Comunicado 20: La Solución Electoral en Venezuela lleva tiempo para genera la confianza necesaria.

Desde las organizaciones de la sociedad civil organizada expresamos nuestro reconocimiento a la AN como institución legítima en Venezuela, en su llamado a la reinstitucionalización de país y a la recuperación de la democracia en Venezuela.

Saludamos los gestos que se han dado en la AN y que comenzaron con el respeto al acuerdo de gobernabilidad en esta institución. Frente a la ruta planteada desde la AN para la reinstitucionalización del país: 1) Cese de la usurpación, 2) Gobierno de transición y 3) Elecciones democráticas; creemos necesario advertir que cada uno de esos pasos forma parte de un proceso que debe tomar sus tiempos, caminos y vías regulares marcados en la constitución.

Un grupo de OSC en Venezuela hemos venido haciendo un seguimiento continuo y riguroso del proceso de desmantelamiento del estado de derecho, de las violaciones a los DDHH y del socavamiento de las garantías electorales ejecutadas por el régimen y que las ha denunciado en instancias nacionales e internacionales. Nuestro trabajo ha documentado, denunciado y difundido el debilitamiento del pluralismo político, el socavamiento de la democracia electoral y de la confianza ciudadana en el voto como instrumento de cambio político. Todo este trabajo está a disposición de la AN como una caracterización de la situación venezolana en materia de derechos político electorales.

Venezuela necesita, un gobierno que represente la voluntad del pueblo venezolano y que el mismo sea escogido a través de la celebración de elecciones libres y transparentes y en democracia. Asimismo, es necesario que las elecciones convocadas cuenten con el compromiso del resto de la institucionalidad del Estado para apoyar la celebración de unas elecciones íntegra se ajusten al marco constitucional venezolano y a los estándares democráticos internacionales.

Es por este seguimiento realizado que podemos afirmar que las pasadas elecciones del 20 de mayo no fueron ni libres, ni justas ni democráticas. Por el contrario, desde la convocatoria ilegal realizada por la ANC, pasando por la eliminación de partidos políticos y la inhabilitación de líderes opositores y la organización en manos de un árbitro electoral completamente parcializado, son algunas de las evidencias recogidas por las organizaciones que hacemos seguimiento en la materia y por las cuales no existen bases constitucionales reconocer a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela.

En este contexto, cualquier tarea que nos conduzca hacia una “Elección Auténtica” pasa por una serie de acciones que proponemos a continuación para la convocatoria y celebración de elecciones libres que promuevan la participación y la confianza de los ciudadanos en el proceso electoral.

  1. Renovación, de acuerdo al marco legal vigente, del Consejo Nacional Electoral de forma que se garantice la pluralidad tanto en la composición de los cinco rectores, como en la conformación de los tres órganos subordinados.
  2. La convocatoria al proceso de elecciones con suficiente tiempo de forma que se cumplan los lapsos establecidos en la normativa legal vigente.
  3. Realización de operativos de inscripción y actualización de electores para garantizar la inscripción en el Registro Electoral de todos los venezolanos en el país y también de los venezolanos en el exterior.
  4. Legalización de las organizaciones con fines políticos indebidamente ilegalizadas y legalización de aquellas agrupaciones que lo soliciten y que cumplan con los requisitos definidos en la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones.
  5. Suspensión de las inhabilitaciones políticas de todas aquellas figuras políticas sancionadas por razones administrativas.
  6. La solicitud y coordinación para la presencia de Misiones de Observación internacional calificada de la ONU, OEA y la Unión Europea y otros organismos que cumplan con estándares internacionales de observación electoral.
  7. Abrir el marco de participación de los grupos de observación electoral nacional y ofrecer las garantías para la entrega oportuna de las credenciales de forma que las mismas puedan llegar a los observadores calificados en cada región del país.
  8. Realización de todas las auditorías técnicas, con la rigurosidad que exigen los manuales de procedimientos al sistema; con la participación de partidos políticos diversos y plurales, así como de organizaciones de la sociedad civil encargadas de la observación y veeduría de los procesos electorales nacionales e internacionales.
  9. Vigilar el cumplimiento relativo a la realización del sorteo de miembros de mesa y órganos subalternos, y designar las juntas electorales regionales y municipales tomando en consideración a los miembros de los gremios y asociaciones profesionales. 
  10. Eliminación de todo mecanismo de coacción y coerción del voto de parte del Estado y del Gobierno venezolano.
  11. Reinstitucionalizar el rol militar en las elecciones a través del Plan República, en coordinación con la sociedad civil, así como el cumplimiento de sus funciones “…al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna”
  12. Vigilar el estricto cumplimiento de la prohibición de recursos o funcionarios públicos en la campaña electoral. (conocido como ventajismo)
  13. Vigilar el cumplimiento de la normativa en cuanto al acceso al sistema de medios (especialmente los espacios públicos) así como la cobertura equitativa de los candidatos participantes en el proceso electoral. 
  14. Vigilar el cumplimiento de la normativa referida al cierre de las mesas de votación
  15. Publicación de resultados electorales y de postulaciones, discriminados por estado, municipio, centro electoral y mesa de votación (en el caso de escrutinio); así como también por género.

