Espacios de Entendimiento

Durante los días 16 y 17 de mayo, se dieron en las Jornadas de Entendimiento, en las que participaron representantes de todos los partidos políticos y organizaciones sociales del país con posturas diversas , se destacó la necesidad de no satanizar el diálogo, rescatar la institucionalidad y de apoyar todas las iniciativas de acercamiento que promuevan soluciones pacíficas, institucionales y estables para Venezuela. Se destacó la necesidad que tiene el país de dialogar y ver la negociación como un camino inevitable para recuperar la democracia, alcanzar la institucionalidad,  y apoyar todas las iniciativas de acercamiento entre los actores y los ciudadanos.

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Informe de la Alta Comisionada de la ONU sobre las Violaciones de DDHH en Venezuela

Un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicado hoy insta al Gobierno de Venezuela a adoptar de inmediato medidas específicas para detener y remediar las graves vulneraciones de derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales que se han documentado en el país.

El informe de la Oficina advierte que, si la situación no mejora, continuará el éxodo sin precedentes de emigrantes y refugiados que abandonan el país, y empeorarán las condiciones de vida de quienes permanecen en él.

En el informe, que se elaboró a petición del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se afirma que en el último decenio –y especialmente desde 2016- el Gobierno venezolano y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia “orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno”. Un conjunto de leyes, políticas y prácticas que ha reducido el ámbito democrático, ha desmontado el sistema de control institucional sobre el poder ejecutivo y ha permitido la reiteración de graves violaciones de derechos humanos. En el documento se destaca la repercusión de la profunda crisis económica, que ha privado a la población de los medios necesarios para satisfacer sus derechos fundamentales en materia de alimentación y cuidados médicos, entre otros.

El informe se basa en 558 entrevistas con víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos y de la deteriorada situación económica, en Venezuela y otros ocho países, así como en otras fuentes, y abarca el periodo comprendido entre enero de 2018 y mayo de 2019.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, visitó el país del 19 al 21 de junio y sostuvo entrevistas con una amplia gama de figuras políticas, desde el Presidente Nicolás Maduro y otros altos funcionarios del gobierno, hasta el Presidente de la Asamblea Nacional, así como con miembros de la sociedad civil, empresarios, profesores y otros interesados, y también con víctimas y sus familiares. Tras la visita, un equipo de dos oficiales de la Oficina permaneció en el país, en el marco de un acuerdo que les permite prestar asesoramiento y asistencia técnica, y monitorear la situación de derechos humanos.

Informe completo de Michelle Bachelet sobre Venezuela

Representantes de la Sociedad Civil en el dialogo interactivo de Derechos Humanos de la ONU

Feliciano Reyna y Beatriz Borges, activistas por los Derechos Humanos en Venezuela y representante de las ONG Acción Solidaria y CEPAZ. Participaron el viernes 05 de junio en el debate que se llevó a cabo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra.

Como representantes de la sociedad civil, Reyna y Borges describieron como política de Estado la práctica sistemática de la represión, persecución, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales contra quienes ejercen sus derechos ciudadanos. Solicitaron al Consejo de DDHH de la ONU designar una Comisión Internacional de Investigación para Venezuela, exhortar a los Estados a dar protección a los refugiados y acelerar una solución política en el país sumido en la peor crisis humanitaria de su historia.

Leer declaraciones completa de Feliciano Reyna

Leer declaraciones completa de Beatriz Borges

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Patrón de Violaciones Electorales. Venezuela, marzo 2019.

Patron de violaciones electorales

Un importante grupo de organizaciones de la sociedad civil venezolana ha venido monitoreado los procesos electorales realizados en Venezuela desde 2015. Esto ha permitido registrar y documentar, de forma rigurosa, la existencia de un patrón de acciones sistemáticas, ejercido desde las instituciones del estado, cuyo objetivo final es el de mantener el régimen en el poder a través del debilitamiento del voto como instrumento democrático.

