¿Pueden las elecciones salvar a Venezuela?

¿Pueden las elecciones salvar a Venezuela?

Jennifer McCoy es una Distinguida Profesora de Ciencias Políticas en la Universidad Estatal de Georgia y coautora del libro  “Mediación Internacional en Venezuela”.   versión original fue publicada en “The Hill” el 26 de enero de 2018.

@jlynnmccoy

El gobierno de Venezuela, al frente de un estado terriblemente fallido, anunció la celebración de elecciones presidenciales  antes del 30 de abril de 2018.  A primera vista, dicho anuncio debería constituir una buena noticia.  La oposición política y la comunidad internacional han exigido de forma vehemente que se convoquen elecciones presidenciales tempranas para resolver la crisis política y económica en la que el país está sumergido desde que los precios del petróleo bajaron en 2014, y las protestas generalizadas ocasionaron miles de detenidos y más de 130 muertes en el verano de 2017.  Sin embargo, si se analiza con más detalle, este anuncio no es positivo, por varias razones.

..el anuncio unilateral de estas elecciones por parte del gobierno es una bofetada a las conversaciones entre el gobierno y la oposición, que han sido facilitadas por la comunidad internacional, y que comenzaron en la República Dominicana en diciembre

Primero, el anuncio unilateral de estas elecciones por parte del gobierno es una bofetada a las conversaciones entre el gobierno y la oposición, que han sido facilitadas por la comunidad internacional, y que comenzaron en la República Dominicana en diciembre, precisamente para negociar condiciones electorales más justas.  Aún no se ha llegado a un acuerdo en sobre ese tema, así que este anuncio parece ser un estratagema cínico para convocar elecciones rápidas, para hacer que la oposición se vuelva un desastre y para continuar con el control férreo del poder.

El diálogo en dominicana tiene también como objetivo abrir un canal humanitario para ayudar a las personas que están sufriendo por la hiperinflación,  la severa escasez de alimentos y medicinas; busca restaurar la autoridad de la Asamblea Nacional que fue elegida legítimamente y levantar las sanciones de deuda que impuso los Estados Unidos y que impiden que el gobierno asuma préstamos para dar apoyo a la moribunda economía en Venezuela.

Comenzar una campaña electoral sin haber llegado a un acuerdo sobre estos otros temas sería una distracción, prolongaría el sufrimiento del pueblo y probablemente destruiría por completo las negociaciones.  A medida que nos acerquemos a las elecciones, el gobierno continuará buscando préstamos de benefactores como China y Rusia para incrementar los gastos de bolsas de comida subsidiadas y bonos salariales, y esto lamentablemente sólo pondría en más riesgo la ya endeudada economía actual.

El consejo electoral también ignoró las evidencias de fraude en las urnas en las elecciones de gobernadores en octubre de 2017 y exigió a los partidos políticos de la oposición llevar a cabo un proceso laborioso para renovar su inscripción

Segundo, la celebración de elecciones bajo las condiciones actuales carecerá de integridad.  La administración electoral en Venezuela, ha perdido toda apariencia de imparcialidad luego que supervisase la elección de una entidad inconstitucional como es la Asamblea Nacional Constituyente , con cifras infladas en julio de 2017.  El CNE también ignoró las evidencias de fraude en las urnas en las elecciones de gobernadores en octubre de 2017 y exigió a los partidos políticos de la oposición llevar a cabo un proceso laborioso para renovar su inscripción, mientras que al mismo tiempo anunció la inhabilitación sospechosa de candidatos y partidos de oposición más prominentes.

Por consiguiente, la oposición política debe de tomar una dura decisión:  participar en las elecciones anunciadas bajo condiciones desalentadoras e intentar buscar, a duras penas, una victoria;  o boicotear y arriesgarse a ceder el poder al gobierno por seis años más sin luchar.  Yo he sostenido que la participación es necesaria,  incluso si las elecciones son injustas y sucias, ya que las mismas son un medio para redirigir al país hacia la democracia.  Por lo general, en regímenes autoritarios que aún convocan elecciones, es mejor participar que ceder todo el poder al gobierno sin luchar.

La participación  plena de la oposición en las elecciones regionales y locales del otoño pasado, habrían forzado al gobierno a competir,  y habría permitido  que la sociedad civil monitorease las elecciones, documentara y denunciara los constantes abusos de forma que se  ejerciera presión en las negociaciones en la República Dominicana, para que las condiciones electorales mejorasen.  Al contrario, hubo una división en los partidos de la oposición entre los que querían la abstención y los que querían participación y dejando un espacio para que el  gobierno obtuviera victorias  rotundas en ambas elecciones.

Las elecciones presidenciales, sin embargo, sin ningún cambio en las condiciones, representarán la apuesta final del gobierno para mantenerse en el poder con un poco de legitimidad que espera que sea otorgada por la comunidad internacional. La apuesta no es irracional por parte del gobierno que cuenta con un electorado resignado y hambriento; sin la confianza de que las elecciones serán justas o que harán una diferencia en sus vidas, abstenerse o votar por el gobierno a cambio de la promesa de una bolsa de comida. Mientras tanto, la oposición política está dividida por ambiciones personales y direcciones estratégicas competitivas.  Aún no ha presentado un candidato de unidad que pueda capitalizar la confianza y el apoyo de un gran sector de aquellos que están cansados del desastre económico.

Los modelos históricos que explican cómo los países superan fuertes divisiones no parecen ser escenarios probables en Venezuela.  Estos modelos incluyen a Nicaragua en 1990 cuando una oposición unificada y masiva derrotó al gobierno revolucionario sandinista en elecciones monitoreadas por la comunidad internacional;  tambien  a Chile en las elecciones de 1989 cuando los izquierdistas y los centristas se unieron para derrotar al gobierno militarista de Pinochet  y a sus aliados derechistas; Venezuela tampoco ha producido a un Nelson Mandela o a un F.W. de Klerk capaces de negociar por el bien del país, como estos dos hombres lo hicieron para poner fin al régimen del apartheid en Sudáfrica.

..La comunidad internacional, por tanto, debe participar para ayudar: la Unión Europea debe seguir el ejemplo del Grupo de Lima -conformado por 14 gobiernos hemisféricos y Los Estados Unidos- para dejar claro que, si las elecciones no son transparentes, abiertas a todas las partes y con un monitoreo internacional confiable, las mismas carecen de legitimidad y no serán reconocidas.

