Elecciones Parlamentarias Venezuela 2020. Bitácora de un evento malogrado.

En el marco de las “Elecciones Parlamentarias 2020”, el Observatorio Global de Comunicación y Democracia; dio inicio a un monitoreo y seguimiento de las principales acciones que hacen parte del proceso electoral, esto con el objetivo de identificar las irregularidades y violaciones que conforman el “Patrón de violación electoral” que ha venido lesionando el marco jurídico nacional, así como derechos civiles y políticos en el marco de los procesos electorales en Venezuela.

La documentación se inició el pasado mes de junio, con las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que asumieron el nombramiento de la nueva directiva del CNE, y en esta primera entrega presenta las acciones relativas a la publicación del cronograma de realización de  las denominadas Asambleas Comunitarias Indígenas el 15 de agosto.

Para la realización de monitoreo, el OGCD definió un listado con los actores que, de manera oficial, están vinculados al proceso electoral, bien a través de las páginas oficiales, declaración de representantes o los perfiles en twitter de los mismos. El monitoreo también incluye la revisión diaria de medios de comunicación nacionales e internacionales.

En la línea de tiempo, que se presenta a continuación, se pueden observar las principales irregularidades y violaciones registradas, especialmente referidas al marco legal vigente, la vulneración a  derechos políticos a los ciudadanos, así como las sentencias arbitrarias contra partidos políticos debilitando el pluralismo político en el país. Asimismo, la bitácora de las parlamentarias 2020 recoge los principales hechos, pronunciamientos y acciones de actores nacionales e internacionales vinculados con el proceso electoral en Venezuela.

En la línea de tiempo presentada, quedan registradas una serie de transgresiones que han debilitado el evento electoral y continúan generando desconfianza en los ciudadanos sobre la efectividad del proceso para la reconstrucción democrática necesaria. En el período de estudio destacan cinco elementos que repiten una conducta violatoria de los derechos ciudadanos y que son parte del patrón de violaciones electorales que el Observatorio y la Red Electoral Ciudadana han venido documentando posterior al proceso parlamentario 2015, como son:

Patrón 1: Nombramiento irregular del árbitro electoral.  Por séptima vez en 20 años, el nombramiento de los rectores del Poder Electoral se aleja de lo establecido en la constitución y el Tribunal Supremo de Justicia asume el nombramiento de la nueva directiva del CNE, después que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia alegara la figura de “omisión legislativa” a través de la Sentencia Nº 68. La mencionada sentencia confirió además competencias legislativas al CNE para modificar la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Posteriormente la sentencia Nº 70 del TSJ, no solo designó los cargos de Rectores principales y suplentes del CNE, sino también al Presidente y Vice Presidente del organismo, además de la conformación de los órganos subordinados.  

El 07 de agosto, tras la renuncia del Rector Rafael Simón Jiménez como Rector Principal, Vice Presidente del CNE y Presidente de la Comisión de Participación Política y Financiamiento, la Sala Constitucional designó a Leonardo Morales Poleo, para todos los mencionados cargos, desconociendo con ello no solo la Constitución y las Leyes, sino inclusive su propia sentencia que había nombrado a los suplentes para este cargo.

Esta violación a la administración electoral se ha repetido un total de siete veces: la Sala Constitucional del TSJ nombró rectores en los años 2003, 2005, 2014, 2016 y 2020; mientras que en 1999 la designación fue realizada por la Asamblea Nacional Constituyente. Cabe acotar que en el año 2009, se realizó por la Asamblea Nacional, pero las designaciones de Socorro Hernández y Tania D’Amelio, fueron cuestionadas por la militancia política de las mismas. Lo antes dicho ratifica que la directiva del Consejo Nacional Electoral del año 2006  ha sido la única, designada por la Asamblea Nacional.

Patrón 2: Debilitamiento del pluralismo político. Las intervenciones a partidos políticos como ocurrió con las directivas de los partidos PODEMOS y PPT, antes de la elección presidencial del año 2012, y posteriormente para las elecciones parlamentarias del 2015, con intervenciones y nombramientos de juntas ad hoc a los partidos políticos: MIN UNIDAD, MEP, COPEI, PODEMOS y BANDERA ROJA dejan en evidencia un debilitamiento al pluralismo político, lo que podría generar un sistema de partido único.

Este patrón que afecta al pluralismo político se repite en los actuales comicios parlamentarios de 2020 con la emisión de las sentencias Nº 71, Nº 72 y posteriormente la Nº 77, que desconoce las directivas de los Acción Democrática (AD), Primero Justicia (PJ) y Voluntad Popular (VP), por parte de la Sala Constitucional del TSJ, reemplazándolas por juntas ad hoc que podrán usar la tarjeta electoral, el logo, símbolos, emblemas, colores y cualquier otro concepto propio de sus organizaciones  en el venidero proceso electoral.

Patrón 3: Convocatoria sin cronograma. El anuncio de las Elecciones Parlamentarias del 6-D, se realizó sin la publicación del Cronograma Electoral. Violando de esta manera el Art. 42 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, que establece lo siguiente: “el acto de convocatoria, se hará público el Cronograma Electoral del respectivo proceso, el cual contendrá las etapas, actos y actuaciones que deberán ser cumplidos de conformidad con lo previsto en esta Ley”. Incurriendo en un nuevo patrón de violación, ya que la no publicación del Cronograma conjuntamente con la Convocatoria se ha repetido desde las Elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente del año 2017.

Patrón 4: Registro Electoral Débil. El seguimiento a los procesos electorales realizado por el OGCD, ha permitido documentar una acción reiterada que afecta y debilita el RE especialmente referida al número de días y puntos dispuestos para las jornadas especiales y que se repite en este proceso.

