Establecimiento y Desarticulación del Régimen de Garantías Electorales en Venezuela

ESTABLECIMIENTO Y DESARTICULACIÓN DEL RÉGIMEN DE GARANTÍAS ELECTORALES EN VENEZUELA

POR GRISELDA COLINA  Y HÉCTOR VANOLLI 

 

Griselda Colina. Comunicadora Social egresada de la UCV. Actualmente es Directora del Observatorio Global de Comunicación y Democracia. Entre 2010 y 2015 ocupó la Coord. de Proyectos de la oficina del Centro Carter en Venezuela. Co- autora del manual de monitoreo de medios del Centro Carter, así como del Informe de Libertad de Expresión de Freedom House 2012. Colina fue parte del staff local de la Misión de Estudio del Centro Carter en Venezuela para los procesos electorales presidenciales de 2012 y 2013. @griscolina

Héctor Vanolli. Es licenciado en Comunicaciones Sociales por la Universidad Católica de Salta (UCS), tiene una maestría en Relaciones Internacionales y Comunicación en la Universidad de Boston (BU) y ha sido scholar de la Fundación Fulbright y la Fundación Ford en los Estados Unidos. Se desempeñó como Representante Permanente del Centro Carter en Venezuela entre 2005 y 2014. Anteriormente, se desempeñó como Especialista en la Unidad para la Promoción de la Democracia (UPD) de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington DC. 

 

La automatización del sistema electoral venezolano en 2004  fue acompañada de una serie de medidas extraordinarias de seguridad, las cuales tuvieron como objetivo fundamental fomentar la confianza del público en el voto electrónico.

En un marco de una aguda polarización y confrontación política, y un proceso de creciente parcialización del ente electoral, la aceptación de la automatización del proceso de votación por parte del público presupuso un enorme desafío. Al otorgar a los actores mecanismos confiables de certificación de resultados, el régimen de garantías creado a partir de 2004 serviría para garantizar la integridad del sistema de conteo y totalización. En algunos casos, como en los años 2007 y 2015 serviría incluso para proporcionar importantes triunfos electorales a la oposición.

Paradójicamente, en esta misma etapa, el ente rector electoral venezolano iniciaría un viraje dramático, que lo llevaría a transformarse, en pocos años, en el principal promotor de la desconfianza pública en Venezuela y, después de 2015, en el facilitador y perpetrador del fraude electoral.

En el presente artículo se analiza el rol del Consejo Nacional Electoral (CNE) en el proceso de construcción y posterior desmantelamiento del régimen de garantías electorales en Venezuela, así como las consecuencias de ese proceso en la ruptura del hilo constitucional y la consiguiente caída del país en el caos y la ilegalidad.

La generación de garantías

El uso de sistemas electorales automatizados en Venezuela se remonta a 1972, cuando el entonces Consejo Supremo Electoral incorporó al proceso de votación máquinas electro mecánicas para la impresión de las actas de escrutinio (Ver Informe Capel). La decisión de convertir los cargos de gobernadores, alcaldes y concejales en cargos de elección popular en 1989 (en lugar de ser nombrados por el gobierno central), allanaría el terreno para que, a partir de 1992, Venezuela avanzara a paso firme hacia la adopción de uno de los sistemas de votación automatizados más sofisticados del continente.

Esta tendencia alcanzaría su punto álgido en 2004, cuando el recientemente creado CNE encargó a la empresa Smartmatic, la automatización de la totalidad de las fases del proceso de votación, proceso que culminaría, ocho años después, con la incorporación del sistema de identificación dactilar del elector, conocido como Sistema de Autenticación Integrado (SAI).

En el marco de una intensa polarización política, y un sentimiento de desconfianza generalizado hacia el ente electoral, la automatización integral del proceso de votación presupuso para el CNE un enorme desafío. A fin de cimentar la confianza pública, el organismo electoral, a sugerencia de Smartmatic, aprobó, como principal garantía de transparencia, la capacidad de la máquina de votación de generar un recibo, conocido como “comprobante de voto”, luego de que el elector hubiera sufragado electrónicamente. Esta característica permitía una doble verificación. En primer lugar, permitía al elector comprobar que el sistema automatizado de votación había registrado fielmente su voluntad. En segundo lugar, una vez que dicho recibo era depositado en una urna (o “caja de resguardo”), habilitada para tal efecto, permitía a los miembros de mesa y testigos de agrupaciones políticas verificar la correspondencia entre los resultados consignados en las actas de votación y los resultados del conteo de los comprobantes depositados por los votantes. Como garantía adicional de este proceso, el comprobante de voto se imprimía en papel especial, con marcas de agua y tinta de seguridad, y era identificado a través de un código no secuencial.

Dado que esta segunda verificación se realizaba al cierre del acto de votación, ante la presencia de representantes de partidos políticos, observadores y ciudadanos en general, el procedimiento pasó a conocerse como “auditoria en caliente” (Auditoria Ciudadana Fase I, en la jerga técnica).

