Venezuela: la necesidad de construir confianza electoral

Juan Manuel Trak

Dr. en Procesos Políticos Contemporáneos y Máster en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca. Sociólogo de la Universidad Católica Andrés Bello. Asesor y consultor el tema políticos y electorales.


Venezuela: la necesidad de construir confianza electoral


Las elecciones son un proceso central de cualquier sistema democrático. Si bien pueden existir procesos electorales en sistemas no democráticos (por ejemplo plebiscitos), hasta el momento  no se conoce un sistema democrático en el que el sufragio no exista. Giovanni Sartori, politólogo italiano, definía la democracia como un sistema político basado en el poder popular, es decir, en el poder de la ciudadanía. Según este autor, el pueblo es el titular del poder mientras que su ejercicio es confiando a los representantes electos periódicamente[i].

Desde esta perspectiva, entendemos las elecciones como un medio para ejercicio de la ciudadanía y como un procedimiento mediante el cual se pueden tomar decisiones colectivas de manera inclusiva. Pero las elecciones son procesos complejos que ocurren en contextos políticos y sociales más amplios, los cuales afectan tanto su funcionamiento objetivo como la evaluación subjetiva que hacen ciudadanos, partidos políticos, asertividad, organizaciones de la sociedad civil y la comunidad internacional. Así, para que una elección sea el reflejo de la voluntad ciudadana requiere, entre otras cosas, de la confianza de todos los involucrados en el proceso.

En este orden de ideas, entendemos por confianza la creencia que tienen las personas en que los otros cumplirán con sus obligaciones o que, por lo menos, no actuarán en contra de sus intereses. Si extrapolamos esta definición a la esfera de lo político, podríamos decir que la confianza es la creencia en que las instituciones políticas actuarán de forma justa, atendiendo a lo establecido en las leyes. Si vamos un poco más lejos, la confianza en las elecciones supondría la creencia en que el proceso electoral está organizado de tal manera que es capaz de reflejar en sus resultados las preferencias políticas de la gente.

Siguiendo lo propuesto por la Fundación Kofi Annan[ii], la confianza en las elecciones y sus resultados es un pilar de la legitimidad de cualquier sistema democrático. Según esta visión “la credibilidad de las elecciones es descalificada, si los votantes no creen que las autoridades responsables de organizarlas son autónomas e independientes”. De esta suerte, la confianza de la elección y sus resultados impacta directamente en el apoyo hacia las autoridades, la desconfianza abre las puertas a condiciones que favorecen la ingobernabilidad y el autoritarismo.

Las dimensiones de la confianza

En este orden de ideas, la confianza en las elecciones se ve afectada por dos dimensiones fundamentales: condiciones políticas y calidad técnica de las elecciones. La primera dimensión se refiere al ejercicio efectivo de los derechos civiles y políticos de la ciudadanía. Así, una elección será más confiable a los ojos de la gente en la medida que haya igualdad política, libertar de expresión, libertad para elegir y ser elegido, entre otras. De la misma manera, las condiciones políticas también se refieren a la existencia de un árbitro que actúe con neutralidad institucional, y aplique el marco normativo de forma equitativa.

Por otro lado, las condiciones técnicas hacen referencia a los aspectos operativos que garantizan que el resultado de la elección refleja la voluntad de la ciudadanía.  Estos aspectos técnicos abarcan las diferentes fases del proceso electoral: desde el la creación de leyes, nombramiento de autoridades, registro de electorales, partidos y candidatos, pasando por las diferentes auditorías prelectorales, el sistema de votación, el escrutinio del voto y las auditorías poselectorales. En este caso, la confianza hacia las condiciones técnicas está mediada por las evaluaciones que hacen de las mimas los partidos políticos, lo medios de comunicación, la organización de observación electoral nacional e internacional, quienes emitirán sus juicios ante la opinión pública; influyendo así en la confianza de los ciudadanos hacia el proceso electoral.

En Venezuela, el ejercicio de los derechos civiles políticos es cada vez más cuesta arriba. Quienes ejercen el poder político han limitado de manera sistemática y progresiva el ejercicio de la ciudadanía. El poder del voto ha sido reducido mediante la imposición de condiciones políticas que impiden el libre ejercicio del poder popular, así como el diseño de un sistema electoral que genera desconfianza.

Desde el punto de vista de las condiciones políticas, Venezuela ha carecido de un árbitro electoral que actúe con neutralidad institucional. Desde la aprobación de la constitución de 1999, el Consejo Nacional Electoral no ha sido nombrado siguiendo lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV)[iii] y la Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE)[iv]. Como resultado, quienes han dirigido el Consejo nacional Electoral actúan en contra de la confianza de los ciudadanos hacia las elecciones y el poder de su voto.

A lo anterior cabe añadirle la manipulación de la oferta electoral mediante el uso de medidas administrativas por parte del CNE, la inhabilitación de candidatos por parte dela Contraloría General de República  o la intervención del Tribunal Supremo de Justicia en los partidos políticos de oposición.

Desde el punto de vista técnico, la opacidad con que se ha manejado el Registro Electoral, la flexibilización de garantías para evitar la usurpación de identidad y duplicidad del voto, la manipulación del calendario electoral, la limitación de la observación nacional y la prohibición de observación internacional calificada, entre otros, reducen la credibilidad de los resultados de los comicios

Acuerdos y principios

Para revertir esta situación es necesario la construcción de un acuerdo político nacional en el que los diversos actores sociales y políticos establezcan un conjunto de principios y prácticas orientadas a restablecer la confianza en las elecciones. Lo anterior pasa por la creación de una comisión de alto nivel capaz de elaborar una propuesta de reforma política y electoral que reconozca las limitaciones de la situación actual, los conflictos existentes y proponga medidas de corto, mediano y largo plazo con el fin de rescatar la institucionalidad democrática en el país.

Evidentemente, la construcción de un acuerdo político de esta naturaleza requiere de la cooperación firme de diversos sectores políticos y sociales que actualmente carecen de confianza mutua. Un primer paso sería la generación de espacios para la construcción de esa confianza perdida, sobre todo entre actores no gubernamentales de diversa naturaleza. Un segundo paso sería la conformación de una alianza democrática que impulsara una agenda de reformas político-institucionales en las que todos los sectores políticos se vean reflejados.

En todo caso, cualquier reforma política tendrá que devolverle a la ciudadanía su poder, la libertad de elegir quienes les gobiernan y que su elección no solo se vea reflejado en el resultado de la elección, sino que se respete el ejercicio efectivo del poder de los representantes electos a través del voto popular.


[i] Sartori, Giovanni. Elementos de teoría política. Madrid: Alianza, 2008, p. 46.

[ii] Kofi Annan Foundation. Confidence in elections and the acceptance of results. Policy brief 1. Más información en https://www.kofiannanfoundation.org

[iii] Ver artículos 295 y 296 de la CRBV.

[iv] Ver artículo 30 de la LOPE.

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Venezuela y la necesidad de nuevos pactos.

Maryhen Jiménez

Politóloga (BA Universidad Goethe Frankfurt), MPhil en Estudios Latinoamericanos (Universidad de Oxford), Doctora en Ciencias Políticas (Universidad de Oxford)  


Venezuela y la necesidad de nuevos pactos.


Hay momentos en los cuales la historia toma rumbos inesperados causados por algún evento imprevisto. Las pandemias anteriores, por ejemplo, incluyendo la peste negra (1348) o la gripe española (1918) produjeron una serie de cambios importantes en el ámbito político y socio-económico en los diferentes países.  ¿Por qué no pensar, entonces, que la Covid-19 podía ser ese evento inesperado que facilitara el cambio en Venezuela?

Las transiciones a la democracia son procesos inciertos y no lineales. Y si bien la literatura sobre transiciones ha destacado que la presión interna, divisiones en la coalición autoritaria, garantías a las élites del régimen saliente o la presión internacional pueden ser factores catalizadores en un proceso de transición, siempre puede haber un acontecimiento sorpresa que facilite la transición. Bajo esta premisa se podía asumir que la Covid-19 podía representar una “ventana de oportunidad” que promoviera un descontento popular masivo y con ello una transición negociada. Sin embargo, a pesar del acuerdo entre el gobierno y la Asamblea Nacional y la OPS para atender la crisis humanitaria, no se ha consumado el cambio político ­­que la vasta mayoría de la población venezolana desea. ¿Por qué?