En las parlamentarias de 2015 las jornadas de RE tuvieron una duración de 118 días y 1568 puntos a lo largo de todo el territorio nacional, mientras que en las Parlamentarias 2020 el CNE anuncio apenas 14 días (con una adición de tres días para sumar 17)  y 551 puntos que luego se redujeron a 429. Esta comparación deja en evidencia la repetición de un patrón ya señalado en los procesos de 2017 y 2018

Según cifras ofíciales del ente comicial, se inscribieron un total de 251.398 ciudadanos. Es importante recordar que existen aproximadamente 2.000.000 de personas con derecho al voto que aún no forman parte del cuerpo electoral, lo que indica que se continúa con un Registro Electoral con un enorme déficit; a ello habría que sumar la incertidumbre sobre los más de 5 millones de venezolanos que migraron del país y que no actualizaron sus datos así como las migraciones internas que tampoco están reflejadas en el padrón electoral. Una situación que merece un llamado de atención es la referida a las migraciones arbitrarias de electores de sus centros electorales lo que representa una violación a los derechos de participación de los ciudadanos.

Patrón 5: Derecho al voto limitado. Rumbo al sufragio sectorial.  El CNE realizó una modificación del sistema de elección de los representantes indígenas a la Asamblea Nacional 2020, estableciendo una elección de segundo grado y a mano alzada, lo cual transgrede expresamente el principio constitucional del voto directo, libre y secreto

Esta acción, que es contraria al principio del voto universal, denota un intento de sectorizar las elecciones  en grupos específicos, tal como ocurrió en la Asamblea Nacional Constituyente 2017 (trabajadores, estudiantes, entre otros) o en esta ocasión en las comunidades o poblaciones indígenas.

22 días después, el 15 de agosto el CNE  modificó parcialmente el mencionado Reglamento Especial Representación Indígena, manteniendo sin embargo el desconocimiento del voto directo y libre para dichas Asambleas Comunitarias.

En apenas 72 días de monitoreo del proceso parlamentario, se evidencian una serie de irregularidades que debilitan la confianza ciudadana y alejan al evento de una elección auténtica. El recuento muestra violaciones en cuanto al nombramiento de la Administración Electoral, a la autonomía de los partidos políticos, al respeto del cronograma electoral, a la garantía de inscripción en el registro electoral, así como a los  principios del voto universal, directo, libre y secreto, hechos estos que vulneran los derecho derechos humanos, los estándares de elecciones auténticas y el Estado de Derecho en Venezuela. En una segunda entrega el OGCD presentará una actualización de la bitácora hasta el 15 de septiembre.


INFORME ESPECIAL REC

Logo de la REC

Monitoreo de la jornada especial de inscripción y actualización de datos en el Registro Electoral. 30 de julio 2020

El presente informe Especial REC contiene los resultados del seguimiento y monitoreo realizado por la Red Electoral Ciudadana, durante la jornada especial de inscripción y actualización de datos en el Registro Electoral, realizada en el marco de las elecciones parlamentarias en Venezuela, convocadas para el 6 de diciembre de 2020.


Informe elaborado por el politólogo Jesús Castellanos Vásquez; para la Red Electoral Ciudadana. La REC agradece, asimismo, el trabajo de Carlos Quintero del Observatorio Global de Comunicación y Democracia, en el seguimiento y monitoreo de los casos de estudio. Asimismo, agradece el apoyo y acompañamiento de Nill González en el diseño y adiestramiento de la plataforma que sirvio para recoger los datos.

Venezuela Documenta

VenezuelaDocumenta

Yo Documento 6D es el primer ejercicio de la plataforma de documentación Venezuela Documenta. Diseñada por activistas y defensores de derechos humanos y que se estrena en el marco de la elección parlamentaria como un instrumento para registrar incidencias y reclamos que atenten contra los derechos civiles y políticos de los venezolanos.

Participar más allá del voto


Para Wanda Cedeño, Coordinadora Nacional de Voto Joven, “lo único que nos ayudará a trazar una ruta democrática sólida y plural, es la conciencia ciudadana que generemos en torno a las graves violaciones de derechos humanos que constantemente vivimos”.

Señaló Cedeño que “la documentación, denuncia y difusión facilita la generación de memoria colectiva”. Documentar las vulneraciones de derechos no es solamente “una necesidad ciudadana”, sino que permite dejar registro de manera sistemática. Consideró que es una de las mayores responsabilidades ciudadanas en la actualidad, cuando “la participación nos hace más fuertes”.

Esta “participación ciudadana no se limita ni se extingue en el ejercicio del voto. Al contrario, abarca hechos que pueden considerarse originarios, como el monitoreo, observación contraloría, documentación y la exigencia”, agregó.

Indicó la coordinadora nacional de Voto Joven que el “próximo 6 de diciembre se desarrollará un proceso electoral, donde la decisión de ir a votar es personal e inherente a cada ciudadano, pero la responsabilidad de dar a conocer y sacar a la luz las irregularidades, incidencias y violaciones es responsabilidad de todos, y más aún un compromiso con nuestros derechos civiles y políticos. Nosotros apostamos a la documentación porque es la forma más inmediata que tenemos para hacer valer nuestra ciudadanía. La historia nos ha demostrado que quedarnos de brazos cruzados no es una opción, votando o no, el rol más importante que ejerceremos será el de la veeduría ciudadana”.

La plataforma Venezuela Documenta permitirá registrar, entre otras, las irregularidades e incidencias que se produjeron durante la jornada especial del Registro Electoral. De las cuales ya se han recogido alrededor de 200 casos.