A este conjunto de garantías se le sumaría, luego del referendo revocatorio presidencial, un nutrido grupo de protocolos adicionales. Presionado por sectores políticos de oposición, y bajo la atenta mirada de la comunidad internacional, el CNE acordó entonces la obligación de imprimir y repartir entre los testigos y fiscales presentes el acta de votación antes de que ésta fuera transmitida por la máquina al centro de totalización ubicado en CNE, así como la obligación de sellar las urnas con actas contentivas con la firma de los miembros de mesa y los representantes de los partidos políticos. Con el fin de apaciguar los temores de quienes afirmaban que las máquinas podían transmitir datos en forma subrepticia durante el proceso de votación, el CNE accedió además a mantener las máquinas de votación desconectadas durante dicho proceso. Más importante aún, en el 2006, el CNE anunciaría la ampliación del porcentaje de urnas a auditarse durante la “auditoría en caliente”, por lo que del reducido porcentaje inicial se pasaría a más del 50 por ciento.

Adicionalmente, el CNE había adelantado, como garantía central de seguridad, la completa auditabilidad del sistema. Al conjunto de las seis auditorías técnicas iniciales, se le fueron añadiendo otras, hasta llegar, en 2013, a las 19. La última auditoria incorporada sería la llamada Auditoria Posterior de los Datos del Elector, conocida también como Auditoria de No Duplicidad de Huellas, la cual fue especialmente diseñada para detectar los casos de voto múltiple o de sustitución de identidad de electores (Ver Blog E-LECTOR).

El viraje del CNE

Paradójicamente, la etapa de generación y fortalecimiento del régimen de garantías electorales, que caracterizaría al sistema automatizado de votación venezolano durante los años 2000, coincidiría con el período de transformación gradual pero inexorable del CNE en una dependencia del poder ejecutivo, cuya función última se reduciría a mantener a toda costa al gobierno en el poder.

Creado en 1999, el Consejo Nacional Electoral fue concebido, en la nueva constitución bolivariana, como un poder autónomo, cuya tarea debía ser la de encargarse de garantizar “la organización, administración, dirección y vigilancia” de los procesos electorales en base al principio de “independencia, imparcialidad, autonomía y despartidización”, así como de “transparencia y celeridad” en todos los actos relativos a la elección de los cargos de elección popular y referendos.

Tristemente, a excepción de lo actuado durante sus primeros años de vida, el CNE no haría honor, en ningún momento, a los principios de autonomía e independencia, tan solemnemente establecidos en su partida de nacimiento. Por el contrario, a partir de 2003, durante la gestión de Francisco Carrasquero, el organismo electoral venezolano iniciaría un dramático e inédito giro que, en poco tiempo, lo transformaría en un actor activo de la contienda política en favor de los intereses del oficialismo.

Esta circunstancia daría lugar a una serie de gravísimas distorsiones institucionales, las que, con el tiempo, transformarían profundamente al país. Entre otras serias consecuencias, la sociedad venezolana se vería drásticamente privada de la función crítica que cumple el árbitro electoral en los procesos de resolución de conflictos. Al convertirse en un actor interesado en un determinado resultado, la actuación del CNE contribuiría a la consolidación de lo que en Venezuela se conoce como el “ventajismo institucionalizado”, situación en la que, en cada período electoral, la totalidad de las instituciones del estado concurren a apuntalar, en forma concertada, abierta y sistemática, al candidato oficialista.

Pese a este panorama, el sistema de garantías electorales no sólo proveyó a los distintos actores políticos de mecanismos confiables de comprobación de resultados, sino que posibilitó el triunfo de las fuerzas opositoras en importantes ocasiones. La oposición podía perder una elección en virtud de las abrumadoras condiciones de inequidad en la competencia electoral, nunca en virtud de la manipulación o alteración de los números de la votación. Este estatus-quo daría un vuelco dramático luego de los resultados de 2015.

La delgada línea roja

El 6 de diciembre de 2015, las fuerzas de oposición propinaron al régimen la que quizás sea la más importante derrota del chavismo en las urnas desde la asunción de Hugo Chávez a la presidencia en 1999.  Al obtener 111 diputados en las elecciones parlamentarias de ese año, la oposición obtuvo la mayoría calificada, circunstancia que le permitía elegir o remover a los miembros de los restantes poderes (tales como el Poder Ciudadano, el  Tribunal Supremo de Justicia o  CNE), sancionar leyes habilitantes y aprobar mociones de censura a ministros o al vicepresidente, entre otras acciones. Consciente de que esa circunstancia significaría el fin de la “revolución”, el oficialismo se movió rápidamente. Mediante una maniobra perpetrada por los magistrados oficialistas nombrados a último momento por la saliente asamblea, el gobierno desconocería la asunción de los cuatro diputados electos en representación del sector indígena, tres de los cuales eran de oposición. Mediante ese recurso, el gobierno no sólo impediría la conformación de la mayoría calificada en la Asamblea Nacional sino que dejaría sin representación en ese cuerpo al estado Amazonas.