La comunidad internacional, por tanto, debe participar para ayudar: la Unión Europea debe seguir el ejemplo del Grupo de Lima conformado por 14 gobiernos hemisféricos y Los Estados Unidos, para dejar claro que, si las elecciones no son transparentes, abiertas a todas las partes y con un monitoreo internacional confiable, las mismas carecen de legitimidad y no seran reconocidas.  La UE, Canadá y los Estados Unidos -los principales países que han impuesto alguna forma de sanciones a los funcionarios individuales o la capacidad del gobierno para obtener más crédito- deberían dejar en claro las condiciones bajo las cuales levantarían o suspenderían dichas sanciones. Las sanciones están dirigidas a modificar comportamientos, pero los blancos de dichas sanciones deben saber qué hacer para que se suspendan.

Finalmente, las negociaciones en la República Dominicana necesitan ser resucitadas y hacerlas partes de un esfuerzo mayor.  Los facilitadores de estas conversaciones deben dialogar con aquellos que manejan las sanciones para conectar las condiciones necesarias para suspender las sanciones con la agenda de las conversaciones.  Igualmente, es más probable generar un movimiento que lleve al cambio con formas más amplias de garantías mutuas:  los funcionarios del gobierno necesitan la garantía de que no va a haber una cacería de brujas si pierden el poder.  La corrupción desenfrenada  y los abusos a los derechos humanos han hecho que muchas personas de la oposición exijan castigos fuertes.  Sin embargo, lo que más puede reducir el miedo en aquellas personas que se aferran al gobierno actual y que se mantiene en el poder es algún tipo de justicia transicional que permita a todos, los que no sean infractores graves,  tener la opción de mecanismos de justicia alternativos que estén basados en reparaciones a las víctimas y promesas de que esas acciones no se repetirán.

Convocar a elecciones sin las garantías mínimas y sin tomar en cuenta los problemas humanitarios tan graves en Venezuela sólo prolongará el sufrimiento.

Traducción de Irene Liscano

Certified Court Interpreter – GA Lic. No. C-08117

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Comunicado 16: CONDICIONES ELECTORALES PARA RECUPERAR LA DEMOCRACIA EN VENEZUELA

Ante el anuncio irregular de la ANC sobre la convocatoria de la elección presidencial

LA SOCIEDAD CIVIL EXIGE CONDICIONES ELECTORALES PARA RECUPERAR LA DEMOCRACIA EN VENEZUELA

Frente al anuncio irregular de la ANC sobre la convocatoria de la elección presidencial, y ante un agravamiento de la crisis que atraviesa el país, desde la Red Electoral Ciudadana exigimos condiciones para recuperar la confianza en el voto y en la participación ciudadana como mecanismos para la retomar la senda democrática y la gobernabilidad en Venezuela…

Ver Comunicado Nro. 16

 

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Establecimiento y Desarticulación del Régimen de Garantías Electorales en Venezuela

ESTABLECIMIENTO Y DESARTICULACIÓN DEL RÉGIMEN DE GARANTÍAS ELECTORALES EN VENEZUELA

POR GRISELDA COLINA  Y HÉCTOR VANOLLI 

 

Griselda Colina. Comunicadora Social egresada de la UCV. Actualmente es Directora del Observatorio Global de Comunicación y Democracia. Entre 2010 y 2015 ocupó la Coord. de Proyectos de la oficina del Centro Carter en Venezuela. Co- autora del manual de monitoreo de medios del Centro Carter, así como del Informe de Libertad de Expresión de Freedom House 2012. Colina fue parte del staff local de la Misión de Estudio del Centro Carter en Venezuela para los procesos electorales presidenciales de 2012 y 2013. @griscolina

Héctor Vanolli. Es licenciado en Comunicaciones Sociales por la Universidad Católica de Salta (UCS), tiene una maestría en Relaciones Internacionales y Comunicación en la Universidad de Boston (BU) y ha sido scholar de la Fundación Fulbright y la Fundación Ford en los Estados Unidos. Se desempeñó como Representante Permanente del Centro Carter en Venezuela entre 2005 y 2014. Anteriormente, se desempeñó como Especialista en la Unidad para la Promoción de la Democracia (UPD) de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington DC. 

 

La automatización del sistema electoral venezolano en 2004  fue acompañada de una serie de medidas extraordinarias de seguridad, las cuales tuvieron como objetivo fundamental fomentar la confianza del público en el voto electrónico.

En un marco de una aguda polarización y confrontación política, y un proceso de creciente parcialización del ente electoral, la aceptación de la automatización del proceso de votación por parte del público presupuso un enorme desafío. Al otorgar a los actores mecanismos confiables de certificación de resultados, el régimen de garantías creado a partir de 2004 serviría para garantizar la integridad del sistema de conteo y totalización. En algunos casos, como en los años 2007 y 2015 serviría incluso para proporcionar importantes triunfos electorales a la oposición.

Paradójicamente, en esta misma etapa, el ente rector electoral venezolano iniciaría un viraje dramático, que lo llevaría a transformarse, en pocos años, en el principal promotor de la desconfianza pública en Venezuela y, después de 2015, en el facilitador y perpetrador del fraude electoral.

En el presente artículo se analiza el rol del Consejo Nacional Electoral (CNE) en el proceso de construcción y posterior desmantelamiento del régimen de garantías electorales en Venezuela, así como las consecuencias de ese proceso en la ruptura del hilo constitucional y la consiguiente caída del país en el caos y la ilegalidad.

La generación de garantías

El uso de sistemas electorales automatizados en Venezuela se remonta a 1972, cuando el entonces Consejo Supremo Electoral incorporó al proceso de votación máquinas electro mecánicas para la impresión de las actas de escrutinio (Ver Informe Capel). La decisión de convertir los cargos de gobernadores, alcaldes y concejales en cargos de elección popular en 1989 (en lugar de ser nombrados por el gobierno central), allanaría el terreno para que, a partir de 1992, Venezuela avanzara a paso firme hacia la adopción de uno de los sistemas de votación automatizados más sofisticados del continente.

