¿Qué significan las elecciones en un régimen no democrático? o ¿por qué votar cuando las elecciones no son justas?

Por Jennifer McCoy

@jlynnmccoy

 

Jennifer McCoy es profesora distinguida  de Ciencias Políticas en la Georgia State University (GSU). Fue directora y fundadora de Global Studies Institute (2015 y 2016); entre 1998 y 2015 fue directora del Programa para las Américas del Centro Carter, donde ejecutó proyectos para el fortalecimiento de la democracia, mediación y diálogo y cooperación hemisférica. Es especialista en democratización y polarización, en mediación y prevención de conflictos, procesos electorales,  observación de elecciones, y en política latinoamericana. McCoy ha escrito y/o editado seis libros y docenas de artículos. Su más reciente libro Mediación Internacional en Venezuela en coautoría con Francisco Diez, fue publicado en 2011.

 

La Democracia es un sistema que busca lidiar, de forma pacífica, con las diferencias de intereses e identidades dentro de una sociedad. Las elecciones son un elemento fundamental de la democracia. Son el mecanismo para que los ciudadanos escojan a sus representantes, para gobernar el país durante un período de tiempo específico, basándose, en un escenario ideal, en información clara acerca de las diversas propuestas que los candidatos hagan. En ocasiones, sin embargo, un partido o grupo político hará uso de elecciones limitadas o restringidas para legitimar su permanencia en el poder, en lugar de someterse a la evaluación periódica del pueblo. Venezuela se encuentra en esta situación actualmente.

En este artículo, haré referencia al significado de votar en procesos electorales que han sufrido un fuerte deterioro. También plantearé que, aún cuando las elecciones parecieran estar inclinadas a favor de un determinado candidato, puede haber razones estratégicas para participar y así cambiar el juego político.

Desde su primera elección en 1998, Hugo Chávez valoró la legitimidad de recibir un mandato del pueblo en contiendas electorales. Aunque dichas elecciones se fueron volviendo cada vez más injustas, valiéndose del poder del Estado para dar ventajas al partido de gobierno; se logró la integridad del conteo de los votos a través de la implementación de un sistema de votación automatizado. Las garantías electorales incluían la participación de todos los partidos políticos en auditorías y controles, para poder validar los resultados de cada elección. Así pues, los resultados de las elecciones fueron respetados y se permitió a los candidatos ganadores ocupar los cargos obtenidos.

A inicios de 2016, con Nicolás Maduro en el poder, el gobierno cambió de manera dramática las reglas básicas del juego, cuando el CNE suspendió el derecho constitucional de solicitar un referéndum revocatorio y pospuso las elecciones regionales. Luego, en 2017, el gobierno llevó a cabo elecciones para un órgano de cuestionable legitimidad constitucional, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y, por primera vez, no cumplió la regla de “un ciudadano, un voto” para elegir representantes para la ANC. Con el retiro de la oposición para este proceso, el gobierno tuvo la libertad de inventar números y flexibilizar el sistema de voto automatizado, hecho que sólo pudo ser detectado y denunciado por la entonces empresa asesora Smartmatic.

Las elecciones regionales de 2017 evidenciaron con más fuerza a un gobierno dispuesto a recurrir más explícitamente a medidas fraudulentas y represivas para mantenerse en el poder.

En primer lugar, y por primera vez desde la instalación de la Revolución Bolivariana en 1999, el gobierno de Maduro no permitió la toma de posesión de un candidato electo. Si bien tanto en el gobierno de Chávez como en el de Maduro se ha usurpado el poder de órganos legitimamente electos, nombrando autoridades paralelas o removiendo funcionarios, basándose en el argumento (dudoso) de fraude electoral; el derrocamiento del gobernador electo del estado Zulia, por negarse a prestar juramento ante la ANC, avanzó pasos en el desconocimiento de los resultados y burló descaradamente la voluntad de los electores.

En segundo lugar, el gobierno habría incurrido por primera vez en manipulación del conteo de los votos, en una contienda electoral agendada de manera regular (sin tomar en cuenta la votación para la ANC del mes de julio). Hasta ahora, la mayoría de las irregularidades de votación demostradas tenían como objetivo influir en los que votaron y en cómo lo hicieron, pero las máquinas de votación soportaron las auditorías que miden la integridad de su recuento. El 15 de octubre en el estado Bolívar, los resultados de al menos once máquinas de votación fueron ingresados a mano, en lugar de transmitidos electrónicamente, lo cual , podría haber alterado los resultados en la entidad.

¿Dado este escenario, vale la pena seguir participando en elecciones? En un régimen autoritario electoral, que celebra elecciones manipuladas para reclamar una legitimidad democrática mientras asegura que el titular ganará; el juego es a dos niveles. Los oponentes deben participar en cada elección, donde tengan posibilidad de superar las manipulaciones y ganar efectivamente, mientras también, trabajan para cambiar las reglas del juego político más amplio.

Aun con condiciones extremadamente desfavorables, los partidos políticos de oposición lograron ganar en el pasado reciente, elecciones en alcaldías y gobernaciones importantes, así como obtener la mayoría en el parlamento. Algunos partidos independientes más pequeños inscribieron candidatos para las elecciones municipales del 10 de diciembre, lo cual le da una oportunidad a la sociedad civil venezolana para monitorear, documentar y denunciar irregularidades. Esto puede no cambiar los resultados, pero la participación y la documentación sistemática si pueden desenmascarar y deslegitimar la fachada democrática del gobierno, si éste llegase a recurrir al fraude y a la represión.


Existe una gran tentación de boicotear las elecciones injustas, ya que es poco probable que alguien que no sea candidato designado por el gobierno pueda ganar y, por otra parte, los oponentes temen legitimar un proceso injusto. De hecho, esa es la decisión que tomaron la mayoría de los partidos de oposición. Pero boicotear elecciones injustas simplemente le entrega todo el poder al partido de gobierno. Tal entrega de poder no le cuesta nada al vencedor, pero exige un alto precio por parte de la oposición y sus partidarios al perder el control local de los recursos, las fuerzas policiales y los permisos para las protestas. Por lo tanto, es mejor participar y obligar al gobierno a competir, que permitir que el gobierno gane sin ningún esfuerzo. Desenmascarar el fraude y la intimidación, al contrario, permite impulsar la exigencia de cambios en el panorama político más amplio.

Las elecciones presidenciales deberían llevarse a cabo en 2018. La oposición ha colocado en la mesa de negociación la celebración de elecciónes justas. Mientras tanto, los ciudadanos deberían ejercer su derecho al voto; y la sociedad civil debería monitorear, documentar y denunciar las irregularidades, para aumentar la presión por el cambio y para mantener informados a los ciudadanos y a los observadores internacionales acerca de las condiciones en Venezuela.

 

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