ESTABLECIMIENTO Y DESARTICULACIÓN DEL RÉGIMEN DE GARANTÍAS ELECTORALES EN VENEZUELA

POR GRISELDA COLINA  Y HÉCTOR VANOLLI 

 

Griselda Colina. Comunicadora Social egresada de la UCV. Actualmente es Directora del Observatorio Global de Comunicación y Democracia. Entre 2010 y 2015 ocupó la Coord. de Proyectos de la oficina del Centro Carter en Venezuela. Co- autora del manual de monitoreo de medios del Centro Carter, así como del Informe de Libertad de Expresión de Freedom House 2012. Colina fue parte del staff local de la Misión de Estudio del Centro Carter en Venezuela para los procesos electorales presidenciales de 2012 y 2013. @griscolina

Héctor Vanolli. Es licenciado en Comunicaciones Sociales por la Universidad Católica de Salta (UCS), tiene una maestría en Relaciones Internacionales y Comunicación en la Universidad de Boston (BU) y ha sido scholar de la Fundación Fulbright y la Fundación Ford en los Estados Unidos. Se desempeñó como Representante Permanente del Centro Carter en Venezuela entre 2005 y 2014. Anteriormente, se desempeñó como Especialista en la Unidad para la Promoción de la Democracia (UPD) de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington DC. 

 

La automatización del sistema electoral venezolano en 2004  fue acompañada de una serie de medidas extraordinarias de seguridad, las cuales tuvieron como objetivo fundamental fomentar la confianza del público en el voto electrónico.

En un marco de una aguda polarización y confrontación política, y un proceso de creciente parcialización del ente electoral, la aceptación de la automatización del proceso de votación por parte del público presupuso un enorme desafío. Al otorgar a los actores mecanismos confiables de certificación de resultados, el régimen de garantías creado a partir de 2004 serviría para garantizar la integridad del sistema de conteo y totalización. En algunos casos, como en los años 2007 y 2015 serviría incluso para proporcionar importantes triunfos electorales a la oposición.

Paradójicamente, en esta misma etapa, el ente rector electoral venezolano iniciaría un viraje dramático, que lo llevaría a transformarse, en pocos años, en el principal promotor de la desconfianza pública en Venezuela y, después de 2015, en el facilitador y perpetrador del fraude electoral.

En el presente artículo se analiza el rol del Consejo Nacional Electoral (CNE) en el proceso de construcción y posterior desmantelamiento del régimen de garantías electorales en Venezuela, así como las consecuencias de ese proceso en la ruptura del hilo constitucional y la consiguiente caída del país en el caos y la ilegalidad.

La generación de garantías

El uso de sistemas electorales automatizados en Venezuela se remonta a 1972, cuando el entonces Consejo Supremo Electoral incorporó al proceso de votación máquinas electro mecánicas para la impresión de las actas de escrutinio (Ver Informe Capel). La decisión de convertir los cargos de gobernadores, alcaldes y concejales en cargos de elección popular en 1989 (en lugar de ser nombrados por el gobierno central), allanaría el terreno para que, a partir de 1992, Venezuela avanzara a paso firme hacia la adopción de uno de los sistemas de votación automatizados más sofisticados del continente.

Esta tendencia alcanzaría su punto álgido en 2004, cuando el recientemente creado CNE encargó a la empresa Smartmatic, la automatización de la totalidad de las fases del proceso de votación, proceso que culminaría, ocho años después, con la incorporación del sistema de identificación dactilar del elector, conocido como Sistema de Autenticación Integrado (SAI).

En el marco de una intensa polarización política, y un sentimiento de desconfianza generalizado hacia el ente electoral, la automatización integral del proceso de votación presupuso para el CNE un enorme desafío. A fin de cimentar la confianza pública, el organismo electoral, a sugerencia de Smartmatic, aprobó, como principal garantía de transparencia, la capacidad de la máquina de votación de generar un recibo, conocido como “comprobante de voto”, luego de que el elector hubiera sufragado electrónicamente. Esta característica permitía una doble verificación. En primer lugar, permitía al elector comprobar que el sistema automatizado de votación había registrado fielmente su voluntad. En segundo lugar, una vez que dicho recibo era depositado en una urna (o “caja de resguardo”), habilitada para tal efecto, permitía a los miembros de mesa y testigos de agrupaciones políticas verificar la correspondencia entre los resultados consignados en las actas de votación y los resultados del conteo de los comprobantes depositados por los votantes. Como garantía adicional de este proceso, el comprobante de voto se imprimía en papel especial, con marcas de agua y tinta de seguridad, y era identificado a través de un código no secuencial.