En este marco, las instituciones del estado venezolano se han transformado en instituciones al servicio del partido y la élite gobernante. El objetivo de las mismas, en el ámbito electoral, ha sido el de promover la desconfianza y la abstención, por un lado, y el de coaccionar a los electores, por otro, a través de mecanismos que supeditan la participación en las contiendas electorales al mantenimiento o continuidad de los programas sociales del gobierno nacional, de los que depende la vida de muchos venezolanos, especialmente aquellos que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad.

Desde la sociedad civil, reconocemos y agradecemos el seguimiento realizado por los organismos multilaterales, así como el llamado a la realización de elecciones libres, que permitan la salida pacífica a la crisis que atraviesa el país. En ese marco, consideramos importante que los actores internacionales interesados en la revalorización del voto en Venezuela conozcan el estado en el que se encuentra el sistema electoral, así como las propuestas generadas por las organizaciones nacionales para construir y consolidar la vía electoral como elemento clave para la salida pacífica al conflicto en Venezuela.

El trabajo y la documentación consignada en este documento apuntan por lo tanto a evidenciar la necesidad de iniciar el proceso de construcción de la ruta electoral, que incluya una estrategia eficaz de asistencia técnica internacional. Este proceso debe incluir tanto al liderazgo político democrático como a la sociedad civil, de forma de asegurar la implementación de elecciones genuinamente libres y democráticas. Creemos que, sin la realización de elecciones, y la consiguiente reinstitucionalización del país, no hay forma de superar la crisis de gobernabilidad en la que se encuentra el país.

              El seguimiento, las acciones y los mensajes emitidos por la oficina de la Alta Comisionada de los DDHH de la ONU, así como los pronunciamientos de los representantes del Grupo Internacional de Contacto y los voceros de distintos países del mundo, y el seguimiento efectuado de todo ese proceso por parte de organismos multilaterales activos en el impulso de la vía electoral, constituyen una oportunidad única para dar a conocer las violaciones a los derechos políticos ocurridas en Venezuela, las cuales se han manifestado principalmente a través de tres vías: 1) el proceso sistemático de violación de las garantías electorales; 2) el debilitamiento extremo del pluralismo político; y 3) el socavamiento del voto como mecanismo pacífico para la resolución de conflictos.

A fin de contribuir a ese conocimiento, consignamos ante esta comisión una serie de documentos elaborados por diversas agrupaciones de la sociedad civil sobre el proceso de desmontaje y desintegración del sistema de garantías electorales que ha tenido lugar en el país entre 2016 y 2018 y que pueden ser revisados en el siguiente enlace:

Dicho proceso fue seguido, observado y monitoreado en forma sistemática y minuciosa por numerosas organizaciones especializadas en temas político-electorales en Venezuela entre los que se encuentran Acceso a la Justicia, Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Observatorio Electoral Venezolano, Observatorio Global de Comunicación y Democracia (OGCD), Red Electoral Ciudadana(REC), Red de Observación Electoral de la Asamblea de Educación, Transparencia Venezuela y Voto Joven.

A los fines de facilitar su lectura, hemos dividido este material en cinco puntos:

I.     Elecciones bajo el Socialismo del Siglo XXI (1999-2003)

II.   Institucionalización del ventajismo (2004-2015)

III. Quiebre de la democracia electoral (2016-2018)

IV. Propuestas para la celebración de una elección libre, justa y democrática

 V. Propuestas de reforma electoral

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Electoral Violation Patterns. Venezuela. 2016-2018

Patron de violaciones electorales

An important group of civil society organizations in Venezuelan has been monitoring the elections held in Venezuela since 2015. This has enabled record and document, rigorously, the existence of a pattern of systematic actions, exercised from state institutions, whose ultimate goal is to keep the regime in power through the weakening of the vote as a democratic instrument.