Esta tendencia alcanzaría su punto álgido en 2004, cuando el recientemente creado CNE encargó a la empresa Smartmatic, la automatización de la totalidad de las fases del proceso de votación, proceso que culminaría, ocho años después, con la incorporación del sistema de identificación dactilar del elector, conocido como Sistema de Autenticación Integrado (SAI).

En el marco de una intensa polarización política, y un sentimiento de desconfianza generalizado hacia el ente electoral, la automatización integral del proceso de votación presupuso para el CNE un enorme desafío. A fin de cimentar la confianza pública, el organismo electoral, a sugerencia de Smartmatic, aprobó, como principal garantía de transparencia, la capacidad de la máquina de votación de generar un recibo, conocido como “comprobante de voto”, luego de que el elector hubiera sufragado electrónicamente. Esta característica permitía una doble verificación. En primer lugar, permitía al elector comprobar que el sistema automatizado de votación había registrado fielmente su voluntad. En segundo lugar, una vez que dicho recibo era depositado en una urna (o “caja de resguardo”), habilitada para tal efecto, permitía a los miembros de mesa y testigos de agrupaciones políticas verificar la correspondencia entre los resultados consignados en las actas de votación y los resultados del conteo de los comprobantes depositados por los votantes. Como garantía adicional de este proceso, el comprobante de voto se imprimía en papel especial, con marcas de agua y tinta de seguridad, y era identificado a través de un código no secuencial.

Dado que esta segunda verificación se realizaba al cierre del acto de votación, ante la presencia de representantes de partidos políticos, observadores y ciudadanos en general, el procedimiento pasó a conocerse como “auditoria en caliente” (Auditoria Ciudadana Fase I, en la jerga técnica).

A este conjunto de garantías se le sumaría, luego del referendo revocatorio presidencial, un nutrido grupo de protocolos adicionales. Presionado por sectores políticos de oposición, y bajo la atenta mirada de la comunidad internacional, el CNE acordó entonces la obligación de imprimir y repartir entre los testigos y fiscales presentes el acta de votación antes de que ésta fuera transmitida por la máquina al centro de totalización ubicado en CNE, así como la obligación de sellar las urnas con actas contentivas con la firma de los miembros de mesa y los representantes de los partidos políticos. Con el fin de apaciguar los temores de quienes afirmaban que las máquinas podían transmitir datos en forma subrepticia durante el proceso de votación, el CNE accedió además a mantener las máquinas de votación desconectadas durante dicho proceso. Más importante aún, en el 2006, el CNE anunciaría la ampliación del porcentaje de urnas a auditarse durante la “auditoría en caliente”, por lo que del reducido porcentaje inicial se pasaría a más del 50 por ciento.

Adicionalmente, el CNE había adelantado, como garantía central de seguridad, la completa auditabilidad del sistema. Al conjunto de las seis auditorías técnicas iniciales, se le fueron añadiendo otras, hasta llegar, en 2013, a las 19. La última auditoria incorporada sería la llamada Auditoria Posterior de los Datos del Elector, conocida también como Auditoria de No Duplicidad de Huellas, la cual fue especialmente diseñada para detectar los casos de voto múltiple o de sustitución de identidad de electores (Ver Blog E-LECTOR).

El viraje del CNE

Paradójicamente, la etapa de generación y fortalecimiento del régimen de garantías electorales, que caracterizaría al sistema automatizado de votación venezolano durante los años 2000, coincidiría con el período de transformación gradual pero inexorable del CNE en una dependencia del poder ejecutivo, cuya función última se reduciría a mantener a toda costa al gobierno en el poder.

Creado en 1999, el Consejo Nacional Electoral fue concebido, en la nueva constitución bolivariana, como un poder autónomo, cuya tarea debía ser la de encargarse de garantizar “la organización, administración, dirección y vigilancia” de los procesos electorales en base al principio de “independencia, imparcialidad, autonomía y despartidización”, así como de “transparencia y celeridad” en todos los actos relativos a la elección de los cargos de elección popular y referendos.

Tristemente, a excepción de lo actuado durante sus primeros años de vida, el CNE no haría honor, en ningún momento, a los principios de autonomía e independencia, tan solemnemente establecidos en su partida de nacimiento. Por el contrario, a partir de 2003, durante la gestión de Francisco Carrasquero, el organismo electoral venezolano iniciaría un dramático e inédito giro que, en poco tiempo, lo transformaría en un actor activo de la contienda política en favor de los intereses del oficialismo.

Esta circunstancia daría lugar a una serie de gravísimas distorsiones institucionales, las que, con el tiempo, transformarían profundamente al país. Entre otras serias consecuencias, la sociedad venezolana se vería drásticamente privada de la función crítica que cumple el árbitro electoral en los procesos de resolución de conflictos. Al convertirse en un actor interesado en un determinado resultado, la actuación del CNE contribuiría a la consolidación de lo que en Venezuela se conoce como el “ventajismo institucionalizado”, situación en la que, en cada período electoral, la totalidad de las instituciones del estado concurren a apuntalar, en forma concertada, abierta y sistemática, al candidato oficialista.

Pese a este panorama, el sistema de garantías electorales no sólo proveyó a los distintos actores políticos de mecanismos confiables de comprobación de resultados, sino que posibilitó el triunfo de las fuerzas opositoras en importantes ocasiones. La oposición podía perder una elección en virtud de las abrumadoras condiciones de inequidad en la competencia electoral, nunca en virtud de la manipulación o alteración de los números de la votación. Este estatus-quo daría un vuelco dramático luego de los resultados de 2015.

La delgada línea roja

El 6 de diciembre de 2015, las fuerzas de oposición propinaron al régimen la que quizás sea la más importante derrota del chavismo en las urnas desde la asunción de Hugo Chávez a la presidencia en 1999.  Al obtener 111 diputados en las elecciones parlamentarias de ese año, la oposición obtuvo la mayoría calificada, circunstancia que le permitía elegir o remover a los miembros de los restantes poderes (tales como el Poder Ciudadano, el  Tribunal Supremo de Justicia o  CNE), sancionar leyes habilitantes y aprobar mociones de censura a ministros o al vicepresidente, entre otras acciones. Consciente de que esa circunstancia significaría el fin de la “revolución”, el oficialismo se movió rápidamente. Mediante una maniobra perpetrada por los magistrados oficialistas nombrados a último momento por la saliente asamblea, el gobierno desconocería la asunción de los cuatro diputados electos en representación del sector indígena, tres de los cuales eran de oposición. Mediante ese recurso, el gobierno no sólo impediría la conformación de la mayoría calificada en la Asamblea Nacional sino que dejaría sin representación en ese cuerpo al estado Amazonas.