En primer lugar, la pandemia en vez de generar oportunidades para el entendimiento político ha generado el efecto contrario: más represión y control social. Esto no ha ocurrido solo en Venezuela, sino también en distintas escalas en China, El Salvador, Filipinas, Hungría o Nicaragua. Los autócratas del mundo han visto en la Covid-19 y las medidas de aislamiento social que ésta amerita, una oportunidad para justificar la desarticulación social, crear miedos y dependencias hacia el Estado y acelerar sus proyectos autoritarios. En Venezuela, el régimen autoritario en efecto ha incrementado la persecución por razones políticas, criminalizado todo activismo, desarticulado a la oposición política y militarizado aun más al país. Todo esto ocurre mientras la población se encuentra en modo de supervivencia perenne, buscando agua, alimentos, medicamentos y ahora también gasolina. En estas circunstancias, no pareciera que la movilización interna, necesaria para generar presión sobre cúpula autoritaria, pueda ser el detonante que conduzca al país a una transición. Por otro lado, la presión internacional fuertemente ejercida desde los Estados Unidos y acompañada de la Unión Europea y varios países latinoamericanos tampoco ha logrado crear los incentivos necesarios para que las élites autoritarias acepten un cambio de régimen. Las sanciones multilaterales, el indicment por parte de EE. UU. o la retórica frontal no han generado las fracturas esperadas y tampoco la confianza necesaria para bajar los costos de un proceso de transición, reconciliación y justicia.

Si bien el panorama luce adverso y las estrategias democratizadoras promovidas por el liderazgo político y la comunidad internacional hasta ahora han fracasado, falta mucho por hacer. Veamos.

Ningún caso es idéntico a otro, sin embargo, los regímenes autoritarios tienen algo en común: su ambición infinita por el poder. En otras palabras, ningún régimen avanza en controlar todas las instituciones del Estado, comete graves violaciones de derechos humanos, tolera y promueve la economía ilícita, así como la corrupción para entregarse fácilmente en un momento dado. Por el contrario, la lógica autoritaria siempre será controlar aun más las instituciones y el espacio público para garantizar continuidad autoritaria. Sin embargo, la historia demuestra que -por más difícil que luzca- las transiciones sí ocurren y los autócratas, en muchos casos, sí negocian sus salidas. Pero para que eso suceda el único foco no puede ser la salida del autócrata, sino el diseño de un pacto político que dé garantías a los actores y goce de su confianza.

Los estudios sobre transiciones democráticas señalan que el pacto entre élites, como mecanismo de cambio, es el que más probabilidades de gobernabilidad y estabilidad posterior ofrece. Los pactos, así como el de la Moncloa en España, los de Sudáfrica y nuestro propio pacto de Puntofijo, ayudan a definir las reglas del juego democrático a través de una combinación de acuerdos formales e informales. Con ello se generan un conjunto mínimo de expectativas entre las élites sobre “lo que puede y no puede hacerse” en el período post-transición, creando así garantías y cierta certeza sobre la convivencia pacífica en la democracia emergente.

Esos trade-offs son difíciles de procesar, tanto para la población como para el liderazgo político. Sin embargo, debemos adoptar los pactos, es decir el entendimiento político, como nuestra primera opción estratégica. Eso implica, por un lado, descartar falsas ilusiones de una invasión extranjera, y, por el otro, recuperar la confianza en nuestra propia capacidad social y política para diseñar nuestro futuro democrático.

Así como al régimen autoritario le tomó muchos años desmantelar las instituciones y el estado de derecho, así también nos tomará tiempo construir un camino que nos conduzca a la democracia y al restablecimiento del estado de derecho. Ese proceso podrá agilizarse y fortalecerse una vez que la ciudadanía decida ser arquitecta de su propio futuro. No debemos entender por presión doméstica solo la movilización -puntual o sostenida- en contra del autoritarismo, sino conceptualizarla como un movimiento democratizador que busque no solo la transición, sino la transformación de Venezuela. 

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Acuerdos por la dignidad y la vida

Acuerdos por la dignidad y la vida

Escrito por: Feliciano Reyna Ganteaume.

Frente a la pandemia provocada por el coronavirus 19 (COVID-19), proteger la vida y la dignidad de las personas debe estar en el centro de todas las decisiones que se tomen actualmente en el país.

Como resultado de decisiones políticas erradas, erosión del estado derecho, desmantelamiento institucional y gran corrupción, desde hace varios años la población venezolana ha vivido un progresivo deterioro de sus condiciones de vida, que en 2016 resultó en una emergencia humanitaria compleja con gravísimas consecuencias: generalización del hambre, precarización del acceso a la salud y a la educación y la migración forzosa de casi 5 millones de personas. El deterioro en la provisión de servicios esenciales como el agua, la electricidad, el transporte público contribuyó con la profundización de los daños.

Este proceso lento hizo posible que sectores diversos de la población pudieran adoptar estrategias de sobrevivencia, dentro de la precarización general: muchas personas, familias y comunidades utilizaron sus capacidades y su creatividad para continuar procurándose medios de vida y apoyándose solidariamente; otras se defendieron por medio de subsidios del estado, en dinero y especies, aunque sus montos, calidad y alcance fueran insuficientes, y su implementación respondiera a criterios politizados y discriminatorios.

Sin embargo, el impacto de la pandemia es inmediato, en términos de sufrimiento y pérdida de vidas humanas, y puede ser devastador para Venezuela. Aún en los países donde los sistemas de salud pública y privada tienen capacidad de respuesta, como Italia y España, el avance del COVID-19 ha alcanzado a miles de personas en muy poco tiempo y compromete gravemente las capacidades de atención médica. La pandemia exige además un enorme esfuerzo por parte del personal de salud, orden público, aseo urbano, distribución de alimentos, transporte y, en general, de toda la población, a la que se exhorta a mantenerse en cuarentena o, en el caso de personas afectadas, en aislamiento.

Para las mayorías vulnerables en Venezuela, que ya sufren los efectos de la emergencia humanitaria compleja, no es suficiente ni posible manejar la propagación del COVID-2019 solamente con medidas de control, si no se les provee de medios de vida ni acceso a servicios básicos. De no ser así, no puede obligarse a que se confinen en sus hogares a quienes viven al día, no tienen agua corriente durante semanas, sufren de cortes de electricidad durante horas o días y tienen que hacer colas semanales por bombonas de gas. El contexto venezolano no es el mismo que el de los países cuyas poblaciones pueden soportar cuarentenas o aislamientos obligatorios.

Este momento de urgencia y de alta responsabilidad nos apremia a exigir a quienes tienen hoy ejercen la conducción política en Venezuela a llegar a acuerdos para preservar la vida de la mayoría vulnerable de la población venezolana y de garantizarle condiciones de vida digna, mientras nos enfrentamos a los graves impactos de la pandemia del COVID-19.

En primer lugar, es imperativo designar un grupo de alto nivel, interdisciplinario e interinstitucional, conformado por personas expertas nombradas sin consideraciones de tipo ideológico-políticas, provenientes de los ámbitos de la salud, la alimentación, la economía, la organización comunitaria, para coordinar la respuesta nacional al COVID- 19. Este grupo debe tener capacidad e independencia de acción y de vinculación con agencias humanitarias internacionales y con organizaciones de sociedad civil nacional e internacional. Las acciones de la Fuerza Armada Nacional y órganos de orden público deben estar subordinadas a sus mandatos.

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Una elección libre en Venezuela solo será posible a través de un acuerdo político real entre los actores con capacidad de decisión

Una elección libre en Venezuela solo será posible a través de un acuerdo político real entre los actores con capacidad de decisión. 

En medio de las extremas circunstancias que atraviesa el país, la mayoría de los venezolanos se manifiesta a favor de una salida pacífica a la crisis y han mostrado su disposición a votar si se les ofrecen condiciones y garantías de competitividad, así como de respeto al voto popular expresado en las urnas, en definitiva: el derecho a Elegir.

Rechazamos las recientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia sobre el nombramiento de una nueva directiva ad hoc del Consejo Nacional Electoral, ya que la misma constituye un obstáculo para el avance de un camino esperanzador emprendido por la Asamblea Nacional, a través del Comité de Postulaciones Electorales.

Asimismo, consideramos inaceptables las sentencias referidas a las intervenciones de los partidos Acción Democrática, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular, ya que dichas medidas suman mayor desconfianza y desmotivación entre el electorado y representan nuevos obstáculos a las posibilidades de una reconstrucción transparente y concertada de la vía electoral para la solución de los urgentes problemas que afronta el país.

Insistimos en que la solución a la crisis actual exige el entendimiento y el mutuo reconocimiento de roles, aspiraciones y posiciones entre los actores políticos y los distintos sectores sociales. El Diálogo Social propuesto por diversas voces de la sociedad civil venezolana apunta al establecimiento de los nexos de confianza necesarios entre los diversos actores políticospara avanzar en un proceso de entendimiento que permita la restitución de la senda democrática y la reinstitucionalización del país.

Es obligatorio recordar que los venezolanos enfrentamos una grave crisis humanitaria que sólo es posible enfrentar con recursos financieros internacionales que hoy no encuentran el cauce ni la gobernabilidad necesarias para ser ejecutados.

Creemos necesario identificar áreas elementales de interés común, a partir de las cuales se pueda acordar una solución aceptada mutuamente, que reduzca los costos políticos para los actores, y que permita avanzar en un acuerdo político para la solución a la crisis venezolana, a través de la realización de elecciones libres y competitivas, lo que constituye hoy un imperativo insoslayable.

Consideramos igualmente imperativa la reanudación de un proceso de negociación formal entre los actores, tal como el auspiciado por el gobierno de Noruega, de forma de garantizar el seguimiento y cumplimiento de los acuerdos.