Lo ocurrido en dicha elección signaría la conducta del organismo electoral en los próximos procesos electorales. A partir de ese momento, el CNE abandonaría toda pretensión de neutralidad, impidiendo o dificultando activamente cualquier posibilidad de avance electoral de la oposición. Este proceso llevaría, entre otras cosas, a la anulación parcial de la asamblea elegida en 2015 mediante la elección espuria, en 2017, de la Asamblea Nacional Constituyente, un organismo supraconstitucional, que asumiría funciones parlamentarias paralelas.

Entre 2016 y 2017, el CNE incurriría en una extensa lista de gravísimas violaciones. Entre otras acciones, el organismo: 1) Impediría a la oposición solicitar, de acuerdo a lo establecido en la constitución, la activación del mecanismo conocido como referendo revocatorio presidencial; 2) Retrasaría, sin ninguna justificación, el proceso de legitimación de las organizaciones políticas nacionales, el cual, de acuerdo a las normas, debía haberse realizado en forma posterior a los comicios parlamentarios de 2015; 3) Retrasaría por casi un año la convocatoria a las elecciones para elegir a los gobernadores y diputados a los consejos legislativos regionales; 4) Eliminaría además, en este último proceso, sin ningún tipo de explicación, la renovación de los cargos correspondientes a los diputados a los concejos legislativos regionales; y 5) En el caso de las elecciones municipales, anunciaría comicios para renovar a sólo 335 alcaldes, dejando de lado, sin ningún tipo de justificativo, tanto las elecciones para elegir a los representantes de los concejos municipales como los comicios para elegir a los alcaldes metropolitanos de Caracas y Alto Apure.

El extraordinario viraje del CNE culminaría en 2017 con el cruce de la delgada línea roja que separa el ventajismo de la manipulación de las cifras. Ese cruce se produciría por primera vez durante las elecciones ilegitimas para conformar la Asamblea Nacional Constituyente. El organismo electoral no sólo violaría, en forma abierta, y sin atención a las formas, la casi totalidad de las normas y principios vinculados a la organización y dirección de los procesos electorales, sino que, además, incurriría en la manipulación de los números, tal como lo denunció la empresa proveedora del servicio automatizado Smartmatic, la cual, a partir de ese proceso, dejó de prestar servicios en Venezuela.

El CNE cruzaría nuevamente la línea roja durante las elecciones regionales celebradas ese mismo año, en las que el organismo electoral privó fraudulentamente de la gobernación del estado Bolívar al candidato de la oposición Andrés Velásquez. Siguiendo los dictados del oficialismo, el CNE desconocería además, en ese mismo proceso, los resultados del voto popular en las elecciones en el estado Zulia, en el que resultó electo el candidato de la oposición, Juan Pablo Guanipa.

Los desafíos en Venezuela

El caso venezolano demuestra, como ningún otro ejemplo en el hemisferio, la importancia crítica que, para el mantenimiento de la legalidad, la convivencia y la paz social, tiene la existencia de instituciones electorales neutrales. De haber contado Venezuela con un organismo electoral imparcial, que resistiera los embates autoritarios del gobierno en las etapas tempranas de consolidación del régimen, la historia del país en los últimos 15 años se habría escrito quizás de otra manera.

La transición a la democracia en Venezuela plantea un doble desafío. Por un lado, la democratización del país exige la conformación de un CNE independiente, que esté al servicio de los ciudadanos y de la constitución. Por otro, mientras se trabaja para el logro de esta meta irrenunciable, es importante que tanto los partidos políticos, como los ciudadanos en general exijan la preservación de las garantías logradas en el pasado. El sistema automatizado de votación venezolano cuenta con una serie de importantes fortalezas, que los actores del arco democrático deben exigir y aprovechar, al margen de las condiciones de inequidad del ambiente eco-electoral.

English Verision

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Establishment and Dismantling of the Voting Guarantees System in Venezuela

ESTABLISHMENT AND DISMANTLING OF THE VOTING GUARANTEES SYSTEM IN VENEZUELA

By Griselda Colina and Hector Vanolli

 

Griselda Colina. Comunicadora Social egresada de la UCV. Actualmente es Directora del Observatorio Global de Comunicación y Democracia. Entre 2010 y 2015 ocupó la Coord. de Proyectos de la oficina del Centro Carter en Venezuela. Co- autora del manual de monitoreo de medios del Centro Carter, así como del Informe de Libertad de Expresión de Freedom House 2012. Colina fue parte del staff local de la Misión de Estudio del Centro Carter en Venezuela para los procesos electorales presidenciales de 2012 y 2013. @griscolina

Héctor Vanolli. Es licenciado en Comunicaciones Sociales por la Universidad Católica de Salta (UCS), tiene una maestría en Relaciones Internacionales y Comunicación en la Universidad de Boston (BU) y ha sido scholar de la Fundación Fulbright y la Fundación Ford en los Estados Unidos. Se desempeñó como Representante Permanente del Centro Carter en Venezuela entre 2005 y 2014. Anteriormente, se desempeñó como Especialista en la Unidad para la Promoción de la Democracia (UPD) de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington DC. 

