en lugar de sanciones comerciales y financieras.  Más que castigar a la nomenclatura gubernamental, las sanciones tienen un impacto negativo en la economía y perjudican a la población. Y en medio de la pandemia de COVID-19 son una amenaza a la sobrevivencia de todas las personas que resulten contagiadas.

Está claro que las sanciones no dan origen a la contracción de la economía venezolana, pero han sido un factor catalizador que ha acelerado y agravado el colapso de la producción petrolera y del aparato productivo en general. Solo en 2019, año en el que se endurecieron las sanciones estadounidenses al hacerlas extensivas a empresas privadas nacionales o extranjeras proveedoras y contratistas del gobierno, Venezuela perdió 35 % de su PIB. 

EEUU sancionó a Rosneft Trading por comercializar el petróleo venezolano y presionó a empresas de India, China y España para que dejen de comprar crudos de Pdvsa bajo la amenaza de que sus cuentas y activos en territorio estadounidense serían bloqueados. Cada vez son menos los que se arriesgan a ser sancionados y quienes lo hacen exigen escandalosos descuentos que castigan el menguado ingreso de Venezuela. Así, las sanciones económicas merman considerablemente la capacidad de comprar alimentos y medicinas. Por el riesgo reputacional y temor a ser sancionados, proveedores tradicionales se inhiben de hacer negocios con Venezuela y agravan el problema del abastecimiento.

EEUU debería suspender las sanciones económicas y dejar de bloquear las gestiones de Venezuela para obtener el financiamiento que le permita encarar la amenaza del coronavirus. Aprovechar el avance de la pandemia para agravar el sufrimiento de un país azotado por el hambre y la enfermedad es una política abominable desde el punto de vista ético y moral. Es tan atroz como la violación de los derechos humanos de los cuales se acusa al Gobierno de Nicolás Maduro.

De la obsesión electoral al Gobierno de Coalición

Debido a las crecientes rencillas y divisiones en el seno de la Oposición, el Oficialismo está seguro que puede ganar las parlamentarias y recuperar el control de la AN. Lo mismo cree la Oposición electoral sin representación parlamentaria, la cual está dispuesta a participar con la certeza de que capitalizará el voto del alto porcentaje del electorado que está cada vez más descontento con la pésima gestión de gobierno. Por eso quieren que las parlamentarias se hagan este año.

Pero si el virus no ha sido controlado y se puede propagar masiva y aceleradamente en las actividades de la campaña electoral, para evitar que la emergencia humanitaria se convierta en una catástrofe hay que dejar a un lado la obsesión electoral, expresada en la certeza que ambos bandos tienen de su seguro triunfo en las parlamentarias.

El reto de las élites políticas pasa por considerar la conveniencia para la salud nacional de posponer las elecciones y pactar un Gobierno de Coalición entre Oficialismo y Oposición, que incluya, pero trascienda las acciones conjuntas para encarar la amenaza del coronavirus. 

Una vez superada la emergencia sanitaria, la solución de la crisis estructural que azota al país debe ampliar el mandato de ese Gobierno de Coalición para que no solo abata la amenaza del COVID19, sino que además lleve a cabo un Programa de Reformas Económicas, reinstitucionalice el país e inicie el desarme de los colectivos para convocar luego elecciones generales, de tal forma que quien resulte ganador reciba una economía saneada y un país reinstitucionalizado y pacificado que se pueda gobernar. 

Este es un desafío que va más allá de un acuerdo puntual entre Maduro y Guaidó, enfocado única y exclusivamente en conjurar la amenaza del coronavirus. Conformar un Gobierno de Coalición exige una estatura superior de las élites políticas que están emplazadas a apartar odios y afanes de protagonismo para abrirle paso a los grandes acuerdos que el país necesita, a fin de superar la crisis estructural que lo está despedazando y lo deja sin capacidad de respuesta ante amenazas tan peligrosas como la pandemia del COVID19.

Sociedad civil hace un llamado al Comité de Postulaciones a reanudar actividades.

Ante la sentencia Nº 65 del Tribunal Supremo de Justicia, se agrava la crisis institucional.

Sociedad civil hace un llamado al Comité de Postulaciones a reanudar actividades. 

Voces de la sociedad civil expresaron su preocupación ante la suspensión de actividades electorales planteada por la pandemia y exhortaron al Comité de Postulaciones Electorales de la Asamblea Nacional a cumplir con urgencia las funciones emanadas de la Ley Orgánica del Poder Electoral y avanzar con el nombramiento de nuevos rectores que conformarán un Consejo Nacional Electoral que garantice mayores grados de equilibrio e imparcialidad, y que posibiliten también mayores niveles de confianza en el sufragio como herramienta de resolución de conflictos.