Seguimos comprometidos con la reconstrucción de la ruta electoral de forma transparente, institucional y como paso ineludible para la reconstrucción democrática. Hoy más que nunca es necesario el compromiso expreso de todos los actores, tanto nacionales como internacionales en la defensa de los derechos civiles y políticos, la vigencia del voto y la exigencia de condiciones necesarias para su ejercicio libre y eficiente.

Organizaciones que suscriben:

  • A.C Médicos Unidos de Venezuela
  • Asosaber
  • Baruta En Movimiento
  • Caracas Ciudad Plural
  • Centro de Justicia y Paz (CEPAZ)
  • Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional
  • Convite AC
  • EXCUBITUS derechos humanos en Educación
  • Fundación Centro Gumilla
  • Instituto Progresista
  • MONITOR SOCIAL AC
  • Movimiento Ciudadano Dale Letra
  • Observatorio Electoral Venezolano (OEV)
  • Observatorio Global de Comunicación y Democracia
  • Observatorio Venezolano de Prisiones
  • Oportunidad Acciones Ciudadanas
  • Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)
  • PROMEDEHUM
  • Red de Observación Electoral de Asamblea de Educación
  • Sinergia
  • Voto Joven

Personas:

  • Alexis Ramírez
  • Anais López
  • Carlos Medina
  • Carolina Girón
  • Enrique Esteban Niño Pineda
  • Griselda Colina
  • Henry Jaspe
  • Ismael Pérez Vigil
  • Jaime Lorenzo
  • Jesús Castellanos Vásquez
  • Jorge Botti
  • Luis E. Lander
  • Luis Fco Cabezas
  • Luis Martinez R
  • Luisana SUbero
  • Manfredo González
  • Manuel Zapata
  • Maria Lucas Teran Valecillos
  • Rafael Uzcátegui
  • Rigoberto Rendón Valero
  • Rigoberto Lobo
  • Rocío San Miguel
  • Soledad Rodríguez
  • Wanda Cedeño
  • Yldemar Enrique Valera Torrealba
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Pandemia y derechos civiles y políticos: el poder está en la gente.

Debora Van Berkel

Licenciada en educación. Presidenta de SINERGIA, Red Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil que agrupa a 58 organizaciones. Investigadora-consultora en el área de Sociedad Civil y Participación en el Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos.  


Pandemia y derechos civiles y políticos: el poder está en la gente


El impacto de la pandemia ocasionada por el Covid-19 se evidencia en todos los ámbitos de la vida y se expresa de manera diferenciada, según las condiciones previas y las políticas adoptadas por cada país para enfrentarla.

Algunas voces se han levantado para llamar la atención sobre muchas de esas políticas, considerando que no pueden ser aplicadas con medidas que limiten o vulneren las garantías y el ejercicio de derechos fundamentales, como es el caso de la Alta Comisionada para los derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Doctora Michelle Bachelet.

El llamado de atención llega muy directamente a la América Latina, región en la que las marcadas desigualdades, la exclusión y limitaciones en la institucionalidad democrática, dificulta la articulación de respuestas más efectivas a esta crisis que ha llegado a complicar más aún los escenarios anteriores a su aparición, desafiando los sistemas sanitarios que funcionan con muchas precariedades,  a los gobiernos y a toda la sociedad que ha visto como sus condiciones de vida y la seguridad de la población están afectadas integralmente.

En este marco, los derechos civiles y políticos también están siendo impactados, en tanto que en la mayoría de los países se han promulgado Estados de Excepción, estableciendo medidas de control y de concentración del poder sobre la base de la necesidad de enfrentar una enfermedad que está desafiando a todo el planeta, generando nuevas condiciones socio económicas y políticas, sin mediar la consulta o la participación de distintos actores, ni en su diseño ni en como paliar los efectos adversos de las mismas.

La presión social en demanda de reivindicaciones y derechos que se venían presentando hacia las instituciones y los liderazgos políticos, se han visto contenidas ante una nueva realidad. Las limitaciones a derechos como el libre tránsito y movilidad, reuniones masivas, a la libertad de expresión, información y asociación, entre otros, están incorporados en diversos decretos emitidos y en decisiones ejecutivas, que incluye -en varios casos- a las fuerzas militares en el control de la seguridad pública y otras medidas especiales.

Los procesos electorales previstos en varios países han sido suspendidos o pospuestos, generando consecuencias para dinámicas políticas que se venían desarrollando. Para tener una visión sobre la celebración de procesos electorales en el mundo, el Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), en su Panorama global del impacto del Covid-19 en las elecciones, sostiene que en el período entre el 21 de febrero y el 7 de junio, al menos 66 países y territorios han decidido posponer elecciones nacionales y sub-nacionales y 30 decidieron realizarlas según lo planeado.

En nuestra región, se puede hacer referencia a los casos de Bolivia, con elecciones previstas para el 3 de mayo del presente año y que fueron pospuestas para el mes de septiembre, con el antecedente de la crisis que vivió el país el año anterior, al anularse las elecciones presidenciales por fraude, que llevó a la destitución del entonces presidente Evo Morales. El caso de República Dominicana con sus elecciones presidenciales y legislativas previstas para el 17 de mayo y pospuestas para el mes de octubre por razón de esta pandemia, pero bajo los efectos muy recientes de la declaración de nulidad de elecciones municipales por problemas técnicos con el sistema automatizado adoptado por primera vez en un evento electoral en el país. También, el Referéndum Constitucional en Chile, previsto para el 26 de abril y pospuesto para el 25 de octubre, aprobada su realización como mecanismo para manejar una crisis política signada por fuertes manifestaciones públicas y polarización que marcaron el 2019. Otros países como Paraguay, con elecciones primarias y locales, decidieron posponerlas para el año 2021.

Venezuela: Entre dos emergencias

En Venezuela, se han encontrado dos emergencias, para añadir complejidades a un contexto de crisis multidimensional. La Emergencia Humanitaria Compleja que desde hace 5 años ha venido desarrollándose y la generada por el Covid-19. Previstas constitucionalmente las elecciones parlamentarias para diciembre del 2020, la incertidumbre y las acciones políticas e institucionales se encuentran cada vez más alejadas del marco legal y marcan el momento. Debe tomarse en cuenta que el país se encuentra desde el año 2016 en situación de estado de excepción, con base a decretos emitidos por el poder ejecutivo sin aprobación del parlamento y desde marzo de este año, también con un estado de alarma que ya ha sido prorrogado 3 veces. Las elecciones presidenciales del 2018, son un antecedente, por no ser reconocidas por la oposición ni un grupo considerable de países y organismos internacionales. Las condiciones técnicas y políticas para el desarrollo de elecciones libres y competitivas se han deteriorado de manera sostenida desde el 2015 y de manera acelerada en el último año. Al momento de escribir estas líneas, se ha conocido que el Tribunal Supremo de Justicia ha decidido proceder al nombramiento de nuevas autoridades al Consejo Nacional Electoral, sobre la base de una sentencia que dictamina la omisión legislativa de parlamento en el cumplimiento de esta competencia y como parte de un largo proceso que ha llevado a anular la capacidad de actuación institucional de la Asamblea Nacional. Una dinámica que ha marcado un camino hacia un sistema político no democrático, cada vez más cerrado, en donde la pugna política por el poder ha ido cercenando las garantías del derecho de los ciudadanos de elegir y ser elegidos, de la separación de los poderes y de la gobernabilidad democrática. Los partidos políticos de oposición enfrentan momentos de gran debilidad, muchos de ellos inhabilitados y con cuadros importantes en el exilio, presos o igualmente inhabilitados para el ejercicio de la función pública.

Las organizaciones de la sociedad civil han continuado su trabajo comprometido, en la defensa de derechos, construcción de propuestas de políticas públicas, o la atención de población vulnerable, entre muchos de los roles que desempeña, aún en las condiciones de cuarentena, distanciamiento social y restricciones muy fuertes a la movilidad. La atención a las realidades políticas, el cómo se desarrolla la respuesta de la institucionalidad pública ante los desafíos de la epidemia y las urgentes respuestas que demanda la población civil impactada en sus condiciones de vida, se convierten en un torbellino de exigencias a las capacidades propias de los distintos sectores sociales. Se cuenta con un tejido social con mayor conciencia de sus derechos, pero con limitadas herramientas para la garantía y ejercicio libre de los mismos. Trabajar también en el campo de construir un movimiento cívico que decida de manera autónoma tener voz y acción estratégica para incidir en un cambio en la ruta del proyecto autoritario y la reconstrucción de capacidades para marcar una nueva ruta democrática, es un enorme reto, pero – también- una gran oportunidad.

Las acostumbradas y recurrentes fórmulas ideológicas, con sus verdades absolutas, no parecen ser los marcos que permitan encontrar nuevos rumbos. La polarización política como estrategia para alcanzar o mantenerse en el poder, con dinámicas excluyentes y negadoras de la acción política basada en el respeto de la diversidad, del diálogo, la negociación y la convivencia, ha llevado a un cierre del espacio público, al control social y a la imposición de una forma de ser en sociedad que choca con todos los postulados que puedan definir una democracia.