Ciudadanos activos por la defensa de sus derechos


El coordinador general de la Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos (Redac), Juan Carlos Mogollón, en referencia al evento electoral programado para el próximo 6 de diciembre señaló que “es muy importante establecer, que más allá de la legitimidad del árbitro, más allá de tratarse de un evento electoral, y no una elección enmarcada en los principios democráticos, nuestro trabajo como parte de la sociedad civil, como ciudadanía, es documentar cuáles son las violaciones a los derechos humanos, referentes a participación y a derechos políticos, que subyacen bajo este evento”.

La Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos, así como la Red de Electoral Ciudadana, se activarán en esa fecha para dejar constancia de las irregularidades que emanan de dicha convocatoria.

Estas redes han estado presentes en monitoreos de eventos electorales desde 2015 hasta 2018, “recabando datos en diversos estados del país, a través de la ciudadanía activa, es decir, nuestros datos corresponden a lo que recaba la ciudadanía que está observando directamente el proceso desde su comunidad. Datos que han dado pie a informes que han sido remitidos a instancias internacionales para difundir qué es lo que ocurre en realidad en estas jornadas”, destacó el defensor de derechos humanos.

Cómo usar la plataforma


Griselda Colina, directora del Observatorio Global de Comunicación y Democracia, explicó que Venezuela Documenta es una plataforma que permite documentar, denunciar y difundir los reportes sobre irregularidades que afectan los derechos de los ciudadanos.

Destacó que todos los ciudadanos pueden participar en el proceso parlamentario de 2020, más allá del ejercicio del voto, enviando los reportes de irregularidades a través de las vías que se han incorporado a esta novedosa plataforma:

A través del Twitter utilizando la etiqueta #YoDocumento6D
Ingresando a la página web https://venezueladocumenta.ushahidi.io/views/map
Y próximamente estará disponible la documentación a través de mensajes de texto o WhatsApp.
Cada ejercicio de observación ciudadana cuenta con un cuestionario específico para recoger las incidencias y elaborar los informes, recabar las evidencias y mostrar los hechos más relevantes del proceso, destacó Colina.

Adicionalmente, se podrán reportar migraciones arbitrarias de los centros de votación a través del formulario https://venezueladocumenta.ushahidi.io/posts/create/3
Colina concluyó haciendo un llamado a los ciudadanos venezolanos a unirse a la Red Electoral Ciudadana, para ser parte del equipo de observadores ciudadanos y de los defensores de la democracia en Venezuela.

Lista de irregularidades


Resaltó el politólogo Jesús Castellanos que las organizaciones de la sociedad civil han desarrollado “un seguimiento sistemático, riguroso y documentado sobre los principalesLista de irregularidades hechos relacionados con la celebración de las elecciones parlamentarias 2020, a la luz de su apego al marco normativo venezolano, estándares Internacionales de elecciones auténticas y el respeto a los derechos humanos”.

Se encontraron diversas irregularidades durante este seguimiento, entre las cuales destacan:

  • El nombramiento de la directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE) por parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en la Sentencia N* 68, aduciendo la figura de la omisión legislativa, en un procedimiento contrario a Ley. En la misma sentencia, se confirió competencia legislativa al Consejo Nacional Electoral para modificar la Ley Orgánica de Procesos Electorales;
  • En otra extralimitación de sus funciones, la Sala Constitucional del TSJ en la Sentencia N* 70, designó no solo a los Rectores principales y suplentes del CNE, sino también al Presidente y Vice Presidente del organismo y decidió la conformación de los órganos subordinados;
  • Las Sentencias del Tribunal Supremo de Justicia referidas a los partidos políticos: Acción Democrática (Sentencia N71), Movimiento Primero Justicia (Sentencia N 72) y Voluntad Popular (Sentencia N*77), decisiones que forman parte de un patrón, ejecutado a partir del año 2012, en el que se lesionan la autonomía y el derecho de asociación de las organizaciones con fines políticos;
  • La definición arbitraria e inconstitucional del número de diputados a elegir para la Asamblea Nacional en 2020 (incremento de 110 escaños lo que significa un aumento del 66%) así como de una circunscripción electoral nacional;
  • La modificación por parte del CNE del sistema electoral para la elección de los representantes indígenas a la Asamblea Nacional, transgrediendo los principios constitucionales del voto directo, libre y secreto;
  • Las visibles limitaciones en cuanto a los lapsos y procedimientos que ha establecido el CNE para la conformación de los grupos de electores e iniciativas propias, vulnerando aún más, las debidas garantías del derecho de la participación política y del pluralismo;
  • La realización de una jornada especial de inscripción y actualización del Registro Electoral, de tan solo diecisiete días en supuestos 551 puntos, que permitió la inscripción tan solo de 251.398 (1.12%), hecho grave al comprobar que dado el exiguo movimiento observado en los últimos años del Registro Electoral, existen alrededor de 2.000.000 de personas con derecho al voto que no forman parte del cuerpo electoral. De igual forma, es importante destacar que producto de un seguimiento de la jornada realizado a través de la Plataforma “Venezuela Documenta” se evidenció el llamado proselitista, en redes sociales, de Nicolás Maduro y de otros funcionarios y organismos públicos para la inscripción y actualización de las bases del Partido Socialista Unido de Venezuela, lo cual es violatorio de la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico vigente venezolano. A ello sumamos las fallas en la definición y ejecución de protocolos biosanitarios, tomando en consideración recomendaciones de la OEA, el IIDH, IFES, por citar algunos;
  • La definición de un reglamento de postulaciones paritarias y alternas a escasos días del inicio de postulaciones, acto que violenta, como varios de los puntos antes mencionados, la obligación constitucional de no modificar la ley electoral seis meses antes de la realización de la elección;
  • La transmisión de Maduro y dirigentes del PSUV el día 03.08 en VTV sobre estrategias partidistas para las Elecciones Parlamentarias 2020, acción antagónica al marco constitucional y legal venezolano, amén de los estándares internacionales de elecciones limpias, libres e íntegras, por ser contraria a la debida imparcialidad, igualdad y transparencia;
  • Finalmente, el nombramiento de Leonardo Morales, como Rector, Vice Pdte del CNE y Pdte de la Comisión de Participación Política y Financiamiento, desconoce no solo la CRBV y las Leyes sino inclusive la propia sentencia del TSJ.