Lo ocurrido en dicha elección signaría la conducta del organismo electoral en los próximos procesos electorales. A partir de ese momento, el CNE abandonaría toda pretensión de neutralidad, impidiendo o dificultando activamente cualquier posibilidad de avance electoral de la oposición. Este proceso llevaría, entre otras cosas, a la anulación parcial de la asamblea elegida en 2015 mediante la elección espuria, en 2017, de la Asamblea Nacional Constituyente, un organismo supraconstitucional, que asumiría funciones parlamentarias paralelas.

Entre 2016 y 2017, el CNE incurriría en una extensa lista de gravísimas violaciones. Entre otras acciones, el organismo: 1) Impediría a la oposición solicitar, de acuerdo a lo establecido en la constitución, la activación del mecanismo conocido como referendo revocatorio presidencial; 2) Retrasaría, sin ninguna justificación, el proceso de legitimación de las organizaciones políticas nacionales, el cual, de acuerdo a las normas, debía haberse realizado en forma posterior a los comicios parlamentarios de 2015; 3) Retrasaría por casi un año la convocatoria a las elecciones para elegir a los gobernadores y diputados a los consejos legislativos regionales; 4) Eliminaría además, en este último proceso, sin ningún tipo de explicación, la renovación de los cargos correspondientes a los diputados a los concejos legislativos regionales; y 5) En el caso de las elecciones municipales, anunciaría comicios para renovar a sólo 335 alcaldes, dejando de lado, sin ningún tipo de justificativo, tanto las elecciones para elegir a los representantes de los concejos municipales como los comicios para elegir a los alcaldes metropolitanos de Caracas y Alto Apure.

El extraordinario viraje del CNE culminaría en 2017 con el cruce de la delgada línea roja que separa el ventajismo de la manipulación de las cifras. Ese cruce se produciría por primera vez durante las elecciones ilegitimas para conformar la Asamblea Nacional Constituyente. El organismo electoral no sólo violaría, en forma abierta, y sin atención a las formas, la casi totalidad de las normas y principios vinculados a la organización y dirección de los procesos electorales, sino que, además, incurriría en la manipulación de los números, tal como lo denunció la empresa proveedora del servicio automatizado Smartmatic, la cual, a partir de ese proceso, dejó de prestar servicios en Venezuela.

El CNE cruzaría nuevamente la línea roja durante las elecciones regionales celebradas ese mismo año, en las que el organismo electoral privó fraudulentamente de la gobernación del estado Bolívar al candidato de la oposición Andrés Velásquez. Siguiendo los dictados del oficialismo, el CNE desconocería además, en ese mismo proceso, los resultados del voto popular en las elecciones en el estado Zulia, en el que resultó electo el candidato de la oposición, Juan Pablo Guanipa.

Los desafíos en Venezuela

El caso venezolano demuestra, como ningún otro ejemplo en el hemisferio, la importancia crítica que, para el mantenimiento de la legalidad, la convivencia y la paz social, tiene la existencia de instituciones electorales neutrales. De haber contado Venezuela con un organismo electoral imparcial, que resistiera los embates autoritarios del gobierno en las etapas tempranas de consolidación del régimen, la historia del país en los últimos 15 años se habría escrito quizás de otra manera.

La transición a la democracia en Venezuela plantea un doble desafío. Por un lado, la democratización del país exige la conformación de un CNE independiente, que esté al servicio de los ciudadanos y de la constitución. Por otro, mientras se trabaja para el logro de esta meta irrenunciable, es importante que tanto los partidos políticos, como los ciudadanos en general exijan la preservación de las garantías logradas en el pasado. El sistema automatizado de votación venezolano cuenta con una serie de importantes fortalezas, que los actores del arco democrático deben exigir y aprovechar, al margen de las condiciones de inequidad del ambiente eco-electoral.

 

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What Do Elections Mean in a Non-Democratic Regime? Or Why Bother to Vote When the Elections Are Not Fair?

What Do Elections Mean in a Non-Democratic Regime? 

Or Why Bother to Vote When the Elections Are Not Fair?

By Jennifer McCoy

@jlynnmccoy 

Jennifer McCoy, PhD, is Distinguished University Professor of Political Science at Georgia State University. She served as Founding Director of the Global Studies Institute at GSU (2015-16), and Director of the Carter Center’s Americas Program 1998-2015, leading projects on democratic strengthening, mediation and dialogue, and hemispheric cooperation. A specialist on democratization and polarization, mediation and conflict prevention, election processes and election observation, and Latin American politics, Dr. McCoy has authored or edited six books and dozens of articles. Her latest book is International Mediation in Venezuela (with Francisco Diez, 2011). She teaches courses on comparative democratization, international norms, and Latin American politics.

 

Democracy is a system to peacefully manage the natural differences of interests and identities in a society. Elections are a fundamental element of democracy. They are the mechanism for citizens to choose representatives to govern the country for a specified period of time, ideally based on clear information about the various proposals the candidates put forward. Sometimes, though, a political party or group will use restricted elections to legitimize their stay in power, rather than to subject themselves to the periodic review of the people. Venezuela is in this situation today. In this article, I discuss the meaning of voting in electoral processes that have experienced a severe deterioration. I argue that even when elections appear “rigged” to determine a winner, there can be strategic reasons to participate in order to change the larger political game.

From his first election in 1998, Hugo Chávez valued the legitimacy of receiving a mandate from the people in electoral contests. Although these elections became increasingly unfair, using ventajismo to give unfair advantages to the governing party, the integrity of the vote count was achieved with the implementation of the automated voting system. Electoral guarantees included the participation of all of the political parties in audits and controls to be able to validate the results of the election. The results of the election were in turn respected, and the candidates who won were allowed to take office.

Beginning in 2016, with Nicolás Maduro in power, the government changed the basic rules of the game dramatically when the CNE suspended the constitutional right to petition for a recall referendum and postponed the regional elections. Then in 2017 the government held a vote for an entity of questionable constitutional legitimacy – the ANC, and for the first time did not even bother to follow the rule of “one citizen, one vote” in its formulas to elect representatives to the ANC. With the opposition boycotting, the government was free to invent numbers and relax the automatic voting system, with only the technical advisory company of Smartmatic capable of denouncing the results.