La incorporación de crecientes voces autónomas desde la sociedad civil, ejerciendo sus derechos de libertad de pensamiento, expresión, asociación, participación y de elección, ha sido un largo y difícil camino recorrido en Venezuela y por toda América Latina. Están produciendo un entramado de relaciones, alianzas y experiencias, con un valioso saldo de lecciones aprendidas, que aún buscan -con mucha timidez- lograr mayores posibilidades para la incidencia y la construcción de respuestas a tantas exigencias. Pero, todavía, no son suficientes. La exigencia en estos tiempos es a escalar el espacio en que se están dando. Ampliar las posibilidades de sinergias y vínculos. Innovar en el descubrimiento de nuevas formas de actuación para hacer posible el camino hacia sociedades democráticas sostenibles.

Uno de esos territorios sigue siendo un desafío: conquistar avances en las dinámicas que faciliten las garantías para el derecho a elegir. Contar con las instituciones que logren asegurar procesos electorales transparentes, con base a una norma democráticamente establecida. Con ambiente habilitante, en donde los ciudadanos puedan expresarse y ser contralores del poder que confieren. Los derechos no pueden ser suspendidos por razón de una situación de emergencia sanitaria y mucho menos se aprovechada por los gobiernos y actores políticos partidistas para fortalecer sus propias agendas e intereses, afectar a sus adversarios o colocar muros y limitaciones a la acción ciudadana. Criminalizar la protesta social, utilizar la atención a la pandemia como excusa para su bloqueo o estigmatizar a los afectados por la enfermedad, son prácticas que se observan en distintos países y debe se punto de agenda común de los movimientos sociales y distintos sectores sociales.

Creer firmemente en el poder de la gente, con la gente y por la gente.

Esta es una mirada estratégica por la cual se apuesta y a la que no se abandona, en las filas de la ciudadanía militante.

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Todos somos necesarios

Todos somos necesarios

Escrito por: Huníades Urbina-Medina. Pediatra-Intensivista. Presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, secretario de la Academia Nacional de Medicina.

En épocas de contingencia como la actual, que padece el mundo, de la cual Venezuela no escapa, afloran una serie de capacidades, actitudes, sentimientos y se pone en evidencia nuestro lado más humano, de donde nace la frase “todos somos necesarios”, y es tarea de cada uno de nosotros que no quede en una frase hueca y sin sentido.

Todos somos necesarios para superar esta pandemia, cada uno desde su sitio puede dar lo mejor de sí para paliar esta dura prueba que estamos enfrentando.

El Ejecutivo Nacional debería estar dando información veraz, surtiendo a los hospitales con los tan valiosos insumos, ya menguados, antes de las medidas de emergencia dictadas a raíz de esta contingencia y sobre todo dar protección adecuada a todo el personal de salud quienes son la primera línea de defensa de la población en general al acudir a los hospitales. Si tomamos la experiencia de otros países, y nuestro personal de salud se enferma, más sin las medidas de protección adecuada, ¿Quién atenderá a los enfermos?

Los Políticos deberían estar haciendo un alto en sus intereses personales y bajarse un poco de sus egos y trabajar unidos en aportar propuestas para ayudar a calmar las angustias generadas ante la incertidumbre que produce la paralización económica que augura una recesión global sin precedentes, lo cual puede empobrecer aún más a la depauperada sociedad venezolana.

El Personal de salud valientemente estando al frente de las emergencias de los hospitales, centinelas o no, dando lo mejor de sí, aun a pesar de la desasistencia y la desprotección a la cual están expuestos, pero siempre pensando en no abandonar a nuestros pacientes, y en muchas ocasiones anteponiendo su seguridad personal y las de su grupo familiar por atender a los más necesitados.

Los Sociólogos, Psicólogos y Psiquiatras, haciendo lo propio, dado orientación gratuita y solidaria a las personas en confinamiento a través de las redes sociales, buscando espacios de distención como este, haciendo más llevadero el aislamiento.

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Cibertertulia. Venezuela: Retos electorales en tiempos de COVID-19.

Venezuela: Retos electorales en tiempos de COVID-19.

¿Cuáles son los retos electorales que plantea el Covid-19 para Venezuela?, esa fue la interrogante que unió en una tertulia virtual a cuatro expertos venezolanos en el tema electoral: el politólogo y profesor universitario Héctor Briceño; el sociólogo y politólogo Juan Manuel Trak; el periodista especializado en temas electorales Eugenio Martínez y el politólogo y consultor Jesús Castellanos Vásquez.

Temas:

Los temas tratados en la cibertertulia fueron los siguientes: Diagnóstico del sistema electoral. Crisis política. Pandemia. Condiciones electorales mínimas. Condiciones sanitarias. Viabilidad de mecanismos alternativos de votación. Campaña electoral y distancia social. Observación electoral.

Dinámica:

La Cibertertulia planteó dos intervenciones por cada participante. Una intervención principal de 7 minutos, seguida de una segunda intervención de 3 minutos.

Primera parte:

Segunda parte:

La segunda intervención fue dirigida a establecer un diálogo entre los cotertulios: preguntar, refutar, reforzar ideas comentadas durante las cuatro intervenciones principales.

En esta segunda intervención también se respondieron preguntas recibidas a través del chat del canal de YouTube, presentadas por la moderadora.

Link:

https://www.youtube.com/watch?v=bYyDyoavHHI&feature=emb_err_woyt

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Conjurar amenaza del coronavirus exige grandes acuerdos.

Conjurar amenaza del coronavirus exige grandes acuerdos.

Escrito por: Víctor Álvarez R. Premio Nacional de Ciencias.

El coronavirus sorprende a Venezuela en un estado de extrema vulnerabilidad. El sistema de salud del país está muy deteriorado y hay un alto porcentaje de la población que depende de la salud pública. Venezuela necesita apoyo técnico y financiero para compensar la precariedad del sistema hospitalario y el colapso de los servicios públicos, entre ellos el servicio de agua potable, imprescindible para lavarse con frecuencia las manos y evitar el contagio y propagación del virus. Si no se consigue financiamiento y asistencia técnica para complementar las capacidades y recursos locales, la emergencia puede convertirse en una catástrofe.

Venezuela no superará la crisis económica y social, ahora amplificada con la llegada del COVID-19, sin un gran acuerdo entre las élites políticas que se disputan el poder. La división del reconocimiento internacional sobre cuál es el legítimo Gobierno de Venezuela, dificulta las gestiones de financiamiento y asistencia técnica que con urgencia necesita el país.

Ya vimos como el enfrentamiento político afecta las posibilidades de obtener el financiamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI). Maduro y Guaidó podrían gestionar juntos una solicitud urgente a los organismos multilaterales para pedir y coordinar asistencia financiera y humanitaria, pero siguen enfrascados en una confrontación estéril en la que lo que más le importa a uno es lograr la rendición incondicional y humillante del otro.

No es hora de protagonismos ni de politizar las circunstancias. Tampoco de acusarse mutuamente por las consecuencias que la Nación pueda sufrir, en caso de una propagación masiva y acelerada del coronavirus. La enfermedad no distingue entre oficialistas y opositores. La amenaza hay que enfrentarla con el esfuerzo de todos, dejando a un lado la confrontación política fratricida. Lo que está en juego es la vida.

Para las élites políticas en pugna, el desafío del coronavirus tiene dos alcances, uno puntual o parcial y otro más general o total. Si el fin es conjurar la amenaza de la pandemia, el desafío se enfoca en construir un acuerdo político entre Maduro y Guaidó para que cedan a una administración internacional (ONU, PNUD, OMS, OPS, CRI) los fondos que se generen y recauden para atacar la pandemia. Este sería un acuerdo político puntual para evitar una masiva y acelerada propagación de la enfermedad. 

El otro desafío, el más general y de mayor alcance, exige a las fuerzas políticas en pugna una visión de largo plazo. Va más allá de la urgencia de complementar capacidades y recursos para poner bajo control la pandemia. Ese desafío más abarcador exige grandeza humana -que ojalá las élites políticas tengan-, para poner al país por delante de sus proyectos políticos y de unas ambiciones personales que apuestan al todo o nada, al ganador se lo lleva todo.

Con sanciones es imposible atender el coronavirus sin descuidar la economía

El coronavirus llega a un país con una economía en ruinas y un sistema de salud colapsado. La cuarentena social para reducir el contagio del COVID-19 afecta a la producción y el comercio, y puede agravar la escasez crónica que castiga a los hogares, empresas e instituciones. Venezuela está atrapada en un círculo vicioso: no va al trabajo para sobrevivir, pero si no produce tampoco podrá vivir.

El sector privado nacional reclama ayuda. Pequeñas y medianas empresas paradas, sin producción, sin ventas y sin poder cobrar facturas pendientes, comienzan a sufrir problemas de flujo de caja y se les hace difícil hasta pagar la nómina. Voceros de Fedecámaras, Conindustria, Consecomercio y Fedeindustria han planteado posponer y disminuir el cobro de ISLR, IVA y otros tributos. Las compensaciones económicas que piden los gremios empresariales incluyen el pago de nóminas en las empresas que se han visto obligadas a interrumpir su actividad.