Ver rueda de prensa de las organizaciones promotoras

UNID@S POR LA DEMOCRACIA

El primer informe de seguimiento político electoral «Unid@s Por La Democracia» recoge las principales publicaciones y acciones registradas en el mes de julio 2020, sobre el proceso electoral parlamentario
convocado para el 6 de diciembre. Año 1 Nro. 1

En esta primera edición el boletín Unid@s por la Democracia presenta trabajos y acciones adelantadas por Acceso a la Justicia, el Centro de Justicia y Paz (CEPAZ), el movimiento Ciudadano Dale Letra, el Diálogo Social, el Observatorio Electoral Venezolano,el Observatorio Global de Comunicación y Democracia, la Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos (REDAC), la Red de Observación Electoral Asamblea de Educación, y Voto Joven.

PortadaBoletinElectoral1
Portada boletín Unid@s por la democracia

COMUNICADO ANTE LAS ELECCIONES PARLAMENTARIAS.

PRESIDENCIA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL VENEZOLANA

1. La Conferencia Episcopal Venezolana en sus reflexiones y exhortaciones permanentemente ha llamado la atención ante el sufrimiento del pueblo, golpeado por la profunda crisis económica, social, moral, institucional y política que vive el país, siendo olvidado por quienes asumieron el rol de representarlo en el campo político. Esta crisis se ha agravado por la emergencia del COVID-19, que se ha extendido en un país marcado por un grave deterioro del sistema sanitario nacional y por el colapso de los servicios públicos.

2. Nuestro pueblo tiene una gran vocación democrática, por lo que asume en su normalidad ciudadana la vía electoral como la manera pacífica y racional de establecer una ruta política consensuada e inclusiva para resolver los ingentes problemas que le afectan; esta convicción nos lleva a descartar cualquier salida fuera de la institucionalidad constitucional. Para ello, es necesario celebrar elecciones libres, justas e imparciales con participación de todos los partidos y movimientos políticos, y con un basamento ético que respete el voto ciudadano según está previsto en la Constitución y las normas electorales.

3. En este momento histórico de Venezuela, están convocadas para el próximo mes de diciembre las elecciones parlamentarias. Somos conscientes de las irregularidades que se han cometido hasta ahora en el proceso de convocatoria y preparación de este evento electoral: desde la designación de los directivos del Consejo Nacional Electoral, la confiscación de algunos partidos políticos, inhabilitación de candidatos, amenazas, persecuciones y encarcelamiento de algunos dirigentes políticos, el cambio del número de diputados y de circunscripciones electorales. Resulta inmoral cualquier maniobra que obstaculice la solución política y social de los verdaderos problemas presentes en el país.

4. Ante esto, un grupo importante de líderes y de partidos políticos ha expresado su voluntad de no participar en las elecciones parlamentarias. Esto no basta, deben asumir la responsabilidad de buscar salidas y generar propuestas para el pueblo que durante años han creído en ellos, pues la sola abstención hará crecer la fractura político-social en el país y la desesperanza ante el futuro. Esta decisión de abstenerse priva a los ciudadanos venezolanos del instrumento válido para defender sus derechos en la Asamblea Nacional. No participar en las elecciones parlamentarias y el llamado a la abstención lleva a la inmovilización, al abandono de la acción política y a renunciar a mostrar las propias fuerzas. Algo semejante pasó en diciembre de 2005, y no tuvo ningún resultado positivo. A pesar de las irregularidades, la participación masiva del pueblo es necesaria y podrá
vencer los intentos totalitarios y el ventajismo de parte del gobierno.

5. El momento actual exige la participación plena y libre de todos los partidos y movimientos políticos, junto con el compromiso ineludible de las autoridades y los dirigentes de los mismos, de dejar a un lado sus propios intereses para promover el bien común y el servicio a todo el pueblo venezolano. Nos mueve la fe en Dios, en los valores trascendentes y el amor al pueblo, los únicos que conducen a la paz y a la convivencia fraterna de todos.

6. Que el Señor y la Virgen de Coromoto bendigan a nuestro pueblo y les conceda discernimiento a los dirigentes sociales y políticos ante los graves retos que enfrenta hoy la patria.

Con nuestra bendición.

11 de agosto de 2020.

José Luis Azuaje Ayala
Arzobispo de Maracaibo
Presidente de la CEV

Mario Moronta Rodríguez
Obispo de San Cristóbal
1° Vicepresidente de la CEV

Raúl Biord Castillo
Obispo de La Guaira
2° Vicepresidente de la CEV

José Trinidad Fernández Angulo
Obispo Auxiliar de Caracas
Secretario General de la CEV

Baltazar Cardenal Porras C.
Arzobispo de Mérida
Administrador Apostólico de Caracas
Presidente Honorario de la CEV

Jorge Cardenal Urosa S.
Arzobispo Emérito de Caracas
Presidente Honorario de la CEV

Mensaje del Foro Interreligioso Social de Venezuela: Urge autorizar el acceso del Programa Mundial de Alimentos a Venezuela.

