Mensaje del Foro Interreligioso Social de Venezuela: Urge autorizar el acceso del Programa Mundial de Alimentos a Venezuela.

Desde hace al menos cuatro años, nuestro país está atravesando por lo que internacionalmente se conoce como una “emergencia humanitaria compleja”, ahora agravada por la pandemia, que ha dejado como consecuencias inevitables, entre otras, privaciones en los derechos a la salud, la alimentación, la educación, los medios de vida, la seguridad y el acceso a servicios básicos.  

Desde el Foro Interreligioso Social de Venezuela vemos con preocupación que el Estado venezolano no tiene hoy los recursos ni las capacidades requeridas para mitigar los efectos de estas privaciones que padece nuestro querido pueblo. Si bien celebramos los esfuerzos humanitarios coordinados por agencias de Naciones Unidas y organizaciones humanitarias nacionales e internacionales, así como el reciente acuerdo firmado entre el Ministerio del Poder Popular para la Salud, la Asamblea Nacional y la Organización Panamericana de la Salud, resaltamos que son aún muy insuficientes dada la severidad de la emergencia que atraviesa nuestra población.

El estudio que el Programa Mundial de Alimentos llevó a cabo en Venezuela entre julio y septiembre de 2019 indicó que 9,3 millones de personas estaban en situación de inseguridad alimentaria aguda y que 17 millones más estaban implementando estrategias de supervivencia, ya en aquel momento. La pandemia del coronavirus podría llevar también a estas últimas a la inseguridad alimentaria y a condiciones de vida de severa precariedad, tal y como también alertan el Reporte Global de Crisis Alimentarias 2020, el Informe sobre Seguridad Alimentaria bajo la Pandemia de la COVID-19, realizado por la FAO y la CELAC, los estudios realizados por el Instituto Europeo de Paz y la reciente encuesta ENCOVI. Al mismo tiempo El boletín de Desnutrición infantil de Caritas de Venezuela señala que, en abril de 2020, la desnutrición aguda global alcanzó un 17,3%, lo que representa un aumento de 8,4 % comparado con enero de ese mismo año.

Por las razones expuestas el Foro Interreligioso Social de Venezuela, asumiendo nuestro rol espiritual y profético, junto a diversos actores sociales y haciéndonos eco del llamado de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien en su Informe del 2 de julio de 2020 recomendó́ al Estado venezolano facilitar “el acceso del Programa Mundial de Alimentos”, hacemos un llamado responsable al Estado venezolano para que apoye y promueva el ingreso a Venezuela del Programa Mundial de Alimentos – con sus múltiples capacidades de apoyo (programas alimentarios, asistencia a niños, transferencias de efectivo, apoyo a productores, logística), en coordinación con órganos del Estado en sus distintos niveles, con la participación de actores humanitarios locales e internacionales, sector agro-productivo y otros actores clave –  a fin de favorecer a la población más vulnerable en el marco de la aguda crisis que se ha visto ampliada y profundizada por la pandemia de la Covid-19.

Exhortamos a la comunidad internacional de donantes a continuar apoyando los esfuerzos de cooperación, sin los cuales se hace prácticamente inviable ofrecer las respuestas urgentes y necesarias para brindar asistencia a las personas más vulnerables, salvar vidas y evitar más sufrimiento.

Invitamos de igual manera a todos los actores relevantes a favorecer la mutua comprensión y apoyo entre todos los venezolanos. Tenemos una responsabilidad colectiva de encontrar soluciones duraderas y de elaborar las propuestas desde el país que tenemos, reconociendo sus clamores y demandas. La preocupante situación de nuestra población exige de nosotros, del Estado venezolano y de todas las organizaciones e instituciones sociales, económicas y políticas, adoptar con urgencia medidas de acompañamiento para superar sus condiciones de vulnerabilidad.

La presencia del coronavirus en Venezuela y sus efectos en una población que, en su gran mayoría, vive en condiciones precarias, nos obliga a actuar sin dilación. De no hacerlo, en poco tiempo podríamos estar en presencia de niveles inimaginables de pérdida de vidas y de sufrimiento humano. Actuemos juntos desde el amor y el deseo de paz.

En Caracas, a los 21 días del mes de julio de 2020.

Voces de la Sociedad Civil demandan un acuerdo político en el país.

El comunicado fue suscrito por más de un centenar organizaciones y ciudadanos de todo el país.

Más de 100 organizaciones de la sociedad civil y de defensa de Derechos Humanos además de 138 ciudadanos respaldaron, a través de un comunicado, la necesidad de un acuerdo nacional que garantice, entre otros, atender la situación política, económica y social que vive el país en medio de la expansión del coronavirus y bajo un contexto de profundización del proceso de crisis humanitaria compleja.