Sobre la sentencia Nº 65 del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 26 de mayo del 2020, la correspondencia expresa que no sólo agrava la crisis institucional, sino que plantea nuevos retos para lograr el pleno funcionamiento del parlamento y pone trabas a las incipientes posibilidades de acuerdos políticos que se habían iniciado con la conformación del Comité.  

A pesar de los obstáculos y desafíos presentados, desde la sociedad civil se instó a los miembros del Comité a mantener un espacio en la AN como el lugar para la discusión de un acuerdo político que permita avanzar en la solución de la compleja crisis venezolana. Un primer ejercicio está descrito en la convocatoria evaluación y selección de los candidatos que renovarán el Poder Electoral.

En el comunicado, voces de la sociedad civil resaltaron la importancia de la Asamblea Nacional como espacio natural para la discusión y cristalización de los acuerdos políticos requeridos por el país, por lo que, si bien deben preservarse todas las medidas sanitarias necesarias para evitar riesgos innecesarios, el país reclama el encuentro y debate entre las partes.

Adhesiones

Organizaciones:

  1. A.C. Radar de los Barrios
  2. Aquí Cabemos Todos
  3. Asociación Civil Saber es Poder-AsoSaber
  4. Baruta En Movimiento
  5. Caracas Ciudad Plural
  6. Centro de Justicia y Paz – Cepaz
  7. Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional
  8. Grupo Pensamiento Crítico
  9. Labo Ciudadano
  10. MOSBASE
  11. Movimiento Ciudadano Dale Letra
  12. Movimiento Popular Alternativo (MPA)
  13. Observatorio Electoral Venezolano (OEV)
  14. Observatorio Global de Comunicación y Democracia (OGCD)
  15. Oportunidad AC
  16. Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución
  17. Profesores Ucevistas por la Unidad de las Fuerzas Democráticas
  18. PROVEA
  19. Red de agricultores y semilleristas de papa y hortalizas Trujillo
  20. Red de Observación Electoral de Asamblea de Educación
  21. SINERGIA, red de organizaciones de sociedad civil
  22. Voluntariado Técnico Electoral (VOTE)
  23. Voto Joven

Individuales

  1. Alberto Lovera
  2. Alfredo Sardi.
  3. Alirio Rangel Diaz
  4. Alix M Garcia R
  5. Ana Elisa Osorio
  6. Ángel Zambrano
  7. Aquiles Salas
  8. Aura Rondon
  9. Carlos Medina
  10. Carlos Velásquez
  11. Carmen Irene Rivero Mendoza
  12. Carmen Gonzalez
  13. Corteza Agüero Rodríguez
  14. Deborah Van Berkel
  15. Dyan lares
  16. Edgardo Lander
  17. Eduardo Calderón
  18. Enrique Ochoa Antich
  19. Esteban Emilio Mosonyi
  20. Griselda Colina
  21. Gustavo Márquez
  22. Gustavo Márquez Marín
  23. Hector Navarro
  24. Ignacio Ávalos G.
  25. Jacqueline Richter
  26. Jesús Castellanos Vásquez
  27. Jesus Chuo Torrealba
  28. Jesús Ortiz Esteves
  29. Jesús Rafael González
  30. Jose G Cortez L
  31. José Gregorio Afonso Castilla
  32. Juan García Viloria
  33. Juan Luis Sosa
  34. Keta Stephany
  35. Luis Bravo Jáuregui
  36. Luis E. Lander
  37. Luis Marciales R. Profesor universitario UCV
  38. Luis Mogollón S.
  39. Luz Peinado
  40. Manuel Isidro Molina
  41. Margarita López Maya
  42. María Auxiliadora Rondón M
  43. María Eugenia Hernandez
  44. María Gabriela Mata Carnevali
  45. Mariela Ramírez, activista social
  46. Michel Ugueto
  47. Negal Morales
  48. Oly Millán Campos
  49. Oneida Ortiz Zambrano
  50. Orlando Peña Guerra
  51. Orlando Zabaleta
  52. Oswaldo Luna
  53. Pablo Zambrano
  54. Pedro Delgado
  55. Ramon Guillermo Aveledo
  56. Ramón Rosales
  57. Ricardo Rios AP
  58. Roberto López
  59. Rocío San Miguel
  60. Santiago Arconada
  61. Tomás Montilla
  62. Victor Márquez Corao
  63. Víctor Rago Albujas
  64. Wanda Cedeño
  65. Yadira García

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