Logo Foro Interreligioso Venezolano

Desde hace al menos cuatro años, nuestro país está atravesando por lo que internacionalmente se conoce como una “emergencia humanitaria compleja”, ahora agravada por la pandemia, que ha dejado como consecuencias inevitables, entre otras, privaciones en los derechos a la salud, la alimentación, la educación, los medios de vida, la seguridad y el acceso a servicios básicos.  

Desde el Foro Interreligioso Social de Venezuela vemos con preocupación que el Estado venezolano no tiene hoy los recursos ni las capacidades requeridas para mitigar los efectos de estas privaciones que padece nuestro querido pueblo. Si bien celebramos los esfuerzos humanitarios coordinados por agencias de Naciones Unidas y organizaciones humanitarias nacionales e internacionales, así como el reciente acuerdo firmado entre el Ministerio del Poder Popular para la Salud, la Asamblea Nacional y la Organización Panamericana de la Salud, resaltamos que son aún muy insuficientes dada la severidad de la emergencia que atraviesa nuestra población.

El estudio que el Programa Mundial de Alimentos llevó a cabo en Venezuela entre julio y septiembre de 2019 indicó que 9,3 millones de personas estaban en situación de inseguridad alimentaria aguda y que 17 millones más estaban implementando estrategias de supervivencia, ya en aquel momento. La pandemia del coronavirus podría llevar también a estas últimas a la inseguridad alimentaria y a condiciones de vida de severa precariedad, tal y como también alertan el Reporte Global de Crisis Alimentarias 2020, el Informe sobre Seguridad Alimentaria bajo la Pandemia de la COVID-19, realizado por la FAO y la CELAC, los estudios realizados por el Instituto Europeo de Paz y la reciente encuesta ENCOVI. Al mismo tiempo El boletín de Desnutrición infantil de Caritas de Venezuela señala que, en abril de 2020, la desnutrición aguda global alcanzó un 17,3%, lo que representa un aumento de 8,4 % comparado con enero de ese mismo año.

Por las razones expuestas el Foro Interreligioso Social de Venezuela, asumiendo nuestro rol espiritual y profético, junto a diversos actores sociales y haciéndonos eco del llamado de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien en su Informe del 2 de julio de 2020 recomendó́ al Estado venezolano facilitar “el acceso del Programa Mundial de Alimentos”, hacemos un llamado responsable al Estado venezolano para que apoye y promueva el ingreso a Venezuela del Programa Mundial de Alimentos – con sus múltiples capacidades de apoyo (programas alimentarios, asistencia a niños, transferencias de efectivo, apoyo a productores, logística), en coordinación con órganos del Estado en sus distintos niveles, con la participación de actores humanitarios locales e internacionales, sector agro-productivo y otros actores clave –  a fin de favorecer a la población más vulnerable en el marco de la aguda crisis que se ha visto ampliada y profundizada por la pandemia de la Covid-19.

Exhortamos a la comunidad internacional de donantes a continuar apoyando los esfuerzos de cooperación, sin los cuales se hace prácticamente inviable ofrecer las respuestas urgentes y necesarias para brindar asistencia a las personas más vulnerables, salvar vidas y evitar más sufrimiento.

Invitamos de igual manera a todos los actores relevantes a favorecer la mutua comprensión y apoyo entre todos los venezolanos. Tenemos una responsabilidad colectiva de encontrar soluciones duraderas y de elaborar las propuestas desde el país que tenemos, reconociendo sus clamores y demandas. La preocupante situación de nuestra población exige de nosotros, del Estado venezolano y de todas las organizaciones e instituciones sociales, económicas y políticas, adoptar con urgencia medidas de acompañamiento para superar sus condiciones de vulnerabilidad.

La presencia del coronavirus en Venezuela y sus efectos en una población que, en su gran mayoría, vive en condiciones precarias, nos obliga a actuar sin dilación. De no hacerlo, en poco tiempo podríamos estar en presencia de niveles inimaginables de pérdida de vidas y de sufrimiento humano. Actuemos juntos desde el amor y el deseo de paz.

En Caracas, a los 21 días del mes de julio de 2020.

Voces de la Sociedad Civil demandan un acuerdo político en el país.

El comunicado fue suscrito por más de un centenar organizaciones y ciudadanos de todo el país.

Más de 100 organizaciones de la sociedad civil y de defensa de Derechos Humanos además de 138 ciudadanos respaldaron, a través de un comunicado, la necesidad de un acuerdo nacional que garantice, entre otros, atender la situación política, económica y social que vive el país en medio de la expansión del coronavirus y bajo un contexto de profundización del proceso de crisis humanitaria compleja.

El documento, expresa igualmente la preocupación por la convocatoria a un proceso electoral en medio de la pandemia y sin respeto a las normas, garantías y disposiciones contenidas en la Constitución Nacional vigente.

“Los procesos adelantados para el nombramiento de la nueva directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE) deberían haber sido producto de un acuerdo amplio, y no de un pacto parcial impuesto por un solo sector, que finalmente se concretó, como en varias ocasiones anteriores con la intervención del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Adicionalmente, este nombramiento abortó un proceso que, con todas sus dificultades, venía avanzando a principios del año en la Asamblea Nacional, a través de un Comité de Postulaciones integrado de manera plural”.

El TSJ, además, le otorgó competencias legislativas al nuevo CNE, lo cual constituye una grave violación de nuestro ordenamiento jurídico.”, se señala en el documento.

Asimismo, se resalta la inconveniencia de la abrogación, por parte de las nuevas autoridades del CNE, de competencias fuera del ordenamiento jurídico vigente, materializadas en decisiones como la ampliación del número de diputados de 167 a 277 que viola el artículo 186 constitucional, además de violentar el artículo 298, en el que se señala expresamente que no puede haber modificaciones en las reglas electorales 6 meses antes de una elección.