Pero la lógica del Gobierno es diferente, toda vez que necesita que las empresas terminen de pagar el ISLR antes del 31 de marzo para contar con recursos que le permitan encarar la amenaza del coronavirus. Venezuela es un país cuyas finanzas públicas están quebradas por la prolongada contracción económica que ha llevado a miles de empresas a cerrar cada ejercicio fiscal con pérdidas, sin poder pagar mayores impuestos. La hiperinflación ha desembocado en una creciente informalización de las operaciones de compra-venta en las que no se pide la factura fiscal para ahorrarse el pago del IVA. Y las exoneraciones arancelarias también han mermado los ingresos fiscales. La Tesorería Nacional está seca y no tiene recursos para compensar la postergación del ISLR o rebajas en el IVA, a no ser con emisiones de dinero por parte del BCV que atizarían nuevamente la hiperinflación. 

En este contexto de restricciones económicas donde los fondos públicos no alcanzan para todo, el gobierno se enfrenta al dilema de concentrar los escasos recursos en el control de la pandemia y, a la vez, compensar el impacto económico de la cuarentena sobre las empresas. El gobierno necesita ingresos para pagar a los trabajadores que se quedan en su hogar, sobre todo a los del sector informal que no están en ninguna nómina y ponen comida en la mesa de su casa con lo que se ganan día a día. Pero conjurar la amenaza del COVID19 impone la necesidad de alcanzar una masa crítica de fondos que -en el corto plazo- se deben destinar de manera prioritaria a las medidas preventivas para evitar un contagio masivo y acelerado que no pueda ser atendido por el precario sistema hospitalario del país.

Es necesario comprender que esta no es una crisis económica sino una crisis sanitaria. El sacrificio fiscal resta recursos a la lucha contra el coronavirus y no servirá de nada si no se consigue controlar la pandemia. Tener claras las prioridades es la clave para concentrar los esfuerzos en la causa del problema, en vez de distraer recursos en paliar unas consecuencias que seguirán manifestándose si no se controla antes la propagación de la enfermedad.

Con el endurecimiento de las sanciones financieras y comerciales por parte del gobierno de EEUU, armonizar la atención al coronavirus con las compensaciones a la economía se hace muy difícil. El poco margen de maniobra que le queda al Gobierno para atender la economía se reduce a medidas monetarias y financieras. Apenas puede reducir el encaje legal para liberar liquidez bancaria y usar esos fondos para reactivar el crédito y dar oxígeno financiero a las empresas.

Levantar sanciones para liberar recursos que permitan enfrentar el coronavirus sin descuidar la economía

Donald Trump denuncia la responsabilidad del Gobierno de Nicolás Maduro en la crisis venezolana y le pone precio a su cabeza al ofrecer una recompensa de 15 millones de dólares. Promueve la ayuda humanitaria, pero a la vez endurece las sanciones a un país con una economía exhausta y un pueblo que huye por millones del hambre, la enfermedad y la inseguridad.

Las sanciones económicas parten del falso supuesto de que el agravamiento de las precarias condiciones de vida de la gente generará una creciente presión social que, al estallar, provocará la caída del gobierno. Con esa obstinada convicción, la llegada del COVID19 es vista como la oportunidad para que las sanciones económicas finalmente den al traste con el régimen de Maduro.

Un país en las condiciones de Venezuela debería recibir asistencia internacional en lugar de sanciones comerciales y financieras.  Más que castigar a la nomenclatura gubernamental, las sanciones tienen un impacto negativo en la economía y perjudican a la población. Y en medio de la pandemia de COVID-19 son una amenaza a la sobrevivencia de todas las personas que resulten contagiadas.

Está claro que las sanciones no dan origen a la contracción de la economía venezolana, pero han sido un factor catalizador que ha acelerado y agravado el colapso de la producción petrolera y del aparato productivo en general. Solo en 2019, año en el que se endurecieron las sanciones estadounidenses al hacerlas extensivas a empresas privadas nacionales o extranjeras proveedoras y contratistas del gobierno, Venezuela perdió 35 % de su PIB. 

EEUU sancionó a Rosneft Trading por comercializar el petróleo venezolano y presionó a empresas de India, China y España para que dejen de comprar crudos de Pdvsa bajo la amenaza de que sus cuentas y activos en territorio estadounidense serían bloqueados. Cada vez son menos los que se arriesgan a ser sancionados y quienes lo hacen exigen escandalosos descuentos que castigan el menguado ingreso de Venezuela. Así, las sanciones económicas merman considerablemente la capacidad de comprar alimentos y medicinas. Por el riesgo reputacional y temor a ser sancionados, proveedores tradicionales se inhiben de hacer negocios con Venezuela y agravan el problema del abastecimiento.

EEUU debería suspender las sanciones económicas y dejar de bloquear las gestiones de Venezuela para obtener el financiamiento que le permita encarar la amenaza del coronavirus. Aprovechar el avance de la pandemia para agravar el sufrimiento de un país azotado por el hambre y la enfermedad es una política abominable desde el punto de vista ético y moral. Es tan atroz como la violación de los derechos humanos de los cuales se acusa al Gobierno de Nicolás Maduro.

De la obsesión electoral al Gobierno de Coalición

Debido a las crecientes rencillas y divisiones en el seno de la Oposición, el Oficialismo está seguro que puede ganar las parlamentarias y recuperar el control de la AN. Lo mismo cree la Oposición electoral sin representación parlamentaria, la cual está dispuesta a participar con la certeza de que capitalizará el voto del alto porcentaje del electorado que está cada vez más descontento con la pésima gestión de gobierno. Por eso quieren que las parlamentarias se hagan este año.

Pero si el virus no ha sido controlado y se puede propagar masiva y aceleradamente en las actividades de la campaña electoral, para evitar que la emergencia humanitaria se convierta en una catástrofe hay que dejar a un lado la obsesión electoral, expresada en la certeza que ambos bandos tienen de su seguro triunfo en las parlamentarias.

El reto de las élites políticas pasa por considerar la conveniencia para la salud nacional de posponer las elecciones y pactar un Gobierno de Coalición entre Oficialismo y Oposición, que incluya, pero trascienda las acciones conjuntas para encarar la amenaza del coronavirus. 

Una vez superada la emergencia sanitaria, la solución de la crisis estructural que azota al país debe ampliar el mandato de ese Gobierno de Coalición para que no solo abata la amenaza del COVID19, sino que además lleve a cabo un Programa de Reformas Económicas, reinstitucionalice el país e inicie el desarme de los colectivos para convocar luego elecciones generales, de tal forma que quien resulte ganador reciba una economía saneada y un país reinstitucionalizado y pacificado que se pueda gobernar. 

Este es un desafío que va más allá de un acuerdo puntual entre Maduro y Guaidó, enfocado única y exclusivamente en conjurar la amenaza del coronavirus. Conformar un Gobierno de Coalición exige una estatura superior de las élites políticas que están emplazadas a apartar odios y afanes de protagonismo para abrirle paso a los grandes acuerdos que el país necesita, a fin de superar la crisis estructural que lo está despedazando y lo deja sin capacidad de respuesta ante amenazas tan peligrosas como la pandemia del COVID19.

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Organizaciones sociales y ciudadanos saludan el acuerdo de colaboración para enfrentar el Covid-19 entre las dos principales autoridades del país.

Organizaciones sociales y ciudadanos saludan el acuerdo de colaboración para enfrentar el Covid-19 entre las dos principales autoridades del país.

Organizaciones sociales e individualidades queremos saludar y expresar el respaldo al acuerdo de colaboración entre el Ministerio del Poder Popular para la Salud y el equipo técnico de la Comisión para la Ayuda Humanitaria de la Asamblea Nacional para responder al Covid-19 en Venezuela. Reconocemos que fue resultado de un proceso complejo, de mucha responsabilidad frente al país, que prioriza y antepone por sobre otras razones, salvar la vida de los venezolanos y venezolanas, especialmente de quienes se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad bajo la pandemia de Coronavirus.

Ambas partes han acordado trabajar coordinadamente y con el apoyo técnico y administrativo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en la búsqueda de recursos financieros y el fortalecimiento de las capacidades de respuesta del país para atender a la población y proteger al personal de salud frente a la pandemia. Un acuerdo fundamental, en momentos donde se incrementan el número de contagios y cuya propagación comienza a manifestar un patrón de crecimiento progresivo similar al del resto del mundo.

Consideramos que el abordaje es adecuado en las áreas convenidas: Detección de casos activos de Covid-19 mediante el diagnóstico de laboratorio; Tratamiento oportuno y adecuado de los casos conformados; aislamiento supervisado de los casos sintomáticos y cuarentena de los contactos; protección del personal de salud; vigilancia epidemiológica; análisis de la Información y reportes de situación; y comunicación de riesgo para la adaptación de medidas por la población, y podría aportar resultados significativos en la disminución de los casos y  en evitar víctimas fatales. Es imperativo generar confianza respecto al manejo del virus con base en evidencia científica, que reduzca el miedo y promueva medidas de prevención en la población.