Dado que esta segunda verificación se realizaba al cierre del acto de votación, ante la presencia de representantes de partidos políticos, observadores y ciudadanos en general, el procedimiento pasó a conocerse como “auditoria en caliente” (Auditoria Ciudadana Fase I, en la jerga técnica).

A este conjunto de garantías se le sumaría, luego del referendo revocatorio presidencial, un nutrido grupo de protocolos adicionales. Presionado por sectores políticos de oposición, y bajo la atenta mirada de la comunidad internacional, el CNE acordó entonces la obligación de imprimir y repartir entre los testigos y fiscales presentes el acta de votación antes de que ésta fuera transmitida por la máquina al centro de totalización ubicado en CNE, así como la obligación de sellar las urnas con actas contentivas con la firma de los miembros de mesa y los representantes de los partidos políticos. Con el fin de apaciguar los temores de quienes afirmaban que las máquinas podían transmitir datos en forma subrepticia durante el proceso de votación, el CNE accedió además a mantener las máquinas de votación desconectadas durante dicho proceso. Más importante aún, en el 2006, el CNE anunciaría la ampliación del porcentaje de urnas a auditarse durante la “auditoría en caliente”, por lo que del reducido porcentaje inicial se pasaría a más del 50 por ciento.

Adicionalmente, el CNE había adelantado, como garantía central de seguridad, la completa auditabilidad del sistema. Al conjunto de las seis auditorías técnicas iniciales, se le fueron añadiendo otras, hasta llegar, en 2013, a las 19. La última auditoria incorporada sería la llamada Auditoria Posterior de los Datos del Elector, conocida también como Auditoria de No Duplicidad de Huellas, la cual fue especialmente diseñada para detectar los casos de voto múltiple o de sustitución de identidad de electores (Ver Blog E-LECTOR).

El viraje del CNE

Paradójicamente, la etapa de generación y fortalecimiento del régimen de garantías electorales, que caracterizaría al sistema automatizado de votación venezolano durante los años 2000, coincidiría con el período de transformación gradual pero inexorable del CNE en una dependencia del poder ejecutivo, cuya función última se reduciría a mantener a toda costa al gobierno en el poder.

Creado en 1999, el Consejo Nacional Electoral fue concebido, en la nueva constitución bolivariana, como un poder autónomo, cuya tarea debía ser la de encargarse de garantizar “la organización, administración, dirección y vigilancia” de los procesos electorales en base al principio de “independencia, imparcialidad, autonomía y despartidización”, así como de “transparencia y celeridad” en todos los actos relativos a la elección de los cargos de elección popular y referendos.

Tristemente, a excepción de lo actuado durante sus primeros años de vida, el CNE no haría honor, en ningún momento, a los principios de autonomía e independencia, tan solemnemente establecidos en su partida de nacimiento. Por el contrario, a partir de 2003, durante la gestión de Francisco Carrasquero, el organismo electoral venezolano iniciaría un dramático e inédito giro que, en poco tiempo, lo transformaría en un actor activo de la contienda política en favor de los intereses del oficialismo.

Esta circunstancia daría lugar a una serie de gravísimas distorsiones institucionales, las que, con el tiempo, transformarían profundamente al país. Entre otras serias consecuencias, la sociedad venezolana se vería drásticamente privada de la función crítica que cumple el árbitro electoral en los procesos de resolución de conflictos. Al convertirse en un actor interesado en un determinado resultado, la actuación del CNE contribuiría a la consolidación de lo que en Venezuela se conoce como el “ventajismo institucionalizado”, situación en la que, en cada período electoral, la totalidad de las instituciones del estado concurren a apuntalar, en forma concertada, abierta y sistemática, al candidato oficialista.

Pese a este panorama, el sistema de garantías electorales no sólo proveyó a los distintos actores políticos de mecanismos confiables de comprobación de resultados, sino que posibilitó el triunfo de las fuerzas opositoras en importantes ocasiones. La oposición podía perder una elección en virtud de las abrumadoras condiciones de inequidad en la competencia electoral, nunca en virtud de la manipulación o alteración de los números de la votación. Este estatus-quo daría un vuelco dramático luego de los resultados de 2015.