The October 2017 regional elections further signaled that the government was willing to resort to more explicitly fraudulent and repressive measures to hold onto power. First, the Maduro government refused to install the winner of an election for the first time since the inception of the Bolivarian Revolution in 1999. Both Chávez and Maduro had at one point or another usurped the power of elected bodies by naming parallel authorities or removed officials based on (dubious) allegations of electoral fraud. But when the government ousted the announced governor-elect of Zulia because he refused to participate in a swearing-in ceremony before the ANC, it went a step further and openly flouted the voters’ will.

Second, the government appeared to engage in manipulation of the vote count for the first time in a regularly scheduled contested election (not counting the July ANC vote). Until now, most of the demonstrated voting irregularities were aimed at influencing those who voted and how they did so, but the voting machines withstood audits measuring the integrity of their count. On October 15 in the state of Bolívar, at least 11 voting machine results were entered by hand, rather than electronically transmitted, appearing to change the winner in that state race.

Given this scenario, are elections still worthwhile? In an electoral authoritarian regime, which holds manipulated elections to claim a democratic legitimacy while ensuring that the incumbent will win, the game is a two-level one. Opponents must participate in each election, with the chance they might overwhelm the manipulations and actually win, while also working to change the rules of the larger political game.

Even with extremely unfavorable conditions, opposing political parties managed in the past to win elections for important mayorships, governorships and legislative majorities. Independents and smaller parties have registered to run in the December 10 municipal elections, and this provides an opportunity for Venezuelan civil society to monitor, document and denounce irregularities. It may not change the outcomes, but participation and systematic documentation can unmask and delegitimize the government’s attempted democratic veneer if it resorts to fraud and repression.

There is a great temptation to boycott unfair elections, since it is unlikely anyone other than government-designated candidates can win, and opponents fear legitimizing an unfair process. That is the decision that the larger opposition parties in fact made. But boycotting unfair elections simply delivers all power to the governing party. Such a power hand-off exacts no cost to the victor, but demands a high price from the opposition and its supporters in losing local control of resources, police forces and permissions for protests. It is therefore better to participate and force the government to compete than to allow the government to win with no effort. Unmasking fraud and intimidation, in turn, provides leverage to demand a change in the larger political game.

Presidential elections are expected in 2018. The opposition has put fair elections on the negotiating. In the meantime, citizens should vote and civil society should monitor, document and denounce irregularities, to provide more leverage to press for change and to inform citizens and concerned foreign observers alike about the conditions in Venezuela.

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¿Qué significan las elecciones en un régimen no democrático? O ¿Por qué votar cuando las elecciones no son justas?

¿Qué significan las elecciones en un régimen no democrático? o ¿por qué votar cuando las elecciones no son justas?

Por Jennifer McCoy

@jlynnmccoy

 

Jennifer McCoy es profesora distinguida  de Ciencias Políticas en la Georgia State University (GSU). Fue directora y fundadora de Global Studies Institute (2015 y 2016); entre 1998 y 2015 fue directora del Programa para las Américas del Centro Carter, donde ejecutó proyectos para el fortalecimiento de la democracia, mediación y diálogo y cooperación hemisférica. Es especialista en democratización y polarización, en mediación y prevención de conflictos, procesos electorales,  observación de elecciones, y en política latinoamericana. McCoy ha escrito y/o editado seis libros y docenas de artículos. Su más reciente libro Mediación Internacional en Venezuela en coautoría con Francisco Diez, fue publicado en 2011.

 

La Democracia es un sistema que busca lidiar, de forma pacífica, con las diferencias de intereses e identidades dentro de una sociedad. Las elecciones son un elemento fundamental de la democracia. Son el mecanismo para que los ciudadanos escojan a sus representantes, para gobernar el país durante un período de tiempo específico, basándose, en un escenario ideal, en información clara acerca de las diversas propuestas que los candidatos hagan. En ocasiones, sin embargo, un partido o grupo político hará uso de elecciones limitadas o restringidas para legitimar su permanencia en el poder, en lugar de someterse a la evaluación periódica del pueblo. Venezuela se encuentra en esta situación actualmente.

En este artículo, haré referencia al significado de votar en procesos electorales que han sufrido un fuerte deterioro. También plantearé que, aún cuando las elecciones parecieran estar inclinadas a favor de un determinado candidato, puede haber razones estratégicas para participar y así cambiar el juego político.

Desde su primera elección en 1998, Hugo Chávez valoró la legitimidad de recibir un mandato del pueblo en contiendas electorales. Aunque dichas elecciones se fueron volviendo cada vez más injustas, valiéndose del poder del Estado para dar ventajas al partido de gobierno; se logró la integridad del conteo de los votos a través de la implementación de un sistema de votación automatizado. Las garantías electorales incluían la participación de todos los partidos políticos en auditorías y controles, para poder validar los resultados de cada elección. Así pues, los resultados de las elecciones fueron respetados y se permitió a los candidatos ganadores ocupar los cargos obtenidos.

A inicios de 2016, con Nicolás Maduro en el poder, el gobierno cambió de manera dramática las reglas básicas del juego, cuando el CNE suspendió el derecho constitucional de solicitar un referéndum revocatorio y pospuso las elecciones regionales. Luego, en 2017, el gobierno llevó a cabo elecciones para un órgano de cuestionable legitimidad constitucional, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y, por primera vez, no cumplió la regla de “un ciudadano, un voto” para elegir representantes para la ANC. Con el retiro de la oposición para este proceso, el gobierno tuvo la libertad de inventar números y flexibilizar el sistema de voto automatizado, hecho que sólo pudo ser detectado y denunciado por la entonces empresa asesora Smartmatic.

Las elecciones regionales de 2017 evidenciaron con más fuerza a un gobierno dispuesto a recurrir más explícitamente a medidas fraudulentas y represivas para mantenerse en el poder.

En primer lugar, y por primera vez desde la instalación de la Revolución Bolivariana en 1999, el gobierno de Maduro no permitió la toma de posesión de un candidato electo. Si bien tanto en el gobierno de Chávez como en el de Maduro se ha usurpado el poder de órganos legitimamente electos, nombrando autoridades paralelas o removiendo funcionarios, basándose en el argumento (dudoso) de fraude electoral; el derrocamiento del gobernador electo del estado Zulia, por negarse a prestar juramento ante la ANC, avanzó pasos en el desconocimiento de los resultados y burló descaradamente la voluntad de los electores.