En este sentido expresamos la urgencia de eliminar toda forma de estigmatización y discriminación contra toda persona afectada por el virus o por su aproximación con el mismo. La situación de precariedad que enfrentan los venezolano/as dentro del país y los que retornan obliga a una atención digna, de calidad y sin estigma. El Ministerio de Salud, está en la obligación de proveer los equipos y utensilios de protección personal tanto para personal de salud, como para retornados en albergues de acogida temporal, como a  personas que carezcan de condiciones para adquirirlos y requieren salir a la calle a obtener su sustento diario.

Queremos insistir en la urgencia de avanzar en una respuesta más amplia e integral a la pandemia Covid-19 en Venezuela, con el Programa Mundial de Alimentos (PMA) para atender la emergencia humanitaria compleja que afecta gravemente no sólo la salud, sino la alimentación y los servicios vitales como el acceso al agua potable, áreas donde su intervención podría ser fundamental para salvar vida y contribuir con la recuperación de condiciones de vida digna.

Por último, ratificamos que, en el contexto de emergencia sanitaria generado por el Coronavirus, el bienestar de la población debe ponerse por encima de cualquier otra consideración, atendiendo a las propias recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud bajo la fase de transmisión comunitaria del Covid-19: Aumentar los mecanismos de coordinación de toda la sociedad para el diseño y ejecución de la mejor respuesta sanitaria posible.

Las organizaciones de la sociedad civil continuaremos trabajando para lograr que la esperanza de toda la población logre transformarse en cambios reales de una situación que actualmente compromete la sobrevivencia, la libertad y seguridad de la gran mayoría y estaremos vigilantes del cumplimiento de este acuerdo bajo los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia.

Adhieren:

A.C Anzoátegui Sin Sida; A.C. Justicia y Paz OP Venezuela; A.C. MÉDICOS UNIDOS DE VENEZUELA; A.C. Radar de los Barrios; A.C. Reforma Judicial; AC Asociación por la Vida /Mérida; AC Cátedra de la Paz y Derechos humanos Mons Oscar Arnulfo Romero; Acción Ciudadana Contra el SIDA. ACCSI; AC Liga Merideña contra el Sida; Acceso a la Justicia; Acción Solidaria – ACSOL; ACOANA; AMBAR ASOCIACION CIVIL; Amigos Trasplantados de Venezuela; Asociación Civil Saber es Poder-AsoSaber; Asociación Civil Uniandes; Asociación de Jubilados de Chacao; Asociación Venezolana para la Hemófilia; Asociación Venezolana para la Hemofilia; Atraem; Baruta En Movimiento; Caleidoscopio Humano; Caracas Ciudad Plural; CECAVID; Cendif-Unimet; Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (Cadef); Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB); Centro de Formación para la Democracia CFD; Centro de Justicia y Paz – Cepaz; Centro para la Paz y los Derechos Humanos-UCV; CISFEM; Ciudadanía Con Compromiso A.C; CIVILIS Derechos Humanos; Clima21 – Ambiente y Derechos Humanos; Codehciu – Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía; Codevida; Colegio de Médicos de Lara; Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del Estado Lara; Comunidad en Movimiento A.C; Conciencia Ciudadana A.C; Consejo Comunal las Colinas de Mañongo; Consejo Comunal TEBRIPAR; Convite AC; Crea País; Creemos Alianza Ciudadana; Creemos Alianza Ciudadana Libertador; Creemos Alianza Ciudadana Miranda; EDEPA, A.C; EXCUBITUS Derechos Humanos en Educación; Federación Venezolana Abogadas FEVA; FORO HATILLANO; Frente Nacional de Mujeres; FUNCAMAMA; Fundación Aguaclara; Fundación Ambientalista de Caricuao; Fundación Especialmente Amigos; Fundación Fototeca de Barquisimeto; Fundación La Gran Victoria; Fundación Lucelia; Fundación para el Desarrollo Integral (FUNDESI); Fundación Recicrear; Fundación Reflejos de Venezuela; Fundación Rehabilitarte; Fundación Váyalo; Fundación Yo estoy aquí; Fundapmotriz; FundaRedes; Gente de Soluciones; Hogar Virgen de los Dolores; Inaesin ; Instituto Mead de Venezuela A.C; Labo Ciudadano; Laboratorio de Paz; Médicos Unidos Venezuela Capítulo Carabobo; Movimiento +Ciudadanos; Movimiento Ciudadano Dale Letra; Movimiento Uniendo Voluntades; Observatorio de derechos humanos de la universidad de los Andes; Observatorio de Ecología Política de Venezuela; Observatorio Electoral Venezolano; Observatorio Global Comunicación y Democracia; Observatorio Venezolano de Prisiones; Observatorio  Venezolano Derechos Humanos Mujeres;  ONG Hombres por la Equidad e  igualdad; OPCION Venezuela AC; Org. Humanitaria Zona 10; Org. Comunitaria Brisas Orinoco; Org. Comunitaria Esperanza Punceres; Org. Comunitaria Fe, Alegría y Paz; Org. Comunitaria Libertador; Org. Comunitaria Solidario Punceres; Org. Humanitaria Las Vírgenes; Organización Comunitaria El Junquito y su Gente; Organización Nacional de Trasplante de Venezuela ONTV; Organización Natural Bio Conservation A.C; Piloneras; Plataforma contra el Arco Minero del Orinoco; Prepara Familia; Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos. Provea; PROMEDEHUM; Proyecta Ciudadanía A.C; Proyecto Mujeres; Red de Activismo e Investigación por la Convivencia REACIN; RED DE CASAS DON BOSCO; Red Org Baruta; Red por los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, REDHNNA; Semillero Humanitario A.C; SINERGIA, Red Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil; StopVIH; Transparencia Venezuela; Una Ventana a la Libertad; Unión Afirmativa; Unión Vecinal para la Participación Ciudadana A.C; Upel Maracay; Vicaría de DDHH de la Arquidiócesis de Barquisimeto; Voc; Women Empowerment Laboratory (WELab).

Individualidades:

Adriana Pérez Piegard; Agustina Domínguez; Alejandro Álvarez Iragorry; Alfonso Maldonado; Alfredo Padilla; Ángel Zambrano; Antonia Luque; Aura Sofía Díaz; Beatriz Borges; Beatriz Cisneros A.; Beatriz Gerbasi; Beatriz Marín Bolívar; Beatriz Vento; Carlos Eduardo López F.; Carlos Guerra; Carlos Medina; Carlos Muñiz; Carlos Osuna; Carmen González Coronel; Carmen Piemonti; Carmen Sosa; Cesar Vásquez; Claudia E Requejo; Claudia Nikken; Cruz Arreaza; Deborah Van Berkel; Diana Lobo; Dorixa Monsalve Dam; Edgardo Lander; Eduardo Torres; Eduardo Trujillo Ariza; Elena Hernaiz; Elismenia Blanco; Elys Ojeda; Ennio Ortiz; Enrique Sierta; Eogracia Guzmán; Esteban Emilio Mosonyi; Estefania Reyes; Euglis Palma; Evelyn Alonzo; Evelyn Martinez; Feliciano Reyna; Félix Ríos; Fernando Aranguren; Flavia Pesci Feltri; Francisco Martinez G.; Gabriela Buada Blondell; Gilianys Quintero Requejo; Gladys Mogollon; Gloria López; Griselda Colina; Guillermo Tell Aveledo; Gustavo Márquez Marín; Hector Monsalve; Héctor Vizcaya; Inés Quintero; Iris Palma; Irving Rivas; Isolda Heredia de Salvatierra; Jaime Lorenzo; Javier Mijares Cisneros; Javier Tarazona; Jesús Chuo Torrealba; Jo Delia; José G González; José Requena; Juan Carlos Barreto; Julia de Acosta; Karla Ávila M.; Katherine Martinez; Katiuska Camargo; Keybell Díaz; Keymer Ávila; Laura Louza; Lennys Antonio Luque; Lexys Rendón; Lilia Arvelo Alemán; Lorena Liendo Rey; Lorys Romero; Luis Alvarado Bruzual; Luis Enrique Vizcaya; Luis Francisco Cabezas; Luis Rojas; Luisa Rodríguez Táriba; Magaly Huggins Castañeda; Maleisi Núñez Medina; Manfredo González; Manuel Albino; Manuel Mir; Manuel Zapata SJ; Marelis Alayon; Maria Auxiliadora Mejías; Maria E Redondo; Maria E. Escobar; Maria Eugenia Gil Beroes; María Fernanda Montero; María Gabriela Cuevas Garcia; Maria Piña; Mariano Crespo; Mariapia Bevilacqua; Mariela Ramírez; Mercedes De Freitas; Miguel Ángel Espinoza OP; Mileida Ramírez; Mirna Santoyo; Moisés Carvallo Nuñez; Nancy Núñez; Nelson Landaez; Nicolasa Caraballo; Nora Ovelar; Norkys J. Salcedo; Nucilasa Caraballo; Nury Pernia; Olga Pacheco; Oly Millán Campos; Omaira García; Patricia Parra Hurtado; Pedro González Caro; Pedro Rivas; Rafael Melo; Rafael Uzcátegui; Renato Bernieri; Reymer Villamizar; Rigoberto Lobo; Rogelio Altez; Rosa Elena Acevedo S.; Rosimar Sosa; Santiago Arconada Rodríguez; Sonia Sgambatti; Soraida Pacheco; Tibisay Bolívar; Trinidad M Palma; Valeska Martínez P; Vanessa Vargas; Walter Trejo Urquiola; Wendy Méndez; William Requejo Orobio; Yoletty Bracho; Yván Serra Díaz.