The automation of the Venezuelan voting system in 2004 came with a series of extraordinary security measures aimed chiefly at encouraging the population to trust the electronic voting system.

Said measures came about within a framework of acute political polarization and confrontation, as well as growing partiality by the electoral agency.  For this reason, these measures have played an essential role in maintaining social peace.  By giving the different actors in this process reliable mechanisms to certify voting results, the system of voting guarantees created since 2004 has guaranteed the trustworthiness of the counting and tallying system.  Further, in some cases, such as in 2007 and 2015, it has even led to some voting victories by the opposition.

Paradoxically, during this same period of time, the Venezuelan electoral agency announced a dramatic change of course that would transform it in a matter of a few years into the main promoter of lack of trust in Venezuela and, starting in 2015, into the entity facilitating and consummating electoral fraud.

This article analyses the role of the National Electoral Council (CNE, by its initials in Spanish) in the process of establishing and subsequent dismantling of the system of electoral guarantees in Venezuela, as well as consequences this process has had on the rupturing of the constitutional order and the ensuing chaos and illegality that plagues the nation.

The generation of guarantees

The use of an automated voting system in Venezuela goes back to 1972 when the then-Supreme Electoral Council incorporated electro-mechanic machines to the voting process to print official tallies of votes (see Informe Capel).  The decision to transform the positions of governor, mayor and councilman into popular vote positions in 1989 (instead of being appointed by the central government) paved the way so that starting in 1992 Venezuela would take solid steps towards adopting one of the most sophisticated automated voting systems in the continent.

This trend would reach its pinnacle in 2004 when the recently created CNE contracted with the company Smarmatic to automate all of the phases in the voting process.  This process finished eight years later when the voter finger print identification system was incorporated, also known as the Integrated Authentication System (SAI, by its initials in Spanish).

Due to the intense political polarization and a generalized feeling of distrust toward the electoral government agency, it was extremely challenging for the CNE to achieve comprehensive automation of the voting system.  The CNE, following a suggestion by Smartmatic, and aiming at strengthening people’s trust, approved as the main transparency guarantee a feature in voting machines that prints a receipt known as “proof of vote” after voters have cast their electronic ballots.  This allows double verification.  First, it allows voters to confirm that the automated voting system has accurately registered their voting selections.  Second, once the receipt is deposited in a ballot box (or “backup box”) set up for that purpose, it allows polling supervisors and witnesses from different political organizations to verify that the results from the cast ballots match the results from tallying the voters’ proofs of vote.  As an additional guarantee in the process, proofs of votes are printed on special paper that has watermarks and security ink and are identified by a non-sequential code.

This process became known as “on-the-fly audit” (the technical name is Citizens’ Audit, Phase I) given that this is a second verification done after voting has been closed and in front of representatives from political parties, observers and citizens in general.

After the presidential recall referendum, this set of guarantees was complemented by a group of additional protocols.  The CNE, under pressure from opposition political groups and under scrutiny from the international community, agreed then to require that cast ballots are printed and given to the witnesses and prosecutors present during the voting process before they are sent by the machines to the tallying center located in the CNE headquarters.  It also required polling supervisors and representatives from the different political parties to sign the ballot boxes that harbor the cast ballots.  Likewise, the CNE agreed to keep the voting machines unplugged during the voting process so as to assuage the fear of those signing the ballot boxes that data would be surreptitiously transmitted during the voting process.  More importantly, in 2006, the CNE announced it would increase the percentage of ballot boxes to be audited during the “on-the-fly audit” from a small percentage initially to over 50 per cent.

Additionally, the CNE had already accomplished a comprehensive audit of the entire system as the main security guarantee.  The six original technical audits were progressively supplemented by more audits until the number reached 19 audits in 2013.  The last audit added to the process was the so-called Post Audit of Voters’ Data, also known as the Audit to Prevent Duplicity of Fingerprints, which was specifically designed to detect cases of multiple votes or voter identity substitution (see Blog E-LECTOR).

CNE’s transformation 

Paradoxically, the stage for creation and strengthening of the system of voting guarantees that characterized the Venezuelan automated voting system during the 2000s coincided with a period of gradual but inexorable transformation of the CNE.  This transformation turned the agency into an arm of the executive branch whose main function came down to maintaining the current government in power at all costs.

The National Electoral Council was created in 1999 by the new Bolivarian constitution as an autonomous agency, and it was charged with guaranteeing the “organization, administration, management and overseeing” of voting processes based on the principle of “independence, impartiality, autonomy and non-partisanship,” as well as “transparency and speed,” in all tasks relating to popular elections and referenda.

Sadly, except for CNE’s actions in the first few years of its existence, the electoral agency did not honor at any time the principles of autonomy and independence that were so solemnly set forth in its birth certificate.  On the contrary, starting in 2003, while under the leadership of Francisco Carrasquero, the Venezuelan electoral agency began a dramatic and unprecedented change that quickly transformed it into an active actor of the political battle in favor of pro-government political forces.