El documento, expresa igualmente la preocupación por la convocatoria a un proceso electoral en medio de la pandemia y sin respeto a las normas, garantías y disposiciones contenidas en la Constitución Nacional vigente.

“Los procesos adelantados para el nombramiento de la nueva directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE) deberían haber sido producto de un acuerdo amplio, y no de un pacto parcial impuesto por un solo sector, que finalmente se concretó, como en varias ocasiones anteriores con la intervención del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Adicionalmente, este nombramiento abortó un proceso que, con todas sus dificultades, venía avanzando a principios del año en la Asamblea Nacional, a través de un Comité de Postulaciones integrado de manera plural”.

El TSJ, además, le otorgó competencias legislativas al nuevo CNE, lo cual constituye una grave violación de nuestro ordenamiento jurídico.”, se señala en el documento.

Asimismo, se resalta la inconveniencia de la abrogación, por parte de las nuevas autoridades del CNE, de competencias fuera del ordenamiento jurídico vigente, materializadas en decisiones como la ampliación del número de diputados de 167 a 277 que viola el artículo 186 constitucional, además de violentar el artículo 298, en el que se señala expresamente que no puede haber modificaciones en las reglas electorales 6 meses antes de una elección.

Advierten que cinco meses son poco tiempo para realizar unas elecciones, especialmente en tiempos de pandemia señalando que  “esta circunstancia trae consigo nuevos desafíos importantes, los cuales se suman a las circunstancias políticas, económicas y técnicas que se deben enfrentar para la organización del proceso electoral”, además de consecuencias inmediatas, pues diversos sectores y movimientos han manifestado su desconfianza y su posible decisión de no participar en el próximo evento electoral, porque afirman que no cumple con las exigencias de imparcialidad, transparencia y confiabilidad.

El comunicado concluye señalando que “El conflicto político es el principal origen de la crisis que se vive en todos los ámbitos de la vida social. La necesidad de llegar a los acuerdos necesarios es, literalmente hablando, una obligación, no solo política, sino moral, como lo han expresado diversas voces de la sociedad. La magnitud y las consecuencias de la precaria situación que agobia a la mayoría de los venezolanos así lo exige.”

Venezuela: la necesidad de construir confianza electoral

Juan Manuel Trak

Dr. en Procesos Políticos Contemporáneos y Máster en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca. Sociólogo de la Universidad Católica Andrés Bello. Asesor y consultor el tema políticos y electorales.


Venezuela: la necesidad de construir confianza electoral


Las elecciones son un proceso central de cualquier sistema democrático. Si bien pueden existir procesos electorales en sistemas no democráticos (por ejemplo plebiscitos), hasta el momento  no se conoce un sistema democrático en el que el sufragio no exista. Giovanni Sartori, politólogo italiano, definía la democracia como un sistema político basado en el poder popular, es decir, en el poder de la ciudadanía. Según este autor, el pueblo es el titular del poder mientras que su ejercicio es confiando a los representantes electos periódicamente[i].

Desde esta perspectiva, entendemos las elecciones como un medio para ejercicio de la ciudadanía y como un procedimiento mediante el cual se pueden tomar decisiones colectivas de manera inclusiva. Pero las elecciones son procesos complejos que ocurren en contextos políticos y sociales más amplios, los cuales afectan tanto su funcionamiento objetivo como la evaluación subjetiva que hacen ciudadanos, partidos políticos, asertividad, organizaciones de la sociedad civil y la comunidad internacional. Así, para que una elección sea el reflejo de la voluntad ciudadana requiere, entre otras cosas, de la confianza de todos los involucrados en el proceso.

En este orden de ideas, entendemos por confianza la creencia que tienen las personas en que los otros cumplirán con sus obligaciones o que, por lo menos, no actuarán en contra de sus intereses. Si extrapolamos esta definición a la esfera de lo político, podríamos decir que la confianza es la creencia en que las instituciones políticas actuarán de forma justa, atendiendo a lo establecido en las leyes. Si vamos un poco más lejos, la confianza en las elecciones supondría la creencia en que el proceso electoral está organizado de tal manera que es capaz de reflejar en sus resultados las preferencias políticas de la gente.

Siguiendo lo propuesto por la Fundación Kofi Annan[ii], la confianza en las elecciones y sus resultados es un pilar de la legitimidad de cualquier sistema democrático. Según esta visión “la credibilidad de las elecciones es descalificada, si los votantes no creen que las autoridades responsables de organizarlas son autónomas e independientes”. De esta suerte, la confianza de la elección y sus resultados impacta directamente en el apoyo hacia las autoridades, la desconfianza abre las puertas a condiciones que favorecen la ingobernabilidad y el autoritarismo.