In this framework, the institutions of the Venezuelan state have been transformed into authorities at the service of the party and the ruling elite. Their objective, has been to promote distrust and abstention, on the one hand, and to coerce the voters, on the other, through mechanisms that make participation in electoral contests subject to maintenance or continuity of the social programs of the national government, on which the lives of many Venezuelans depend, especially those who are in conditions of greater vulnerability.

From the civil society, we recognize and appreciate the follow-up carried out by the multilateral organizations, as well as the call for the realization of free elections, that allow the peaceful and democratic outcome to the crisis that the country is going through. In this context, we consider it important that international actors interested in the revaluation of the vote in Venezuela know the current status of the electoral system, as well as the proposals generated by the national organizations to build and consolidate the electoral path as a key element for the peaceful solution to the conflict in Venezuela.

The work and documentation consigned in this document therefore point to the need to begin the process of construction of the electoral route, which includes an effective strategy of international technical assistance. This process must include both democratic political leadership and civil society experts, in order to ensure the implementation of genuinely free and democratic elections. We believe that, without the realization of elections, and the consequent recovering of institutions in the country, there is no way to overcome the crisis of governability in which Venezuela is embroiled.

The follow-up, actions and messages issued by the office of the UN High Commissioner for Human Rights, as well as the statements of the representatives of the International Contact Group and the spokespersons of different countries of the world, and the follow-up of all this process by multilateral organizations active in the promotion of the electoral route, constitute a unique opportunity to publicize the violations of political rights that occurred in Venezuela, which have been manifested mainly through three ways: 1) the process systematic violation of electoral guarantees; 2) the extreme weakening of political pluralism; and 3) the undermining of the vote as a peaceful mechanism for conflict resolution.

In order to contribute to this knowledge, we also set out below data and a series of documents prepared by various groups of civil society on the process of dismantling and disintegrating the system of electoral guarantees that has taken place in the country between 2016 and 2018 and that can be reviewed in the following link:

This process was followed, observed and monitored in a systematic and meticulous way by numerous organizations specialized in political-electoral issues in Venezuela, among which are Acceso a la Justicia, Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Observatorio Electoral Venezolano, Observatorio Global de Comunicación y Democracia (OGCD), Red Electoral Ciudadana(REC), Red de Observación Electoral de la Asamblea de Educación, Transparencia Venezuela and Voto Joven.

To facilitate its reading, we have divided this material into five points:

I. Elections under the Socialism of the XXI Century (1999-2003)

II. Institutionalization of “El Ventajismo” (2004-2015)

III.  Breakdown of the electoral democracy (2016-2018)

IV. Proposals for the celebration of a free, fair and democratic election

V. Proposals for electoral reform

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10 Razones para desconocer las presidenciales del 20 de mayo en Venezuela

10 RAZONES/PRESIDENCIALES 20 DE MAYO /VENEZUELA

Presidenciales Venezuela 2018

La convocatoria de la elección presidencial en Venezuela se produjo en el marco de la crisis política más profunda que haya atravesado el país desde el inicio de su historia democrática a finales de los años cincuenta.

El gobierno hizo mejoras cosméticas en el proceso, como restablecer los centros de votación que había cerrado para las elecciones de 2017 y comprometerse a un acceso más justo a los medios de comunicación en un país con pocos medios independientes. Las acciones del Consejo Electoral han dejado el proceso con una serie de fallas fundamentales que permiten afirmar que la elección del 20 de mayo no fue ni libre, ni justa ni democrática:

  1. La existencia de un “estado de excepción y emergencia económica” con más de dos años de vigencia
  2. El nombramiento irregular de los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) con cargos vencidos, en diciembre de 2016
  3. El desconocimiento de la Asamblea Nacional, electa limpiamente en 2015 por más de 14 millones de venezolanos, por parte del Poder Ejecutivo.
  4. La separación arbitraria e ilegal de las elecciones para elegir tanto a gobernadores y consejos legislativos regionales como a alcaldes y concejos municipales, lo que derivó no sólo en la violación de las leyes que establecen la celebración conjunta de estos comicios sino también en el incumplimiento de la duración de los mandatos de los cargos de elección popular.
  5. La eliminación arbitraria de la figura de los alcaldes metropolitanos, establecidas en la ley como cargos de elección popular.
  6. La vulneración de la independencia de las instituciones básicas del Estado, tales como la cabeza de los poderes Electoral y Judicial (Consejo Nacional Electoral y Tribunal Supremo de Justicia), los que, en la práctica, vienen desempeñándose como herramientas del Poder Ejecutivo.
  7. La afectación de la participación de electores a través de la limitación en los operativos especiales de inscripción de votantes en el Registro Electoral, el cual se redujo de 156 días en la última elección presidencial regular (2012) a sólo 20 días en este proceso.
  8. Los principales partidos de oposición fueron eliminados y la mayoría de los posibles candidatos de oposición inhabilitados para participar en la contienda, en franca violación a la constitución y a la normativa electoral.
  9. Disminución sustancial en los plazos para notificar y capacitar a los miembros de mesa. Si se comparan los lapsos utilizados en las elecciones presidenciales de 2012 con los dispuestos en 2018 se observa que el lapso para la notificación bajó de 133 días a sólo 28, mientras que el período de capacitación de las juntas electorales se redujo de 14 días a sólo dos, con el agravante de que el organismo electoral cambió la fecha establecida sin anunció previo y la capacitación se hizo en sólo un día. La capacitación de los miembros de mesa, por su parte, bajó de 25 días a 15.
  10. El Carnet de la Patria (instrumento administrado por el gobierno nacional para supervisar el acceso de los sectores de menores recursos a los beneficios de las misiones sociales) se ha convertido en un instrumento de control de la participación del electorado en franco ventajismo gubernamental, tanto el Partidos Socialista Unido de Venezuela (PSUV), como la recién creada agrupación oficialista “Somos Venezuela” promueven y se vinculan a la plataforma que administra los programas.
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Comunicado 20: La Solución Electoral en Venezuela lleva tiempo para genera la confianza necesaria.

Desde las organizaciones de la sociedad civil organizada expresamos nuestro reconocimiento a la AN como institución legítima en Venezuela, en su llamado a la reinstitucionalización de país y a la recuperación de la democracia en Venezuela.

Saludamos los gestos que se han dado en la AN y que comenzaron con el respeto al acuerdo de gobernabilidad en esta institución. Frente a la ruta planteada desde la AN para la reinstitucionalización del país: 1) Cese de la usurpación, 2) Gobierno de transición y 3) Elecciones democráticas; creemos necesario advertir que cada uno de esos pasos forma parte de un proceso que debe tomar sus tiempos, caminos y vías regulares marcados en la constitución.

Un grupo de OSC en Venezuela hemos venido haciendo un seguimiento continuo y riguroso del proceso de desmantelamiento del estado de derecho, de las violaciones a los DDHH y del socavamiento de las garantías electorales ejecutadas por el régimen y que las ha denunciado en instancias nacionales e internacionales. Nuestro trabajo ha documentado, denunciado y difundido el debilitamiento del pluralismo político, el socavamiento de la democracia electoral y de la confianza ciudadana en el voto como instrumento de cambio político. Todo este trabajo está a disposición de la AN como una caracterización de la situación venezolana en materia de derechos político electorales.

Venezuela necesita, un gobierno que represente la voluntad del pueblo venezolano y que el mismo sea escogido a través de la celebración de elecciones libres y transparentes y en democracia. Asimismo, es necesario que las elecciones convocadas cuenten con el compromiso del resto de la institucionalidad del Estado para apoyar la celebración de unas elecciones íntegra se ajusten al marco constitucional venezolano y a los estándares democráticos internacionales.

