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Venezuela, el COVID 19 y elecciones íntegras


Jesús Castellanos Vásquez

Licenciado en Ciencias Políticas y Administrativas (UCV). Especialista en Comunicación Organizacional (UCAB) y Magister en Gestión y Políticas Públicas (U. de Chile). Candidato a Doctor en Ciencias, mención Ciencias Políticas (UCV). Profesor de la Especialización de Procesos y Sistemas Electorales de la UCV. Funcionario (j) de Consejo Nacional Electoral de Venezuela (1992-2016). Consultor de organizaciones como IDEA Internacional y Transparencia Electoral de Argentina y colaborador de Aceproject y del Proyecto Integridad Electoral de las Universidades de Harvard y Sydney.


Con este artículo de Jesus Castellanos Vásquez, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), el Observatorio Global de Comunicación y Democracia (OGCD), el Movimiento Ciudadano Dale Letra y Sinergia (Red Venezolana de OSC), presentamos una serie de artículos, reflexiones e ideas para el debate sobre la vulneración de los derechos políticos y la recuperación de la democracia en Venezuela.


El COVID-19 ha generado efectos en todos los ámbitos de la vida humana, incluyendo el político, y más específicamente, en los regímenes y en las elecciones. IDEA Internacional ha contabilizado cincuenta y dos países o territorios que pospusieron  elecciones o referendos a causa de la mencionada pandemia, mientras que veinte han decidido celebrarlos; de allí que resulte de sumo interés conocer, v.g., las estrategias instrumentadas en las elecciones parlamentarias de Corea del Sur, las municipales francesas en primera vuelta (la segunda vuelta fue pospuesta dada la alta abstención) o los debates actuales consecuencia de la postergación del plebiscito de entrada en Chile o por el uso del voto por correo en Polonia.

El presente artículo pretende evaluar la posibilidad de celebrar elecciones íntegras en Venezuela, observando su contexto y ahora bajo el fenómeno del COVID-19.

Suspender una elección, incluso por emergencias de esta naturaleza, no es un asunto menor. Además de la obvia lesión a la dinámica democrática, se corren diversos riesgos, a saber, institucionales (de confianza), políticos (conflictividad interna), legales (incumplimiento inconstitucional), financieros y operaciones.  De hecho, las pandemias son terrenos fértiles para el nacimiento o recrudecimiento de formas autoritarias tal como lo sostiene el “Pandemic backslinding risk index”, el cual indica que cuarenta y ocho países, incluyendo a Venezuela, tienen un alto riesgo de un decline democrático mientras que treinta y cuatro poseen uno medio, de acuerdo a variables como: violaciones significativas a uno o más estándares democráticos por situaciones de emergencia y tendencia autoritaria.

Según Levitsky y Ziblatt, los autócratas “aman” las emergencias pues constituyen una oportunidad para: 1) construir apoyos públicos, gracias a la crisis y la generación, por ella, de una mayor tolerancia ciudadana; 2) silenciar al opositor ante la gravedad de las circunstancias y 3) erigir la figura del ejecutivo, incluso en desconocimiento de la constitución, por encima del resto de los poderes públicos.  A dicho tenor, Roth sostiene que el Coronavirus ofrece una excusa para silenciar la crítica y consolidar el poder, evidenciándose en múltiples casos: China, Tailandia, Venezuela, Turquía, Brasil e incluso Hungría, dadas las acciones del Primer Ministro Orbán para asegurar un estado de emergencia indefinido.Para Youngs hay dos grupos de países: los “autoritarios o que caminan por esa vía y aprovechan para profundizar esas tendencias y los democrático que por razones justificadas aplazan elecciones pero supuestamente con garantías de que los gobiernos no podrán manipular la situación”. Kevin Casas, en esa misma línea, destaca: “Sería necio negar a los gobiernos la posibilidad de limitar las libertades, en forma temporal y bajo supervisión de legisladores y jueces, durante una emergencia. Mi preocupación es que esto se convierta en la norma de los regímenes democráticos, no solo porque los lideres autoritarios los exijan sino porque una ciudadanía atemorizada lo consientan”