This situation gave rise to a series of severe institutional distortions that in time would deeply transform the country.  It also led to other serious consequences, including depriving the Venezuelan society from the critical role played by an electoral agency as an arbiter during conflict resolution situations.  The CNE became an actor with an interest in a particular result, which contributed to what in Venezuela is known as “institutionalized opportunism.”  Said institutionalized opportunism is a situation where all the state agencies agree to support the pro-government candidate in every election in an arranged, open and systematic manner.

Despite this panorama, the system of electoral guarantees did not only make possible for opposition forces to win some important elections, it also gave the different political actors reliable mechanisms to verify election results.  The opposition could only lose an election based on the overwhelming inequality that plagued electoral competition, but never based on manipulating or altering voting figures.  This status quo took a dramatic turn after 2015.

The very fine red line

On 6 December 2015, opposition forces inflicted perhaps the most important election defeat on the Chavismo since Hugo Chavez rose as president in 1999.  The opposition won 110 National Assembly representative slots in the 2015 parliamentary elections, thereby obtaining a qualified or absolute majority that allowed it to select or dismiss, on prior approval by the Supreme Court of Justice, members of the CNE, and approve enabling laws and motions to censor ministers and the vice president, among others.  The Government, knowing that this situation would mean the end of the “revolution,” moved quickly.  Pro-government members of the outgoing National Assembly carried out a last-minute stratagem that allowed the Government to not recognize four members elected to represent the indigenous sector, three of which were members of the opposition.   By doing this, the Government did not only prevent the existence of a qualified majority in the National Assembly, it also left this entity in Amazonas state without representation (see Amazonas).

What happened in that election signaled the CNE’s behavior in future elections.  From that moment on, the CNE abandoned any pretense of being neutral and actively impeded or made difficult any chance for the opposition to make any political progress.  This process led, among others, to the partial annulment of the National Assembly elected in 2015 through a spurious election in 2017 of the National Constituent Assembly.  The latter was a supra-constitutional entity that took on parallel parliamentary functions.

Between 2016 and 2017, the CNE engaged in a long list of very serious violations.  The agency, among others, 1) prevented the opposition from requesting, pursuant to constitutional provisions, the activation of a mechanism known as the presidential recall referendum, 2) delayed without any justification the process to legitimize national political organizations, which, pursuant to regulation, should have taken place after the 2015 parliamentary elections, 3) delayed for almost a year the elections for governors and members of the regional legislative councils, 4) eliminated from the latter process, with no explanation, the renewal of positions for members of said regional legislative councils, and 5) with regard to municipal elections, announced elections for only 335 mayors, thereby ignoring without any justification whatsoever the elections for representatives to Municipal Councils and the elections for the metropolitan mayors of Alto Apure and Caracas.

The CNE’s extraordinary transformation would end in 2017 when the agency crossed the very fine red line that separates opportunism from manipulation of the numbers.  This happened for the first time during the unlawful elections that created the National Constituent Assembly.  The electoral entity did not only openly and carelessly violate rules and principles regarding the organization and management of elections, it also manipulated the numbers, as the company providing the automated service Smartmatic denounced.  Said company stopped providing services in Venezuela after that statement (see Smartmatic).

The CNE once again crossed the fine red line during the 2017 regional elections when it fraudulently prevented opposition candidate Andres Velasquez from taking power in Bolivar state’s government.  Furthermore, following directions from the executive branch, the CNE did not recognize the results of the popular vote for Zulia state during the same elections, in which opposition candidate Juan Pablo Guanipa was elected (see Guanipa).

 Conclusion

The Venezuelan case demonstrates, as any other example in the Western hemisphere, that in order to maintain legality, coexistence and social peace, neutral voting institutions must exist.  The history of the country in the past 15 years would perhaps have been different if Venezuela had had an impartial voting agency that resisted the authoritarian attacks by the government in the early stages of the regime’s consolidation.

The transition into democracy in Venezuela poses a two-fold challenge.  First, democratizing the nation requires the creation of an independent CNE that serves citizens and the constitution.  On the other hand, it is important that both political parties and citizens in general demand that the voting guarantees achieved in the past are preserved while the first challenge is overcome.

The Venezuelan automated voting system has a series of important strengths that the different actors in the democratic system must demand and take advantage of while putting aside the inequality of the current eco-electoral system.

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What Do Elections Mean in a Non-Democratic Regime? Or Why Bother to Vote When the Elections Are Not Fair?

What Do Elections Mean in a Non-Democratic Regime? 

Or Why Bother to Vote When the Elections Are Not Fair?

By Jennifer McCoy

@jlynnmccoy 

Jennifer McCoy, PhD, is Distinguished University Professor of Political Science at Georgia State University. She served as Founding Director of the Global Studies Institute at GSU (2015-16), and Director of the Carter Center’s Americas Program 1998-2015, leading projects on democratic strengthening, mediation and dialogue, and hemispheric cooperation. A specialist on democratization and polarization, mediation and conflict prevention, election processes and election observation, and Latin American politics, Dr. McCoy has authored or edited six books and dozens of articles. Her latest book is International Mediation in Venezuela (with Francisco Diez, 2011). She teaches courses on comparative democratization, international norms, and Latin American politics.