Advierten que cinco meses son poco tiempo para realizar unas elecciones, especialmente en tiempos de pandemia señalando que  “esta circunstancia trae consigo nuevos desafíos importantes, los cuales se suman a las circunstancias políticas, económicas y técnicas que se deben enfrentar para la organización del proceso electoral”, además de consecuencias inmediatas, pues diversos sectores y movimientos han manifestado su desconfianza y su posible decisión de no participar en el próximo evento electoral, porque afirman que no cumple con las exigencias de imparcialidad, transparencia y confiabilidad.

El comunicado concluye señalando que “El conflicto político es el principal origen de la crisis que se vive en todos los ámbitos de la vida social. La necesidad de llegar a los acuerdos necesarios es, literalmente hablando, una obligación, no solo política, sino moral, como lo han expresado diversas voces de la sociedad. La magnitud y las consecuencias de la precaria situación que agobia a la mayoría de los venezolanos así lo exige.”

Venezuela: la necesidad de construir confianza electoral

Juan Manuel Trak

Dr. en Procesos Políticos Contemporáneos y Máster en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca. Sociólogo de la Universidad Católica Andrés Bello. Asesor y consultor el tema políticos y electorales.


Venezuela: la necesidad de construir confianza electoral


Las elecciones son un proceso central de cualquier sistema democrático. Si bien pueden existir procesos electorales en sistemas no democráticos (por ejemplo plebiscitos), hasta el momento  no se conoce un sistema democrático en el que el sufragio no exista. Giovanni Sartori, politólogo italiano, definía la democracia como un sistema político basado en el poder popular, es decir, en el poder de la ciudadanía. Según este autor, el pueblo es el titular del poder mientras que su ejercicio es confiando a los representantes electos periódicamente[i].

Desde esta perspectiva, entendemos las elecciones como un medio para ejercicio de la ciudadanía y como un procedimiento mediante el cual se pueden tomar decisiones colectivas de manera inclusiva. Pero las elecciones son procesos complejos que ocurren en contextos políticos y sociales más amplios, los cuales afectan tanto su funcionamiento objetivo como la evaluación subjetiva que hacen ciudadanos, partidos políticos, asertividad, organizaciones de la sociedad civil y la comunidad internacional. Así, para que una elección sea el reflejo de la voluntad ciudadana requiere, entre otras cosas, de la confianza de todos los involucrados en el proceso.

En este orden de ideas, entendemos por confianza la creencia que tienen las personas en que los otros cumplirán con sus obligaciones o que, por lo menos, no actuarán en contra de sus intereses. Si extrapolamos esta definición a la esfera de lo político, podríamos decir que la confianza es la creencia en que las instituciones políticas actuarán de forma justa, atendiendo a lo establecido en las leyes. Si vamos un poco más lejos, la confianza en las elecciones supondría la creencia en que el proceso electoral está organizado de tal manera que es capaz de reflejar en sus resultados las preferencias políticas de la gente.

Siguiendo lo propuesto por la Fundación Kofi Annan[ii], la confianza en las elecciones y sus resultados es un pilar de la legitimidad de cualquier sistema democrático. Según esta visión “la credibilidad de las elecciones es descalificada, si los votantes no creen que las autoridades responsables de organizarlas son autónomas e independientes”. De esta suerte, la confianza de la elección y sus resultados impacta directamente en el apoyo hacia las autoridades, la desconfianza abre las puertas a condiciones que favorecen la ingobernabilidad y el autoritarismo.

Las dimensiones de la confianza

En este orden de ideas, la confianza en las elecciones se ve afectada por dos dimensiones fundamentales: condiciones políticas y calidad técnica de las elecciones. La primera dimensión se refiere al ejercicio efectivo de los derechos civiles y políticos de la ciudadanía. Así, una elección será más confiable a los ojos de la gente en la medida que haya igualdad política, libertar de expresión, libertad para elegir y ser elegido, entre otras. De la misma manera, las condiciones políticas también se refieren a la existencia de un árbitro que actúe con neutralidad institucional, y aplique el marco normativo de forma equitativa.

Por otro lado, las condiciones técnicas hacen referencia a los aspectos operativos que garantizan que el resultado de la elección refleja la voluntad de la ciudadanía.  Estos aspectos técnicos abarcan las diferentes fases del proceso electoral: desde el la creación de leyes, nombramiento de autoridades, registro de electorales, partidos y candidatos, pasando por las diferentes auditorías prelectorales, el sistema de votación, el escrutinio del voto y las auditorías poselectorales. En este caso, la confianza hacia las condiciones técnicas está mediada por las evaluaciones que hacen de las mimas los partidos políticos, lo medios de comunicación, la organización de observación electoral nacional e internacional, quienes emitirán sus juicios ante la opinión pública; influyendo así en la confianza de los ciudadanos hacia el proceso electoral.

En Venezuela, el ejercicio de los derechos civiles políticos es cada vez más cuesta arriba. Quienes ejercen el poder político han limitado de manera sistemática y progresiva el ejercicio de la ciudadanía. El poder del voto ha sido reducido mediante la imposición de condiciones políticas que impiden el libre ejercicio del poder popular, así como el diseño de un sistema electoral que genera desconfianza.

Desde el punto de vista de las condiciones políticas, Venezuela ha carecido de un árbitro electoral que actúe con neutralidad institucional. Desde la aprobación de la constitución de 1999, el Consejo Nacional Electoral no ha sido nombrado siguiendo lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV)[iii] y la Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE)[iv]. Como resultado, quienes han dirigido el Consejo nacional Electoral actúan en contra de la confianza de los ciudadanos hacia las elecciones y el poder de su voto.

