La convocatoria de la elección presidencial en Venezuela se produjo en el marco de la crisis política más profunda que haya atravesado el país desde el inicio de su historia democrática a finales de los años cincuenta.

El gobierno hizo mejoras cosméticas en el proceso, como restablecer los centros de votación que había cerrado para las elecciones de 2017 y comprometerse a un acceso más justo a los medios de comunicación en un país con pocos medios independientes. Las acciones del Consejo Electoral han dejado el proceso con una serie de fallas fundamentales que permiten afirmar que la elección del 20 de mayo no fue ni libre, ni justa ni democrática:

  1. La existencia de un “estado de excepción y emergencia económica” con más de dos años de vigencia
  2. El nombramiento irregular de los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) con cargos vencidos, en diciembre de 2016
  3. El desconocimiento de la Asamblea Nacional, electa limpiamente en 2015 por más de 14 millones de venezolanos, por parte del Poder Ejecutivo.
  4. La separación arbitraria e ilegal de las elecciones para elegir tanto a gobernadores y consejos legislativos regionales como a alcaldes y concejos municipales, lo que derivó no sólo en la violación de las leyes que establecen la celebración conjunta de estos comicios sino también en el incumplimiento de la duración de los mandatos de los cargos de elección popular.
  5. La eliminación arbitraria de la figura de los alcaldes metropolitanos, establecidas en la ley como cargos de elección popular.
  6. La vulneración de la independencia de las instituciones básicas del Estado, tales como la cabeza de los poderes Electoral y Judicial (Consejo Nacional Electoral y Tribunal Supremo de Justicia), los que, en la práctica, vienen desempeñándose como herramientas del Poder Ejecutivo.
  7. La afectación de la participación de electores a través de la limitación en los operativos especiales de inscripción de votantes en el Registro Electoral, el cual se redujo de 156 días en la última elección presidencial regular (2012) a sólo 20 días en este proceso.
  8. Los principales partidos de oposición fueron eliminados y la mayoría de los posibles candidatos de oposición inhabilitados para participar en la contienda, en franca violación a la constitución y a la normativa electoral.
  9. Disminución sustancial en los plazos para notificar y capacitar a los miembros de mesa. Si se comparan los lapsos utilizados en las elecciones presidenciales de 2012 con los dispuestos en 2018 se observa que el lapso para la notificación bajó de 133 días a sólo 28, mientras que el período de capacitación de las juntas electorales se redujo de 14 días a sólo dos, con el agravante de que el organismo electoral cambió la fecha establecida sin anunció previo y la capacitación se hizo en sólo un día. La capacitación de los miembros de mesa, por su parte, bajó de 25 días a 15.
  10. El Carnet de la Patria (instrumento administrado por el gobierno nacional para supervisar el acceso de los sectores de menores recursos a los beneficios de las misiones sociales) se ha convertido en un instrumento de control de la participación del electorado en franco ventajismo gubernamental, tanto el Partidos Socialista Unido de Venezuela (PSUV), como la recién creada agrupación oficialista “Somos Venezuela” promueven y se vinculan a la plataforma que administra los programas.
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