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La Democracia No Se Suspende. Mesa redonda

La Democracia No Se Suspende. Mesa redonda.

En Venezuela prevalece un contexto de total incertidumbre, mezclado con una delicada situación de emergencia humanitaria enmarcada en una crisis política, social y económica, experimentándose un retroceso en todas las esferas de la sociedad venezolana, especialmente en el ámbito de la recuperación de la democracia en el país. No obstante, se afirma que eventos como la mesa redonda realizada el 20 de mayo de 2020, promueven hallar soluciones en conjunto, y sobre todo desde la sociedad civil, para avanzar en acciones de incidencia y reposicionar el tema electoral en las agendas de los tomadores de decisión.

Retos Políticos en Contexto de Crisis Social y de Pandemia

El primer ponente inicia su intervención diciendo que para algunos sectores es imposible hablar en este momento de elecciones en Venezuela, considerando su delicada situación, incluso participar en ellas nos convertiría en cómplices del régimen de Maduro. Esta visión es compartida por algunos de los diputados del bando opositor de la Asamblea Nacional (AN), quienes han considerado que ir a elecciones en este contexto sería caer en una trampa del régimen.

Esta preocupación se ha extendido a buena parte de la población, la cual padece de una profunda desesperanza electoral sin faltarle razones: (i) el deterioro de las condiciones electorales se ha profundizado luego de la victoria opositora del año 2015 –última elección que cumplió con las condiciones mínimas en parámetros democráticos; (ii) se ilegalizaron los partidos de oposición; (iii) la empresa SMARTMATIC se retiró del país luego de denunciar una diferencia entre los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para la elección de la Asamblea Nacional Constituyente; (iv) los electores y centros electorales han sido redistribuidos siguiendo criterios políticos; (v) la crisis migratoria, que movilizó a buena parte de la población, reconfiguró el registro nacional electoral tanto a nivel nacional como internacional -20% de los electores han abandonado el país desde el 2016; (vi) otra parte de importante de la población ha migrado internamente hacia las grandes ciudades, huyendo del deterioro de las condiciones de vida y de los servicios públicos; (vii) otro elemento a destacar lo constituye el incendio de los galpones del CNE, cuyo evento destruyó casi la totalidad de la plataforma para el ejercicio del voto automatizado –plataforma que permitía un conjunto de garantías para auditar el proceso de votación; (viii) adicionalmente, tenemos el evento pandémico que azota al mundo, lo cual impone mayores complicaciones al ejercicio del voto –si seguimos las consideraciones de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, el pico de la COVID-19 podría llegar al país hacia el último trimestre del año, precisamente cuando debería realizarse las elecciones parlamentarias; (ix) la confianza en el organismo electoral es casi nulo.

En este marco de ideas, el ponente afirma que no es descabellado pensar que nos encontramos en el peor momento del sistema electoral venezolano. No obstante, el gran reto de los que nos reunimos hoy acá, y del resto de actores interesados en la recuperación de la democracia en Venezuela, es invertir la ecuación referida a que las elecciones son una trampa del régimen; solo es posible enfrentar la crisis humanitaria, sanitaria, social, económica y política si se lucha por mejores condiciones electorales, si se denuncia el ventajismo electoral y si se revela al mundo incesantemente cómo las instituciones del Estado se alinean para impedir la manifestación de la voluntad popular.

A esto añade que la elección parlamentaria que tenemos por delante no es una elección más, sino la elección de la última institución legítima del país. En este sentido, sería insensato dejarse arrebatar la única institución actualmente legítima. Por lo cual, el reto presente no es sencillo, los obstáculos son muchos y el tiempo es escaso. Sin embargo, el costo social y político de renunciar a esta elección sería demasiado alto. Al respecto, agrega, para finalizar, que los sucesos de inicios del mes de mayo demuestran una relación directa entre la pérdida de confianza en el voto y las aventuras violentas, lo cual complica aún más la situación actual.

Complicaciones del Contexto Electoral y sus Implicaciones Técnicas

El segundo ponente abre su exposición planteando que el debate electoral habría que enfocarlo en cómo se han ido agregando complicaciones a la situación del sistema electoral. En enero, se observaron demandas de mejoras a las condiciones políticas y técnicas; en marzo, se agregan se agregaron otras demandas referidas a cómo recomponer el sistema electoral luego del incendio de los galpones del CNE, donde hubo una pérdida del 98% del hardware electoral; y ahora, se tienen las consideraciones de índole sanitario.

De acuerdo con el ponente, el proceso electoral venezolano está compuesto de 40 fases, las cuales se pueden convertir en focos potenciales de infección por coronavirus. En este sentido, no sería justo colocar al ciudadano en la disyuntiva de ejercer el derecho al voto o proteger su estado de salud. Lamentablemente, las instituciones venezolanas, tanto del régimen de Maduro como del gobierno interino de Guaidó, no están pensando en resolver los asuntos técnicos electorales ni en las condiciones sanitarias de unas eventuales elecciones.

Al respecto, el ponente recordó que el presidente del Comité de Postulaciones Electorales, Ángel Medina, dijo que dicho comité no se iba a reintegrar a sus funciones hasta que cese el confinamiento sanitario; es decir, de parte de factores de oposición, estamos en una suerte de receso institucional, corriendo el riesgo de que todas las condiciones técnicas para diseñar un  nuevo sistema de votación recaiga en el actual CNE, o en su defecto un nuevo CNE esté condicionado por funcionarios afectos al régimen de Maduro.

Ante esto, se considera que lo más razonable es comenzar a presentar propuestas para: (i) resolver el tema técnico; (ii) recuperar el hardware necesario; (iii) valorar la posibilidad de diseñar un nuevo sistema de votación, y (iv) afrontar unas elecciones en un contexto de pandemia –revisar los ejemplos de Uruguay, Paraguay, Bolivia y Ecuador nos pueden servir de modelo para encarar los desafíos sanitarios en procesos electorales.

Es probable que al régimen de Maduro le interese celebrar las elecciones a toda costa este año, no obstante, habría que analizar cómo se recibirán tales resultados por parte de la oposición y de la comunidad internacional. Se prevé que una elección bajo este contexto va a carecer de condiciones políticas y técnicas, así como de condiciones sanitarias.

COVID-19 y su Incidencia Política

El tercer ponente comienza su exposición sosteniendo que la COVID-19 ha generado dos grandes preocupaciones: (i) su impacto sanitario, social y económico; y (ii) su impacto sobre la democracia. Sobre este último punto, hay especial preocupación acerca de cómo la pandemia tiene influencia en el acercamiento o no con formas de gobierno autoritarias, lo que para el caso venezolano representa un acercamiento a un autoritarismo puro. En ese sentido, habría que valorar la importancia de la elección como elemento fundamental dentro de las democracias, aunque no es, naturalmente, lo único que las define; por lo cual es mandatorio exigir que las elecciones sean siempre consideradas como el elemento sin el cual no hay democracia alguna.

De acuerdo con el ponente, unas elecciones en Venezuela plantean grandes desafíos para todos por las condiciones ya comentadas. No obstante, según el expositor habría que preguntarse qué habría que hacer para celebrar unas elecciones en Venezuela e un contexto de pandemia, para lo cual sugiere: (i) realizar una evaluación rigurosa del impacto de la pandemia en el país; (ii) considerar los elementos de persecución política y de violación de derechos humanos; (iii) procurar un gran acuerdo nacional que permita que las principales fuerzas políticas puedan participar en una elección que cumpla con las condiciones mínimas requeridas, lo cual incluiría una administración electoral imparcial y confiable, y la observación de la comunidad internacional; (iv) innovar en materia de sistemas electorales, es preciso pensar más allá de los esquemas tradicionales de votación, como por ejemplo, el voto anticipado, las elecciones de más de un día, o el voto electrónico; (v) considerar a los más de cinco millones de venezolanos fuera del país, lo que supone una revisión del marco legal vigente; (vi) revisar las buenas prácticas de otros países; (vii) valorar la posibilidad de realizar campañas electorales por internet; (viii) revisar las inscripciones de candidaturas y de la capacitación electoral. Finaliza sosteniendo que todo esto es impensable si no se cuenta con: el consenso nacional; la inclusión de todos los actores; la intención de celebrar unas elecciones transparentes, libres; y con el apoyo y asistencia de la comunidad internacional. Para ello, se podría aprovechar las gestiones de la actual AN, la cual pudiera revisar el marco legal y elegir un CNE de acuerdo con los estándares internacionales.