El COVID-19 llega a Venezuela en uno de los peores momentos de su historia. Tal como lo señala el Informe Global Humanitarian response Plan COVID 19 (2020), Nuestro país se encuentra en una situación especialmente delicada dada su limitada capacidad para la atención de la pandemia producto de la escasez de alimentos y suministros, falta de agua y electricidad y la migración de profesionales de la salud, a lo que se agrega, una enorme crisis económica, problemas con la gasolina y distribución de bienes;  esto viene a complementar lo ya expuesto en el Informe de la Alta Comisionada de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos en la República Bolivariana de Venezuela (2019), en lo referente a la crisis de los derechos económicos y sociales (alimentación, salud). En dicho informe también se puede constatar la condición autoritaria del régimen (violaciones a la libertad de opinión y expresión, represión selectiva y persecución por motivos políticos, ataque a actores críticos al régimen, uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos), ratificado en Freedom in the World 2020 en el que se califica a Venezuela como un país no libre debido al incumplimiento de estándares democráticos internacionales en derechos políticos  (elecciones, participación política y pluralismo, funcionamiento del gobierno) y civiles (libertad de expresión, de asociación y reunión, respeto a la Ley, autonomía personal y derechos individuales).

Nicolás Maduro, quien detenta la Presidencia de la República en Venezuela tras los comicios fraudulentos de 2018, informó que “no sabía si va a haber elecciones este año porque tenemos prioridad”, pudiendo con ello violentar, además del mandato constitucional de celebrar elecciones parlamentarias cada cinco año, lo cual correspondería este año, la competencia legal del Consejo Nacional Electoral (CNE) de convocarlas o en su defecto, suspenderlas. Ante esto ¿Es posible celebrar elecciones libres en Venezuela?

En las circunstancias previas a la pandemia, ya era cuesta arriba efectuar elecciones integras en el país, entre otras razones, por la naturaleza no democrática del régimen traducida en la inexistencia del respeto al Estado de Derecho, subordinación del resto de los poderes públicos, incluyendo al CNE y a excepción de una fracción de la Asamblea Nacional, ilegalización de la mayoría de los partidos políticos de oposición. El COVID-19 solo ha venido a agravar aún más la realización de comicios en Venezuela conforme a estándares democráticos, al facilitarle “armas” a Maduro para radicalizar su gestión autoritaria.

No son pocas las recomendaciones que encontramos sobre elecciones y el COVID-19. Querido, alerta sobre la importancia de la calidad institucional de la administración electoral, junto a la validez del uso de la tecnología electoral y del voto temprano. El IIDDH, por su parte, propone todo un marco en el que se incluyen campañas electorales virtuales, previa revisión del marco legal; fuerte capacitación ciudadana; personas jóvenes para integrar las mesas electorales; precauciones en la elaboración del material electoral; acondicionamiento de Centros de Votación (creación de nuevos, requerimiento del distanciamiento social, equipamiento de material sanitario, adecuación de protocolos). Adicionalmente, sugiere la posibilidad de votar en dos días o más y/o extender el horario de votación, amén de crear horarios exclusivos (rubros de prioridad).

En conclusión, en la Venezuela actual, para desarrollar elecciones integras lo primero es restituir las condiciones mínimas democráticas. No hay otra opción, Superado esto, proponemos:

  1. Evaluar de forma rigurosa la situación del COVID-19 en Venezuela;
  2. Buscar acuerdo nacional: Elecciones y COVID-19;

Y en caso de celebrarse las elecciones:

  1. Revisar prácticas exitosas de elecciones bajo el COVID-19;
  2. Revisar y modificar la legislación vigente para permitir: a) registro electoral y votación para los venezolanos en el exterior por internet y opcional para  los residentes en territorio nacional y b) Voto anticipado presencial (no postal). Posibilidad de por lo menos dos días de votación y horarios exclusivos para grupos vulnerables;
  3. Incorporar y/o incrementar elementos de tecnología electoral (educación ciudadana, capacitación, postulaciones, campaña electoral, escrutinio y totalización etc.);
  4. Incorporar todos los mecanismos de seguridad en la elaboración del material electoral y su distribución, instalación de las Mesas Electorales etc.;
  5. Adecuar los Centros de Votación (número, horarios, protocolos de seguridad, integración (lo de personas jóvenes resulta válido), etc. y  
  6. Buscar asistencia, observación y apoyo financiero internacional.