Las dimensiones de la confianza

En este orden de ideas, la confianza en las elecciones se ve afectada por dos dimensiones fundamentales: condiciones políticas y calidad técnica de las elecciones. La primera dimensión se refiere al ejercicio efectivo de los derechos civiles y políticos de la ciudadanía. Así, una elección será más confiable a los ojos de la gente en la medida que haya igualdad política, libertar de expresión, libertad para elegir y ser elegido, entre otras. De la misma manera, las condiciones políticas también se refieren a la existencia de un árbitro que actúe con neutralidad institucional, y aplique el marco normativo de forma equitativa.

Por otro lado, las condiciones técnicas hacen referencia a los aspectos operativos que garantizan que el resultado de la elección refleja la voluntad de la ciudadanía.  Estos aspectos técnicos abarcan las diferentes fases del proceso electoral: desde el la creación de leyes, nombramiento de autoridades, registro de electorales, partidos y candidatos, pasando por las diferentes auditorías prelectorales, el sistema de votación, el escrutinio del voto y las auditorías poselectorales. En este caso, la confianza hacia las condiciones técnicas está mediada por las evaluaciones que hacen de las mimas los partidos políticos, lo medios de comunicación, la organización de observación electoral nacional e internacional, quienes emitirán sus juicios ante la opinión pública; influyendo así en la confianza de los ciudadanos hacia el proceso electoral.

En Venezuela, el ejercicio de los derechos civiles políticos es cada vez más cuesta arriba. Quienes ejercen el poder político han limitado de manera sistemática y progresiva el ejercicio de la ciudadanía. El poder del voto ha sido reducido mediante la imposición de condiciones políticas que impiden el libre ejercicio del poder popular, así como el diseño de un sistema electoral que genera desconfianza.

Desde el punto de vista de las condiciones políticas, Venezuela ha carecido de un árbitro electoral que actúe con neutralidad institucional. Desde la aprobación de la constitución de 1999, el Consejo Nacional Electoral no ha sido nombrado siguiendo lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV)[iii] y la Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE)[iv]. Como resultado, quienes han dirigido el Consejo nacional Electoral actúan en contra de la confianza de los ciudadanos hacia las elecciones y el poder de su voto.

A lo anterior cabe añadirle la manipulación de la oferta electoral mediante el uso de medidas administrativas por parte del CNE, la inhabilitación de candidatos por parte dela Contraloría General de República  o la intervención del Tribunal Supremo de Justicia en los partidos políticos de oposición.

Desde el punto de vista técnico, la opacidad con que se ha manejado el Registro Electoral, la flexibilización de garantías para evitar la usurpación de identidad y duplicidad del voto, la manipulación del calendario electoral, la limitación de la observación nacional y la prohibición de observación internacional calificada, entre otros, reducen la credibilidad de los resultados de los comicios

Acuerdos y principios

Para revertir esta situación es necesario la construcción de un acuerdo político nacional en el que los diversos actores sociales y políticos establezcan un conjunto de principios y prácticas orientadas a restablecer la confianza en las elecciones. Lo anterior pasa por la creación de una comisión de alto nivel capaz de elaborar una propuesta de reforma política y electoral que reconozca las limitaciones de la situación actual, los conflictos existentes y proponga medidas de corto, mediano y largo plazo con el fin de rescatar la institucionalidad democrática en el país.

Evidentemente, la construcción de un acuerdo político de esta naturaleza requiere de la cooperación firme de diversos sectores políticos y sociales que actualmente carecen de confianza mutua. Un primer paso sería la generación de espacios para la construcción de esa confianza perdida, sobre todo entre actores no gubernamentales de diversa naturaleza. Un segundo paso sería la conformación de una alianza democrática que impulsara una agenda de reformas político-institucionales en las que todos los sectores políticos se vean reflejados.

En todo caso, cualquier reforma política tendrá que devolverle a la ciudadanía su poder, la libertad de elegir quienes les gobiernan y que su elección no solo se vea reflejado en el resultado de la elección, sino que se respete el ejercicio efectivo del poder de los representantes electos a través del voto popular.


[i] Sartori, Giovanni. Elementos de teoría política. Madrid: Alianza, 2008, p. 46.

[ii] Kofi Annan Foundation. Confidence in elections and the acceptance of results. Policy brief 1. Más información en https://www.kofiannanfoundation.org

[iii] Ver artículos 295 y 296 de la CRBV.

[iv] Ver artículo 30 de la LOPE.