 

Democracy is a system to peacefully manage the natural differences of interests and identities in a society. Elections are a fundamental element of democracy. They are the mechanism for citizens to choose representatives to govern the country for a specified period of time, ideally based on clear information about the various proposals the candidates put forward. Sometimes, though, a political party or group will use restricted elections to legitimize their stay in power, rather than to subject themselves to the periodic review of the people. Venezuela is in this situation today. In this article, I discuss the meaning of voting in electoral processes that have experienced a severe deterioration. I argue that even when elections appear “rigged” to determine a winner, there can be strategic reasons to participate in order to change the larger political game.

From his first election in 1998, Hugo Chávez valued the legitimacy of receiving a mandate from the people in electoral contests. Although these elections became increasingly unfair, using ventajismo to give unfair advantages to the governing party, the integrity of the vote count was achieved with the implementation of the automated voting system. Electoral guarantees included the participation of all of the political parties in audits and controls to be able to validate the results of the election. The results of the election were in turn respected, and the candidates who won were allowed to take office.

Beginning in 2016, with Nicolás Maduro in power, the government changed the basic rules of the game dramatically when the CNE suspended the constitutional right to petition for a recall referendum and postponed the regional elections. Then in 2017 the government held a vote for an entity of questionable constitutional legitimacy – the ANC, and for the first time did not even bother to follow the rule of “one citizen, one vote” in its formulas to elect representatives to the ANC. With the opposition boycotting, the government was free to invent numbers and relax the automatic voting system, with only the technical advisory company of Smartmatic capable of denouncing the results.

The October 2017 regional elections further signaled that the government was willing to resort to more explicitly fraudulent and repressive measures to hold onto power. First, the Maduro government refused to install the winner of an election for the first time since the inception of the Bolivarian Revolution in 1999. Both Chávez and Maduro had at one point or another usurped the power of elected bodies by naming parallel authorities or removed officials based on (dubious) allegations of electoral fraud. But when the government ousted the announced governor-elect of Zulia because he refused to participate in a swearing-in ceremony before the ANC, it went a step further and openly flouted the voters’ will.

Second, the government appeared to engage in manipulation of the vote count for the first time in a regularly scheduled contested election (not counting the July ANC vote). Until now, most of the demonstrated voting irregularities were aimed at influencing those who voted and how they did so, but the voting machines withstood audits measuring the integrity of their count. On October 15 in the state of Bolívar, at least 11 voting machine results were entered by hand, rather than electronically transmitted, appearing to change the winner in that state race.

Given this scenario, are elections still worthwhile? In an electoral authoritarian regime, which holds manipulated elections to claim a democratic legitimacy while ensuring that the incumbent will win, the game is a two-level one. Opponents must participate in each election, with the chance they might overwhelm the manipulations and actually win, while also working to change the rules of the larger political game.

Even with extremely unfavorable conditions, opposing political parties managed in the past to win elections for important mayorships, governorships and legislative majorities. Independents and smaller parties have registered to run in the December 10 municipal elections, and this provides an opportunity for Venezuelan civil society to monitor, document and denounce irregularities. It may not change the outcomes, but participation and systematic documentation can unmask and delegitimize the government’s attempted democratic veneer if it resorts to fraud and repression.

There is a great temptation to boycott unfair elections, since it is unlikely anyone other than government-designated candidates can win, and opponents fear legitimizing an unfair process. That is the decision that the larger opposition parties in fact made. But boycotting unfair elections simply delivers all power to the governing party. Such a power hand-off exacts no cost to the victor, but demands a high price from the opposition and its supporters in losing local control of resources, police forces and permissions for protests. It is therefore better to participate and force the government to compete than to allow the government to win with no effort. Unmasking fraud and intimidation, in turn, provides leverage to demand a change in the larger political game.

Presidential elections are expected in 2018. The opposition has put fair elections on the negotiating. In the meantime, citizens should vote and civil society should monitor, document and denounce irregularities, to provide more leverage to press for change and to inform citizens and concerned foreign observers alike about the conditions in Venezuela.

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¿Qué significan las elecciones en un régimen no democrático? O ¿Por qué votar cuando las elecciones no son justas?

¿Qué significan las elecciones en un régimen no democrático? o ¿por qué votar cuando las elecciones no son justas?

Por Jennifer McCoy

@jlynnmccoy

 

Jennifer McCoy es profesora distinguida  de Ciencias Políticas en la Georgia State University (GSU). Fue directora y fundadora de Global Studies Institute (2015 y 2016); entre 1998 y 2015 fue directora del Programa para las Américas del Centro Carter, donde ejecutó proyectos para el fortalecimiento de la democracia, mediación y diálogo y cooperación hemisférica. Es especialista en democratización y polarización, en mediación y prevención de conflictos, procesos electorales,  observación de elecciones, y en política latinoamericana. McCoy ha escrito y/o editado seis libros y docenas de artículos. Su más reciente libro Mediación Internacional en Venezuela en coautoría con Francisco Diez, fue publicado en 2011.