En segundo lugar, el gobierno habría incurrido por primera vez en manipulación del conteo de los votos, en una contienda electoral agendada de manera regular (sin tomar en cuenta la votación para la ANC del mes de julio). Hasta ahora, la mayoría de las irregularidades de votación demostradas tenían como objetivo influir en los que votaron y en cómo lo hicieron, pero las máquinas de votación soportaron las auditorías que miden la integridad de su recuento. El 15 de octubre en el estado Bolívar, los resultados de al menos once máquinas de votación fueron ingresados a mano, en lugar de transmitidos electrónicamente, lo cual , podría haber alterado los resultados en la entidad.

¿Dado este escenario, vale la pena seguir participando en elecciones? En un régimen autoritario electoral, que celebra elecciones manipuladas para reclamar una legitimidad democrática mientras asegura que el titular ganará; el juego es a dos niveles. Los oponentes deben participar en cada elección, donde tengan posibilidad de superar las manipulaciones y ganar efectivamente, mientras también, trabajan para cambiar las reglas del juego político más amplio.

Aun con condiciones extremadamente desfavorables, los partidos políticos de oposición lograron ganar en el pasado reciente, elecciones en alcaldías y gobernaciones importantes, así como obtener la mayoría en el parlamento. Algunos partidos independientes más pequeños inscribieron candidatos para las elecciones municipales del 10 de diciembre, lo cual le da una oportunidad a la sociedad civil venezolana para monitorear, documentar y denunciar irregularidades. Esto puede no cambiar los resultados, pero la participación y la documentación sistemática si pueden desenmascarar y deslegitimar la fachada democrática del gobierno, si éste llegase a recurrir al fraude y a la represión.


Existe una gran tentación de boicotear las elecciones injustas, ya que es poco probable que alguien que no sea candidato designado por el gobierno pueda ganar y, por otra parte, los oponentes temen legitimar un proceso injusto. De hecho, esa es la decisión que tomaron la mayoría de los partidos de oposición. Pero boicotear elecciones injustas simplemente le entrega todo el poder al partido de gobierno. Tal entrega de poder no le cuesta nada al vencedor, pero exige un alto precio por parte de la oposición y sus partidarios al perder el control local de los recursos, las fuerzas policiales y los permisos para las protestas. Por lo tanto, es mejor participar y obligar al gobierno a competir, que permitir que el gobierno gane sin ningún esfuerzo. Desenmascarar el fraude y la intimidación, al contrario, permite impulsar la exigencia de cambios en el panorama político más amplio.

Las elecciones presidenciales deberían llevarse a cabo en 2018. La oposición ha colocado en la mesa de negociación la celebración de elecciónes justas. Mientras tanto, los ciudadanos deberían ejercer su derecho al voto; y la sociedad civil debería monitorear, documentar y denunciar las irregularidades, para aumentar la presión por el cambio y para mantener informados a los ciudadanos y a los observadores internacionales acerca de las condiciones en Venezuela.

 

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EL OGCD Y LA REC SUMARON PROPUESTAS SOBRE CONDICIONES ELECTORALES A LA ASAMBLEA NACIONAL

Organizaciones de la sociedad civil venezolana en la Asamblea Nacional

EL OBSERVATORIO GLOBAL DE COMUNICACIÓN Y DEMOCRACIA Y LA RED ELECTORAL CIUDADANA SUMARON PROPUESTAS SOBRE CONDICIONES ELECTORALES A LA SUB COMISIÓN DE ASUNTOS ELECTORALES Y DERECHOS POLÍTICOS DE LA ASAMBLEA NACIONAL

El Observatorio Global de Comunicación y Democracia, la Red Electoral Ciudadana y otras organizaciones que promueven Derechos Políticos participaron en las sesiones convocadas por la Subcomisión de Asuntos Electorales y Derechos Políticos de la Asamblea Nacional presidida por el diputado Luis Stefanelli. Las sesiones tuvieron por objeto completar el expediente sobre el pasado proceso electoral del 15 de octubre y elaboración de un pliego de propuestas para una elección libre y justa en Venezuela.

En las sesiones, también participaron diputados miembros de la Comision Especial de la Asamblea Nacional que investiga el fraude electoral cometido en los comicios de gobernadores y especialmente el caso del estado Bolívar. Por tal motivo estuvieron presentes los diputados Américo de Gracia, Olivia Lozano, Janet Fermín y Ricardo Aponte.

Los encuentros contaron con la participación del Centro de Justicia y Paz – CEPAZ; la Red de Activistas por los Derechos Humanos – REDAC; Voto Joven; la Red Electoral Ciudadna, la Red de Organizaciones Vecinales de Baruta – RedBaruta; Foro Hatillano; Caracas Ciudad Plural; Súmate; EsData, de igual manera concurrieron los expertos electorales como Félix Arroyo y la consultora y Abog. Aimé Nogal Méndez.

Las exigencias del Observatorio Global de Comunicación y Democracia – OGCD fueron las siguientes:

1. Sistema Electoral Venezolano

Aclaró que debe establecer la diferencia entre el sistema automatizado de votación del país y quienes lo administran. Esta analogía es fundamental para aclarar los mitos que han generado desconfianza en el elector, nuestro sistema electoral cuanta con una serie de mecanismos y controles que hacen posible conocer las omisiones cometidas luego de una jornada electoral.

2. Informes de Seguimiento y Observación Electoral:

El OGCD entregó los informes realizados de los procesos electorales observados entre los cuales destacan:
• Monitoreo de la cobertura mediática Parlamentarias 2015
• Informe de Seguimiento de la inscripción y Actualización del Registro Electoral
• Informe del Proceso Renovación de Partidos Políticos
• Informe de las Elecciones Asamblea Nacional Constituyente 2017. Septiembre 2017
• Informe Preliminar de la Elección Gobernadores 2017

3. Deudas del CNE: Diputados de Amazonas, Elecciones Municipales en el Alto Apure y Alcaldía Metropolitana:

Para los comicios municipales del 10Dic, se excluyó, sin ninguna justificación por parte del CNE, la elección de los alcaldes mayores en Alto Apure y Gran Caracas. Este hecho debe ser denunciado por la Asamblea Nacional porque cercena los derechos políticos de los ciudadanos venezolanos.