A lo anterior cabe añadirle la manipulación de la oferta electoral mediante el uso de medidas administrativas por parte del CNE, la inhabilitación de candidatos por parte dela Contraloría General de República  o la intervención del Tribunal Supremo de Justicia en los partidos políticos de oposición.

Desde el punto de vista técnico, la opacidad con que se ha manejado el Registro Electoral, la flexibilización de garantías para evitar la usurpación de identidad y duplicidad del voto, la manipulación del calendario electoral, la limitación de la observación nacional y la prohibición de observación internacional calificada, entre otros, reducen la credibilidad de los resultados de los comicios

Acuerdos y principios

Para revertir esta situación es necesario la construcción de un acuerdo político nacional en el que los diversos actores sociales y políticos establezcan un conjunto de principios y prácticas orientadas a restablecer la confianza en las elecciones. Lo anterior pasa por la creación de una comisión de alto nivel capaz de elaborar una propuesta de reforma política y electoral que reconozca las limitaciones de la situación actual, los conflictos existentes y proponga medidas de corto, mediano y largo plazo con el fin de rescatar la institucionalidad democrática en el país.

Evidentemente, la construcción de un acuerdo político de esta naturaleza requiere de la cooperación firme de diversos sectores políticos y sociales que actualmente carecen de confianza mutua. Un primer paso sería la generación de espacios para la construcción de esa confianza perdida, sobre todo entre actores no gubernamentales de diversa naturaleza. Un segundo paso sería la conformación de una alianza democrática que impulsara una agenda de reformas político-institucionales en las que todos los sectores políticos se vean reflejados.

En todo caso, cualquier reforma política tendrá que devolverle a la ciudadanía su poder, la libertad de elegir quienes les gobiernan y que su elección no solo se vea reflejado en el resultado de la elección, sino que se respete el ejercicio efectivo del poder de los representantes electos a través del voto popular.


[i] Sartori, Giovanni. Elementos de teoría política. Madrid: Alianza, 2008, p. 46.

[ii] Kofi Annan Foundation. Confidence in elections and the acceptance of results. Policy brief 1. Más información en https://www.kofiannanfoundation.org

[iii] Ver artículos 295 y 296 de la CRBV.

[iv] Ver artículo 30 de la LOPE.

Venezuela y la necesidad de nuevos pactos.

Maryhen Jiménez

Politóloga (BA Universidad Goethe Frankfurt), MPhil en Estudios Latinoamericanos (Universidad de Oxford), Doctora en Ciencias Políticas (Universidad de Oxford)  


Venezuela y la necesidad de nuevos pactos.


Hay momentos en los cuales la historia toma rumbos inesperados causados por algún evento imprevisto. Las pandemias anteriores, por ejemplo, incluyendo la peste negra (1348) o la gripe española (1918) produjeron una serie de cambios importantes en el ámbito político y socio-económico en los diferentes países.  ¿Por qué no pensar, entonces, que la Covid-19 podía ser ese evento inesperado que facilitara el cambio en Venezuela?

Las transiciones a la democracia son procesos inciertos y no lineales. Y si bien la literatura sobre transiciones ha destacado que la presión interna, divisiones en la coalición autoritaria, garantías a las élites del régimen saliente o la presión internacional pueden ser factores catalizadores en un proceso de transición, siempre puede haber un acontecimiento sorpresa que facilite la transición. Bajo esta premisa se podía asumir que la Covid-19 podía representar una “ventana de oportunidad” que promoviera un descontento popular masivo y con ello una transición negociada. Sin embargo, a pesar del acuerdo entre el gobierno y la Asamblea Nacional y la OPS para atender la crisis humanitaria, no se ha consumado el cambio político ­­que la vasta mayoría de la población venezolana desea. ¿Por qué?

En primer lugar, la pandemia en vez de generar oportunidades para el entendimiento político ha generado el efecto contrario: más represión y control social. Esto no ha ocurrido solo en Venezuela, sino también en distintas escalas en China, El Salvador, Filipinas, Hungría o Nicaragua. Los autócratas del mundo han visto en la Covid-19 y las medidas de aislamiento social que ésta amerita, una oportunidad para justificar la desarticulación social, crear miedos y dependencias hacia el Estado y acelerar sus proyectos autoritarios. En Venezuela, el régimen autoritario en efecto ha incrementado la persecución por razones políticas, criminalizado todo activismo, desarticulado a la oposición política y militarizado aun más al país. Todo esto ocurre mientras la población se encuentra en modo de supervivencia perenne, buscando agua, alimentos, medicamentos y ahora también gasolina. En estas circunstancias, no pareciera que la movilización interna, necesaria para generar presión sobre cúpula autoritaria, pueda ser el detonante que conduzca al país a una transición. Por otro lado, la presión internacional fuertemente ejercida desde los Estados Unidos y acompañada de la Unión Europea y varios países latinoamericanos tampoco ha logrado crear los incentivos necesarios para que las élites autoritarias acepten un cambio de régimen. Las sanciones multilaterales, el indicment por parte de EE. UU. o la retórica frontal no han generado las fracturas esperadas y tampoco la confianza necesaria para bajar los costos de un proceso de transición, reconciliación y justicia.

Si bien el panorama luce adverso y las estrategias democratizadoras promovidas por el liderazgo político y la comunidad internacional hasta ahora han fracasado, falta mucho por hacer. Veamos.