Intervenciones de los Asistentes

Una vez terminadas las ponencias, se da oportunidad a los asistentes de expresar sus opiniones, las cuales versaron sobre lo siguiente:

Sobre lo político:

  • Resulta obligatorio llegar a un acuerdo político nacional que permita superar la crisis política, social y económica que atraviesa el país. Si se coloca a la pandemia como un elemento que imposibilita el evento electoral, entonces nunca se celebrarán unas elecciones en el país.
  • Es preciso generar presión al Comité de Postulaciones de la AN para que genere un cronograma mínimo para designar un nuevo CNE, y que sea este ente el que vaya destrabando la situación electoral en el marco de unos requisitos mínimos.
  • Una eventual contienda parlamentaria deberá enfrentarse con el desafío de superar la propuesta de un grupo político referida a generar la máxima presión posible al régimen. Dentro de esa estrategia no se prevé la realización de elecciones en Venezuela en el corto plazo. Por lo cual, como sociedad civil debemos contraargumentar esa estrategia y posicionar la relevancia de celebrar unas elecciones en el país, considerando como posibles aliados a los partidos que no comparten dicha estrategia. 
  • Se tiene la impresión de que una vez el régimen de Maduro logre controlar la situación de la pandemia, éste hará todo lo posible por ganar el espacio de la AN –la cual no está desempeñando un rol importante en la situación de pandemia actual. El régimen de Maduro es el principal interesado en celebrar elecciones parlamentarias al considerar todas las condiciones ventajosas a su favor debido a las condiciones del contexto, principalmente el debilitamiento de la democracia. Ante ello, se propone que las organizaciones sociales posicionen la defensa de la importancia del bastión institucional de la AN, ya que es la institución que le brinda legitimidad a la presidencia interina, por lo cual es vital conservar la mayoría democrática en este órgano representativo.
  • No se deben apoyar salidas autoritarias a la crisis actual; el autoritarismo solo genera más autoritarismo.
  • Hay que valorar el plano internacional y evaluar quiénes pueden ser nuestros aliados; se evidencia un deterioro de la democracia a nivel internacional, por lo cual es preciso definir muy bien qué actores pueden contribuir a la recuperación de la democracia en Venezuela.
  • Es necesario elaborar una carta pública dirigida a quienes conforman el Comité de Postulaciones de AN, exigiendo reactivar sus actividades.

Sobre lo técnico:

  • Es oportuno diseñar una propuesta de modus operandi de elecciones en el contexto de pandemia, restricciones políticas, violaciones de derechos y de gasolina cero, para evitar que el oficialismo imponga condiciones electorales ventajosas en vista de la delicada situación.
  • Se deben diseñar estrategias que permitan facilitar el voto a distancia para los ciudadanos que se encuentran en el exterior.
  • Las estrategias electorales que se promuevan deben estar en el marco de unas condiciones mínimas para participar, sin ahondar en las condiciones maximalistas.
  • No solo se debe exigir que se reactive el Comité de Postulaciones de la AN, sino resolver el tema del hardware y el software, para lo cual nos debemos adelantar para dejar en claro cómo hacer con los temas técnicos y sanitarios, y no dejar ello solo en manos de los políticos. 
  • Se comparte imagen de un escenario probable de elecciones en donde se visualizan los puntos del procedimiento en los cuales habría riesgos de transmisión del SARS-Cov-2 (Ver Anexo 1).

Sobre lo ciudadano:

  • Es imperioso impulsar un llamado a elecciones parlamentarias y hacer suficiente peso en la opinión pública para que sea un objetivo de mayor interés nacional. Para lo cual, se debe preparar una campaña para que pudiera incluir talleres virtuales para la ciudadanía, entre otras actividades virtuales.
  • Debemos apuntar a la presión ciudadana a través de las redes sociales y a recuperar los espacios públicos a través de actividades que permitan recuperar la confianza en el voto, aprendiendo de la experiencia de otros países.
  • Es importante desarrollar estrategias para transmitir la información electoral a los sectores populares, apoyándonos en el descontento generalizado de las bases de la sociedad. Asimismo, debemos ejecutar acciones de formación a jóvenes, líderes comunitarios, haciendo énfasis en las regiones y en las zonas fronterizas.
  • Es relevante considerar que actualmente estamos en una situación que se encuentra al margen de la Constitución; nos encontramos en una dictadura, por lo cual no contamos con instituciones democráticas. No es un problema de los servicios, es un problema político. Por lo cual, debemos concentrarnos en recuperar el espacio ciudadano y fortalecer las acciones de la sociedad civil.
  • Es necesario considerar que hay una desconexión entre las instituciones  y la población, por lo cual hay una generación desinformada. En este sentido, es oportuno conectar la importancia de las elecciones con la coyuntura a nivel comunicacional porque, de lo contario, pudiera tener un efecto contraproducente y se corre el riesgo de descreditar la imagen de la sociedad civil.
  • Se hace necesario la formación en la observación electoral para los ciudadanos, para lo cual se ofrece materiales didácticos ya elaborados por organizaciones de la sociedad civil.
  • Se invita a la difusión de artículos escritos por las organizaciones realizadoras del evento, los cuales versan sobre los temas acá abordados.

Comentarios Finales de los Ponentes

En esta sección se recogen las consideraciones finales de los ponentes, entre las que destacan:

  • La importancia de rescatar los asuntos electorales para salir de la grave crisis que atraviesa el país y que se recrudece con el pasar del tiempo.
  • Existe una campaña de descrédito en contra del ejercicio del voto tanto desde el oficialismo como desde factores de la oposición. Ante esto, es oportuno realizar una campaña para rescatar y reposicionar la importancia de las elecciones, y para ello es necesario que se concreten alianzas tanto con actores internos como internacionales. Lo electoral no debe ser un problema sino una vía para comenzar a solucionar la crisis nacional.
  • Es importante resaltar lo que representa la migración venezolana, tanto al exterior como a lo interno, para unas elecciones parlamentarias, considerando la relevancia de la distribución demográfica y la conformación de los circuitos electorales.
  • El principal reto, además de contar con árbitro electoral imparcial, es rescatar en los ciudadanos el valor del voto como instrumento de cambio, así como posicionar los asuntos técnicos electorales, y las garantías electorales y sanitarias.
  • Hay que destacar la importancia de la participación de las organizaciones de la sociedad civil en el proceso electoral, y considerar que dichas organizaciones deben formar parte de un gran acuerdo político nacional, y ratificar su rol en la observación electoral.

Conclusiones

Como parte del cierre del evento, se ofrecen unas reflexiones finales que recogen los aportes de los participantes del evento:

  • Es preciso valorar espacios de encuentro como el presente, que generan confianza para participar y escuchar, y que reúne a una variedad destacada de actores. En este sentido, se hace oportuno establecer un grupo de asesores, conformado por parte de los participantes de este encuentro, para delinear propuestas, y así incidir en otros actores que también son clave para la recuperación de la democracia, y generar acciones de impacto al respecto.
  • Para recuperar la democracia es necesario reactivar el proceso electoral, lo que conlleva a considerar factores técnicos, sanitarios y políticos, los cuales no son independientes sino interdependientes. Así, las acciones que de acá se desprendan deben obedecer a una estrategia que contenga una visión combinada y global de dichos factores.
  • Se hace obligatorio involucrar a la ciudadanía a todo nivel de este proceso de recuperación de la democracia; la desesperanza debe convertirse en esperanza. Debemos procurar que cada ciudadano se sienta protagonista de dicho proceso, incluyendo a los ciudadanos que han emigrado.
  • Es importante ejecutar acciones a corto plazo a partir de las propuestas recibidas en este espacio, como, por ejemplo, enviar una carta pública al Comité de Postulaciones de la AN, lo cual puede irse adelantando en los días subsiguientes a este evento.
  • Es oportuno abrir un espacio de discusión directa entre los actores de la sociedad civil y actores político-partidistas; el propósito es tender un puente sólido de diálogo y trabajo conjunto entre la ciudadanía y los actores políticos.
  • La sociedad civil no debe ceder en su actuar de incidencia política para que estos temas sean de vital importancia para todos los sectores de la sociedad.
  • Se hace énfasis en la importancia del rol de las agencias de las Naciones Unidas, y de otras organizaciones internacionales, en la asistencia y observación electoral para la restitución de la democracia en el país.
  • El acompañamiento y la observación internacional es clave para cualquier proceso electoral en el país, así como valorar las experiencias de otros países en situaciones similares.
  • Se establece la intención de ejecutar un plan que considere más actores y más posibilidades de lograr los objetivos propuestos en este encuentro.
  • Finalmente, se indica que este evento forma parte de una estrategia global consensuada de la sociedad civil a largo plazo en pro de la restitución de los derechos políticos y civiles en Venezuela, de manera que a partir de este evento se espera ejecutar más actividades a tono con este objetivo. Al respecto, se aprovecha la oportunidad para invitar a todos los asistentes a otra mesa redonda para el 03 de junio del presente.
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