La delgada línea roja

El 6 de diciembre de 2015, las fuerzas de oposición propinaron al régimen la que quizás sea la más importante derrota del chavismo en las urnas desde la asunción de Hugo Chávez a la presidencia en 1999.  Al obtener 111 diputados en las elecciones parlamentarias de ese año, la oposición obtuvo la mayoría calificada, circunstancia que le permitía elegir o remover a los miembros de los restantes poderes (tales como el Poder Ciudadano, el  Tribunal Supremo de Justicia o  CNE), sancionar leyes habilitantes y aprobar mociones de censura a ministros o al vicepresidente, entre otras acciones. Consciente de que esa circunstancia significaría el fin de la “revolución”, el oficialismo se movió rápidamente. Mediante una maniobra perpetrada por los magistrados oficialistas nombrados a último momento por la saliente asamblea, el gobierno desconocería la asunción de los cuatro diputados electos en representación del sector indígena, tres de los cuales eran de oposición. Mediante ese recurso, el gobierno no sólo impediría la conformación de la mayoría calificada en la Asamblea Nacional sino que dejaría sin representación en ese cuerpo al estado Amazonas.

Lo ocurrido en dicha elección signaría la conducta del organismo electoral en los próximos procesos electorales. A partir de ese momento, el CNE abandonaría toda pretensión de neutralidad, impidiendo o dificultando activamente cualquier posibilidad de avance electoral de la oposición. Este proceso llevaría, entre otras cosas, a la anulación parcial de la asamblea elegida en 2015 mediante la elección espuria, en 2017, de la Asamblea Nacional Constituyente, un organismo supraconstitucional, que asumiría funciones parlamentarias paralelas.

Entre 2016 y 2017, el CNE incurriría en una extensa lista de gravísimas violaciones. Entre otras acciones, el organismo: 1) Impediría a la oposición solicitar, de acuerdo a lo establecido en la constitución, la activación del mecanismo conocido como referendo revocatorio presidencial; 2) Retrasaría, sin ninguna justificación, el proceso de legitimación de las organizaciones políticas nacionales, el cual, de acuerdo a las normas, debía haberse realizado en forma posterior a los comicios parlamentarios de 2015; 3) Retrasaría por casi un año la convocatoria a las elecciones para elegir a los gobernadores y diputados a los consejos legislativos regionales; 4) Eliminaría además, en este último proceso, sin ningún tipo de explicación, la renovación de los cargos correspondientes a los diputados a los concejos legislativos regionales; y 5) En el caso de las elecciones municipales, anunciaría comicios para renovar a sólo 335 alcaldes, dejando de lado, sin ningún tipo de justificativo, tanto las elecciones para elegir a los representantes de los concejos municipales como los comicios para elegir a los alcaldes metropolitanos de Caracas y Alto Apure.

El extraordinario viraje del CNE culminaría en 2017 con el cruce de la delgada línea roja que separa el ventajismo de la manipulación de las cifras. Ese cruce se produciría por primera vez durante las elecciones ilegitimas para conformar la Asamblea Nacional Constituyente. El organismo electoral no sólo violaría, en forma abierta, y sin atención a las formas, la casi totalidad de las normas y principios vinculados a la organización y dirección de los procesos electorales, sino que, además, incurriría en la manipulación de los números, tal como lo denunció la empresa proveedora del servicio automatizado Smartmatic, la cual, a partir de ese proceso, dejó de prestar servicios en Venezuela.

El CNE cruzaría nuevamente la línea roja durante las elecciones regionales celebradas ese mismo año, en las que el organismo electoral privó fraudulentamente de la gobernación del estado Bolívar al candidato de la oposición Andrés Velásquez. Siguiendo los dictados del oficialismo, el CNE desconocería además, en ese mismo proceso, los resultados del voto popular en las elecciones en el estado Zulia, en el que resultó electo el candidato de la oposición, Juan Pablo Guanipa.

Los desafíos en Venezuela

El caso venezolano demuestra, como ningún otro ejemplo en el hemisferio, la importancia crítica que, para el mantenimiento de la legalidad, la convivencia y la paz social, tiene la existencia de instituciones electorales neutrales. De haber contado Venezuela con un organismo electoral imparcial, que resistiera los embates autoritarios del gobierno en las etapas tempranas de consolidación del régimen, la historia del país en los últimos 15 años se habría escrito quizás de otra manera.

La transición a la democracia en Venezuela plantea un doble desafío. Por un lado, la democratización del país exige la conformación de un CNE independiente, que esté al servicio de los ciudadanos y de la constitución. Por otro, mientras se trabaja para el logro de esta meta irrenunciable, es importante que tanto los partidos políticos, como los ciudadanos en general exijan la preservación de las garantías logradas en el pasado. El sistema automatizado de votación venezolano cuenta con una serie de importantes fortalezas, que los actores del arco democrático deben exigir y aprovechar, al margen de las condiciones de inequidad del ambiente eco-electoral.

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