 

La Democracia es un sistema que busca lidiar, de forma pacífica, con las diferencias de intereses e identidades dentro de una sociedad. Las elecciones son un elemento fundamental de la democracia. Son el mecanismo para que los ciudadanos escojan a sus representantes, para gobernar el país durante un período de tiempo específico, basándose, en un escenario ideal, en información clara acerca de las diversas propuestas que los candidatos hagan. En ocasiones, sin embargo, un partido o grupo político hará uso de elecciones limitadas o restringidas para legitimar su permanencia en el poder, en lugar de someterse a la evaluación periódica del pueblo. Venezuela se encuentra en esta situación actualmente.

En este artículo, haré referencia al significado de votar en procesos electorales que han sufrido un fuerte deterioro. También plantearé que, aún cuando las elecciones parecieran estar inclinadas a favor de un determinado candidato, puede haber razones estratégicas para participar y así cambiar el juego político.

Desde su primera elección en 1998, Hugo Chávez valoró la legitimidad de recibir un mandato del pueblo en contiendas electorales. Aunque dichas elecciones se fueron volviendo cada vez más injustas, valiéndose del poder del Estado para dar ventajas al partido de gobierno; se logró la integridad del conteo de los votos a través de la implementación de un sistema de votación automatizado. Las garantías electorales incluían la participación de todos los partidos políticos en auditorías y controles, para poder validar los resultados de cada elección. Así pues, los resultados de las elecciones fueron respetados y se permitió a los candidatos ganadores ocupar los cargos obtenidos.

A inicios de 2016, con Nicolás Maduro en el poder, el gobierno cambió de manera dramática las reglas básicas del juego, cuando el CNE suspendió el derecho constitucional de solicitar un referéndum revocatorio y pospuso las elecciones regionales. Luego, en 2017, el gobierno llevó a cabo elecciones para un órgano de cuestionable legitimidad constitucional, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y, por primera vez, no cumplió la regla de “un ciudadano, un voto” para elegir representantes para la ANC. Con el retiro de la oposición para este proceso, el gobierno tuvo la libertad de inventar números y flexibilizar el sistema de voto automatizado, hecho que sólo pudo ser detectado y denunciado por la entonces empresa asesora Smartmatic.

Las elecciones regionales de 2017 evidenciaron con más fuerza a un gobierno dispuesto a recurrir más explícitamente a medidas fraudulentas y represivas para mantenerse en el poder.

En primer lugar, y por primera vez desde la instalación de la Revolución Bolivariana en 1999, el gobierno de Maduro no permitió la toma de posesión de un candidato electo. Si bien tanto en el gobierno de Chávez como en el de Maduro se ha usurpado el poder de órganos legitimamente electos, nombrando autoridades paralelas o removiendo funcionarios, basándose en el argumento (dudoso) de fraude electoral; el derrocamiento del gobernador electo del estado Zulia, por negarse a prestar juramento ante la ANC, avanzó pasos en el desconocimiento de los resultados y burló descaradamente la voluntad de los electores.

En segundo lugar, el gobierno habría incurrido por primera vez en manipulación del conteo de los votos, en una contienda electoral agendada de manera regular (sin tomar en cuenta la votación para la ANC del mes de julio). Hasta ahora, la mayoría de las irregularidades de votación demostradas tenían como objetivo influir en los que votaron y en cómo lo hicieron, pero las máquinas de votación soportaron las auditorías que miden la integridad de su recuento. El 15 de octubre en el estado Bolívar, los resultados de al menos once máquinas de votación fueron ingresados a mano, en lugar de transmitidos electrónicamente, lo cual , podría haber alterado los resultados en la entidad.

¿Dado este escenario, vale la pena seguir participando en elecciones? En un régimen autoritario electoral, que celebra elecciones manipuladas para reclamar una legitimidad democrática mientras asegura que el titular ganará; el juego es a dos niveles. Los oponentes deben participar en cada elección, donde tengan posibilidad de superar las manipulaciones y ganar efectivamente, mientras también, trabajan para cambiar las reglas del juego político más amplio.

Aun con condiciones extremadamente desfavorables, los partidos políticos de oposición lograron ganar en el pasado reciente, elecciones en alcaldías y gobernaciones importantes, así como obtener la mayoría en el parlamento. Algunos partidos independientes más pequeños inscribieron candidatos para las elecciones municipales del 10 de diciembre, lo cual le da una oportunidad a la sociedad civil venezolana para monitorear, documentar y denunciar irregularidades. Esto puede no cambiar los resultados, pero la participación y la documentación sistemática si pueden desenmascarar y deslegitimar la fachada democrática del gobierno, si éste llegase a recurrir al fraude y a la represión.