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Más de 120 ONGs exigen a la ONU una actuación coherente en la respuesta a la emergencia humanitaria en Venezuela

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Más de 120 ONGs exigen a la ONU una actuación coherente en la respuesta a la emergencia humanitaria en Venezuela

Este miércoles 16 de enero de 2019, más de 120 ONGs instaron a la ONU a cumplir y hacer valer los mandatos de la Carta de las Naciones Unidas y de los tratados internacionales, actuando de manera coherente y apegada a los derechos humanos en la respuesta a la emergencia humanitaria en Venezuela. Asimismo, exigen separar el trabajo de la cooperación y la asistencia humanitaria de las
Naciones Unidas de las funciones y gestiones diplomáticas o políticas que realice el Coordinador Residente, y a actuar conforme al marco normativo del derecho internacional, a propósito de su presencia en la juramentación del Sr. Nicolás Maduro y en una reunión de trabajo transmitida por televisión de manera propagandística.

Los días 10 y 12 de enero el Coordinador Residente y representantes de las agencias del Sistema de las Naciones con sede en el país, asistieron a los actos de juramentación y a una reunión de trabajo para tratar planes y mecanismos de cooperación y asistencia humanitaria con el Sr. Nicolás Maduro. Ambos actos fueron televisados y promovidos para sumar apoyo político al nuevo período
presidencial del Sr. Maduro, cuya legitimidad se encuentra seriamente cuestionada a nivel nacional e internacional por no ser el resultado de elecciones libres, democráticas y justas.

De acuerdo con lo expuesto por las ONGs, la participación de representantes del Sistema de Naciones Unidas en los mencionados actos políticos no es indispensable para el trabajo de coordinación y operación de la asistencia y cooperación internacional. De esta manera se lesiona gravemente la confianza en la institución que representa y la credibilidad de la población venezolana
y de las víctimas de violaciones de derechos humanos.

La emergencia humanitaria compleja de gran escala en Venezuela cobra nuevas vidas diariamente y produce daños irreparables por las restricciones que ha impuesto el gobierno al negar el derecho de la población a la cooperación y la asistencia internacional en las dimensiones y alcances
requeridos.

Por su peso y liderazgo en las respuestas a las emergencias humanitarias complejas y las obligaciones que tienen todos sus funcionarios en los derechos humanos, el Sistema de Naciones Unidas tiene una responsabilidad esencial, ineludible, imperativa y urgente, para evitar que la asistencia y la cooperación requerida por la población sea supeditada a otros intereses ajenos a los derechos humanos y a los fines humanitarios. La manera en la que sea conducida esta respuesta
será determinante para la dignidad, la vida, la libertad y la integridad de los venezolanos.

Las ONGs instan al Coordinador Residente de las Naciones Unidas y a todas las agencias del Sistema de las Naciones a cumplir y hacer valer los mandatos de la Carta de las Naciones Unidas y de los tratados internacionales. La ONU y sus agencias no deben causar daño y actuar con la prudencia y diligencia debida para resguardar la protección de los derechos humanos; apegarse a
los principios de imparcialidad, neutralidad y fines humanitarios; y abstenerse de consentir o colaborar con el uso de mecanismos, procedimientos o prácticas discrecionales, coercitivas o discriminatorias, conforme al marco normativo del derecho internacional.

Asimismo, las ONGs exhortan al Coordinador y a las agencias del Sistema de Naciones Unidas a “separar el trabajo de la cooperación y la asistencia humanitaria de las Naciones Unidas de las funciones y gestiones diplomáticas o políticas que realice el Coordinador Residente, tomando en consideración las lecciones de experiencias negativas por el inadecuado comportamiento de
funcionarios de las agencias en emergencias complejas, incluyendo las ocurridas en Venezuela”, entre las cuales destacan la manipulación de cifras e informes y de visitas oficiales de representantes de Procedimientos Especiales de Naciones Unidas.

Por último, instan a garantizar que “las agencias calificadas y con mandato específico sean las que asuman el papel rector de la asistencia y la cooperación, y se instale el Mecanismo Humanitario de País para la coordinación de la ayuda, con amplia participación de todos los sectores de la sociedad venezolana y de todas las regiones del país”. Igualmente deben “recibir directa y libremente
denuncias y evidencias sobre la emergencia humanitaria y las violaciones de derechos humanos”, única forma para que la ayuda llegue de manera apropiada y efectiva, y garantizar su eficacia, “con independencia de si la información es políticamente sensible o afecta intereses de gobierno”.

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