Acuerdos por la dignidad y la vida

Escrito por: Feliciano Reyna Ganteaume.

Frente a la pandemia provocada por el coronavirus 19 (COVID-19), proteger la vida y la dignidad de las personas debe estar en el centro de todas las decisiones que se tomen actualmente en el país.

Como resultado de decisiones políticas erradas, erosión del estado derecho, desmantelamiento institucional y gran corrupción, desde hace varios años la población venezolana ha vivido un progresivo deterioro de sus condiciones de vida, que en 2016 resultó en una emergencia humanitaria compleja con gravísimas consecuencias: generalización del hambre, precarización del acceso a la salud y a la educación y la migración forzosa de casi 5 millones de personas. El deterioro en la provisión de servicios esenciales como el agua, la electricidad, el transporte público contribuyó con la profundización de los daños.

Este proceso lento hizo posible que sectores diversos de la población pudieran adoptar estrategias de sobrevivencia, dentro de la precarización general: muchas personas, familias y comunidades utilizaron sus capacidades y su creatividad para continuar procurándose medios de vida y apoyándose solidariamente; otras se defendieron por medio de subsidios del estado, en dinero y especies, aunque sus montos, calidad y alcance fueran insuficientes, y su implementación respondiera a criterios politizados y discriminatorios.

Sin embargo, el impacto de la pandemia es inmediato, en términos de sufrimiento y pérdida de vidas humanas, y puede ser devastador para Venezuela. Aún en los países donde los sistemas de salud pública y privada tienen capacidad de respuesta, como Italia y España, el avance del COVID-19 ha alcanzado a miles de personas en muy poco tiempo y compromete gravemente las capacidades de atención médica. La pandemia exige además un enorme esfuerzo por parte del personal de salud, orden público, aseo urbano, distribución de alimentos, transporte y, en general, de toda la población, a la que se exhorta a mantenerse en cuarentena o, en el caso de personas afectadas, en aislamiento.

Para las mayorías vulnerables en Venezuela, que ya sufren los efectos de la emergencia humanitaria compleja, no es suficiente ni posible manejar la propagación del COVID-2019 solamente con medidas de control, si no se les provee de medios de vida ni acceso a servicios básicos. De no ser así, no puede obligarse a que se confinen en sus hogares a quienes viven al día, no tienen agua corriente durante semanas, sufren de cortes de electricidad durante horas o días y tienen que hacer colas semanales por bombonas de gas. El contexto venezolano no es el mismo que el de los países cuyas poblaciones pueden soportar cuarentenas o aislamientos obligatorios.

Este momento de urgencia y de alta responsabilidad nos apremia a exigir a quienes tienen hoy ejercen la conducción política en Venezuela a llegar a acuerdos para preservar la vida de la mayoría vulnerable de la población venezolana y de garantizarle condiciones de vida digna, mientras nos enfrentamos a los graves impactos de la pandemia del COVID-19.

En primer lugar, es imperativo designar un grupo de alto nivel, interdisciplinario e interinstitucional, conformado por personas expertas nombradas sin consideraciones de tipo ideológico-políticas, provenientes de los ámbitos de la salud, la alimentación, la economía, la organización comunitaria, para coordinar la respuesta nacional al COVID- 19. Este grupo debe tener capacidad e independencia de acción y de vinculación con agencias humanitarias internacionales y con organizaciones de sociedad civil nacional e internacional. Las acciones de la Fuerza Armada Nacional y órganos de orden público deben estar subordinadas a sus mandatos.

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