Existe una gran tentación de boicotear las elecciones injustas, ya que es poco probable que alguien que no sea candidato designado por el gobierno pueda ganar y, por otra parte, los oponentes temen legitimar un proceso injusto. De hecho, esa es la decisión que tomaron la mayoría de los partidos de oposición. Pero boicotear elecciones injustas simplemente le entrega todo el poder al partido de gobierno. Tal entrega de poder no le cuesta nada al vencedor, pero exige un alto precio por parte de la oposición y sus partidarios al perder el control local de los recursos, las fuerzas policiales y los permisos para las protestas. Por lo tanto, es mejor participar y obligar al gobierno a competir, que permitir que el gobierno gane sin ningún esfuerzo. Desenmascarar el fraude y la intimidación, al contrario, permite impulsar la exigencia de cambios en el panorama político más amplio.

Las elecciones presidenciales deberían llevarse a cabo en 2018. La oposición ha colocado en la mesa de negociación la celebración de elecciónes justas. Mientras tanto, los ciudadanos deberían ejercer su derecho al voto; y la sociedad civil debería monitorear, documentar y denunciar las irregularidades, para aumentar la presión por el cambio y para mantener informados a los ciudadanos y a los observadores internacionales acerca de las condiciones en Venezuela.

 

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Yo Voto Venezuela

CAMPAÑA

#YO VOTO

VENEZUELA 2017

En el marco de los procesos electorales para escoger gobernadores y alcaldes en Venezuela y frente a las irregularidades cometidas por el ente electoral, la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente y el Ejecutivo Nacional, el Observatorio Global de Comunicación y Democracia, Cepaz y Voto Joven se unieron a la “Alianza Cívica en defensa del derecho a la participación, por el retorno a la democracia en Venezuela” para realizar y promover la campaña “Yo Voto”.

 

Alianza Civil por la Defensa de la Democracia en Venezuela

 

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EL OGCD Y LA REC SUMARON PROPUESTAS SOBRE CONDICIONES ELECTORALES A LA ASAMBLEA NACIONAL

Organizaciones de la sociedad civil venezolana en la Asamblea Nacional

EL OBSERVATORIO GLOBAL DE COMUNICACIÓN Y DEMOCRACIA Y LA RED ELECTORAL CIUDADANA SUMARON PROPUESTAS SOBRE CONDICIONES ELECTORALES A LA SUB COMISIÓN DE ASUNTOS ELECTORALES Y DERECHOS POLÍTICOS DE LA ASAMBLEA NACIONAL

El Observatorio Global de Comunicación y Democracia, la Red Electoral Ciudadana y otras organizaciones que promueven Derechos Políticos participaron en las sesiones convocadas por la Subcomisión de Asuntos Electorales y Derechos Políticos de la Asamblea Nacional presidida por el diputado Luis Stefanelli. Las sesiones tuvieron por objeto completar el expediente sobre el pasado proceso electoral del 15 de octubre y elaboración de un pliego de propuestas para una elección libre y justa en Venezuela.

En las sesiones, también participaron diputados miembros de la Comision Especial de la Asamblea Nacional que investiga el fraude electoral cometido en los comicios de gobernadores y especialmente el caso del estado Bolívar. Por tal motivo estuvieron presentes los diputados Américo de Gracia, Olivia Lozano, Janet Fermín y Ricardo Aponte.

Los encuentros contaron con la participación del Centro de Justicia y Paz – CEPAZ; la Red de Activistas por los Derechos Humanos – REDAC; Voto Joven; la Red Electoral Ciudadna, la Red de Organizaciones Vecinales de Baruta – RedBaruta; Foro Hatillano; Caracas Ciudad Plural; Súmate; EsData, de igual manera concurrieron los expertos electorales como Félix Arroyo y la consultora y Abog. Aimé Nogal Méndez.

Las exigencias del Observatorio Global de Comunicación y Democracia – OGCD fueron las siguientes:

1. Sistema Electoral Venezolano

Aclaró que debe establecer la diferencia entre el sistema automatizado de votación del país y quienes lo administran. Esta analogía es fundamental para aclarar los mitos que han generado desconfianza en el elector, nuestro sistema electoral cuanta con una serie de mecanismos y controles que hacen posible conocer las omisiones cometidas luego de una jornada electoral.

2. Informes de Seguimiento y Observación Electoral:

El OGCD entregó los informes realizados de los procesos electorales observados entre los cuales destacan:
• Monitoreo de la cobertura mediática Parlamentarias 2015
• Informe de Seguimiento de la inscripción y Actualización del Registro Electoral
• Informe del Proceso Renovación de Partidos Políticos
• Informe de las Elecciones Asamblea Nacional Constituyente 2017. Septiembre 2017
• Informe Preliminar de la Elección Gobernadores 2017

3. Deudas del CNE: Diputados de Amazonas, Elecciones Municipales en el Alto Apure y Alcaldía Metropolitana:

Para los comicios municipales del 10Dic, se excluyó, sin ninguna justificación por parte del CNE, la elección de los alcaldes mayores en Alto Apure y Gran Caracas. Este hecho debe ser denunciado por la Asamblea Nacional porque cercena los derechos políticos de los ciudadanos venezolanos.

 

 

 

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