Es por este seguimiento realizado que podemos afirmar que las pasadas elecciones del 20 de mayo no fueron ni libres, ni justas ni democráticas. Por el contrario, desde la convocatoria ilegal realizada por la ANC, pasando por la eliminación de partidos políticos y la inhabilitación de líderes opositores y la organización en manos de un árbitro electoral completamente parcializado, son algunas de las evidencias recogidas por las organizaciones que hacemos seguimiento en la materia y por las cuales no existen bases constitucionales reconocer a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela.

En este contexto, cualquier tarea que nos conduzca hacia una “Elección Auténtica” pasa por una serie de acciones que proponemos a continuación para la convocatoria y celebración de elecciones libres que promuevan la participación y la confianza de los ciudadanos en el proceso electoral.

  1. Renovación, de acuerdo al marco legal vigente, del Consejo Nacional Electoral de forma que se garantice la pluralidad tanto en la composición de los cinco rectores, como en la conformación de los tres órganos subordinados.
  2. La convocatoria al proceso de elecciones con suficiente tiempo de forma que se cumplan los lapsos establecidos en la normativa legal vigente.
  3. Realización de operativos de inscripción y actualización de electores para garantizar la inscripción en el Registro Electoral de todos los venezolanos en el país y también de los venezolanos en el exterior.
  4. Legalización de las organizaciones con fines políticos indebidamente ilegalizadas y legalización de aquellas agrupaciones que lo soliciten y que cumplan con los requisitos definidos en la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones.
  5. Suspensión de las inhabilitaciones políticas de todas aquellas figuras políticas sancionadas por razones administrativas.
  6. La solicitud y coordinación para la presencia de Misiones de Observación internacional calificada de la ONU, OEA y la Unión Europea y otros organismos que cumplan con estándares internacionales de observación electoral.
  7. Abrir el marco de participación de los grupos de observación electoral nacional y ofrecer las garantías para la entrega oportuna de las credenciales de forma que las mismas puedan llegar a los observadores calificados en cada región del país.
  8. Realización de todas las auditorías técnicas, con la rigurosidad que exigen los manuales de procedimientos al sistema; con la participación de partidos políticos diversos y plurales, así como de organizaciones de la sociedad civil encargadas de la observación y veeduría de los procesos electorales nacionales e internacionales.
  9. Vigilar el cumplimiento relativo a la realización del sorteo de miembros de mesa y órganos subalternos, y designar las juntas electorales regionales y municipales tomando en consideración a los miembros de los gremios y asociaciones profesionales. 
  10. Eliminación de todo mecanismo de coacción y coerción del voto de parte del Estado y del Gobierno venezolano.
  11. Reinstitucionalizar el rol militar en las elecciones a través del Plan República, en coordinación con la sociedad civil, así como el cumplimiento de sus funciones “…al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna”
  12. Vigilar el estricto cumplimiento de la prohibición de recursos o funcionarios públicos en la campaña electoral. (conocido como ventajismo)
  13. Vigilar el cumplimiento de la normativa en cuanto al acceso al sistema de medios (especialmente los espacios públicos) así como la cobertura equitativa de los candidatos participantes en el proceso electoral. 
  14. Vigilar el cumplimiento de la normativa referida al cierre de las mesas de votación
  15. Publicación de resultados electorales y de postulaciones, discriminados por estado, municipio, centro electoral y mesa de votación (en el caso de escrutinio); así como también por género.

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Más de 120 ONGs exigen a la ONU una actuación coherente en la respuesta a la emergencia humanitaria en Venezuela

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Más de 120 ONGs exigen a la ONU una actuación coherente en la respuesta a la emergencia humanitaria en Venezuela

Este miércoles 16 de enero de 2019, más de 120 ONGs instaron a la ONU a cumplir y hacer valer los mandatos de la Carta de las Naciones Unidas y de los tratados internacionales, actuando de manera coherente y apegada a los derechos humanos en la respuesta a la emergencia humanitaria en Venezuela. Asimismo, exigen separar el trabajo de la cooperación y la asistencia humanitaria de las
Naciones Unidas de las funciones y gestiones diplomáticas o políticas que realice el Coordinador Residente, y a actuar conforme al marco normativo del derecho internacional, a propósito de su presencia en la juramentación del Sr. Nicolás Maduro y en una reunión de trabajo transmitida por televisión de manera propagandística.