 

 

 

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Seguimiento Elección de alcaldes 10D: 11 Irregularidades del CNE

 

En las elecciones de alcaldes y repetición de elección de gobernador en el estado Zulia se reiteran violaciones e irregularidades por parte de la administración electoral.
El presente seguimiento da cuenta de 11 violaciones a la normativa vigente así como cercenamiento a los derechos políticos de los venezolanos .

 

 

 

 

 

 

 

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Democracia, Política y Participación

Democracia, Política y Participación

Dimitris Pantoulas

@Dpantoulas

Consultor político-electoral, residenciado en Caracas. Dimitris tiene estudios de Doctorado en la Universidad de Bath (Inglaterra) y Maestría de la Universidad East Anglia (Inglaterra). Ha sido investigador invitado al IESA Business School, ha sido consultor para organizaciones internacionales como el Centro Carter, Capel, Noref.  En Venezuela ha colaborado con organizaciones nacionales como el OGCD entre otros.

 

¿Qué sentido tiene hoy escribir sobre política, democracia, y participación ciudadana en un país al que la mayoría de los analistas califican como autocracia o peor aún como dictadura?

En las próximas líneas daremos respuesta a esta pregunta, abordando argumentos que van desde la importancia que tiene para los venezolanos la democracia como régimen político, el funcionamiento de las instituciones formales actuales, y la participación de los ciudadanos en la definición de su destino político durante el último año.

Democracia sine qua non para los venezolanos

La mayoría de la población en Venezuela está convencida que la democracia es la mejor forma de gobierno, así lo demuestran varias encuestas a lo largo del tiempo. Este convencimiento se evidencia también en la elevada participación de los venezolanos en los procesos electorales. La reconocida encuesta regional, Latinobarometro, explica “la paradoja venezolana” donde un alto porcentaje de los venezolanos en favor a un régimen democrático (78%), no coincide con la realidad política de los últimos tiempos ni tampoco con la evaluación que hacen los expertos del país. Latinobarometro concluye que aunque “los venezolanos apoyan la democracia, no están satisfechos con ella, y sólo el 25% dice que se gobierna para todo el pueblo”.

La dicotomía entre la preferencia de los ciudadanos por la democracia y la experiencia vivida, tiene que ver incluso con el uso de las palabras en el vocabulario político. Términos generalmente positivos, como democracia, participación, política, derechos humanos y diálogo han sido parte de la propaganda partidista para legitimar proyectos y acciones mínimamente democráticas.

Esto, dificulta conectar estas palabras con su significado real y con lo que representan para el ciudadano. Así, mientras los venezolanos siguen teniendo alta preferencia por la ‘democracia’ como término abstracto, por encima de cualquier otro régimen; al mismo tiempo, la mayoría de la población pareciera no estar satisfecha con el régimen político actual.

Si bien la Constitución y los actores políticos del régimen insisten en el uso de la denominación formal de “democracia participativa’ las acciones reales han llevado el sistema a caminos autoritarios y excluyentes, obteniendo resultados de cuestionable apoyo popular. Este hecho demuestra que la población y sus gobernantes no hablan la misma lengua, y peor aun, que existe un deterioro tanto en la práctica democrática como en la comunicación política.

Estado de la democracia actual en Venezuela.

Para analizar el estado de la democracia en Venezuela tenemos que diferenciar entre las instituciones formales de la política y la práctica democrática en la vida cotidiana de los ciudadanos. Así, en términos generales el concepto democracia incluye dos aproximaciones al rol del ciudadano dentro de un régimen democrático. La primera aproximación es que la ciudadanía se expresa a través de representantes y la otra es la participación, entendida como acción directa de los ciudadanos en la vida política. Las dos aproximaciones no son excluyentes, pero los diversos tipos de democracia dan diferente peso a cada una.

En la democracia clásica la participación maximiza el rol del ciudadano. En la antigua Grecia, la participación era más que un derecho; la “persona política” es diferente del ciudadano común; la persona política maneja su propia casa, debe ayudar a gobernar la comunidad de hogares que era la polis. En palabras de Pericles: “un hombre que no se interesa por la política y sólo se ocupa de sus propios asuntos; es un idiota”, (de la palabra Griega idiotis, persona que se ocupa en asuntos solo privados).

Por su parte, en la democracia representativa, los gobernantes son elegidos para representar a sus electores y actuar en su nombre. Este tipo de gobiernos necesita cumplir con unas mínimas garantías para seguir siendo democracia. Entre las garantías se cuentan la constitucionalidad, la celebración de elecciones libres, periódicas y con sufragio universal, la libertad de organización y asociación de la sociedad civil, la igualdad de derechos humanos básicos. Adicionalmente, es imprescindible que los ciudadanos estén informados sobre las diferentes propuestas que le permitan decidir su voto, así el sistema debe garantizar el libre flujo de la información.

Venezuela actualmente atraviesa una sistemática violación a la Constitución y una evidente restricción a los derechos de los ciudadanos a participar en la política, a informarse y a que su voluntad sea respetada. El suceso más indicativo de estas violaciones fue el impedimento por parte del estado de un referendo revocatorio en 2016 contra el presidente de la república, referendo otorgado en la Constitución del país; así como la violación de los calendarios de muchas elecciones regularmente planteadas en la carta magna. Asimismo, existen múltiples violaciones a los Derechos Humanos de los ciudadanos y un incremento en la violación al derecho de estar informado a través de múltiples restricciones a los canales de información y la censura y autocensura en los medios de comunicación del país.

Cerrando unos canales, abriendo otros.

Mientras, por un lado, los derechos que permiten una democracia representativa funcionar propiamente se están cerrando; por otro lado, el país ha visto un florecimiento de lo que es la acción directa por parte de los ciudadanos. Aunque parezca un oxímoron, la participación ciudadana en Venezuela en 2017 ha demostrado una capacidad de resiliencia significativa, inversamente proporcional al comportamiento de las instituciones formales (partidos políticos, poderes del estado, etc).