Ningún caso es idéntico a otro, sin embargo, los regímenes autoritarios tienen algo en común: su ambición infinita por el poder. En otras palabras, ningún régimen avanza en controlar todas las instituciones del Estado, comete graves violaciones de derechos humanos, tolera y promueve la economía ilícita, así como la corrupción para entregarse fácilmente en un momento dado. Por el contrario, la lógica autoritaria siempre será controlar aun más las instituciones y el espacio público para garantizar continuidad autoritaria. Sin embargo, la historia demuestra que -por más difícil que luzca- las transiciones sí ocurren y los autócratas, en muchos casos, sí negocian sus salidas. Pero para que eso suceda el único foco no puede ser la salida del autócrata, sino el diseño de un pacto político que dé garantías a los actores y goce de su confianza.

Los estudios sobre transiciones democráticas señalan que el pacto entre élites, como mecanismo de cambio, es el que más probabilidades de gobernabilidad y estabilidad posterior ofrece. Los pactos, así como el de la Moncloa en España, los de Sudáfrica y nuestro propio pacto de Puntofijo, ayudan a definir las reglas del juego democrático a través de una combinación de acuerdos formales e informales. Con ello se generan un conjunto mínimo de expectativas entre las élites sobre “lo que puede y no puede hacerse” en el período post-transición, creando así garantías y cierta certeza sobre la convivencia pacífica en la democracia emergente.

Esos trade-offs son difíciles de procesar, tanto para la población como para el liderazgo político. Sin embargo, debemos adoptar los pactos, es decir el entendimiento político, como nuestra primera opción estratégica. Eso implica, por un lado, descartar falsas ilusiones de una invasión extranjera, y, por el otro, recuperar la confianza en nuestra propia capacidad social y política para diseñar nuestro futuro democrático.

Así como al régimen autoritario le tomó muchos años desmantelar las instituciones y el estado de derecho, así también nos tomará tiempo construir un camino que nos conduzca a la democracia y al restablecimiento del estado de derecho. Ese proceso podrá agilizarse y fortalecerse una vez que la ciudadanía decida ser arquitecta de su propio futuro. No debemos entender por presión doméstica solo la movilización -puntual o sostenida- en contra del autoritarismo, sino conceptualizarla como un movimiento democratizador que busque no solo la transición, sino la transformación de Venezuela. 

Acuerdos por la dignidad y la vida

Acuerdos por la dignidad y la vida

Escrito por: Feliciano Reyna Ganteaume.

Frente a la pandemia provocada por el coronavirus 19 (COVID-19), proteger la vida y la dignidad de las personas debe estar en el centro de todas las decisiones que se tomen actualmente en el país.

Como resultado de decisiones políticas erradas, erosión del estado derecho, desmantelamiento institucional y gran corrupción, desde hace varios años la población venezolana ha vivido un progresivo deterioro de sus condiciones de vida, que en 2016 resultó en una emergencia humanitaria compleja con gravísimas consecuencias: generalización del hambre, precarización del acceso a la salud y a la educación y la migración forzosa de casi 5 millones de personas. El deterioro en la provisión de servicios esenciales como el agua, la electricidad, el transporte público contribuyó con la profundización de los daños.

Este proceso lento hizo posible que sectores diversos de la población pudieran adoptar estrategias de sobrevivencia, dentro de la precarización general: muchas personas, familias y comunidades utilizaron sus capacidades y su creatividad para continuar procurándose medios de vida y apoyándose solidariamente; otras se defendieron por medio de subsidios del estado, en dinero y especies, aunque sus montos, calidad y alcance fueran insuficientes, y su implementación respondiera a criterios politizados y discriminatorios.

Sin embargo, el impacto de la pandemia es inmediato, en términos de sufrimiento y pérdida de vidas humanas, y puede ser devastador para Venezuela. Aún en los países donde los sistemas de salud pública y privada tienen capacidad de respuesta, como Italia y España, el avance del COVID-19 ha alcanzado a miles de personas en muy poco tiempo y compromete gravemente las capacidades de atención médica. La pandemia exige además un enorme esfuerzo por parte del personal de salud, orden público, aseo urbano, distribución de alimentos, transporte y, en general, de toda la población, a la que se exhorta a mantenerse en cuarentena o, en el caso de personas afectadas, en aislamiento.

Para las mayorías vulnerables en Venezuela, que ya sufren los efectos de la emergencia humanitaria compleja, no es suficiente ni posible manejar la propagación del COVID-2019 solamente con medidas de control, si no se les provee de medios de vida ni acceso a servicios básicos. De no ser así, no puede obligarse a que se confinen en sus hogares a quienes viven al día, no tienen agua corriente durante semanas, sufren de cortes de electricidad durante horas o días y tienen que hacer colas semanales por bombonas de gas. El contexto venezolano no es el mismo que el de los países cuyas poblaciones pueden soportar cuarentenas o aislamientos obligatorios.

Este momento de urgencia y de alta responsabilidad nos apremia a exigir a quienes tienen hoy ejercen la conducción política en Venezuela a llegar a acuerdos para preservar la vida de la mayoría vulnerable de la población venezolana y de garantizarle condiciones de vida digna, mientras nos enfrentamos a los graves impactos de la pandemia del COVID-19.

En primer lugar, es imperativo designar un grupo de alto nivel, interdisciplinario e interinstitucional, conformado por personas expertas nombradas sin consideraciones de tipo ideológico-políticas, provenientes de los ámbitos de la salud, la alimentación, la economía, la organización comunitaria, para coordinar la respuesta nacional al COVID- 19. Este grupo debe tener capacidad e independencia de acción y de vinculación con agencias humanitarias internacionales y con organizaciones de sociedad civil nacional e internacional. Las acciones de la Fuerza Armada Nacional y órganos de orden público deben estar subordinadas a sus mandatos.