Los días 10 y 12 de enero el Coordinador Residente y representantes de las agencias del Sistema de las Naciones con sede en el país, asistieron a los actos de juramentación y a una reunión de trabajo para tratar planes y mecanismos de cooperación y asistencia humanitaria con el Sr. Nicolás Maduro. Ambos actos fueron televisados y promovidos para sumar apoyo político al nuevo período
presidencial del Sr. Maduro, cuya legitimidad se encuentra seriamente cuestionada a nivel nacional e internacional por no ser el resultado de elecciones libres, democráticas y justas.

De acuerdo con lo expuesto por las ONGs, la participación de representantes del Sistema de Naciones Unidas en los mencionados actos políticos no es indispensable para el trabajo de coordinación y operación de la asistencia y cooperación internacional. De esta manera se lesiona gravemente la confianza en la institución que representa y la credibilidad de la población venezolana
y de las víctimas de violaciones de derechos humanos.

La emergencia humanitaria compleja de gran escala en Venezuela cobra nuevas vidas diariamente y produce daños irreparables por las restricciones que ha impuesto el gobierno al negar el derecho de la población a la cooperación y la asistencia internacional en las dimensiones y alcances
requeridos.

Por su peso y liderazgo en las respuestas a las emergencias humanitarias complejas y las obligaciones que tienen todos sus funcionarios en los derechos humanos, el Sistema de Naciones Unidas tiene una responsabilidad esencial, ineludible, imperativa y urgente, para evitar que la asistencia y la cooperación requerida por la población sea supeditada a otros intereses ajenos a los derechos humanos y a los fines humanitarios. La manera en la que sea conducida esta respuesta
será determinante para la dignidad, la vida, la libertad y la integridad de los venezolanos.

Las ONGs instan al Coordinador Residente de las Naciones Unidas y a todas las agencias del Sistema de las Naciones a cumplir y hacer valer los mandatos de la Carta de las Naciones Unidas y de los tratados internacionales. La ONU y sus agencias no deben causar daño y actuar con la prudencia y diligencia debida para resguardar la protección de los derechos humanos; apegarse a
los principios de imparcialidad, neutralidad y fines humanitarios; y abstenerse de consentir o colaborar con el uso de mecanismos, procedimientos o prácticas discrecionales, coercitivas o discriminatorias, conforme al marco normativo del derecho internacional.

Asimismo, las ONGs exhortan al Coordinador y a las agencias del Sistema de Naciones Unidas a “separar el trabajo de la cooperación y la asistencia humanitaria de las Naciones Unidas de las funciones y gestiones diplomáticas o políticas que realice el Coordinador Residente, tomando en consideración las lecciones de experiencias negativas por el inadecuado comportamiento de
funcionarios de las agencias en emergencias complejas, incluyendo las ocurridas en Venezuela”, entre las cuales destacan la manipulación de cifras e informes y de visitas oficiales de representantes de Procedimientos Especiales de Naciones Unidas.

Por último, instan a garantizar que “las agencias calificadas y con mandato específico sean las que asuman el papel rector de la asistencia y la cooperación, y se instale el Mecanismo Humanitario de País para la coordinación de la ayuda, con amplia participación de todos los sectores de la sociedad venezolana y de todas las regiones del país”. Igualmente deben “recibir directa y libremente
denuncias y evidencias sobre la emergencia humanitaria y las violaciones de derechos humanos”, única forma para que la ayuda llegue de manera apropiada y efectiva, y garantizar su eficacia, “con independencia de si la información es políticamente sensible o afecta intereses de gobierno”.

Ver pronunciamiento completo EspañolEnglish

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