Entre abril y agosto de 2017, miles de ciudadanos manifestaron diariamente durante cuatro meses. Las protestas en Venezuela exigían cambios sociales y cambios políticos. Asimismo, la ciudadanía, con la participación de la coalición opositora MUD, organizó una consulta popular en Julio 2016, en lo que observadores internacionales calificaron como un “hecho político relevante, organizado al margen de las instituciones electorales, debido al cierre de los espacios de pluralismo y de las condiciones para el desarrollo de las tareas, funciones y responsabilidades de las instituciones”.

La acción directa de la ciudadanía a lo largo del 2017 tuvo una relación pendular con el liderazgo y el rol de los partidos políticos en Venezuela, especialmente de los partidos de la oposición. La misma estuvo caracterizada por la vanguardia de los partidos en algunas acciones de organización o agenda política, intentos de cooptación de la ciudadanía por parte de los partidos y sus líderes durante las protestas, y autonomía de la ciudadanía en las decisiones y acciones donde participaron.

Después de las elecciones del 15 de octubre 2017 la distancia entre ciudadanía y los partidos políticos se ha profundizado. Esto se debe al marcado deterioro en la estructura de los partidos políticos, producto por una parte de la falta de liderazgo y visión por parte de los políticos y por la poca credibilidad de sus promesas, así como por el dinamismo propio de la sociedad. Este distanciamiento tuvo como resultado una profundización en la crisis entre los partidos de oposición, que para las elecciones municipales de diciembre 2017 decidieron no presentar candidatos; a su vez, también produjo que muchas candidaturas independientes surgieran, de actores que han tenido larga presencia dentro de la sociedad civil y los movimientos sociales en Venezuela.

Esto demuestra que una parte de la sociedad no está conforme con el funcionamiento del estado ni con las relaciones de poder políticas y partidarias actuales, y buscan la participación directa en la administración de los asuntos públicos. La acción directa y la participación ciudadana, guiada en términos pro-activos, con principios democráticos y de inclusión, es un desarrollo positivo en la democracia, porque las personas se representan a sí mismas, se involucran en los procesos políticos y, a través de sus propios esfuerzos, provocan cambios sociales. Mahatma Gandhi y Martin Luther King usaron la protesta de acción directa como una forma para ganar Derechos Humanos y justicia social.

 Diálogo, entendimiento y elecciones justas

La realidad política en Venezuela demuestra que la democracia no es un fenómeno estable ni monolítico. La democracia tiene la misma dinámica que la sociedad misma, que ha evolucionado a través de los siglos, y es una relación fluida entre la sociedad, las instituciones y la situación política de cada país.

El sistema político venezolano, formalmente llamado participativo en la práctica se comporta como un régimen representativo, y muestra un marcado retroceso hacia un régimen más excluyente y represivo. Esto ha conducido a muchos ciudadanos a la acción directa lejos de los canales institucionales formalmente establecidos.

Sin embargo, la acción directa y la participación ciudadana como plan de emergencia y reacción a las arbitrariedades institucionales no constituyen una alternativa de gobernabilidad viable para un país y tampoco significa el camino único y seguro para que el ‘pueblo’ tome el poder. La representación y la participación deben co-existir y retroalimentarse para el funcionamiento de una sociedad moderna.

En Venezuela, en este momento, aunque hay un incremento en la participación ciudadana se están derribando los pilares de la democracia representativa, necesarios estos últimos para el funcionamiento del sistema político. El país necesita recuperar su propia institucionalidad, y el único camino para lograr esto es a través del diálogo, del entendimiento, del respeto y por supuesto de elecciones libres y justas.

 

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EL OBSERVATORIO GLOBAL DE COMUNICACIÓN Y DEMOCRACIA PRESENTE EN LA ASAMBLEA NACIONAL

Organizaciones de la sociedad civil presentaron propuestas para el rescate de la democracia en Venezuela.

EL OBSERVATORIO GLOBAL DE COMUNICACIÓN Y DEMOCRACIA PRESENTE EN LA ASAMBLEA NACIONAL

El viernes 24 de noviembre en el salón Ezequiel Zamora de la Asamblea Nacional, el Observatorio Global de Comunicación y Democracia –OGCD elevó sus propuestas ante la Comisión Especial de consulta para el rescate de los derechos a través de un proceso de negociación internacional de la Asamblea Nacional presidida por Diputado Stalin González. En dicha sesión estuvieron presentes organizaciones de la sociedad civil, así como organizaciones con fines políticos.

El Centro de Justicia y Paz – CEPAZ; la red de Activistas por los Derechos Humanos (REDAC); la Red Electoral Ciudadana (REC); el Foro Hatillano; Caracas Ciudad Plural y Súmate; de igual manera participaron las organizaciones con fines políticos: Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Un Partido Unido para Venezuela, Mov. Independiente Democrático, Fuerza Liberal, Cauda R, Visión Venezuela, Constructores de la 7ma República, y Primero Justicia entre otros.

Durante su participación, Griselda Colina Directora del Observatorio Global de Comunicación y Democracia (OGCD) hizo propuestas concretas sobre los puntos que debía abordar la AN en la materia electoral:

1)Participación ciudadana en la elección de alcaldes 10D

Exhortó a la Asamblea Nacional como órgano constituido legalmente a través del voto en las pasadas elecciones de diciembre 2015, a asumir el rol institucional y hacer el llamado a los ciudadadanos para que participen y voten este 10 de diciembre, fecha para la elección alcaldes a nivel nacional. Indicó Colina que más alla de las posturas de los partidos, los diputados deben asumir un rol institucional en la defensa de los derechos políticos de los venezolanos.

2)Denuncia sobre eliminación elección de Alcaldes Metropolitano Alto Apure y Caracas (Alcaldías mayores)

Para los comicios municipales del 10Dic, el CNE excluye la posibilidad para que los electores de la Gran Caracas y del Alto Apure, pudiesen renovar a los alcaldes metropolitanos cuyo periodo se vence en diciembre 2017. Es necesario que la Asamblea Nacional denuncie este hecho y exija explicaciones a la administración electoral.

3)Observación Electoral Nacional e Internacional:

La directora del Observatorio Global de Comunicación y Democracia instó a los diputados a incluir dentro de la agenda de peticiones la acreditación oportuna para los grupos de observación nacionales. Asimismo, los exhortó a exigir la presencia de misiones de observación calificadas y que cumplan los estándares internacionales, para el proceso electoral del 10 de diciembre


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